LA ÚLTIMA PALABRA. ADOLFO R. TAYLHARDAT

En sus “líneas” de esta semana el mandón de Miraflores dice que confía en que el Presidente Santos cumplirá su palabra y extraditará a Venezuela al presunto narcotraficante Walid Makled. “Creo en la palabra del Presidente Santos” y cita textualmente lo que dijo el mandatario colombiano el martes pasado: “Yo le di mi palabra. Una vez se surtan los trámites jurídicos se hará la extradición a Venezuela”. Este domingo confirmó su compromiso: “le di mi palabra de extraditarlo a Venezuela y la voy a cumplir” “Yo soy un hombre de palabra” ha dicho Santos.

Es de caballeros honrar la palabra comprometida, aun cuando su par de este lado de la frontera no es de la misma cepa. Sin embargo, en un país como Colombia donde funcionan las instituciones y prevalece la autonomía de los poderes públicos, la última palabra no la tiene el Presidente Santos. Para extraditar a Makled a Venezuela se requiere que la Corte Suprema de Colombia dé su visto bueno. Debe ser eso que cuando confirmó su compromiso con el mandatario venezolano agregó la excepción de que la extradición se producirá “una vez que se hayan cumplido los trámites jurídicos”.

Evidentemente este caso se ha convertido en un asunto sumamente delicado que trascendió el ámbito legal para convertirse en un problema político. El mandón no vacila en recurrir al chantajecuando afirma que la actitud de Santos evidencia la voluntad política necesaria “para que el vigoroso proceso de relanzamiento de las relaciones prosiga su curso y fortalezca la confianza entre nuestros dos países”

Pero por encima de todo es un caso evidente de derechos humanos. El interés primordial de traer a este personaje a Venezuela no reside tanto en la necesidad de seguirle juicio por los numerosos delitos de los cuales se le acusa. El principal objetivo es silenciarlo, impedirle que siga denunciando los vergonzosos actos de corrupción en los cuales están envueltas figuras prominentes del régimen. Makled asegura que sus operaciones delictuosas beneficiaban a gobernadores, ministros, altos jefes militares y hasta magistrados del TSJ. En fin, gran parte de la “nomenclatura” que rodea al inquilino de Miraflores tiene sus manos untadas en ese estiércol. “De esas empresas comía mucha gente del alto gobierno, así de sencillito” asegura Makled. También asegura que aportó recursos para la campaña oficialista del referendo por la reforma constitucional.

La información en poder de Makled es una bomba de tiempo para el gobierno venezolano. El propio mandón lo reconoce cuando en sus “líneas” dice que Estados Unidos quería extraditarlo “para que vomitara toda clase de acusaciones contra la revolución bolivariana, contra su liderazgo político y militar y así incluir a Venezuela en la lista negra de países que apoyan al narcotráfico”

No busco exculpar a Makled. Debe ser juzgado. Y si resulta efectivamente culpable de los cargos que se le hagan debe cumplir la pena que se le imponga. Sin embargo, la CS colombiana no debe perder de vista que en Venezuela no hay estado de derecho y la casi totalidad del sistema judicial funciona como instrumento de persecución y de represión. Los ejemplos están a la vista. Basta leer el artículo de Marta Colomina de este domingo en este diario.

Esto significa que no se cumplirá la condición esencial exigida por el derecho internacional para que opere la extradición, concretamente, la garantía de un juicio justo e imparcial para el extraditado. La CS colombiana debe saber que si Makled es entregado a las autoridades venezolanas será silenciado de cualquier forma para impedir que revele, con pruebas en la mano como ha ofrecido hacerlo, los detalles y los nombres de quienes se beneficiaron de sus negocios ilegales. Incluso, no vacilo en advertir que en Venezuela su integridad personal y su vida correrán peligro.

La última palabra la tiene entonces la CS de Colombia. Si otorga el visto bueno contribuirá a una grotesca violación de derechos humanos. Si no lo otorga, el presidente Santos tendrá que acatar la decisión de ese alto tribunal y quedará liberado del compromiso de honor que ha contraído.

