HUMBERTO GARCÍA LARRALDE, OBAMA LES SUBIÓ LA APUESTA

Las medidas sancionatorias de Obama contra siete funcionarios del gobierno venezolano responden fundamentalmente a asuntos de política interna de EE.UU. Congresistas republicanos como el senador Marco Rubio y la diputada Ileana Ros-Lehtinen, han asumido posturas duras contra el gobierno de Maduro en respuesta al acercamiento con Cuba, buscando minar el domino del partido demócrata en el electorado latino de ese país. Con las sanciones Obama le sale al paso a la acusación de ser blandengue e indeciso, ampliando su margen para llevar a buen término la negociación con los Castro, de innegable valor político e histórico para él mismo y para su partido.

Esta iniciativa se ampara en una ley que justifica las medidas esgrimiendo la existencia de una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de Estados Unidos”. Pero la desproporción de colocar a Venezuela como amenaza al gigante del norte no debe despacharse con ligereza. La percepción en ese país de que funcionarios venezolanos están involucrados en narcotráfico, el lavado de dineros ilícitos y el financiamiento a terroristas –delitos graves a los ojos del ciudadano común-, exige respuesta de su presidente. Se añaden ahora las denuncias de presuntos terroristas del Medio Oriente viajando con pasaportes venezolanos. El señalamiento de que los sancionados están incursos en actividades que violaron derechos humanos, si bien no constituye una amenaza a los EE.UU., introduce un elemento moral que contribuye a legitimarla ante la opinión pública.

La respuesta de Maduro y cía. era previsible. Metidos en una crisis que empeoran adrede, utilizan la sanción de Obama como prueba -¡al fin tienen algo de qué agarrarse!- de que el responsable es el Imperio. 

Las medidas no serían contra siete funcionarios, sino que se estaría agrediendo a Venezuela. En esta representación, esbirros y gorilas salen absueltos. En vez de abrirles una investigación, el presidente Maduro los felicita  en acto público y premia a uno de ellos con el cargo de ministro (¡!). Junto al “chiste” de Chaderton sobre la bala atravesando la cabeza hueca de un “escuálido”, es expresión repugnante de la terrible degradación moral que carcome el régimen.

No obstante, el fascismo se regocija porque dispone ahora de su propia “Playa Girón”. Esta “agresión” imperial los retrata como heroicos defensores del “sagrado suelo patrio, mancillado por la planta insolente del extranjero”. La cosa llega al ridículo, empero, cuando se ejercitan movimientos de tropas y milicianos contra una “inminente” invasión de los marines. Como dijera el general Kelly, jefe del Comando Sur de EE.UU., para vergüenza de la “revolución”: ellos no están metidos en ningún intento de “golpe” a Maduro porque, “¿quién querrá meterse ahí” (en Venezuela)? Pero para los fascistas. la gloriosa gesta patriótica legitima sus crímenes contra estudiantes y contra otros disidentes, “justificados” ahora porque quedó claro que el enemigo siempre estuvo ahí, agazapado. Ya lo dijo Cabello: quien no esté dispuesto a defender la patria contra esta agresión, es un traidor y debe tratarse como tal. La aprobación de una Ley Habilitante para tomar medidas expeditas contra amenazas externas e internas a la seguridad nacional, además de reeditar la retórica de toda dictadura militar, busca extender un manto de “legalidad” a las medidas represivas que nos esperan.

Sin embargo, el gobierno de Maduro en absoluto las tiene todas consigo en esta contienda. Cierto, la Unasur le pidió al gobierno de EE.UU. que derogase la medida pero, como señaláramos arriba, su legitimidad no depende, para los gringos, del visto bueno de los demás países latinoamericanos. Debe preocupar a la oligarquía en el poder descubrir que ahora, desde el norte, tienen precisados a los integrantes más notoriamente vinculados con ilícitos de todo tipo, y que tomarán medidas al respecto. Los siete funcionarios medios sancionados en absoluto agotan la lista, pero haberse limitado sólo a ellos –por ahora- manda una señal a sus jefes, socios y cómplices, de que se cuiden porque la cosa va en serio. No es coincidencia que estallen simultáneamente escándalos de lavado de dinero en Andorra, Madrid, República Dominicana y Panamá, y que aparezcan acusaciones de amparo por parte del gobierno venezolano a terroristas árabes y por su involucramiento en la presunta negociación que absolvió a funcionarios iraníes en el crimen del AMIA, en Argentina. Más allá de la confrontación épica que buscan escenificar con el imperio para cosechar dividendos políticos –siempre de la boca para afuera-, el hecho de que Obama les haya subido la apuesta coloca el asunto en un plano más grave.

En la medida en que crezca el descontento –porque no dejará de crecer ante la actitud suicida del gobierno de no rectificar sus políticas- y con el resoplido que muchos gorilas y mafiosos deben estar sintiendo sobre sus nucas al estar bajo escrutinio de un “imperio” que ha demostrado su disposición a tomar medidas, es previsible un mayor culipandeo interno. Junto al achicamiento del botín a causa de la caída en los precios del petróleo, se dificulta la cohesión interna en el campo de Maduro. Esto no significa que su gobierno se va a portar bien. Como el cuento del alacrán y la rana, reprimir está en su naturaleza. En primer lugar, el talante fascista de Maduro y sus militares los obliga a fabricar confrontaciones con “enemigos” que “justifiquen” el atropello de derechos individuales y civiles. No entienden de política otra cosa que no sea una guerra hasta el triunfo definitivo, aplastando al que piensa distinto. En segundo lugar, y aun más importante, los que están en el poder son beneficiarios de un sistema de expoliación basado en controles arbitrarios que dan lugar a prácticas de extorsión y que fomentan toda suerte de oportunidades a través de actividades especulativas, el monopolio de las decisiones en materia económica que les permite cobrar comisiones y expatriar dinero sucio sin rendirle cuentas a nadie, la protección para negocios ilícitos como el narcotráfico y el acceso privilegiado a dólares baratos, ¡un tiro al piso a la hora de meterse un billete! Esta mafia no va a abandonar gratuitamente su botín, aun habiendo sido expuestos públicamente por sus manejos financieros en el HSBC, el Banco Privado de Andorra y el Banco de Madrid, su sucursal, así como en el Banco Peravia de República Dominicana. Su angustia crece, empero, porque se le achican los espacios donde podrán gozar de sus fortunas una vez tengan que abandonar el poder.

La bola ahora está en el campo de Maduro. El antiimperialismo retórico, como única respuesta, se les irá agotando rápidamente. Y la crisis, lejos de retroceder, se agravará gracias a él. Lamentablemente, no puede esperarse de la oligarquía militar-civil un comportamiento respetuoso de los procedimientos democráticos. Pero les va a costar cada vez más caro. Ahora que se deshilachan las costuras del oficialismo, toca a las fuerzas democráticas cohesionar sus filas en torno al fortalecimiento de la opción electoral que habrán de encarnar en los próximos comicios. Ello sólo puede construirse con base en la denuncia de la irresponsabilidad oficial en la grave situación por la que atravesamos los venezolanos y el acompañamiento en sus luchas. Sólo con una postura decidida y firme, podrá contrarrestarse la intención del fascismo de desconocer su derrota.

Humberto García Larralde

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HUMBERTO GARCÍA LARRALDE, DESCOMPOSICIÓN

Con el violento secuestro del Alcalde Metropolitano el jueves 19 por parte del SEBIN y su posterior imputación arbitraria por haber ejercido su derecho de proponer un gobierno de transición, creíamos advertir el nivel de barbarie a que había llegado el régimen. Pero el martes 24 un liceísta de apenas catorce años fue asesinado con un disparo en la cabeza por un joven policía “bolivariano”, molesto porque le había instado a no reprimir una protesta universitaria. El niño ni siquiera formaba parte de la protesta cuyo ejercicio, por demás, es un derecho legítimo en toda democracia. 

La ministra del Interior y Justicia quiso restarle significado a tan abominable crimen señalando que era “un acto individual”. Pero en la última semana han sido ajusticiados otros cinco muchachos en circunstancias sospechosas. 

En la represión de las protestas estudiantiles del año pasado, hubo más de 40 muertos, centenares de detenidos y heridos, y numerosas denuncias de tortura. 

Durante el último año hemos sido testigos del maltrato a presos políticos y de las amenazas contra sus vidas. Y en los dos primeros meses de este año, la confiscación de bienes de empresas privadas, la detención de sus gerentes, la aprobación de la resolución 8610 que autoriza el uso de armas letales por la fuerza armada contra manifestantes, el Decreto 1605 de contrainteligencia que considera “enemigos” a la disidencia, la promoción del sapeo -“patriotas cooperantes”- para intimidar a comerciantes, tuiteros y a quienes tomen foto de las colas (quienes muchas veces terminan presos), el acoso y cierre de medios de comunicación, y el atropello a periodistas, han puesto de manifiesto que, lejos de ser un incidente aislado, forma parte de una estrategia represiva, propia de un estado policial.

