CUBILLAS: NI EXTRADICIÓN A ESPAÑA NI JUICIO EN VENEZUELA. MARÍA TERESA ROMERO

Sabiendo la dificultad de extraditar a España al etarra deportado a Venezuela en los años ochenta, Arturo Cubillas Fontán, por ser ciudadano venezolano, el juez de la Audiencia Nacional española, Eloy Velasco, dio un paso decisivo y pidió al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que solicite al de Hugo Chávez revocarle la nacionalidad y extraditar a quien hoy aún trabaja como funcionario público del gobierno bolivariano. Al inculpado no se le ha apartado de su cargo en el Ministerio de Agricultura y Tierras porque el Ejecutivo nacional considera que “hay que esperar a que terminen las investigaciones para aclarar si existe una vinculación entre él y la banda terrorista ETA”.

Sin duda, la solicitud sugerida por el juez Velasco sería la más correcta, la menos costosa en términos de imagen política para el gobierno español y la más probable, no tanto porque Miguel Ángel Moratinos ─quien hace pocos días aseguró en forma tajante que Cubillas podría juzgarse sin ser extraditado─ salió de la cartera de Asuntos Exteriores, sino porque el ministro del Interior y ahora también vicepresidente primero y portavoz del gobierno español, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que cursarían la solicitud formal a las autoridades venezolanas inmediatamente después de la petición del juez.

La presión doméstica por una extradición, en particular por parte del Partido Popular y organizaciones civiles de derechos humanos, junto a las evidencias que aparecen cada día sobre el nexo y labores ilícitas de Cubillas con la ETA y otros grupos terroristas del mundo, son factores difíciles de soslayar para el Ejecutivo español y para la nueva ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez.

En todo caso, lo que sí parece poco probable es que el gobierno venezolano le responda positivamente al español y revoque la nacionalidad a Cubillas para luego extraditarlo, pese a que la propia Constitución venezolana contempla esa posibilidad ante un posible fraude de ley. La línea oficialista de Venezuela ha sido clara desde un principio: acogerse al Tratado de Extradición suscrito entre Venezuela y España en 1990 aún vigente, cuyo artículo 8 señala que si la parte requerida no extradita a una persona por poseer la nacionalidad de ese país, deberá someter el asunto a las autoridades competentes a fin de que pueda procederse judicialmente. De allí que desde el presidente Chávez, pasando por la fiscal general Luisa Ortega Diaz y hasta el embajador venezolano en Madrid, Isaías Rodríguez, hayan asegurado que el presunto entrenador de etarras en territorio venezolano será investigado, mas no extraditado, pese a haberse dictado una orden internacional de busca y captura en su contra.

Pero lo más grave, en mi opinión, es que también es poco probable que Cubillas sea investigado en forma imparcial y finalmente juzgado por los actuales tribunales venezolanos, los cuales son uno de los más desacreditados del continente americano. La justicia venezolana bajo el gobierno de Hugo Chávez ha sido la más cuestionada de la historia venezolana contemporánea por organismos e informes internacionales de las Naciones Unidas; el Parlamento Europeo; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la organización Human Rights Watch; y varios colegios de abogados de América Latina. Dentro y fuera de Venezuela, prospera la desconfianza en un sistema de justicia evidentemente polítizado y sin autonomía.

El inicio de lo que seguramente será un largo proceso de investigación (y tal vez de juicio) de Cubillas en Venezuela, pondrá al gobierno de Rodríguez Zapatero en una posición más débil y desventajosa ante su país y la opinión pública mundial. Y ello, más otros casos no resueltos como la expropiación y militarización en Venezuela de la empresa canaria Agroisleña, terminarán por afectar lo que el ex canciller español Moratinos y el embajador venezolano en Madrid Isaías Rodríguez consideran “las mejores relaciones bilaterales del mundo”.

Maria Teresa Romero
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EL TRATADO DE EXTRADICIÓN CON ESPAÑA. ADOLFO R. TAYLHARDAT

En marzo pasado salió a la luz pública el Auto emitido por el Juez de la Audiencia Nacional Española, Eloy Velasco, en relación con la conexión entre las FARC y la ETA en la cual estaría involucrado el régimen venezolano. En ese Auto apareció implicado Arturo Cubillas, vasco naturalizado venezolano, funcionario del Ministerio de Agricultura y Tierras, quien se funge como enlace entre la ETA y las FARC y habría sido el organizador de “cursillos de entrenamiento” de efectivos de esas organizaciones terroristas en territorio venezolano. La actuación del juez español se basó en una serie de mensajes internet extraídos de las computadoras recuperadas a raíz de la muerte de Raúl Reyes. En algunos de esos mensajes aparece mencionado Cubillas como “delegado” de la ETA y como el proponente de la realización de los cursillos.

