La Ley de Costos y Precios Justos no contempla ningún concepto que apunte a descifrar sobre qué o cuáles criterios podría establecerse una estructura de costos que busque resolver los problemas que demagógicamente esta normativa señala. En fin, todo pareciera que está por sucederse un estallido de la economía nacional.
Los conflictos que vive la economía venezolana revelan las improvisaciones de un gobierno cuyas ridiculeces están a la orden del día. La Ley de Costos y Precios Justos, aprobada por el Ejecutivo, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.715, es cruda demostración del carácter absurdo de realidades “hechas en socialismo”
Su propósito fundamental es inconsistente en cuanto al modo de plantearse el problema de regular, administrar y controlar todo lo concerniente a bienes y servicios a fin de mantener la estabilidad de precios y defender el acceso a los mismos “en igualdad de condiciones, en el marco de un modelo económico y social que privilegie los intereses de la población y no del capital”. En cuanto a lo que refiere tan complicada intención, no es difícil inferir serias dificultades que sólo agudizarán el cúmulo de problemas por los que atraviesa el país toda vez que tan contrariada pretensión trastoca leyes elementales de la economía relacionadas con la forma como se tranzan las relaciones de oferta y demanda en un mercado de supuestas libertades.
Distintas son las críticas que pueden explayarse frente al texto de esta ley. Críticas que ponen al descubierto incongruencias e insuficiencias que no se corresponden con las exigencias de una economía cuya movilidad no puede reducirse a una estructura anclada en el pretérito. Los agentes económicos no pueden inhabilitarse por un capricho gubernamental, además disociado de toda lógica económica. Contraria a dicha disposición, las reacciones superarían toda posibilidad de regulación y de control de precios. Por consiguiente, se dispararía una inflación muy por encima de los ya exagerados niveles actuales agravándose la crítica situación que ahora se tiene.
Esta intención de confinar la dinámica de la economía, fue un ejercicio realizado durante el gobierno del presidente Jaime Lusinchi cuando fue acordada la creación de la Comisión Nacional de Costos, Precios y Salarios (Conacopresa) la cual, lejos de enmendar los problemas de una economía afectada por incompetentes políticas públicas, terminó enredando aún más la situación. Sin embargo esta decisión de restringir lo que no puede contenerse de manera estanca, como es la economía nacional, sólo justificará un burocratismo innecesario.
Pero que, en las cuentas del populismo, luce de significativa incidencia al empeño gubernamental de captar ilusos y eunucos políticos sin conciencia de la perversión que envuelven las elecciones presidenciales de D-2012.
A todo esto, no hay duda en inferir lo enrarecido que resultaría la aplicación de este envejecido esperpento cuyo sentido de ordenar mecanismos “ecuánimes” de precios y costos sólo refleja un descarado cinismo en medio de decisiones económicas que han dispuesto la generación de dinero inorgánico a través del Banco Central de Venezuela. Al lado de estas contradicciones, deberá notarse que dicha Ley de Costos y Precios Justos no contempla ningún concepto que apunte a descifrar sobre qué o cuáles criterios podría establecerse una estructura de costos que busque resolver los problemas que demagógicamente esta normativa señala. En fin, todo pareciera que está por sucederse un estallido de la economía nacional.
VENTANA DE PAPEL
Jugando a la suerte
La situación personal del presidente Chávez, ha dejado al descubierto formas deshonrosas de gobernar. Primeramente, se ha evidenciado una grosera manipulación a partir de ofertas engañosas a través de una serie de misiones que, en el fondo, no son más que meros mecanismos de propaganda política con la intención de ganar afectos de cara a las elecciones presidenciales de 2012. Otro problema que viene arrastrándose a consecuencia de la absurda manera de conducir el país desde Cuba, tiene que ver con la radicalización de medidas mediante las cuales se pretenden acicalar procedimientos económicos sin el respaldo necesario propio del comportamiento de un Banco Central que en otrora se mantuvo con la autonomía suficiente como para ordenar procesos extraviados por culpa de un poder político atrofiado dado el obsoleto proyecto político que se empeña en imponer. Asimismo, se busca diligenciar decisiones en el plano de un absoluto hermetismo en torno al estado de salud del presidente. Así, el gobierno se permite maniobrar ejecutorias a su entera discreción generándose graves dudas capaces de arrastrar más problemas de los que ahora Venezuela tiene encima. En otras palabras, con todo esto, el régimen está jugándose la suerte del país, sin arte ni conocimiento de causa sobre lo que puede devenir de tan craso maremagno.