“La Historia me absolverá”

Los regímenes totalitarios suelen invocar una “moral revolucionaria” para legitimar su atropello a los derechos humanos. El fin de un futuro glorioso que habría de liberar a los pueblos, justifica los medios empleados para su consecución. La salsa que es buena para el pavo no es buena para la pava, y la “justicia revolucionaria” se aplica de manera sesgada contra los que tilda de “enemigos”. El bien superior, trascendente, que representa la “revolución” –según sea interpretada por el Líder-, debe prevalecer por sobre los formalismos de una legalidad “burguesa” que pretende maniatarla. Y así lo avalará la Historia (con mayúscula), como lo argumentó un notorio líder revolucionario del siglo pasado en el juicio que se le seguía por comandar un asalto armado contra el orden establecido:

“Porque no son ustedes, caballeros, los que nos juzgan. Ese enjuiciamiento lo dictamina la eterna corte de la Historia. (...) Podrán pronunciarnos culpables mil y una veces, pero la diosa de la eterna corte de la Historia sonreirá y hará trizas el alegato del fiscal y la sentencia de esta corte. Ella nos absolverá”.

No, no se trata de Fidel Castro en el juicio por el asalto al Cuartel Moncada, sino de Adolfo Hitler, procesado en 1923 por el putsch de la cervecería en Munich[1]. Y esa Historia –que excita tanto a los exaltados por mitos épicos- nos mostró el nivel de barbarie y de crueldad que desplegó su celo revolucionario destructor y asesino. También para Hitler había una conspiración internacional de la plutocracia financiera en su contra que había que derrotar. Igualmente, quiso liquidar la legalidad burguesa que, con sus blandenguerías, interfería el bien supremo pregonado. Por su parte, el “padrecito” Stalin, en su paranoia, veía conspiraciones de todo tipo que lo llevaron a desatar el terror del estado contra la población soviética –superando incluso a Hitler-, y a convertirse, de paso, en el gobernante que, en las purgas masivas del partido bolchevique, mató a más comunistas. Luego Fidel Castro, en un sincretismo diabólicamente genial, fundió ambos experiencias con sus dotes de líder arrojado para escenificar la épica romántica de un David latinoamericano contra un Goliat imperialista, forjando lo que he llamado fasciocomunismo. En tal escenario, alegó centenares de intentos de magnicidio en su contra para justificar el acaparamiento del poder, la lealtad absoluta hacia su persona y la cruel represión de toda disidencia. De esta forma, la pretendida supremacía moral de la Revolución limpió de culpa a quienes cometieron los atropellos más abominables contra la humanidad, porque ocurrieron en prosecución de intereses supremos consagrados por la Historia.

El carismático Chávez aportó un discurso patriotero y maniqueo que movilizó a amplios sectores desclasados a favor de su gesta populista demoledora. Se benefició en este proceder, con la captación de enormes rentas por la venta de crudo en el mercado internacional, que distribuyó entre los suyos a diestra y siniestra como prueba de su autenticidad salvadora. Y, en nombre del socialismo y de la izquierda revolucionaria, desató una cruzada contra los derechos laborales, los sindicatos y gremios independientes, las universidades autónomas, la libertad de prensa, los derechos civiles y procesales, y el desarrollo productivo: en fin, contra todo aquello que había sido bandera de la izquierda. La Historia –de nuevo con mayúscula-, valida de un discurso discriminatorio alimentado de odios, habría de justificar tan reaccionario proceder -y, con ello, el poder absoluto de Chávez- porque su carácter “revolucionario” lo invistió, por antonomasia, de una cualidad moralmente superior.

La limpieza de conciencias

Maduro, desangelado heredero del comandante eterno, depende de la conexión con ese discurso para su legitimidad. Ante las tempestades sembradas por los vientos redentores de su padre putativo, se muestra incapaz de forjar un liderazgo a base de méritos propios que le permita librarse de esa impostura llamada “socialismo del siglo XXI” e, impotente, observa como el barco se le hunde. En su desespero, apela a lo único en que han demostrado ser insuperables sus tutores cubanos: la aplicación del terror de Estado para someter a la población. Y es que la factura cubana se percibe a leguas en la represión sin miramientos de la protesta, en el trato cruel a los presos, en el ocultamiento de información y la mentira sostenida. Pero estos desmanes se amparan en postura de superioridad moral porque son cometidos contra aquellos calificados de “derecha”. El discurso comunistoide provee así las muletillas para avalar barbaridades que, si fuesen cometidas sin cobijarse en sus categorías maniqueas -explotados vs. burgueses, izquierda contra derecha-, serían condenadas airadamente como prácticas dictatoriales de la derecha. La veneración a Chávez tiene así una motivación oculta entre muchos militares gorilas: su retórica bolivariana-redentora de “izquierda” limpió las conciencias de quienes añoraban ejercer lo que, lamentablemente, ha sido práctica reiterada en latinoamericana: una dictadura militar, pero ahora “legitimada”. 

El discurso “revolucionario” ha mostrado ser muy eficaz, sobre todo, para tapar los “negocios” hechos posible por la destrucción de las instituciones del Estado de Derecho, la ausencia de transparencia, la especulación que promueve el sistema de controles de precio y el usufructo discrecional de los dineros públicos. Desde que Chávez asumió la presidencia, las exportaciones petroleras han sumado más de USA $850 millardos; el incremento de la deuda pública externa superó los USA $83 millardos; la interna, más de Bs. 487 millardos, unos $73 millardos según el tipo de cambio oficial vigente en cada año. Jamás gobierno alguno contó con tantos recursos. El gasto público, incluido el aporte de PdVSA a las misiones y al Fonden, se ha aproximado al 50% del PIB en los últimos años. Esta enorme cantidad de dinero ha beneficiado a una oligarquía de mafias militares y civiles que no están dispuestas a desprenderse de semejante botín haciéndoles caso a voceros internacionales –de izquierda, centro y derecha- que recomiendan rectificar la política económica y concertar acuerdos con la oposición democrática. ¡”No puede permitirse tal agresión a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos”! Y así como los ancianos hermanos Castro han disfrutado de Cuba por más de cincuenta años como si fuera su patrimonio personal –una extensión de los cañaverales del viejo Ángel en Birán- con su discurso antiimperialista, esta oligarquía desata una guerra retórica “revolucionaria” para blindarse contra todo cuestionamiento de sus fortunas mal habidas.

La neolengua redime

En este afán del fascismo bolivariano por imponerse, sin restricciones institucionales ni controles democráticos, la poca credibilidad de su discurso en absoluto estorba. Las arengas no son para convencer a mayorías sino para activar el odio y la disposición a todo de parte de colectivos y fanáticos exaltados, empoderados por la ausencia de límites a su accionar. La “revolución” absuelve y p’al carajo los derechos humanos y las garantías constitucionales. Quince años sembrando odios explican la muerte del liceísta en Táchira, así como de tantos jóvenes a manos de Guardias y colectivos. No hay rubor alguno en seguir insistiendo en la idiotez de una “guerra económica” y acusar de ella a una burguesía parasitaria, proyectando en otros lo que ha sido su propio trajín como oligarquía expoliadora. Tampoco hay sentido del ridículo al repetir las historias más inverosímiles de atentados y conspiraciones -muchas ideadas en la mente senil de José Vicente Rangel o entre las toxinas viscerales de Diosdado Cabello- y se inculpa a Antonio Ledezma, María Corina Machado, Leopoldo López y Julio Borges por confabularse para un supuesto golpe de estado. Cada ladrón juzga por su condición. Detrás de estos representantes de la “extrema derecha” se asomaría, claro está, el imperio. Este malvado enemigo ahora atenta contra “la patria de Bolívar” (¡!), quitándole las visas y congelándole los bienes a varias decenas de mafiosos y esbirros. En su autocomplacencia creen situarse más allá del bien y del mal al declararse “revolucionarios” y repetir consignas que, si no hubiesen sido banalizadas, serían la mayor inculpación de su propio proceder. En sus mentes enfermizas todo desafuero que cometen es, por antonomasia, en el interés del pueblo. Y así, estos fascistas buscan tranquilizar sus conciencias denunciando a una “ultraderecha fascista” (¡!) en la persona de los estudiantes y todo aquel con que tenga pensamiento libertario, de avanzada. Conforme a esta neolengua Orwelliana, su ejercicio despótico del poder representa la “democracia revolucionaria” superior, la subordinación a Cuba y Ia entrega a ese país de cuantiosos recursos es para “defender la patria”, y el despliegue de la fuerza militar para intimidar y reprimir salvajemente toda protesta, así como los insultos y acusaciones falsas a la oposición, es para “promover la paz” –la paz de los sepulcros, como denunciaron valientemente los estudiantes del ‘28.