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Adolfo Taylhardat
adolfotaylhardat@gmail.com

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RESPONSABILIDAD E INCOMPETENCIA. OSWALDO ÁLVAREZ PAZ. DESDE EL PUENTE

Tomo la frase de un amigo dicha en contexto un poco diferente. Parte importante de la tragedia venezolana en que quien tiene la mayor responsabilidad es, simultáneamente, quien refleja el mayor grado de incompetencia para ejercerla. Así está Venezuela, patéticamente gobernada, ahogada en un mar de ineficiencia y corrupción que arrastra a todos los sectores públicos y privados de la vida nacional. La tragicomedia avanza en medio de una especie de complicidad tácita, en ocasiones explícita, para la que el disimulo y la mentira son indispensables.

El régimen declina. Tiene el sol a sus espaldas. Esto no significa que terminará mañana, ni que Chávez sea un huérfano sin poder, ni seguidores. Quiero decir que entramos a la fase más peligrosa de este proceso revolucionario. Sus protagonistas saben que la rendición de cuentas es inexorable, que en el camino hacia el final estallarán, como ya sucede, muchos escándalos e informaciones que los comprometen penalmente dentro y fuera del país.

Las provocaciones del alto gobierno contra personas e instituciones, las violaciones constitucionales y las restricciones forzosas al ejercicio de derechos fundamentales de los ciudadanos, como la libertad o la propiedad, no lograrán acallar la protesta o la indignación nacional que crece aceleradamente.

¿Pensará Chávez que la nueva canallada contra Guillermo Zuloaga y Globovisión, dando órdenes represivas e ilegales a las demás ramas del poder público, logrará hacer olvidar a los presos políticos penalizados criminalmente, secuestrados por su gobierno desde hace meses y años? ¿Logrará que la opinión pública nacional e internacional despeje las dudas y sospechas existentes sobre las vinculaciones con el terrorismo y el narcotráfico, el lavado de dinero negro o el tráfico de influencias al servicio del crimen organizado? No lo creo. Walid Mackled, donde quiera que esté o sea destinado, se convierte en el símbolo mayor de este régimen.

En su trayectoria, de conformidad con lo que refieren las autoridades colombianas, estadounidenses y, con mucha timidez y cuidado las venezolanas, así como en los avances de sus declaraciones, encontramos razones de sobra para ponerle punto final a esta etapa obscura y tenebrosa del país.

Juan Manuel Santos ha dicho que él se comprometió con su “nuevo mejor amigo”, Hugo Chávez, a entregarle a Makled, agregando que cumplirá su palabra. Muy bien, pero lo que colombianos y venezolanos, norteamericanos y mundo en general quisiéramos saber, son las razones profundas de ese compromiso.

A los efectos de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, Estados Unidos ha sido el mejor amigo del gobierno y del pueblo colombiano.

Por el bien de todos, aspiramos que lo siga siendo.

Por estos días hubo nuevas y reveladoras informaciones sobre el asesinato del fiscal Danilo Anderson, en un nuevo aniversario de su muerte. Estos tipos son capaces de cualquier cosa. Con Makled aquí valen todas las especulaciones.

oalvarezpaz@gmail.com
Lunes, 22 de noviembre de 2010
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EXTRADITAR O JUZGAR. VICTOR RODRIGUEZ CEDEÑO

La justicia española solicita la extradición del etarra funcionario Cubillas, supuestamente vinculado a actividades terroristas. No se trata de ninguna manera de un acoso a Venezuela, como lo tratan de hacer ver algunos irresponsables en el país. Es simplemente una investigación a la que debe hacer frente allá, el mismo indiciado. La Fiscal General de la República, ante quien se presentó con extraña tranquilidad Cubillas, niega en forma clara a la Audiencia española toda posibilidad de extradición por cuanto el indiciado posee la nacionalidad venezolana, condición que impediría el procedimento, según lo establece el artículo 69 de la Constitución Nacional de 1999 y el artículo 8 del Tratado bilateral de extradición suscrito entre los dos paises, en 1990.

El hecho de que Cubillas sea venezolano podría significar, en efecto, un impedimento para iniciar el proceso de extradición, aunque no para su procesamiento por los órganos nacionales si así lo solicita una de las partes, España en este caso. Pero, independientemente de que la nacionalidad otorgada pueda ser revocada, si se comprobase que la misma fue acordada en forma fraudulenta o es utilizada con fines delictivos, existen obligaciones superiores de cooperación y de solidaridad internacionales que deberían permitir tal extradición, considerada de buena fe como un mecanismo de asistencia internacional destinado a erradicar la impunidad, para que Cubillas aclare su situación en su país de origen, en un proceso que le garantiza sus derechos.