Libertades, derechos y deberes
Mucho se habla de libertades, derechos y deberes. No sólo a nivel político, por razones obvias. También desde la óptica institucional pues existen intereses que chocan con disposiciones constitucionales transgrediéndose normativas que exaltan libertades, derechos y deberes que tiene todo venezolano para expresarse, comunicarse, informarse y opinar. Si bien no hay que dejar de reconocer que muchas veces se abusa de ciertas condiciones que, incluso, la misma ley prescribe, igualmente debe entenderse que hay momentos, y en demasía, donde se exagera a partir de consideraciones que lucen redundantes. Este problema se vive con suma reiteración cuando se habla de la comunicación que se produce entre actores e individualidades de una sociedad. Más, cuando se toca el tema de la comunicación social. El comunicador social es lo que su formación universitaria le provee en términos del manejo de conceptos ligados a la filosofía, la sociología y epistemología de la comunicación. El periodismo es otra cosa. En principio, el grado de periodista no lo otorga la universidad venezolana aunque fue un hecho primigenio. Y tenía que ser así por cuanto el periodismo es un oficio que se gana con base en el esfuerzo de exaltar el arte de escribir y radiar no sólo eventos. Fundamentalmente, razones que induzcan un mayor conocimiento de las realidades que suscriben la vida política, económica y social. De ahí que cuando se aduce que el periodismo debe ser hecho por periodistas, también debe reflexionarse que periodista es quien sabe forjar el pensamiento social en función del desarrollo social, político y económico: individual y colectivo.
Perdiendo ganó la Vinotinto (y Venezuela)
Un proyecto nacional no se construye con imposiciones que tienden a regular el natural desenvolvimiento de una sociedad. Un proyecto nacional es el resultado de una vivencia nacional derivada de un momento estelar que cautiva el interés de la población en general. La historia política ha dado cuenta de proyectos nacionales por los cuales se han reivindicado causas de distinta índole. Particularmente, políticas y sociales. Pocas veces Venezuela se ha valido de proyectos nacionales para fortalecerse ante desmanes y crudas circunstancias. La historia así lo confirma. No obstante, la participación del equipo venezolano de fútbol profesional, conocido como la Vinotinto por el color que porta su uniforme, en la Copa América, animó la construcción de un proyecto nacional cuyo poder de convocatoria unificó la sociedad venezolana al margen de las divisiones que han fracturado al país por causas politiqueras. Clasificar la jornada semifinal para medirse de cara al primer lugar, pese a la injusta derrota sufrida, no amilanó el entusiasmo nacional. Por el contrario, exaltó la voz de un pueblo que vibró al unísono con el desarrollo del juego tanto como con la movilización del equipo a su paso por el país anfitrión: Argentina. Con ello se vivió la construcción de un verdadero proyecto nacional.
¿O taxista o buhonero?
Si la sociedad venezolana no toma conciencia de los problemas que asfixian al país, va a complicársele la vida a los sectores y actores que ofrecen sus voluntades al servicio de la nación. Sobre todo, el sector privado pues en la medida en que deje de producir tendrá más dificultades de emplear. Este tipo de problemas tendría serias repercusiones sobre la economía complicándole su operacionalización. Aunque las realidades se enrarecerían aún más si acaso el gobierno insiste en cerrarle el paso al desenvolvimiento propio de la economía. No hay duda de que el país vive oscuras situaciones. Una de ellas, proveniente de las dificultades por las que atraviesa el empleo. De esta forma, la dinámica de la economía se torna pesada razón por la que el gobierno central se arroga la arbitraria potestad para pretender resolver tan intensa problemática a partir de la idea de supeditar la estructura económica al capricho de una gestión gubernamental atrapado por el populismo. Lejos de la necesidad de crear empleos bien remunerados, que ocupen a la gente en oficios para los que se preparó y que sean sostenibles en el tiempo. De lo contrario sólo queda la posibilidad de que el venezolano se convierta en lo que a medias todavía permiten las actuales rigurosidades: o taxista o buhonero.
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En alguna de sus fastidiosas cadenas
Maduro mencionó a los buhoneros y para alegrar el ambiente se le ocurrió
preguntar al público que si sabían el
por qué se llamaban así. Según nuestro improvisado profesor el nombre (o
sobrenombre) se debía a los ojos abiertos que mantenían para vigilar la
aparición de la policía. Para abundar en su clara explicación, Maduro trató de
imitar al ave y abrió desmesuradamente los ojos y completó la mímica moviendo
la cabeza como si fuese un radar tratando de detectar la presencia de los
uniformados.