Estamos frente a la más execrable y vergonzosa descomposición moral que ha conocido el país a lo largo de su existencia. Porque no hay freno ético, político ni moral alguno que inhiba la acción de estos forajidos. Lo veníamos diciendo desde hace ya algún tiempo: Maduro y los suyos, lejos de asumir responsablemente las reformas que permitirían a Venezuela salir del desastre en que se encuentra y buscar los acuerdos necesarios con otras fuerzas para asegurar su éxito, se han concentrado en prepararse para la guerra. Porque el fascismo solo puede entender a la política como una guerra. Según ellos, nos encontramos en un estado de excepción en el que la vida humana no pesa, sea la de un estudiante asesinado, un enfermo que no pudo operarse porque los hospitales se quedaron sin equipos o porque no consigue los medicamentos que podrían salvarlo, o la de cualquier joven acribillado por el hampa desatada. No hay exponente más ilustrativo de esta descomposición que el propio Presidente. Al transmitirles sus condolencias a los padres del liceísta asesinado en San Cristóbal, inmediatamente insinuó que los policías actuaban en defensa propia ya que, según declararon, se toparon con “un grupo de muchachos con capuchas” y “fueron rodeados y golpeados y atacados con piedras”. Y para añadirle más “razones” al ajusticiamiento, no aguantó las ganas de mencionar que el muchacho pertenecía a “una secta de derecha”. Esa secta de derecha, Sr. Maduro, son los boy scouts. Agrupación más “zanahoria” e inofensiva no puede haber. Pero, a sus ojos, pareciera que la asociación con una supuesta “derecha” reduce la magnitud del delito cometido. Y una vez cumplido con el “trámite” del pésame, reemprendió, en el mismo programa televiso transmitido en cadena, los aires festivos con que intentaba animar a sus partidarios. Asimismo, como buen discípulo de Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, el día siguiente denunció a un piloto de la aviación estadounidense que planeaba realizar “atentados” nada más y nada menos que en el estado Táchira, donde ha arreciado la represión. Remató repitiendo lo que aprendió de Chávez, poniendo de manifiesto una vez más su falta total de originalidad y de criterio propio: “Tengo video, audios y documentos con pruebas de que EE UU atenta contra la Constitución en Venezuela” (¡!).

En su desespero, viendo cada vez más disminuido su nivel de apoyo y sin el valor ni la capacidad -ni el interés- para sacudirse de la camisa de fuerza “socialista”, la oligarquía chavista no ve otro camino que radicalizarse aun más. Aumenta sus insultos, mete preso a dirigentes opositores, aplasta con sangre a la protesta, todo bajo la ficción de una “amenaza imperialista”, velo usado para encubrir el fracaso indubitable de su gestión y la derrota electoral que ello significaría. Este estado de descomposición explica la detención de médicos que atendieron a estudiantes heridos por la Guardia, así como la presencia, cual jefe de un campo de concentración nazi, del coronel Homero Miranda al frente de la prisión militar de Ramo Verde –el verdadero “monstruo de Ramo Verde”, no Leopoldo- para humillar y atropellar a los presos políticos y sus familiares con las acciones más viles. La “Tumba” que usa el SEBIN en las inmediaciones de la Plaza Venezuela para quebrar la voluntad de muchachos ahí detenidos es una muestra más de que este cuerpo no tiene nada que envidiarle a la Seguridad Nacional perezjimenista. La banalidad del mal, como acuñó Hannah Arendt con relación a Adolf Eichmann, retrata la total ausencia de criterios morales básicos referidos a los conceptos de "bien" y "mal" que deben regir la convivencia entre humanos, “No hagas a otro lo que no quisieras que hagan a ti”.

En esta huida hacia adelante, a mayores atropellos y rupturas con las normas de convivencia democrática, más es la necesidad de encontrar refugio en las seguridades de la fe. De ahí que se acentúe la veneración por el difunto y se le evoca como suerte de profeta neofascista, cuya legado obliga a cerrar filas, sin pensar, en torno a las locuras del régimen. Y así, lo que queda del chavismo se va hundiendo en un espíritu de secta, fanática y dispuesta a todo, que asume conductas violentas, irracionales, cual "yihad bolivariana”. La oligarquía en el poder, no obstante su retórica “revolucionaria”, no sólo ha mostrado ser incompetente para conducir al país, ha abdicado de toda condición moral para legitimarse como gobierno. Mientras más desnudos se ven en su podredumbre, más agresivos y violentos se exhiben, buscando cualquier excusa para darle un palo a la lámpara y evitar la derrota de “la historia”.

¿Y la oposición qué dice? ¿No es tiempo de llamar las cosas por su nombre y denunciar la esencia fascista del régimen? ¿Cómo no desnudar la absoluta inopia moral que inhabilita a la actual oligarquía para permanecer en el poder? Su tiempo ha concluido. Descomposición

Humberto García Larralde

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HUMBERTO GARCÍA LARRALDE, EL DOLOROSO AJUSTE DE NICOLÁS MADURO

La salida de Giordani del gobierno avivó esperanzas de cambio en la conducción de la política económica. La nefasta mezcla de inflación, desabastecimiento y caída del salario real clama por una revisión. Y cuando el superministro Ramírez anuncia que se irá a la unificación cambiaria antes de que culmine el año, algunos suponen que ello se acompañará de las medidas necesarias para hacerlo viable. Pero creo que se está leyendo interesadamente el significado de la defenestración del “monje”. Se razona como si, tirada la manzana podrida del dogmatismo y del atraso, este gobierno fuese ahora otro, conformado por gente dispuesta a reconocer sus errores y enderezar entuertos.

Empecemos por la anhelada unificación cambiaria. Sin el saneamiento de las cuentas públicas y la reducción de la excesiva liquidez, no hay manera de contener la inflación y estabilizar el precio del dólar. Y con tasas de interés controladas y expectativas adversas a la inversión, ¿Qué incentivos existirán para conservar los ahorros en bolívares? A menos que se levante el punitivo sistema de controles no habrá confianza para el desarrollo de la actividad productiva y la estabilización de un cambio único será precaria. Además, si no se rescata PdVSA persistirá el despilfarro de divisas y, con ello, el desabastecimiento. Para confundir aun más las cosas, el plenipotenciario Ramírez afirma que el mercado cambiario seguiría controlado (¡!). ¿Cómo eliminar el mercado paralelo y la especulación cambiaria si no se libera completamente la compra-venta de divisas?

Con relación al saneamiento de las cuentas del Estado, ¿Se atreverá Maduro a ajustar el precio de la gasolina y de las tarifas de otros servicios públicos? ¿Existen planes para rescatar las empresas del Estado y cerrar el desaguadero que hoy son? ¿Y la corrupción que devora las arcas públicas? Después está el problema central de restablecer la confianza en una economía devastada por la arbitrariedad, el acoso a la iniciativa privada y la ausencia de garantías. ¿Se seguirá con la excusa estúpida de una “guerra económica” para intentar esquivar la enorme (ir)responsabilidad en el desastre provocado por 14 años de petropopulismo chavista y culpar a otros? Finalmente, la devaluación implícita en la unificación cambiaria mejorará las cuentas del gobierno y de PdVSA, pero a costa de una importante reducción de la capacidad adquisitiva de los venezolanos. ¿A qué precio arribará el dólar si no se adoptan medidas coherentes de apoyo, a dónde llegará la inflación? ¿Podrá el gobierno capear, débil como está, el tremendo costo político que ello implica?

Además del justificado escepticismo respecto a las entendederas que pudieran tener Ramírez y Cía. para acertar en las medidas para sacar al país del foso que ellos mismos cavaron, uno se pregunta si tienen realmente la disposición de ello. No puede pasarse por alto que la destrucción del Estado de Derecho devino en un régimen de expoliación, libre de la mirada contralora de poderes públicos autónomos, de instituciones del Estado de Derecho y de ciudadanos informados sobre la marcha de la economía. No en balde el BCV retrasa burdamente la publicación de las cifras correspondientes. Y no en balde –que es mucho más grave- el abierto cercenamiento de derechos civiles y políticos.