La solicitud de extradición se plantea en el marco de la lucha contra el terrorismo que exige cooperación y solidaridad, principios consagrados en la Carta de la ONU y en las Declaraciones mas importantes de Derecho Internacional. El reto que se plantea hoy es lograr un mundo mejor en armonía plena con tales principios, en particular, cuando se hace frente a problemas de interés de la humanidad, como lo es la lucha contra el terrorismo. Pero, además, el principio de cooperación está previsto en el párrafo 2 del

Preámbulo del Tratado, parte fundamental para su interpretación y aplicación.
El principio aut dedere aut judicare (extraditar o juzgar), cuya existencia, contenido y alcance ignoran los revolucionarios bolivarianos, es un principio no sólo de origen convencional, sino de derecho internacional consuetudinario que impone al Estado territorial la obligacion de extraditar (aut dedere) al presunto autor de un crimen o de juzgarlo (aut judicare).

El silencio relativo sobre el caso no traduce su solución. Por el contrario, la situación se complica y el régimen venezolano tendrá que asumir una posición clara y seria sobre esta cuestión y responder al gobierno español y a la nueva Ministra de Exteriores Trinidad Jiménez quien hereda los desatinos y la complacencia del fracasado Moratinos. No es fácil, claro está, para el arrogante y decadente régimen revolucionario cooperar de buena fe en este terreno, como tampoco lo será asumir las obligaciones que le impone el Derecho Internacional como representante de un Estado que pretende “convertirse” en nuclear, materia que por su complejidad e implicaciones se extrae necesariamente del dominio reservado del Estado.

vitoco98@hotmail.com
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CUBILLAS: NI EXTRADICIÓN A ESPAÑA NI JUICIO EN VENEZUELA. MARÍA TERESA ROMERO

Sabiendo la dificultad de extraditar a España al etarra deportado a Venezuela en los años ochenta, Arturo Cubillas Fontán, por ser ciudadano venezolano, el juez de la Audiencia Nacional española, Eloy Velasco, dio un paso decisivo y pidió al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que solicite al de Hugo Chávez revocarle la nacionalidad y extraditar a quien hoy aún trabaja como funcionario público del gobierno bolivariano. Al inculpado no se le ha apartado de su cargo en el Ministerio de Agricultura y Tierras porque el Ejecutivo nacional considera que “hay que esperar a que terminen las investigaciones para aclarar si existe una vinculación entre él y la banda terrorista ETA”.

Sin duda, la solicitud sugerida por el juez Velasco sería la más correcta, la menos costosa en términos de imagen política para el gobierno español y la más probable, no tanto porque Miguel Ángel Moratinos ─quien hace pocos días aseguró en forma tajante que Cubillas podría juzgarse sin ser extraditado─ salió de la cartera de Asuntos Exteriores, sino porque el ministro del Interior y ahora también vicepresidente primero y portavoz del gobierno español, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que cursarían la solicitud formal a las autoridades venezolanas inmediatamente después de la petición del juez.

La presión doméstica por una extradición, en particular por parte del Partido Popular y organizaciones civiles de derechos humanos, junto a las evidencias que aparecen cada día sobre el nexo y labores ilícitas de Cubillas con la ETA y otros grupos terroristas del mundo, son factores difíciles de soslayar para el Ejecutivo español y para la nueva ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez.

En todo caso, lo que sí parece poco probable es que el gobierno venezolano le responda positivamente al español y revoque la nacionalidad a Cubillas para luego extraditarlo, pese a que la propia Constitución venezolana contempla esa posibilidad ante un posible fraude de ley. La línea oficialista de Venezuela ha sido clara desde un principio: acogerse al Tratado de Extradición suscrito entre Venezuela y España en 1990 aún vigente, cuyo artículo 8 señala que si la parte requerida no extradita a una persona por poseer la nacionalidad de ese país, deberá someter el asunto a las autoridades competentes a fin de que pueda procederse judicialmente. De allí que desde el presidente Chávez, pasando por la fiscal general Luisa Ortega Diaz y hasta el embajador venezolano en Madrid, Isaías Rodríguez, hayan asegurado que el presunto entrenador de etarras en territorio venezolano será investigado, mas no extraditado, pese a haberse dictado una orden internacional de busca y captura en su contra.

