El
reciente salvaje asesinato de un abogado y el fallido contra su compañera,
apuñaleados ambos en su propia residencia, nos enfrenta a la realidad de un
país desconocido. Un país cuya identidad no asociamos con la Venezuela en que
convivimos en alegría con personas de todas las razas, credos, condiciones y orígenes; considerado en su momento uno de
los más acogedores a la inmigración, inversiones y al turismo.
La noticia impactó y corrió en los medios internacionales, pudo haber pasado desapercibida, como un número dentro de los cientos de cadáveres que desbordan las morgues del país. Noventa por ciento o más de las muertes criminales quedan impunes, gracias al nuevo orden jurídico importado. A esta nación le impusieron una nueva identidad, perdimos la propia.
Vanos intentos de crear “el nuevo hombre”, se hicieron en regímenes autodenominados revolucionarios, logrando el “novoamericans”, que podría definirse como aquel ciudadano de un sistema político fracasado, donde la población desilusionada, empobrecida y sin horizontes ciertos se hartó de creer en sus gobernantes, y en las luchas de estos contra los molinos de vientos del imperio que nos acecha. Para muchos el sueño más grande de sus vidas pasó a ser huir a ese imperio y comenzar una nueva. Esos futuros emigrantes también pierden su identidad: su nueva será la de la nacionalidad de ese edén soñado, aunque su corazón los ate a su terruño natal.
No puede ir nuestra solidaridad con la brutalidad desatada contra poblaciones fronterizas. Esas persecuciones, expulsiones, expropiaciones y destrucción de humildes viviendas y pertenencias no está en nuestra capacidad detenerlas directamente, pero sí denunciarlas. No, por amor de Dios, no es la Venezuela que convivimos durante más de cuatro décadas de práctica jurídica, ¡NO! Esa identidad de amedrentamiento no es la nuestra.
Yo, como originario de un pueblo fronterizo como es el zuliano, que ostenta con orgullo su propia identidad genérica y hasta específica, con la maracucha, siento en carne propia lo que hoy sufre el pueblo colombiano, sus vejámenes y despojos, y desde este foro envío un mensaje de solidaridad y desagravio.
Como Presidente de la Asociación Mundial de Juristas (World Jurist Association, WJA) que congrega a magistrados, jueces, abogados, profesores de Derecho, procuradores y estudiantes en más de 110 países, no puedo ni debo permanecer sordo, ciego y mudo ante las fragrantes violaciones que a diario se están cometiendo en Venezuela. Como juristas levantamos nuestra voz.
La justicia internacional determinará con imparcialidad la responsabilidad de autores y ejecutores, tal como está ocurriendo con las decisiones arbitrales que en cadena han venido condenando a la República durante los últimos años.
La WJA adelanta un programa para la aprobación de un tratado internacional para la recuperación de bienes y valores provenientes de lavado de dinero, no solo del narcotráfico sino con origen en la corrupción, para ser destinado a un fondo en la ONU para la reconstrucción de países víctimas de estos flagelos. Desde la República Popular China -donde la Primera Vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia es nuestra Segunda Vicepresidente en la Junta de Gobernadores que presido- o desde Nigeria -donde un exmagistrado de la Corte Internacional de la Haya preside nuestra Asociación Mundial de Jueces- hasta en las Américas y Europa trabajamos en este propósito, recuperar valores provenientes del lavado del dinero, conjuntamente con otras 1.500 ONGs que integran el cuerpo especial en las Naciones Unidas. Venezuela no es la única víctima.
A los jóvenes juristas y estudiantes de derecho un mensaje: la ira, el resentimiento, el dolor por la pérdida de una identidad que anhelamos con nostalgia, deben ser pasajeros, como las pesadillas: llegan, perturban y hasta nos despiertan, pero gracias a Dios, desaparecen. La WJA está poniendo en marcha una Cátedra de Derecho Post-Conflictos, destinada a preparar el liderazgo del futuro que países como Venezuela van a necesitar. Ya esta cátedra se está impartiendo en Holanda, con la ayuda de bufetes e instituciones internacionales, y en América Latina -con las universidades locales y apoyo de expertos internacionales y nacionales- pensamos adaptarla a nuestros requerimientos para así formar en temas jurídicos, económicos, financieros, contables, políticos y sociales, a quienes sean llamados a contribuir con la reconstrucción de su país.
Franklin Hoet
fhoet@hpcd.com
@Franklinhoet
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