Los “revolucionarios” han usufructuado a discreción en estos últimos 15 años unos $1,2 billones (1.200.000.000.000 dólares) que pasaron por las arcas del Estado. Altos jerarcas se han dado una gran vida, se ha esparcido dineros públicos por diversos medios para comprar lealtades y aplacar protestas, fortunas se han levantado con impunidad, ¿o deberíamos decir complicidad?, todo gracias a la centralización, en la persona del Presidente, de la toma de decisiones, en desapego a criterios de racionalidad económica. Este reparto es lo que se ha vendido como “socialismo”. Cuando los chavo-maduristas esgrimen “tener patria” y alardean que sus detractores “no volverán”, se refieren a este arreglo; uno que les ha permitido disfrutar de la renta petrolera sin que medien esfuerzos, talentos o méritos. Basta la lealtad, real o pretendida, con los encumbrados en el poder. Se trata de un régimen de expoliación porque este provecho no es a cambio de aporte alguno a la actividad económica. Y no importa que muchos de los usufructuarios puedan creerse de verdad la pretensión socialista o que otros la repiten cínicamente como pasaporte al festín: el resultado es el mismo, la destrucción de la capacidad productiva del país. Mientras, más de $200 millardos se han fugado del país por falta de oportunidades de inversión. Pero los que nos oponemos a esta rapiña representamos un peligro para esta “patria” de vividores y debemos ser sometidos como sea.

Si bien la presente crisis conmina a los jerarcas del gobierno a introducir cambios –antes de perderlo todo- lo harán a regañadientes. Se desprenderán de sus prerrogativas sólo en la medida en que se convenzan que no tienen alternativa. Y mientras sea posible, que se sacrifiquen los rivales en la contienda interna del PSUVismo, no “los propios”. De ahí lo crucial de la lucha interna entre los herederos del difunto. Se afianzan las prácticas de nepotismo –ahora la familia Varela se une a las de Chávez, Flores, Ramírez y otros- en este reacomodo por quedarse con el pastel. Lejos de un levantamiento decidido de los controles para racionalizar el quehacer económico –que implicaría transferir poder y autonomía a empresarios, trabajadores y consumidores-, se vislumbra el proverbial muddling through de quienes intentan atrasar los cambios y ceder lo menos posible: el peor de los mundos. El costo será más oneroso –socialmente hablando- que un ajuste clásico y no habrá garantías de que resulte en una pronta estabilización de la economía, ni en la generación de condiciones para reemprender el crecimiento y el empleo productivo.

El “ajuste” en marcha podrá ser, entonces, sumamente calamitoso. Entre sus mayores costos, no tan ocultos, habrá que destacar la represión. En ausencia de un plan coherente que minimice sus penurias y potencie sus resultados positivos, arreciarán las protestas, más cuando la credibilidad en las excusas del gobierno está tan baja. En previsión, se anuncia la creación de “Brigadas Especiales contra Grupos Generadores de Violencia”; se fabrican intentos de magnicidio para perseguir a los presuntos implicados; se criminaliza la protesta pacífica reprimiendo y apresando estudiantes, e inculpando a Leopoldo López de provocar la violencia; se continúa con el sometimiento de los medios independientes, incluyendo su compra; el TSJ prácticamente alienta, con su decisión, a que los militares participen en actos políticos –del PSUV, por supuesto-; y, last but not least, se arremete de manera destemplada contra toda manifestación de disidencia interna. Porque lo último con lo que desea enfrentarse la actual camarilla es la rebelión de sus bases políticas.

Desaparecido el encantador de serpientes que embelesaba a su audiencia con promesas de redención, y despalillados los recursos con que se aparentaba tal ilusión, la conducción del proceso se concentra ahora más que nunca en manos militares. Ya lo dijo Padrino López, “esta fuerza armada es chavista”. En los actuales momentos quien controla es el ala abiertamente fascista -Cabello, Rodríguez Torres, Benavides, Ameliach y Cía. Pero es difícil precisar qué otros grupos se mueven dentro de las FAN. Bajo este paraguas protector (¿?) pululan intereses variados, civiles y militares, buscando cómo continuar chupando de las mieles del poder mientras se invocan los intereses supremos de la patria. Tal caldo es fecundo, también, para las mafias del narcotráfico y de los saqueadores de las arcas públicas, como para los hermanos Castro y sus esbirros. Aquí toda referencia de los jerarcas a una “lucha ideológica” es apenas un pretexto. Pero los Castro tienen la ventaja de que coinciden con los militares fascistas en el desprecio del mundo civil y de los derechos humanos, y tienen décadas perfeccionando formas para asegurar que nadie perturbe su idilio con el mando absoluto. Más aún, el fasciocomunismo le es de gran ayuda a los que quieren perpetuarse en el poder, ya que la confusión de sus apetencias personales con la prosecución del socialismo parece conferirles una justificación “moral” a sus trapacerías. Les “lava” la conciencia y les permite argumentar que son fieles al legado del amado difunto.

Sobre estas corrientes traicioneras pretende navegar Maduro en busca de legitimidad, de cara al III Congreso del PSUV, sin proyecto, sin brújula, aferrado a la iconografía de su “padre putativo”. Anuncia un “sacudón” pero trae a un cubano para que lo asesore en ello. Aun así, en la medida en que se profundiza la crisis y aumenta la presión de las bases chavistas, como del pueblo venezolano todo, puede que haya una mayor toma de conciencia de que se les acabó la manguangua, y veamos un reacomodo que facilite una apertura. Porque la represión, por sí sola, también tiene un costo político, tanto en el pueblo venezolano, educado en una cultura democrática, como en el mundo occidental que ahora está más sensibilizada a las violaciones de derechos humanos en nuestro país. Pasó el tiempo del gorilismo tradicional, y el de los Castro se le cayó la careta.

Lo examinado en estas líneas plantea un enorme reto a las fuerzas democráticas. ¿Qué debe hacerse para propiciar el cambio? ¿Cómo combinar la firmeza de propósitos, la defensa de las libertades democráticas y la denuncia de las vagabunderías, con una oferta de proyecto político capaz de “enamorar” a las bases chavistas? ¿Es lícito tender puentes a aquellos oficialistas que podrían estar dispuestos a embarcarse en los cambios que la inmensa mayoría desea? Si en un momento es decisivo el debate abierto, sincero, sobre estas cosas, es ahora.

Humberto García Larralde

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HUMBERTO GARCÍA LARRALDE, ¿Y SI EL GOBIERNO REALMENTE CREE SUS PROPIOS DISPARATES?

Los malos augurios de continuar con la tesis de “Guerra Económica”

El ardid de denunciar una “Guerra Económica” de comerciantes y empresarios le dio frutos a Maduro a finales del año pasado. Le permitió tomar la iniciativa por vez primera y remontar la brecha que lo separaba de la oposición en las preferencias del electorado. En el mejor estilo chavista, escogió un problema de gran sensibilidad para los venezolanos –el alto costo de la vida- para proyectarse como un gobernante decidido, “revolucionario”, dispuesto a tomar las medidas que fuesen necesarias para doblegar este flagelo “en beneficio del pueblo”, que no se amilana por sus posibles consecuencias.

Su padre putativo, Hugo Chávez, nunca fue un doctrinario, no obstante abrazar una retórica comunistoide para identificar su gestión. Mostró tener, sí, una aguda perspicacia para captar los temores y vulnerabilidades de la gente y aprovecharse de ello, como Mussolini, para desplegar un pragmatismo oportunista que le sirviese para adelantar sus propósitos de control. Entretuvo a los venezolanos con grandes promesas, como el desarrollo del eje Orinoco-Apure o el gasoducto a Argentina, y nos “vendió” los gallineros verticales, los cultivos hidropónicos, la ruta de la empanada y las cooperativas como base de su propuesta societaria -mientras asomaba el coco de las conspiraciones imperialistas, los intentos de magnicidio y los sabotajes “terroristas”- hasta atracar finalmente en la idea de un “Socialismo del Siglo XXI”. Invocó, según fueran las circunstancias, a Marx, a las enseñanzas de Jesús o versiones edulcoradas de comunidades indígenas precolombinas -dependiendo de la audiencia a seducir- como su fundamentación.

La propuesta “socialista” le permitió acaparar áreas crecientes del quehacer político y económico, así como la destrucción de la institucionalidad del Estado de Derecho, mientras edificaba un formidable dispositivo de expoliación de la riqueza social, cuyo reparto discrecional pasó a conformar la columna central de su ejercicio personalista y autocrático del poder. Este dispendioso e irresponsable comportamiento pudo durar mientras fluyesen a las arcas del Estado cuantiosísimos ingresos por exportación de petróleo. Pero, como nos enseña la historia o la justicia divina –escoja usted-, llega, tarde o temprano, la ineludible y desagradable tarea de afrontar las consecuencias.