Pero lo más grave, en mi opinión, es que también es poco probable que Cubillas sea investigado en forma imparcial y finalmente juzgado por los actuales tribunales venezolanos, los cuales son uno de los más desacreditados del continente americano. La justicia venezolana bajo el gobierno de Hugo Chávez ha sido la más cuestionada de la historia venezolana contemporánea por organismos e informes internacionales de las Naciones Unidas; el Parlamento Europeo; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la organización Human Rights Watch; y varios colegios de abogados de América Latina. Dentro y fuera de Venezuela, prospera la desconfianza en un sistema de justicia evidentemente polítizado y sin autonomía.

El inicio de lo que seguramente será un largo proceso de investigación (y tal vez de juicio) de Cubillas en Venezuela, pondrá al gobierno de Rodríguez Zapatero en una posición más débil y desventajosa ante su país y la opinión pública mundial. Y ello, más otros casos no resueltos como la expropiación y militarización en Venezuela de la empresa canaria Agroisleña, terminarán por afectar lo que el ex canciller español Moratinos y el embajador venezolano en Madrid Isaías Rodríguez consideran “las mejores relaciones bilaterales del mundo”.

Maria Teresa Romero
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EDITORIAL DE EL PAÍS DE ESPAÑA: URIBE JUEGA FUERTE “LA SÚBITA EXTRADICIÓN DE LOS JEFES PARAMILITARES MIRA TANTO HACIA EE UU COMO A COLOMBIA”

EDITORIAL DE EL PAÍS DE ESPAÑA: URIBE JUEGA FUERTE “LA SÚBITA EXTRADICIÓN DE LOS JEFES PARAMILITARES MIRA TANTO HACIA EE UU COMO A COLOMBIA”

CHÁVEZ DESCALIFICA EL INFORME DE LA INTERPOL QUE RELACIONA A VENEZUELA CON LAS FARC


Al extraditar por sorpresa a Estados Unidos a los máximos jefes paramilitares colombianos encarcelados, a los que acusa de incumplir sus compromisos y seguir infringiendo la ley, el presidente Álvaro Uribe ha dado un audaz golpe de mano. Su propósito, granjearse el máximo apoyo de EE UU en momentos delicados -el Congreso discute un tratado de libre comercio crucial para Bogotá- y de paso fortalecer sus posibilidades como aspirante a un excepcional tercer mandato, eventualidad que el conservador Uribe no confirma pero tampoco desmiente.

CHÁVEZ DESCALIFICA EL INFORME DE LA INTERPOL QUE RELACIONA A VENEZUELA CON LAS FARC

La popularidad de Uribe ha venido básicamente del acorralamiento de las FARC, la guerrilla terrorista y narcotraficante. La han acrecentado su firmeza con el caudillo venezolano Hugo Chávez en la cuestión de los rehenes y el golpe de los comandos colombianos que dieron muerte en Ecuador, en marzo, a uno de sus jefes máximos, Raúl Reyes. Interpol avalaba ayer, tras el análisis de expertos internacionales, que no han sido manipulados los ordenadores aprehendidos entonces a la guerrilla, en los que había pistas valiosas sobre el apoyo militar y económico venezolano y ecuatoriano a las FARC. A Chávez le faltaba tiempo para calificar de títere de Washington al organismo policial. Con la entrega a EE UU de los jefes ultraderechistas, Uribe golpea al otro extremo del arco del crimen. Los pistoleros extraditados, que negociaron con el Gobierno su reinserción a cambio de penas de cárcel simbólicas y de cooperar con la justicia, destaparon el escándalo denominado parapolítica. Como consecuencia del mismo, una parte sustancial del Parlamento colombiano, diputados uribistas, incluso familiares directos del presidente, están en prisión o son investigados por sus vínculos mafiosos. Es previsible que ante los jueces estadounidenses, los extraditados, cuya entrega Uribe había dejado en suspenso, hablen más de narcotráfico que de corrupción en Colombia.

Los argumentos de Uribe -que los paras seguían dirigiendo desde la cárcel sus redes delictivas, que no resarcían económicamente a sus víctimas- certifican, entre otras cosas, el fracaso del llamado proceso de Justicia y Paz y la inoperancia del sistema penitenciario colombiano. Bogotá debe obtener ahora garantías de EE UU para que el probablemente largo encierro allí de los paramilitares no arroje una definitiva cortina de humo sobre sus horrendos crímenes aún por esclarecer.