Si piensas distinto y deseas cambio de gobierno,
eres candidato a persecución oficial y cárcel. En contraste, hay millones de
niños a quienes cada día se les priva de su futuro al dejarlos sin escuela o
darles una pésima educación y nadie se responsabiliza de este delito
generalizado, ni va a la cárcel por
ello.
La educación de calidad es una deuda con los niños;
es su derecho inalienable que genera obligaciones en las madres-padres y en
toda la sociedad y su Estado. No son efectivas las palabras bonitas recogidas
en el preámbulo de la Constitución que afirma “la educación como un derecho
humano y como un deber constitutivo de la raíz más esencial de la democracia, y
se le declara gratuita y obligatoria, y la asume el Estado como función
indeclinable y de servicio público”.
¿Quién
responde por la sostenida violación de la educación “obligatoria en
todos los niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado”? (Art.
103 Constitución). Luego de 15 años y con recursos abundantes, el 35% de los
niños no recibe educación inicial y por lo menos, 30% de los jóvenes no termina
el bachillerato.
¿Quién responde a aquellos millones que sí van a la escuela y
pierden el tiempo por la pésima calidad?
¿Por qué el Gobierno viola la
obligación constitucional de jugar en
“tríada solidaria” con la familia, la sociedad y el Estado para juntos
asegurar la educación de calidad para todos hasta el final de la secundaria?
La explicación del desastre está en la exclusividad
educativa que pretende el partido de gobierno. Los “revolucionarios” creen
que es nefasta cualquier influencia
distinta a la suya en educación y por eso rechazan la necesaria sinergia entre
familia, gobierno, sociedad y Estado, y
tratan de apoderarse del Estado y usarlo en exclusiva para inculcar su
ideología y convertir la escuela en fábrica de socialistas.
No lo logran debido
a la resistencia pasiva o activa de la sociedad y las familias, pero producen
un creciente deterioro de la calidad. Esa pretensión de exclusividad
gubernamental-disfrazada de estatal- es la que trata, por ejemplo, de frenar la
autonomía universitaria plural y desnaturaliza el convenio entre la AVEC y el
Estado venezolano para atender con calidad a sectores donde no llega la
educación oficial y sí la educación de inspiración católica. En el gobierno se
lucha para que el convenio con la AVEC se deteriore, para que los maestros se
empobrezcan y se prohíbe (textualmente) introducir un aula más en el convenio educativo,
a pesar de una demanda popular
desbordada.
¿Y el
Estado? El Estado democrático es la palanca jurídica que consagra el propósito
común de la sociedad para impulsar la responsabilidad educativa de las
familias, exigir a los gobiernos y estimular a toda la sociedad hacia esa meta
constitucionalmente acordada. Es un delito que cualquier partido -
“revolucionario” o no - se apropie de la
escuela, de los recursos públicos de la nación y del Estado para imponer una
finalidad distinta a la realización del niño como persona, con sentido y
valores de vida en una sociedad democrática y plural.
“El padre y la madre
tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y
asistir a sus hijos e hijas (art. 76) y los “niños, niñas y adolescentes son
sujetos plenos de derecho” (art. 78). A unos y otros el gobierno les debe pleno
apoyo, pero viola la Constitución cuando los descuida por obedecer al partido.
Este gobierno, estableció como su prioridad el control ideológico de todo el
sistema educativo de millones de niños y de jóvenes para convertirlos en una
gran fábrica de producción de socialistas; como lo tienen en Cuba. No lo han
conseguido, ni lo van a lograr, pero lo vienen intentando y por eso llevan la
educación al fracaso más estrepitoso; no hace falta ninguna encuesta para
saberlo.
¿Es irracional aspirar a un acuerdo nacional para, de acuerdo a la Constitución, sumar las fuerzas y recursos educativos de la familia de la sociedad y de los educadores con la amplia orientación y apoyo económico de un Estado democrático y plural? ¿Se puede resignar el país a que la educación siga deteriorándose? ¿Se pueden contentar los ministros y altos jefes con que sus hijos se salven de ese naufragio general poniéndolos en buenos colegios privados o enviándolos al extranjero? ¿Por qué no se fomenta toda iniciativa y creación educativa de calidad centrada en el niño y su futuro y sustentada en los valores fundamentales consagrados en la Constitución?
Luis
M. Ugalde O. s.j.
lugalde@ucab.edu.ve
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