No se tienen las cifras definitivas sobre el resultado económico del 2013, pero las de 2012 son preocupantes. De acuerdo con el BCV, las exportaciones totales para ese año fueron de USA $97,3 millardos, casi todas de origen petrolero. Las importaciones de bienes y servicios montaron en $75,3 millardos, arrojando un aparente superávit tranquilizador. No obstante, buena parte del ingreso por exportaciones no entró al país. Según los estados financieros de PdVSA, hubo un incremento en las cuentas por cobrar de USA $10.130 millones entre 2012 y 2011, mayormente debido a los muy generosos créditos a los países asociados en PetroCaribe para la compra de crudo venezolano. Estimaciones de lo erogado en servir el crédito chino basados con crudo exportado a ese país sitúan en $8.231 millones lo que dejó de percibir PdVSA en 2012. Finalmente, el BCV registra que el pago por servicio de la deuda externa ese año montó en $14.132 millones, lo cual parece no incluir lo del crédito chino referido antes. En total, por estas deducciones se redujo el ingreso efectivo a unos $65 millardos. Si, adicionalmente, se utilizan las cifras de exportación petrolera que registra para Venezuela el Monthly Report de la OPEP y no los de PdVSA, los ingresos se reducen aun más, a sólo $40 millardos, magnitud alarmantemente inferior al pago de las importaciones. ¡No en balde la extrema estrechez de divisas durante 2013!

Según fuentes noticiosas, las Industrias químicas tenían $550 millones en deudas con proveedores internacionales por la no entrega dólares CADIVI a finales del año pasado; la deuda de este ente con empresas electrodomésticas por tal motivo era de $150 millones; se debían $5 millardos a ensambladoras y autopartistas y $2,6 millardos a las líneas aéreas internacionales; la industria de las telecomunicaciones invirtió sólo 60% de lo requerido por falta de dólares; y el Presidente de Fedecámaras, reportó una deuda de $1,8 millardos a la industria farmacéutica y de $400 millones al sector gráfico, y pare usted de contar.

El problema está en que, mientras el “comandante eterno” disponía alegremente del patrimonio de los venezolanos amparado en la prédica socialista, hubo quienes, dentro del oficialismo, le tomaron la palabra, le creyeron el cuento de construir un “socialismo del siglo XXI”. Me refiero a los chicos del Frente Francisco de Miranda quienes, con devoción, se dieron presurosos a poner sobre el papel los planos de semejante adefesio. Como verdaderos creyentes, no escatimaron malabarismos para concordar los disparates que se le ocurrían a Chávez con los autos de fe de la liturgia marxista, peaje imprescindible para ingresar a la cofradía de quienes sólo aceptan las verdades reveladas de la Revolución (con mayúscula).

Como resultado, aparecieron el Primer Plan Nacional Socialista, 2007-2013 y el reencauchado Plan de la Patria (2013-2019).

Desaparecido el teniente coronel, con su carisma que disolvía falsamente las dificultades, y dilapidada la cuantiosa renta, cabe indagar si Maduro y su equipo van a intentar aplicar este engendro. En juego está si lo de la “Guerra Económica” fue una habilidosa treta a-lo-Chávez para ganar tiempo y espacio político, o si constituye la cabeza de proa de un empeño por acabar con lo que queda del aparato productivo venezolano.

El sistema de controles extendidos de precio, regulaciones, prohibiciones y desconocimiento de los derechos de propiedad y procesales consagrados en la Constitución sobre el cual se monta la tan cacareada “Guerra Económica” de Maduro, ha generado una situación de precios distorsionados que ha agravado la incertidumbre en materia económica y ha arraigado un conjunto de incentivos perversos que hacen sumamente atractivas actividades que el ordenamiento económico actual ha convertido en ilícitas. Así como el narcotráfico es estimulado al arreciarse las medidas represivas en su contra porque eleva los precios y la rentabilidad del “negocio”, los precios artificialmente bajos de los bienes en el mercado venezolano incentivan el contrabando de extracción, cuando al otro lado de la frontera pueden venderse mucho más caros. El ejemplo más notorio es el de la gasolina cuyo precio en Colombia -70 veces mayor (a la tasa oficial de cambio)- da margen para pagar cualquier cantidad de coimas a Guardias Nacionales y custodios fronterizos y todavía hacer una fortuna. Igualmente, el precio oficial del dólar, muy inferior al que equilibraría el poder de compra interno y externo del bolívar, ha provocado su racionamiento cada vez más restrictivo y, como resultado, ha disparado su precio en el mercado paralelo, incentivando la actividad especulativa. Más allá, las comisiones, sobreprecios y robos descarados encubiertos en muchas contrataciones con PdVSA y otras dependencias públicas, sin rendición de cuentas como para hacer la debida contraloría, estimula el arrime a un “pesado” como la vía más expedita para meterse unos millones. Frente a este dinero fácil, los empresarios de verdad están obligados a vender a precios que muchas veces no cubren sus costos, son amenazados con multas, expropiaciones y otros mecanismos de intervención, no pueden combatir el ausentismo laboral y les es cada vez más difícil ponerse en los dólares oficiales con base en los cuales le son fijados los precios de venta. La grosera sobrevaluación del bolívar impide competir, además, con las importaciones y mucho menos exportar. ¿Puede alguien sorprenderse de que haya prácticamente desaparecido la inversión productiva, que escasamente crezca la economía, que haya desabastecimiento? ¿Se puede esperar que quiénes fueron conminados a vender sus mercancías a descuento repongan como si nada sus inventarios cuando desconocen a qué tasa podrán conseguir los dólares y los precios a que deberán vender? El hecho de que el país que haya implantado la mayor cantidad de controles –Venezuela- tenga, por mucho, la inflación más elevada de América Latina y la mayor dependencia de las importaciones, ¿no le dice algo al gobierno?

Entrado el nuevo año, se anuncia la centralización de todas las importaciones en un Centro Nacional de Comercio Exterior con requisitos adicionales (pago de fianza) para las empresas que quieren traer bienes de afuera, la extensión del sistema de controles de precio (ahora los automóviles) y más “vigilancia” –punitiva- de las transacciones realizadas a lo larga de las cadenas de producción y distribución de bienes y servicios. El gobierno parece creer que los graves desequilibrios de la economía venezolana, que amenazan con mayor inflación, desempleo y escasez este año, puede resolverse mano militari, impartiendo órdenes y castigando a quienes, por otro lado, incentiva con su manejo de la economía a especular y acometer negocios turbios. Es la “Guerra Económica” pues, que será librada hasta que no quede “ladrillo sobre ladrillo” de actividad económica autónoma. Dentro de esta psicosis bélica el Banco Central esconde las cifras de inflación, por primera vez no da a conocer su Mensaje de Fin de Año sobre el desempeño de la economía y libra un “parte de guerra” sobre la escalada de precios atribuida a “sectores de la oposición política y algunos empresarios” que agudizaron “artificialmente el deterioro de variables económicas”, aprovechándose de “la enfermedad y el fallecimiento de nuestro líder (¡!), Comandante Hugo Rafael Chávez Frías”. Prosigue el otrora serio instituto: “se conjugaron tensión política y desestabilización económica en la forma de una auténtica guerra económica en  perjuicio  del  pueblo  venezolano…”.  ¡Qué vergüenza!

El disfrute de las mieles del poder ciega al resentido. Mas si tiene a mano un dogma que le ahorra tener que pensar. ¡Aprés moi le déluge!

Nos esperan tiempos difíciles este año. En una próxima entrega examinaremos el Plan de la Patria.

Humberto García Larralde

humgarl@gmail.com

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HUMBERTO GARCÍA LARRALDE, LA ABOLICIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA AUTÓNOMA

El presente conflicto universitario es distinto a los anteriores. Si bien presenta reclamos similares de parte de profesores, empleados y estudiantes –sueldos bajísimos, insuficiencia presupuestaria, dotación insuficiente de servicios, violación del régimen autonómico- se distingue por poner a descubierto de manera clara e irrefutable que el verdadero propósito de la contraparte oficial es la liquidación de la universidad autónoma. 

La bajísima remuneración de profesores, empleados y obreros, así como la ridícula asignación para becas estudiantiles, aglutinan la atención principal del conflicto en los actuales momentos, pero la ofensiva contra estas universidades no se para ahí.

