En días recientes el
Tribunal Supremo de Justicia sentenció que los militares tienen derecho a
participar en manifestaciones políticas partidistas, lo cual no comportaría un
menoscabo a su profesionalidad y sería “un acto progresivo de consolidación de
la unión cívico-militar”. Esta violación flagrante a la Carta Magna (artículos
328 y 330) podría interpretarse como una concesión adicional al sector militar
que vendría a convalidar una conducta reiterada en los años que corren y a
reafirmar la convicción de que hay un poder castrense determinante detrás del
trono.
Con unos tribunales de
rodillas frente al poder, difícilmente se podría lograr una decisión diferente
a la mencionada.
Hugo Chávez, antes de
arribar al poder, formó parte de una logia militar de inspiración militarista,
de ideología política confusa, una mezcla de nacionalismo exacerbado,
antiimperialismo e intervencionismo estatal en lo económico. Como se sabe, esta orientación
primigenia difusa fue mudando hacia una posición ideológica, al menos en lo
discursivo, de izquierda, socialista, radical, incluso, marxista.
La naturaleza militarista
del gobierno de Chávez comenzó a evidenciarse, sobre todo, a partir de los
sucesos políticos de los años 2001 y 2002. Sin embargo, el componente civil se
mantuvo predominante hasta su fallecimiento. Chávez solía decir que en torno a
la revolución bolivariana se había conformado una “unión cívico-militar”, pero
el peso del componente militar siempre fue notorio.
Chávez fue una suerte de
árbitro entre grupos políticos civiles diversos y contrastantes, desde la
extrema derecha a la extrema izquierda, y entre sectores militares
tradicionales y emergentes.
Como dice Diego Bautista
Urbaneja, era “un gran croupier que repartía el juego”, y ciertamente, él era
el jefe que los amalgamaba, la autoridad no contestada. Al desaparecer Chávez
físicamente, afloran las facciones que convivían en un conjunto muy
heterogéneo. Así, la de origen militar cobra mayor relevancia y poder
institucional, reservando para sí, determinantes palancas del aparato estatal,
lo cual ha generado los enfrentamientos recientes con grupos civiles que se ven
desplazados. El chavismo estuvo siempre dividido y sigue dividido.
Los Ministerios con
competencias en Relaciones Interiores, Finanzas y Economía, Banca Pública,
Transporte, Defensa, Alimentos y Energía Eléctrica están siendo gestionados por
militares activos o retirados que
participaron en los golpes de Estado de 1992. Son gobernadores en 10 Estados
(de un total de 23), presiden la Asamblea Nacional. En los distintos
ministerios y empresas estatales, los militares tienen a su cargo importantes
funciones. La más grande empresa de producción de acero (SIDOR) la preside un
general activo y están en muchas otras.
Incluso, se han creado empresas, desde el Estado, cuyo propósito es el
de insertar a los militares en sectores económicos. Se ha creado un banco
(BANFANB), un Fondo de Inversión (Misión Negro Primero), una empresa agrícola
(AGROFANB), otra de construcciones y explotación de canteras (CARCOFANB y
CONSTRUFANB), una de transportes (EMILTRA), la Empresa del Sistema de
Comunicaciones de la Fuerza Armada Nacional, y una televisora (TVFANB).
En un reportaje de
Diciembre de 2013, se informaba que
desde 1999, 1.114 oficiales militares activos o retirados, de distintos
rangos han ocupado cargos gubernamentales en todos los niveles de la
administración pública nacional, provincial y municipal. Y esta realidad se ha
ido expandiendo.
La creación por parte de
Nicolás Maduro del “Comando Político Militar” con participación del Alto Mando
Militar, la conformación del “Estado Mayor Cívico-Militar Fronterizo” y de las
llamadas “Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), que tienen
competencias y atribuciones tan generales como inquietantes, y que en la
práctica se han venido colocando por encima de los gobernadores electos
democráticamente, son evidencias concluyentes de que en el aparato estatal
venezolano, el poder institucional está crecientemente en manos de militares o es mediatizado por éstos.
Algunos analistas afirman
que los militares se han erigido en un partido político en Venezuela. Los que
comparten la idea de que el pretorianismo ha estado larvado siempre en nuestro
país, señalan que en la actualidad ha cobrado mayor preeminencia, y que sólo
quedaría determinar en qué grado está, o si aun puede hablarse de la existencia
de un poder tutelar militar sobre lo civil, si es meramente arbitral o si ya se
asoma como un pretorianismo gobernante.
De todo lo señalado, queda
en claro que la influencia de los sectores militares en la marcha de los
asuntos políticos se ha incrementado, y que la estabilidad y permanencia de
Nicolás Maduro depende, en no poca medida, del sector castrense para mantenerse
en el poder; de allí que haya tenido que concederle parcelas institucionales
decisivas, al no disponer de un liderazgo incuestionable ni civil ni militar, a
diferencia del que tuvo Chávez.
Este cuadro
político-institucional deja a las claras que en Venezuela se está imponiendo
paulatinamente un gobierno tras bastidores, representado por una camarilla
militar que asume no sólo funciones cruciales de gobierno sino también
responsabilidades en algunos sectores de la economía nacional, incluso más allá
de las empresas que se han constituido desde el poder público.
Emilio Nouel
V.
emilio.nouel@gmail.com
@ENouelV
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