En aquella oportunidad el mandón de Miraflores pretendió descalificar la actuación del Juez español impugnando el valor probatorio del material contenido en las computadoras. Aseguró que los militantes de ETA que viven en Venezuela no participan en actividades terroristas y califico de ‘estúpido’ el Auto judicial español. Esta última semana tomó un nuevo aire el torbellino político que originó el Auto de la Audiencia Nacional española con la confesión rendida por dos etarras detenidos hace un par de semanas en el País Vasco. Estos elementos declararon que habían recibido en Venezuela adiestramiento en el manejo de armas, codificación de mensajes, desmontaje y limpieza y de armas y tiro y que el responsable de ese entrenamiento era Arturo Cubillas.

Afirmaron además que sus gastos en Venezuela fueron cubiertos por Cubillas quien “tenía una acreditación especial” que le permitía mandar sobre los policías y les daba órdenes.

Nuevamente el mandón de Miraflores niega los vínculos de su gobierno con la ETA y califica de “criminales sanguinarios” a los dos etarras. Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional Española le atribuye “total credibilidad” a la declaración prestada por esos elementos. En todo caso resulta inconcebible que el gobierno, o sus servicios de inteligencia, no estuvieran al corriente de las actividades de ese señor.

Esta nueva implicación de Arturo Cubillas ha abierto el debate acerca de si ese individuo puede, o no, ser extraditado a España como lo exigen sectores de la opinión pública y política de España y correspondería en una situación como esta.

Sin embargo, el tema de la extradición entre Venezuela y España se rige por el Tratado suscrito por ambos países en 1989, el cual, en su Artículo 8º. establece que “cuando el reclamado fuere nacional de la Parte requerida, ésta podrá rehusar la concesión de la extradición de acuerdo con su propia ley”. El artículo 69 de la Constitución Nacional prohíbe la extradición de ciudadanos venezolanos. Cubillas por ser venezolano naturalizado está protegido por esa norma constitucional.

Pero la condición de venezolano naturalizado no puede ser esgrimida como escudo protector para evadir la justicia. El Ministerio español de Asuntos Exteriores ya remitió a Venezuela el Auto de la Audiencia Nacional en el que aparece el testimonio de los etarras sindicando a Cubillas de haberles impartido entrenamiento en actividades terroristas. Seguramente España pedirá a las Autoridades venezolanas que actúen judicialmente contra Cubillas con fundamento en el numeral 2 del Artículo 8º del Tratado de Extradición el cual dispone que si el Estado requerido niega la extradición por causa de nacionalidad, se le puede solicitar que proceda judicialmente contra la persona cuya extradición se solicita.

Pero conociendo el comportamiento de la justicia venezolana, a nadie sorprendería si el pedido de la justicia española es desestimado

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EL GOBIERNO DE VENEZUELA Y EL CASO DE LOS ETARRAS. MESA DE LA UNIDAD DEMOCRATICA

La Mesa de la Unidad Democrática ante la confesión de dos miembros de la organización terrorista ETA, detenidos por las autoridades españolas, que vienen a confirmar los señalamientos difundidos sobre la utilización de nuestro territorio para actividades vinculadas al terrorismo internacional, exige al gobierno venezolano una respuesta seria y definitiva sobre su compromiso ó no con grupos terroristas como ETA a los cuales se le relaciona constantemente en diversas esferas internacionales.

Las declaraciones dadas ante un juez de la Audiencia Nacional de España por Juan Carlos Besance y Xavier Atristain, revelan que habrían recibido entrenamiento en el manejo de armas y explosivos en Venezuela. El adiestramiento habría sido impartido por Arturo Cubillas, un reconocido etarra residenciado en nuestro país, miembro del PSUV, quien ha ocupado varios cargos en el gobierno de Hugo Chávez y cuya esposa es estrecha colaboradora del Vicepresidente Elías Jaua.

Si bien voceros oficiales, entre otros, el embajador de Venezuela en España, han pretendido restar crédito a tan graves confesiones, lo cierto es que el gobierno de España las considera verosímiles al punto de que el propio Ministro del Interior del gobierno español, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha hecho una declaración formal denunciando tales hechos.

Resulta paradójico que el régimen venezolano descalifique a priori a los declarantes que han confesado ante un alto tribunal haber recibido entrenamientos en el manejo de armas y explosivos en Venezuela, cuando ha sido el gobierno venezolano el que en dos oportunidades ha fabricado falsos testigos y testimonios infundados para implicar e imputar a figuras de la disidencia venezolana.

Lo pertinente, en este caso, es que las autoridades venezolanas brindasen la mayor cooperación a países vecinos y amigos en su lucha contra este flagelo y demuestren su verdadero compromiso de combatir al terrorismo en todas sus demostraciones.

Caracas 5 de octubre de 2010

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