Los universitarios exigíamos un 100% de incremento retroactivo al comienzo de 2013 como base para negociar ajustes futuros. En el caso de los profesores éstos deberían ser conforme a lo dispuesta en las Normas de Homologación vigentes. La oferta de aumento escalonado es, por tanto, una burla, pues para cuando termine de ejecutarse ya la inflación se habrá comido la mayor parte. Para mayor provocación, el ministro se niega a reunirse con la Federación de Asociaciones de Profesores universitarios de Venezuela (FAPUV), con más de 40.000 afiliados, para negociar una supuesta Convención Colectiva Única con una federación fantasma que no representa a nadie. Más aun, se intenta meter de contrabando en ese adefesio de contratación, normas que confiscan atribuciones de los Consejos Universitarios en materia de ingreso y ascenso de profesores y empleados, así como otras potestades administrativas que les consagra la Constitución y la Ley de Universidades, y para imponer el “socialismo” como norte de los procesos de transformación universitaria. La negativa a atender las justas aspiraciones salariales de los universitarios y la pretensión de controlar sus carreras buscan quebrarle el espinazo al recurso más preciado de estas instituciones, su talento, para acabar con su resistencia a los designios totalitarios del oficialismo, de una vez por todas.

Luego está la asfixia presupuestaria progresiva que, cual tragavenado, va privando a la institución de su aliento vital al negarle las partidas para reponer los cargos de los que se jubilan; los recursos para la compra de equipos e insumos y para mantener adecuadamente la infraestructura existente; la dotación de divisas para enviar becarios al extranjero, asistir a simposios y congresos académicos internacionales para estar al día con los avances del conocimiento; y las providencias para sostener satisfactoriamente los servicios de apoyo estudiantil. El Gobierno busca forzosamente convertir a las universidades autónomas en una especie de gran liceo que forme el personal técnico que requiere los planes oficiales, dedicados al cómo resolver lo que el gobierno decide, pero negándoles la potestad de indagar sobre el que y el por qué de ello, labor cardinal en la prosecución del saber. A pesar de que seguirían en pie los edificios, progresivamente deteriorados, y profesores mal pagados continuarían dictando clase, cada vez con mayor desgano, esto ya no podría llamarse Universidad.

En tercer lugar, se arremete contra las universidades con una batería de artificios jurídicos y leguleyos que socavan la autonomía universitaria y obligan a éstas a adoptar decisiones que desnaturalizan su propósito, para ponerlas a disposición de los dictados de la secta política actualmente en el poder. Es el caso de la primitiva y retrógrada Ley Orgánica de Educación, instrumento legal que en vez de plantear cómo enfrentar los desafíos de la sociedad del conocimiento, reivindica “saberes ancestrales” para enfrentarla. El artículo 34 de esta ley pretende que las universidades autónomas se hagan un hara-kiri y acuerden un reglamento electoral para que voten profesores, empleados, estudiantes y egresados con el mismo peso, una persona un voto. Con ello se desconoce el fin académico de este proceso electoral y la ponderación que en él deben tener profesores y estudiantes; pone en manos de los egresados, los que ya no hacen vida en la universidad, la decisión sobre quienes deben ocupar sus cargos de dirección. Con base en este exabrupto, el TSJ ha impedido la realización de las elecciones que, por ley, deben realizarse en cada universidad autónoma para reponer sus autoridades, alegando que éstas deben hacerse conforme a lo dispuesto en el mencionado artículo 34. Luego, con el mayor cinismo y desfachatez, acusan al equipo directivo de “querer perpetuarse en el cargo” (¡!) Adicionalmente, están las medidas cautelares que suspenden la colocación de puertas para resguardar el recinto universitario de la UCV contra la acción de bandas delincuenciales dedicadas a destruir sus instalaciones y atemorizar a la comunidad, y que revierten procesos de sanción reglamentaria al más conspicuo de estos facinerosos, Kevin Ávila.

En cuarto lugar se ampara y se le da beligerancia a estas hordas fascistas para que, armadas y validas de bombas lacrimógenas, agredan a estudiantes y profesores, incendien vehículos y destruyan obras de arte y estructuras universitarias. Son 61 agresiones de este tipo denunciadas por las autoridades de la UCV ante el CICPC y la policía en los últimos 5 años, con apoyo de videos y testimonios de testigos, que siguen impunes. Estos fascii di combattimento promueven el terror para atemorizar y desmoralizar a los universitarios, y destruir su disposición y valentía de hacerle frente a la violencia sólo con las armas de la razón. El mundo al revés, pues. El propio Kevin Ávila fue transmutado de malandro en héroe por el mismísimo presidente Chávez, quien le alzó la mano en un acto público como “ejemplo de lucha revolucionaria” (¡!). Éste mismo delincuente, luego de agredir salvajemente a estudiantes y a un profesor de la Escuela de Estudios Políticos de la UCV el pasado miércoles 12 de junio, es recibido por sus partidarios en la Asamblea Nacional para denostar contra esta Casa de Estudios. ¡Y todavía quieren hacernos creer que los oficialistas no respaldan la violencia y las acciones vandálicas contra la institución!

Por si faltara algo en este arsenal de destrucción, se criminaliza a la protesta desde los más altos cargos del Gobierno. El ministro Rodríguez Torres, de Interior y Justicia, tuvo el tupé de acusar a los estudiantes de “acciones desestabilizadoras promovidas por la extrema derecha” (¡!), para convalidar la represión en su contra, como la de la Guardia Nacional en Lara. Peor aun, quien se ganó limpiamente el apodo de “Mentira Fresca” en las pasadas elecciones y que hoy ocupa ilegítimamente la Presidencia, ese mismo que se ufanaba de reuniones de trabajo con un presidente que estaba más allá que de acá y quien “le había estrechado vigorosamente la mano”, el mismo que se la pasa inventando conspiraciones en su contra sin presentar la más mínima prueba, este señor con credibilidad en el subsuelo tiene la desvergüenza de acusar a la Rectora de la UCV de mentir con relación a la insuficiencia presupuestaria (¡!). Haciendo gala de la técnica Goebbeliana de repetir hasta el cansancio una falsedad hasta convertirla en “verdad”, invoca la manida falta de transparencia de la UCV en el manejo de sus recursos, siendo que es la institución más auditada por los poderes públicos que se haya conocido en Venezuela.

El oficialismo no acepta la existencia de instituciones que por su prestigio, servicios a la nación, conocimientos, ascendencia intelectual y ética bien ganada, y defensa inquebrantable de la pluralidad del pensamiento, constituyen el baluarte más eficaz contra sus pretensiones de imponer un régimen totalitario. 

El fascismo no tolera la conciencia crítica e independiente, pues anula sus propósitos por afianzar un pensamiento único que legitime, a través de la manipulación maniquea de símbolos caros a la nación, su perpetuación en el poder. Requiere blindarse con mitos que alienten pasiones ancestrales que activen el nosotros contra los enemigos –ellos-, los que piensan diferente y no aceptan que se les coarte su libertad. 

En dos platos, el fascismo se nutre de la ignorancia, del oscurantismo sectario, de visiones estrechas y distorsionadas de la realidad. De ahí que sean las universidades autónomas el mayor obstáculo para sus ansias de poder. De ahí la ridícula aseveración de que quienes buscan el saber en un ambiente de contrastación de ideas, donde se alienta a la pluralidad y se autogobierna democráticamente, representa la “extrema derecha” (¡!). 

De ahí la necesidad de injuriar a quienes ocupan posiciones de liderazgo en la institución, en primer lugar a la rectora García-Arocha, profesora íntegra y universitaria a carta cabal, como al equipo que la acompaña, y alentar la barbarie: ésta no puede imponerse sin rebajar la civilidad, la dignidad, el respeto, la decencia y la cultura de respeto en democracia.

Pero se equivocan. Los valores de la libertad, del progreso, del ejercicio creativo del pensamiento, del respeto por el Estado de Derecho, más temprano que tarde se impondrán a las fuerzas de la ignorancia, la arbitrariedad y el atraso. Ahí están los valerosos estudiantes, haciendo uso de una movilización creativa para defender su futuro y el del país, y arriesgando incluso su salud en huelgas de hambre para que el gobierno entienda lo que está en juego. Sabrá la universidad autónoma, en nombre de estos valores, hacer suya la fuerza de la dignidad y del coraje esgrimida por el rector Miguel de Unamuno en su respuesta a la barbarie militar del General falangista Millán Astray, quien irrumpió en el claustro de la Universidad de Salamanca el 12 de octubre de 1936 en plena Guerra Civil española gritando “¡Viva la muerte! ¡Muera la inteligencia!:

“Este es templo de la inteligencia. Y yo soy su sumo sacerdote. Vosotros estáis profanando su sagrado recinto. (...) Venceréis pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta: la razón y el derecho en la lucha”.

