Por La huelga de hambre que, desde el pasado 31 de enero hasta este martes 22 de febrero, realizaron un grupo de 83 estudiantes venezolanos a las puertas de la representación de la Organización de Estados Americanos y de otras sedes diplomáticas en Caracas, así como en diversos sitios de 8 estados del país, tuvo efectos muy significativos para el avance de la lucha en contra del autoritarismo en Venezuela. Ello pese a que los huelguistas no obtuvieron del gobierno todo lo que solicitaban para dejar el ayuno voluntario, aunque sí el compromiso de libertad de 7 presos políticos y la instalación de una Mesa de Trabajo para revisar los casos de los demás encarcelados.
Es de recordar que entre las peticiones de los estudiantes al gobierno nacional estaban la de conceder la libertad de 27 perseguidos políticos que pagan cárcel sin el debido respeto a los principios del derecho procesal, en particular a los diputados electos en 2010 que gozan de inmunidad parlamentaria, y la de autorizar finalmente al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, o a una misión de la CIDH que ingrese al país a verificar in situ la situación de los derechos humanos de todos los presos.
Por supuesto, de ninguna manera estos logros e impactos son de la magnitud de los que han producido, por ejemplo, las protestas civiles que se desarrollan en el mundo islámico. Pero no por ello menos importantes para el proceso de cambio y democratización que buscan la mayoría de los venezolanos.
En el ámbito internacional, la llamada “Operación Libertad” de los jóvenes universitarios no sólo logró una visibilidad internacional sin precedentes, sino que el caso fuese planteado en el Consejo Permanente de la OEA por el gobierno de Canadá. Incluso, que el secretario Insulza tomara una posición clara y dura frente al gobierno del presidente Hugo Chávez solicitándole la autorización para ingresar al país a verificar la situación de derechos humanos de los presos políticos y de todo tipo.
Ello produjo que el representante venezolano ante el organismo, Roy Chaderton, lo acusara de intervenir en los asuntos internos de Venezuela y de no haber solicitado formalmente al gobierno de Chávez su entrada al país, lo cual Insulza refutó y desmintió en términos severos. A la posición del secretario general se sumó públicamente el gobierno estadounidense, mientras que a la del gobierno venezolano lo hicieron los miembros del ALBA en bloque con un comunicado donde expresaron su solidaridad.
Nacionalmente, la protesta extrema -pero pacífica- logró que el gobierno cediera más rápido de lo esperado, lo cual hizo visible su temor por un mayor descrédito nacional e internacional. Asimismo, consiguió la adhesión casi inmediata de jóvenes del movimiento estudiantil formal, que no pertenecían al grupo inicial de los huelguistas, y además importantes manifestaciones de apoyo por parte de líderes políticos opositores, intelectuales, académicos, gremios de trabajadores y empresarios, y hasta de la Iglesia Católica, cuya máxima autoridad en el país, el cardenal Jorge Urosa Savino calificó la huelga de “meritoria”.
Cabe recordar que el grupo inicial de la huelga, integrado por 13 jóvenes del movimiento Juventud Activa Venezuela Unida (JAVU) se le veía con reservas en el mundo opositor. Creado en 2007 como un movimiento cívico espontáneo separado de las universidades nacionales y desligado de cualquier partido político, los integrantes de JAVU creen firmemente en los métodos de lucha no violenta activa y se inspirn en las ideas de Mahtma Ghandi y en las llamadas “revoluciones de colores” de Serbia, Ucrania y Georgia.
De hecho, su fundador Julio César Rivas y su coordinador nacional actual Yamilah Saleh, ambos promotores de la huelga recién levantada, forman parte del movimiento juvenil mundial “Otpor” (en castellano “Resistencia” y hoy día agrupados en la organización CANVAS) que hizo posible el derrocamiento del Presidente de Serbia Slobodan Milosevic, en el 2000. Estos dos jóvenes venezolanos del interior del país llevan 3 huelgas de hambre en su corta vida. La más reciente, en el 2009, logró que el gobierno de Chávez redujera la lista de los presos políticos a la mitad y que por primera vez desde el año 2003 una comisión de alto nivel de la OEA entrara al país.
Pero más allá de sus impactos inmediatos, la huelga puso nítidamente de manifiesto el aumento del hartazgo y el desespero de los venezolanos ante la indolencia de las autoridades e instituciones del Estado para dar respuestas a los reclamos sociales. También demostró que, a pesar de las promesas (y amenazas) del presidente Chávez -ya en visible campaña electoral para el 2012- la gente está cada día más dispuesta a movilizarse en defensa de su derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la seguridad, a mejores servicios públicos, y a denunciar las numerosas medidas arbitrarias y violaciones constitucionales del chavismo, especialmente en materia de derechos humanos.
Bajo el gobierno de Hugo Chávez, este tipo de protestas se han incrementado en forma considerable y muy preocupante. Durante el último mes no sólo los estudiantes estaban en huelga de hambre, sino también un grupo de ex trabajadores de Petróleos de Venezuela en la sede administrativa de la Asamblea Nacional para denunciar irregularidades en PDVSA, así como otro grupo de ex trabajadores de la expropiada Cementos Mexicano (Cemex) reclamando derechos e indemnizaciones. Según el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), en 2009, se registraron sólo 5 huelgas de hambre, pero en el 2010 llegaron a la insólita cifra de 150.
A este preocupante incremento de las huelgas de hambre, se suman las de todo tipo de protestas populares provenientes tanto de los sectores antichavistas como de los chavistas. El registro de las manifestaciones públicas realizado por las organizaciones Espacio Público y Provea sólo para el período de enero-octubre de 2010, contabilizó 2.592 protestas en toda Venezuela, 85 menos que en el mismo período en 2009.
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