A la descomunal estela de problemas que padecemos por el
(des) gobierno, la sala (in) constitucional del TSJ (Tribunal Subalterno de
Justicia, calificada de plasta por el
comandante presidente-CP), se une la obsesión en actualizar lista Tascón. Esta
fue instaurada gracias al magistrado
ponente de dos decisiones contra la Comisión Electoral de las Primarias (CEP),
de la Mesa Unitarias Democrática.
Cuando ejercía la jefatura del Consejo Nacional Electoral, se
realizó el Referendo Revocatorio del mandato del CP y este le ofició a fin de
“notificarle que autorizo plenamente al ciudadano Luis Tascón …para que retire
copias certificadas de las planillas utilizadas”
Ahora para obtener los
cuadernos de votación decidió en tiempo record de un día, un amparo al
infiltrado yaracuyano del municipio Bruzual. Pero su acción se frustró porque bien sabido es que antes fueron
destruidos dichos instrumentos.
De allí su segunda
ponencia, ahora contra la presidenta de la CEP. Le impuso multa por Bs 15
millones 200 mil (una minucia para los
magistrados pues a ellos significa menos
de la mitad del sueldo mensual de Bs. 39 millones 640 mil; un poquito más de
los Bs 10 mil que perciben al mes
algunos de los “afortunados” con el cuestionado bono alimenticio). Y lo peor:
acción penal contra el inexistente
desacato.
La aberración siguió con
la admisión del amparo de otro derrotado en Los Teques.
Son hechos para distraer
casos como accidentes petroleros de este
año, incluidos cuatro derrames y las invasiones de terrenos y viviendas, que
pasan de 22 mil (en solo 12 días hubo 50 en Municipio Sucre-Miranda). A la inflación más alta del mundo agréguese la inseguridad y la corrupción.
La respuesta está
en los Lineamientos del Programa de Gobierno de Unidad Nacional,
contenidos en documento base: 100 Soluciones para la Gente.
La Sociedad Productiva
destaca con adopción de políticas económicas, social, la petrolera, energética,
sistema agroalimentario, turismo, aduanas, para citar algunas.
Entre otros propósitos
señalamos construcción de sociedad productiva y de progreso, con el
aseguramiento de los derechos a la propiedad privada y a la libertad económica,
y para desarrollar la libre iniciativa privada y el acceso a los bienes y
servicios de calidad, son unos de los objetivos.
Un reto es garantizar la
plena vigencia de los derechos humanos e instalar un Poder Judicial autónomo
como garante de la Democracia, constitucionalmente consagrado.
Esa Carta Magna consagra
la atención que le niega a la Fuerza Armada el régimen que se dice socialista.
La aplicación del artículo 328 define sus funciones.
A las controvertidas
acciones debe contestarse con el programa de gobierno que mejora calidad de
vida de todos.
NOTA MARGINAL: “Impensable
que los militares repitan hoy los abusos del 27F”, declaró la defensora del puesto actual presidenta del
Consejo Moral Republicano. Debe recordar que el tcnel Hugo Chávez da a El
Caracazo como inicio del al proceso. Pero se niega a cumplir sentencias de la
CIDH y el TSJ confirmó sobreseimiento de acusados del asesinato de dos víctimas
de esa revuelta. albertojordanh@gmail.com.
albertojordanhernandez@yahoo.es
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