La
gente debe organizarse para hacer resistencia, pero no lo hará si no siente que
de ello depende su vida.
Para
aminorar la resistencia a la profundización del Castro comunismo -más represión
y control sobre la gente y sus bienes-, el régimen ha tomado el ardid de una
supuesta lucha contra la corrupción, ante lo cual analistas del sector
demócrata posicionan en la opinión pública: “el gobierno garantiza impunidad
para los suyos y aplica todo el peso de la Ley a la oposición”, frase que, si
bien denuncia la aplicación de la Ley de forma discriminatoria, de alguna
manera favorece al régimen porque la Ley hay que aplicarla y da la sensación de
que “no hay presos políticos sino políticos presos” como afirma el régimen,
cuando lo cierto es que:
1. En Cubazuela desde 1999 no hay un gobierno sino un
régimen que no ha dejado de avanzar en la imposición de su pensamiento único.
2. El régimen no garantiza impunidad a todos los suyos, en varias oportunidades
ha utilizado la práctica totalitaria de purgarse internamente sacando a la luz
los expedientes de corrupción que compila a cada miembro para garantizar la
lealtad al proceso.
3. La prevaricación además de la aplicación de la Ley en
forma discriminatoria, se extiende al uso de la Ley para convertir en
corrupción el sólo hecho de ser disidente y al uso del sistema de justicia rojo
para montar expedientes de corrupción hasta con pruebas forjadas a quien es
declarado “enemigo objetivo”.
No contento con esto el régimen adicionalmente pretende avanzar hacia los juicios populares, que le han hecho un gran servicio al Castro comunismo, a través de la creación en todo el país de unas aparentes tribunas anticorrupción, integradas por consejos legislativos rojos, consejos comunales rojos y voceros del poder popular rojo, para lo cual el ilegítimo pide una Ley Habilitante, que no es indispensable, pues igual puede “legalizar” este horror sancionando una Ley en eso que llaman Asamblea Nacional.
La
desinformación contribuye al desarme y al apaciguamiento de la gente. En este
caso cuando se dice que el régimen “aplica el peso de la Ley” quien no
transgreda la Ley no tiene nada que temer, cuando eso no es así, nadie puede
sentirse seguro de su particular paz en un contexto de negación de garantías
fundamentales como la presunción de inocencia, el derecho a ser oído, el
derecho a la defensa, en fin, al debido proceso y a un juicio justo mediante la
legalización de prácticas inaceptables, por arbitrarias e injustas.
Cada día quedan menos espacios públicos en los cuales los demócratas pueden expresar sus ideas, hay que usar esos espacios de manera óptima para informar y ubicar a la gente en su realidad.
Sólo
aquellos que entiendan que están presos en las calles de lo que fue Venezuela
asumirán la responsabilidad individual de organizarse para el rescate de su
libertad perdida.
@elinormontes
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