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| MARÍA TERESA ROMERO |
En
la medida que se desploma la economía venezolana con la baja sostenida del
precio del barril de petróleo en medio de una sequía de divisas, lo que ha
acentuado la crónica escasez de alimentos y productos básicos y en consecuencia
la inflación; en la medida también que se profundizan las divisiones,
deserciones y descontento dentro del chavismo lo que quedó evidente en las
recientes elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV,
por la abrumadora abstención – en el Distrito Capital la participación llegó
sólo a un 6% y al parecer el voto total nacional fue de apenas500 mil personas
de un total de 7 millones de militantes según el oficialismo-; pues en esa
misma medida el gobierno de Nicolás Maduro arremete contra la oposición
democrática venezolana.
No
cesan las denuncias de persecuciones judiciales y políticas, de abusos y
torturas a los presos políticos, y las violaciones fragrantes a los derechos
humanos no sólo a los dirigentes opositores, sino a periodistas y defensores de
derechos humanos así como a todos los ciudadanos que se atreven a protestar
pacíficamente, aun cuando el gobierno se empeña en negarlas. Pero tantas y
acompañadas con contundentes evidencias son las denuncias, que cada vez son más
las voces que desde el exterior se alzan para exigir justicia, respeto a los
derechos de los venezolanos y específicamente la liberación definitiva del casi
centenar de detenidos del régimen de Nicolás Maduro.
Por
ejemplo, entre otros muchos casos, han sufrido tratos crueles, inhumanos y
degradantes el ex alcalde de Chacao en Caracas y dirigente del partido Voluntad
Popular, Leopoldo López, el ex alcalde de San Cristóbal, estado Táchira, Daniel
Ceballos, el ex alcalde de San Diego, estado Carabobo, Enzo Scarano y otros
políticos que se encuentran recluidos arbitrariamente y sin juicio en la cárcel
militar de Ramo Verde desde hace 9 meses. El gobierno de Nicolás Maduro los
acusa de promover las protestas estudiantiles de febrero y marzo del presente
año que fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad del régimen y
que produjeron 43 fallecidos.
A
estos presos políticos los han torturado tirándoles excrementos y orina,
cortándoles la luz y el agua, y poniéndoles himnos chavistas a todo volumen
hasta altas horas de la madrugada para que no puedan dormir.Además, desde su
reclusión han sido objeto de aislamiento, prohibición de visitas de terceras
personas, violación de la privacidad a la correspondencia, y requisas violentas.
Pero esto y más sucede en otras cárceles del país como en la prisión de Uribana
en la que hace pocos días los estudiantes universitarios Raúl Emilio Baduel y
Alejandro Tirado que tras los severos castigos que les impusieron, tienen
quemaduras visibles en sus zonas genitales y abdominales.
Afortunadamente,
ante esta situación en las últimas semanas se han incrementado los
pronunciamientos de diversas personalidades, gobiernos e instancias mundiales
por la liberación de presos políticos y la mejora en las condiciones de
detención de muchos de ellos, algunos aquejados por enfermedades producto del
encierro y de la deplorable situación que viven en los sitios de reclusión.
El
principal pronunciamiento fue el emitido el pasado octubre por el Grupo de Trabajo
de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que instó
la inmediata liberación de Leopoldo López. El organismo consideró que el Estado
de Venezuela incumplió, como suscriptor, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos al detener a López, “no permitírsele el legítimo derecho a
la defensa, afectando su derecho a la presunción de inocencia, y someterlo a un
proceso judicial por ejercer su derecho constitucional a la libertad de
expresión y manifestación” y que se le “violentaron varios de sus derechos
civiles, políticos y constitucionales”. De modo que solicita que “se le otorgue
una reparación integral, incluida la compensación de carácter indemnizatorio y
moral, así como las medidas de satisfacción como pudiera ser una declaración
pública de desagravio”.
En
esta semana se pronunció el gobierno canadiense a través de su ministro de
Relaciones Exteriores, quien pidió a Venezuela respetar las resoluciones de la
ONU que instan a la liberación inmediata de Leopoldo López y Daniel Ceballos y
abogó por la liberación inmediata de todos los presos políticos, así como un
grupo de expresidentes de Latinoamérica y Europa agrupados en el Club de
Madrid, que mediante declaración conjunta pidieron las mismas liberaciones al
gobierno de Maduro.
Ya
antes, en meses anteriores, se habían pronunciado el presidente de los Estados
Unidos, Barak Obama, desde la más reciente Asamblea General de las Naciones
Unidas; el papa Francisco quien hizo un nuevo llamado al diálogo y a la
reconciliación entre los dos grupos de venezolanos; y, para sorpresa de muchos,
hasta el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, OEA, José
Manuel Insulza, a pesar de habérsele recriminado no pocas veces su silencio
ante muchas de las violaciones a los derechos humanos de los opositores por
parte de los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro.
Cierto,
el gobierno chavista se niega a oír y a responder. Como el régimen de los
hermanos Castro en Cuba, niega todo y alza la bandera de la soberanía y la no
intervención para no acatar las resoluciones y pronunciamientos
internacionales. Lo que hace es radicalizarse a la cubana con decenas de leyes
que buscan el control absoluto del Estado, que fueron dictadas por Nicolás
Maduro, sin trámite legislativo, en razón de una “ley habilitante” que le fuera
aprobada por la mayoría parlamentaria chavista este pasado 19 de noviembre.
Pero
al menos en el ámbito internacional el gobierno ya no es tan bien visto y
evaluado en materia de derechos humanos y los demócratas venezolanos no estamos
tan solos como antes.
Maria Teresa Romero
matero1955@hotmail.com
@mt_romero
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