La diferencia está en que, en la Venezuela actual, no vencerán.

humgarl@gmail.com

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HUMBERTO GARCÍA LARRALDE, EL ESTADO CHAVISTA ACOSA LA UNIVERSIDAD. VERDUGOS DE LA UCV

El jueves 17 de mayo la Sala Electoral del TSJ impuso una multa de Bs. 18.000 a cada uno de los miembros del Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela[1], alegando desacato de una decisión tomada por ella el 10 de agosto del año pasado en la cual se obligaba a esta Casa de Estudios suspender toda elección interna hasta tanto no reformara el reglamento electoral interno, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación (LOE). 

Asimismo, ordena al Consejo Universitario  instrumentar esa reforma en los 10 días hábiles siguientes y a remitirle el nuevo reglamento. Tal decisión constituye un atropello a la autonomía universitaria, a la libertad de conciencia de los integrantes del máximo organismo universitario y a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), además de a otros preceptos legales. Veamos.

1.       De la aprobación de Ley Orgánica de Educación (LOE):

La LOE fue aprobada “entre gallos y medianoche” del 13 de agosto, luego de una sola discusión en plenaria de la Asamblea Nacional (AN). El proyecto de ley presentado a la consideración del cuerpo legislativo no guardó relación alguna con lo aprobado por consenso en primera discusión en 2001, cuando la AN era mucho más representativa y plural[2]. Lo que se aprobó fue un proyecto nuevo, que requería de dos discusiones en plenaria, no una, conforme a lo establecido en los artículos 207, 208 y 209 de la CRBV. Tratándose de una ley orgánica, debía haberse remitido a la Sala Constitucional del TSJ para que ésta se pronunciara sobre su constitucionalidad y rango orgánico antes de ser promulgada, como obliga el artículo 202 de la Carta Magna, cosa que tampoco se hizo.

El proyecto de ley, cocinado a espaldas incluso de miembros de la Comisión de Educación Cultura y Deportes de la AN, fue conocido por los diputados apenas una semana antes de su aprobación definitiva, sin incluir su Exposición de Motivos. Las reiteradas peticiones de autoridades universitarias y organizaciones sociales comprometidas con el hecho educativo, de posponer su discusión para permitir así una amplia consulta luego del inicio de las clases en septiembre, no sólo fueron desoídas, sino que sus proponentes y acompañantes, al dirigirse en manifestación a la Asamblea Nacional, fueron reprimidas salvajemente por la policía y por bandas armadas pro gobierno.

Por tanto, esta ley carece de legitimidad democrática por violar disposiciones constitucionales para su aprobación, entre los cuales cabe destacar la ausencia de toda consulta a los interesados.

2.       Del artículo 34 de la LOE

El # 3 del artículo 34 de la LOE señala que la autonomía universitaria implica:

Elegir y nombrar sus autoridades con base en la democracia participativa, protagónica y de mandato revocable, para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de los y las integrantes de la comunidad universitaria, profesores y profesoras, estudiantes, personal administrativo, personal obrero y, los egresados y las egresadas de acuerdo al Reglamento. Se elegirá un consejo contralor conformado por los y las integrantes de la comunidad universitaria.

Este artículo contraría al artículo 109 de la CRBV, que señala que:

El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario. Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley.

Es decir, se reconoce que el ejercicio autonómico reside en la comunidad universitaria de profesores, estudiantes y egresados, entre otras cosas, para darse “sus normas de gobierno”. Por demás, lo dispuesto en el #3 del artículo 34 de la LOE fue negado en el referéndum sobre cambio constitucional sometido a la consideración de los venezolanos el 2 de diciembre de 2007, que reconocía expresamente “el voto paritario de los y las estudiantes, los profesores y las profesoras, trabajadores y trabajadoras para elegir las autoridades universitarias” (art. 109 del proyecto de cambio constitucional).

Por último, al quedar derogada la Ley de Educación Universitaria (LEU) a comienzos de 2011 por el presidente Chávez en razón de que no fue consultada, necesariamente sigue vigente la Ley de Universidades de 1970, que sostiene, en su artículo primero, que la universidad “es fundamentalmente una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre”.

3.       El voto “1 x 1 x 1” destruirá la universidad

La universidad es una institución con fines específicos de naturaleza académica, especializada en la generación e impartición de conocimientos, en la que la toma de decisiones debe enmarcarse en la prosecución de estos fines. Las autoridades universitarias son primordialmente académicas, no políticas, por lo que su escogencia debe responder a méritos de solvencia académica. Esta verdad demarca el ámbito de los procesos eleccionarios dentro de la universidad, limitada a quienes integren su comunidad académica y, por ende, corresponsables en velar por la prosecución de sus fines específicos.

La democracia universitaria es, por tanto, distinta a la democracia política, en la que todo ciudadano tiene el derecho a expresarse a través del voto para elegir a sus gobernantes. Esta distinción es común a toda institución especializada en la prosecución de fines específicos en los que la existencia de ciertas capacidades, experiencias o méritos, son determinantes para la toma de decisiones. En esto reside, precisamente, su institucionalidad. De ahí que la autoridad, la toma de decisiones y el ámbito de lo electoral en el Tribunal Supremo de Justicia y en la Asamblea Nacional, por ejemplo, esté circunscrita a los magistrados y los diputados, respectivamente, a pesar de tener una amplia gama de empleados subalternos que laboran en actividades de apoyo. Tampoco en la Fuerza Armada votan los soldados. El hecho de que esta verdad tan obvia, tan evidente, sea soslayada por los legisladores oficialistas que aprobaron la LOE y por los magistrados de la Sala Electoral que arremeten contra la UCV, indica que el fin buscado es la destrucción de la institucionalidad universitaria, de las normas, valores y mecanismos para la toma de decisiones que aseguren la prosecución de sus fines.

La propuesta del voto igualitario, en la cual cada profesor, estudiante, empleado, obrero y egresado tiene un voto, subordina la prosecución de fines académicos a los intereses particulares de grupos y gremios mayoritarios. Los profesores serían una ínfima minoría, no obstante ser quienes más competencia tienen para garantizar la supremacía de lo académico. Siendo mayoría los estudiantes y los egresados, éstos impondrían a las autoridades y, progresivamente, los cambios en la normativa interna a favor suyo, en correspondencia con sus intereses y puntos de vista.

Ni la verdad científica, ni la evaluación de los educandos, ni el desarrollo de soluciones a los problemas del país, se deciden por mayoría de votos. La democracia universitaria está en la discusión exhaustiva, desde distintas perspectivas, de las pretensiones de “verdad” de enunciados y descubrimientos, así como de la conveniencia e idoneidad de los métodos utilizados para arribar a ella. No se puede imponer una verdad y menos una razón política a una universidad, sin desnaturalizar sus funciones[3]. Más que poder político, en la universidad priva la autóritas que se deriva de méritos académicos. Las jerarquías universitarias deben asentarse en la ascendencia académica, profesional y ética que las legitime ante la comunidad como conductores y garantes idóneos de los procesos de docencia, investigación y extensión. Si bien el voto permite la competencia entre estilos y propuestas de gestión universitaria, sólo es pertinente si redunda en la preminencia del conocimiento, en un ambiente donde prevalezca la razón y el debate plural por sobre otras consideraciones.

La pertinencia de la universidad se fundamenta en el cumplimiento eficaz de sus fines académicos. La restricción de la autonomía académica implícita en la propuesta del voto igualitario y en el proyecto político que la motiva atenta contra la misión fundamental de la universidad como poderosísimo instrumento para el desarrollo del país. La universidad autónoma proporciona una de las pocas ventanas a la frontera del conocimiento de la humanidad con que cuenta Venezuela. Su capacidad de constituirse en interlocutora de los centros más avanzados en el mundo reside, precisamente, en la competencia para tomar decisiones en estricto apego a criterios de excelencia académica. La sujeción del quehacer universitario a una normativa externa rígida con intenciones de control político, acaba con estas posibilidades. Por ello es menester respetar el régimen autonómico de las universidades, para resguardarlas de presiones políticas, económicas o religiosas que la desvíen de su misión. La eliminación de los méritos académicos como criterio y condición para la elección de los órganos de cogobierno, somete a la universidad a prácticas populistas, de reparto corporativo-gremial, que habrán de desnaturalizar irremediablemente su función y destruir sus pretensiones de excelencia. Con ello se sabotea la necesidad de poner a Venezuela al día con los avances del conocimiento científico, humanístico y tecnológico de la humanidad. Que los estudiantes del futuro y sus familiares se olviden de la “marca registrada” de calidad que significa hoy un título de la Universidad Central de Venezuela, si se logra imponer este mecanismo de elección.

