La percepción general de los
venezolanos sobre los colectivos,
buhoneros, motorizados y policías es
negativa. Algunos llegan a decir que todos son unos malandros, que los
colectivos deben ser disueltos, los
buhoneros prohibidos, los motorizados restringidos a uno solo por vehículo y
con permiso limitado de circulación por ciertas vías y hasta determinadas horas
y que todos los policías deben ser
sustituidos.
Hasta hace poco, por razones que
no son del caso analizar, esos grupos se
identificaban ellos mismos con el
oficialismo o bien eran percibidos como afectos al mismo, lo cual añade otro
punto de tensión.
Independientemente de la visión que cada quien
tenga, no hay duda de que muchos integrantes de esos grupos constituyen un grave problema para la
seguridad personal, el libre tránsito y en general para la calidad de vida de
los habitantes de las ciudades. Para resolverlo lo primero que es necesario
entender es que entre ellos hay malandros
y otros que son honestos, por lo
que no debemos satanizarlos como grupo, sino contribuir a separar la buena
semilla de la mala.
Existen varios grupos de paramilitares oficialistas,
que se dicen colectivos, que actúan impunemente extorsionando comerciantes y asesinando o hiriendo a manifestantes de la alternativa democrática, pero hay otros
colectivos que hacen labor social. Los buhoneros son en su gran mayoría
ciudadanos que se dedican a esa actividad por el desempleo ocasionado por las
erradas políticas del Estado en contra del sector privado. Son padres y madres
de familia que trabajan de sol a sol, expuestos al matraqueo policial y a los
asaltos de los malandros. Los motorizados son ciudadanos que utilizan su
vehículo como medio de trabajo o para desplazarse junto con su esposa o llevar
a un hijo a la escuela. ¿Hay muchos abusadores? Claro que sí. Cualquier peatón
o conductor de carro puede aseverarlo, pero no son todos. Cada día cae un policía abatido por el hampa, sin
embargo el resto sigue cumpliendo con su deber, expuesto a que lo asesinen para
robarle el arma. Evidentemente entre ellos hay delincuentes, como los hay en
otros grupos de la sociedad, pero es injusto juzgar que todos lo son.
Una vez que tengamos claro que
entre los colectivos, buhoneros, motorizados y policías hay malandros, pero también ciudadanos que
cumplen con la ley, el siguiente paso es propiciar el deslinde entre ellos y
enjuiciar a quienes violan la ley. Para eso es necesario no solo una labor de
inteligencia, sino un acercamiento a los grupos citados, ya que ellos son los
principales afectados por los delincuentes que están entre sus filas.
Un escollo para esa tarea es que el
oficialismo considera que los malandros son sus aliados. Maduro y algunos dirigentes del PSUV, militares, jueces y
fiscales se dedican a perseguir y a
descalificar a estudiantes y a líderes
de la alternativa democrática en lugar de enfrentar a los delincuentes,
que gradualmente se han ido imponiendo. No estamos lejos de tener una malandrocracia, donde antes existía una
democracia imperfecta. Sin duda los rojos son los principales culpables de esta situación y por ello hay
que desplazarlos del poder. Evidentemente no es tarea fácil, pero hay que
emprenderla porque ya no es asunto de democracia versus dictadura, sino de
sobrevivencia de los ciudadanos honestos.
Como en botica:
Rodríguez Torres fue destituido,
pero agradece a Maduro y declara que ¨seguiremos haciendo revolución¨. ¡ Qué
infelices son algunos generales! Ahora los aviones de Pdvsa son para trasladar
maletines con dólares, suegras y niñeras
armadas de los jerarcas del régimen. Rafael Ramírez demostró en Pdvsa que es un
planificador pirata; menos mal que ahora el régimen echó para atrás su decisión
de vender CITGO. Felicitaciones a Tamoa
Calzadilla y a Laura Weffer por el premio María Moors Cabot y a través de ellas a todos nuestros
valientes periodistas. Nuestra solidaridad con el diputado Carlos Berrisbeitia,
con quien coincidimos en que a los actuales diputados oficialistas les quedan
pocos días en el Asamblea. La represión en contra de los presos políticos Leopoldo, Enzo, Ceballos y Lucchesse y los intentos de
enjuiciar a Ledezma y a Ocariz evidencian una vez más la perversidad del
régimen. Juan Carlos Caldera hizo algo impropio
al aceptar dinero de Ruperti,
conocido empresario rojo que debe su fortuna a negocios con Pdvsa, pero
querer imputarle supuesto valimiento y
legitimación de capitales es un
atropello que obedece a motivos políticos.
Heliodoro Quintero, su supuesto amigo, propició la entrevista y grabación.
¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
Eddie A. Ramírez S.
eddiearamirez@hotmail.com
@eddieAramirez
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