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| AURELIO USECHE K. |
Cuando se lee en las noticias los fundamentos
de la acusación a María Corina Machado, formulada por la Fiscal General de la
Republica, no queda más que el asombro ante tal atrevimiento. Se imputa a María Corina por conspirar
para destruir la forma política republicana que se le ha dado a la Nación.
Imaginamos que La Fiscal acusa a María Corina por sus actuaciones públicas para
destruir el funcionamiento de las instituciones básicas que forman el Poder
Público. Es decir, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero además, en nuestro
caso, el Poder Moral, compuesto por La Fiscalía, La Defensoría del Pueblo y la
Contraloría. Y agregaríamos en este orden de autoridades estatales, al Banco
Central de Venezuela, institución a la cual se dota de un poder especial y
único, en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, debido a su
naturaleza de ser autoridad monetaria y no depender el Ejecutivo Nacional.
Ciertamente, María Corina Machado ha
reiterado muchas veces que el Presidente Maduro debe renunciar a su cargo por
su evidente incapacidad para gobernar a Venezuela. Pero esta posición de María
Corina, tiene su asiento en el malestar general que la población siente todos
los días, manifestado de manera continua y persistente desde hace varios años
atrás, cuando todavía, incluso, gobernaba Hugo Chávez. Y es que ese malestar
está ocasionado por la escasez aguda, la inflación a niveles nunca visto en
Venezuela, a la corrupción generalizada que se observa tanto en el Alto
Gobierno (véase Jauja, Ramírez, Antonini y Carvajal, entre otros), sino también
en los estratos medios y bajos de la administración pública. Son innumerables
las colas de gente en los mercados para comprar bienes esenciales, cuya escasez
cada vez alarma y cada vez crea incertidumbre.
Pero es que también la población sufre la
inseguridad personal en todas sus fases, robos, atracos, secuestros,
asesinatos, crímenes de la más alta crueldad y, consecuencialmente, por todo
ello se reclama por un sistema judicial y legal que garantice la seguridad
personal y los bienes de propiedad privada. La gente clama por la justicia,
ante la permanente situación de agresividad e irritabilidad que se vive, por la
ausencia de una política de seguridad jurídica que no existe.
Pero, ¿Cuáles son las causas de la alta
inflación, la escasez, el desempleo y la inseguridad? ¿Son las palabras y
declaraciones que emite María Corina Machado las que han provocado el
surgimiento de estos deplorables fenómenos? No, indudablemente que no. Más bien
sus reclamos y sus planteamientos están destinados a denunciar la gestión del
gobierno como perversamente deficiente, demostrando que sus políticas son
equivocadas. Y veamos en profundidad algunas de las denuncias. María Corina
muchas veces se ha referido a la inadecuada utilización del Banco Central de
Venezuela para financiar el déficit fiscal. Y es que el Ejecutivo Nacional,
rompiendo o, mejor dicho, destruyendo el entramado de la Republica, ha colocado
al Banco Central al servicio de sus parciales intereses, sin tomar en cuenta
que, en efecto, al Banco Central de Venezuela le está prohibido, textualmente,
de acuerdo a su Ley
1. Acordar la convalidación o financiamiento
monetario de políticas fiscales deficitarias.
2. Otorgar créditos directos al Gobierno
Nacional, así como garantizar las obligaciones de la República, estados,
municipios, institutos autónomos, empresas del Estado o cualquier otro ente de
carácter público o mixto.
En atención al objeto fundamental del Banco
Central de Venezuela, reconocido por el Constituyente, para lograr la
estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad
monetaria, es por lo que se le confieren funciones especialísimas, como lo son
formular y ejecutar la política monetaria; participar en el diseño y ejecutar
la política cambiaria; regular la moneda, el crédito y las tasas de interés;
administrar las reservas y contribuir en la armonización de la política fiscal
con la política monetaria, facilitando el logro de los objetivos
macroeconómicos de la Nación.
No obstante y en contrario imperio, vemos
como el BCV, contraviniendo sus funciones principales, le ha facilitado
créditos a PDVSA y otras Empresas del Estado, para convalidar el financiamiento
monetario del déficit fiscal. Eso es destrucción de la Republica. Y ¿por que?
simplemente porque los efectos de estas operaciones ilegales, se traducen en
inflación y como existe una equivocada acción gubernamental destinada al control
de precios de los bienes de consumo, por demás inconveniente, se propugna la
escasez. Y se perjudica a la población. Y, en consecuencia, a la Republica, a
sus instituciones y, por ende, a la Nación.
Observamos, con angustia, cómo estas
responsabilidades indelegables del BCV, por lo contrario, son ignoradas, son
violadas. Las reservas internacionales, están agotadas. La inflación apunta
hacia unos niveles superiores al 100% anual y, por todo ello, lo que existe es
inestabilidad.
El 4 de Febrero de 1992, cuando el Golpe de
Estado por Hugo Chávez, se generó en el Congreso de la Republica, un intenso
debate. Y allí, Rafael Caldera, en su condición de Senador Vitalicio, expreso
textualmente:
“Yo quisiera decirle al señor Presidente de
la Republica que de él, principalmente, aunque de todos también, depende la
responsabilidad de afrontar las rectificaciones profundas que el país está
reclamando. Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la
democracia, cuando piensa que la
libertad y la democracia no son capaces de darle de comer y de impedir el alza exorbitante en los costos de la
subsistencia; cuando no ha s ido capaz de poner
un coto definitivo al morbo terrible de la corrupción, que a los ojos de
todo el mundo está consumiendo la institucionalidad...Hay un entorno, hay un
mar de fondo, hay una situación grave en el país y si esa situación no se
enfrenta, el destino nos reserva muchas y muy graves preocupaciones.”
Por estas palabras, al Presidente Caldera, se
le acusó, en esa oportunidad, de haber, de alguna manera, justificado el Golpe
de Estado de Chávez; pero, en honor a la verdad, su intención fue la de hacer
una advertencia a todos, ante el malestar de la población, ante los venezolanos
de entonces. Desde luego, venezolanos que vivían una situación incomparable a
lo que vivimos en la actualidad.
La Fiscal de la Republica, es un funcionario
de Estado, sus responsabilidades son de esa naturaleza, se debe al Estado. Sus
simpatías políticas y partidistas no pueden estar por encima de su condición de
Fiscal y debe propiciar, con sus actuaciones, que la Republica no se destruya
por la mala y equivocada gestión del Gobierno, en perjuicio de los habitantes,
de los venezolanos. Por eso se nos ocurre invitarla a que lea las palabras de Rafael
Caldera en ese entonces, en la cual un venezolano de excepción mostraba su
preocupación por una Venezuela con graves problemas para ese entonces. Pero
ahora, esos problemas a los que se refirió el Presidente Caldera, son mucho más
graves y profundos.
Maria Corina es una voz de las nuevas
generaciones; una ciudadana que solicita la renuncia del Presidente Nicolás
Maduro, por cuanto se niega a rectificar en sus políticas todo lo que es
necesario para un cambio en la orientación de la gestión pública. Y son tantos
los males que, insiste María Corina, se hace necesario convocar al país, para
que se manifieste por una rectificación profunda.
La inflación, escasez e inseguridad no se van
a resolver enjuiciando a Maria Corina Machado. La Fiscal debe, ante su alta
investidura de Estado, solicitar al Presidente Maduro, una rectificación. Y si
no lo hace, entonces que renuncie. Maria Corina tiene razón.
Aurelio
Useche
usechekislinger@gmail.com
@usechek
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