Cabe señalar que en ninguna universidad del mundo hemos encontrado un régimen electoral como el propuesto por el “1 x 1 x 1”, mucho menos en las instituciones del llamado “bloque socialista”, que mantenían un control político estricto sobre sus universidades, como lo sigue haciendo Cuba.

4.       La profundización de la democracia universitaria

Los argumentos esgrimidos para rechazar lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 34 de la LOE no pretenden señalar que el mecanismo existente no pueda perfeccionarse. Me atrevería a señalar que existe un consenso mayoritario para revisar el régimen electoral e incorporar al estudiante de postgrado –inexistente como figura en la Ley de Universidades de 1970-, reducir la preponderancia de los profesores jubilados en el claustro, incluir en este cuerpo a los instructores por concurso y considerar una mayor ponderación del estudiantado que el actual 25%. Asimismo, el Consejo Universitario de la UCV conoce desde hace años de una propuesta para abrir espacios de participación en la toma de decisiones de naturaleza administrativa de sus empleados y trabajadores, como en todos aquellos asuntos referentes a sus condiciones de trabajo. La fundamentación de estos cambios requiere, empero, una nueva Ley de Universidades.

En atención a estas consideraciones, el Consejo Universitario, con base en una propuesta presentada por una comisión designada de su seno para analizar las implicaciones de la citada sentencia de la Sala Electoral del 10 de agosto de 2011, y en ejercicio de sus potestades autonómicas, decidió abrir una amplia consulta a la comunidad que hace vida en la universidad sobre los mecanismos electorales deseados. Entre otras cosas, se han realizado discusiones en los Consejos de Facultad y en asambleas de estudiantes, profesores y empleados, y una delegación de empleados y trabajadores consignó una propuesta de reglamento –en este caso recogiendo lo del 1 x 1 x 1- al Consejo Universitario. La imposición de la Sala Electoral corta de tajo esta discusión y vulnera abiertamente la autonomía universitaria, amén de contrariar la recomendación del presiente Chávez cuando vetó la LEU de abrir un debate sobre la legislación universitaria.

Cabe señalar que en las universidades que controla directamente este gobierno tan preocupado por la “profundización de la democracia” y el “respeto por los derechos de participación protagónica e igualitaria” no hay elecciones para nombrar autoridades, consejos de facultad, de escuela, representación estudiantil, ni tampoco para centros de estudiantes. Estos últimos simplemente no existen. Como es sabido por todos, las autoridades de esas instituciones son nombradas a dedo por el alto Ejecutivo.

5.       El compromiso con nuestra conciencia

Convencidos de que la aprobación de un mecanismo como el propuesto en el #3 del artículo 34 de la LOE acabaría con la Universidad Central de Venezuela como la conocemos y es violatorio de preceptos constitucionales y legales, la Sala Electoral comete un atropello de monta mayor al ordenarle al Consejo Universitario que redacte un reglamento con esas características. Si este régimen quiere destruir la institucionalidad universitaria por que no tiene otra manera de controlarla (sus fuerzas se revelan ínfimas en todas las elecciones realizadas internamente) que lo haga directamente y sufra las consecuencias políticas de violar la autonomía. Recurrir a la vía judicial para allanar las potestades autonómicas de la UCV con una orden que obliga a sus autoridades a instrumentar el mecanismo que la aniquilaría como universidad seria, es un atropello a la dignidad y a la libertad de conciencia de quienes integramos el Consejo Universitario. En la Casa que vence la sombra a través del debate de ideas y el contraste de opiniones para encontrar soluciones justas, ordenarle que se someta sin chistar a la opinión del gobierno es negar la esencia del quehacer universitario. La UCV no es un cuartel para estar doblegándose a órdenes de una autocracia. ¡Que se atreva el gobierno a redactar e imponer el reglamento en cuestión!

La Universidad Central de Venezuela puede exhibir orgullosamente un largo historial de aportes a la solución de variados problemas del país y a la promoción de una cultura democrática. De sus aulas han salido legiones de dirigentes, tanto del sector público como del privado, que han contribuido, cada uno a su manera, con el desarrollo del país. Gracias a su conciencia crítica y capacidad de movilización en defensa de los principios libertarios, han dejado huella en la construcción de una república civil y moderna, cohortes de estudiantes y profesores como es el caso de las “generaciones” del ’28, del ’36, del ’57 y la que luchó por rescatar la autonomía vulnerada por el allanamiento del primer gobierno de Rafael Caldera. Hoy el movimiento estudiantil vuelve a levantar las banderas de la libertad en protesta contra el atropello y cierre de medios de comunicación y el desconocimiento de derechos humanos básicos por parte del gobierno. La UCV siempre ha sido un baluarte de democracia, de libertad y de las mejores intenciones para con el país ante abusos del poder. La significancia de este historial no puede ser simplemente echado por la borda. No seremos nosotros los verdugos de la UCV.

Una muestra de que la decisión de la Sala obedece a criterios políticos por encima de otras consideraciones, es su reconocimiento de que la UCV debería acatar su sentencia por ser “un ejemplo” para las demás universidades. Es decir, con el hara-kiri que se nos pide instrumentar, se espera quebrar el espinazo de la resistencia crítica que ofrece el sistema de universidades autónomas ante los intentos de imponer un pensamiento único en el país que acabaría con su razón de ser. Por demás, la retaliación por no prestarnos a sus designios se expresa en que deliberadamente se escogió imponernos la mayor multa posible de acuerdo con la normativa vigente, de 200 unidades tributarias.

En nombre de los intereses superiores del Pueblo alemán –volk- en la noche del 10 de mayo de 1933 fueron quemados por estudiantes nazis frente a la universidad de Berlín, unos 20.000 libros de autores de renombre mundial –alemanes y extranjeros[4]- para dar paso a la edificación de una cultura propia del Tercer Reich, la única aceptable. Asimismo, fueron expulsados los profesores de ascendencia judía de las universidades. Era obligatorio que todo miembro de las profesiones docentes, desde pre-escolar hasta las universidades, perteneciera a la Liga Nacional Socialista de Profesores y jurar “obediencia y lealtad” a Adolfo Hitler.

En este empeño hegemónico, la jurisdicción descentralizada de escuelas públicas y universidades fue sustituida por un control centralizado bajo el Ministerio de Propaganda. La purga de autores o científicos “impuros” de los pensa de estudios fue adelantada en aras de la pretendida supremacía del conocimiento ario, lo cual, desde luego, resultó ser desastroso para el sistema educativo alemán. Fue despedido todo académico que se expresara en contra del Nacional Socialismo, llevando a muchos a guardar silencio antes de perder su carrera. “Era una escena de prostitución” -reflexionaría luego uno de los despedidos, el profesor Wilhelm Roepke- “que manchó la honorabilidad de la enseñanza alemana”. Confiesa tristemente otro ilustre profesor germano el resultado a que llevó la obsecuencia de las universidades ante tales designios: “Las universidades alemanas faltaron, cuando todavía había tiempo, en oponerse públicamente, con todo su poder, a la destrucción del conocimiento y del estado democrático. Fallaron en mantener el faro de la libertad y del derecho encendido durante la noche de la tiranía”.[5]

Constituye un trágico ejemplo de lo que puede suceder si los universitarios nos sometemos dócilmente a los designios de la vocación fascista que se despliega desde el poder. 

[1] Salvo a dos representantes del oficialismo, que votaron en contra del calendario electoral para elegir autoridades, aprobado a comienzos de marzo del presente año.

[2] Este proyecto fue engavetado luego de que el presidente Chávez amenazara recibirlo con “el bate de Sammy Sosa”.

[3] La subordinación del conocimiento a objetivos políticos –casos de Lysenko y del desprecio por la cibernética por considerarla ciencia “burguesa” en la Unión Soviética de Stalin; arrase de la academia durante la Revolución Cultural China-, significó un serio descalabro para las ciencias y las artes de esos países. El atraso en aquellas disciplinas más afectadas fue lamentable y llevó por fuerza a costosos procesos de rectificación. La expulsión de académicos judíos de las universidades y la quema de libros que no expresaran las “verdades” de la prédica nacional-socialista alemana, tuvo similares efectos bajo el Tercer Reich.

[4] Entre otros autores, pueden mencionarse a Stefan Zweig, Thomas Mann, Albert Einstein, Sigmund Freud, Jack London, H.G. Wells, Emile Zolá, Marcel Proust y muchos otros.

[5] Profesor Julius Ebbinghaus, Shirer, Op. cit.,:251-2. Los últimos dos párrafos fueron extraídos del libro de mi autoría, El fascismo del siglo XXI, Random House Mondadori, Caracas, pp. 397-8.

humgarl@gmail.com

Humberto García Larralde, representante profesoral ante el Consejo Universitario de la UCV, humgarl@gmail.com

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