En
mayo de 1997 el Consejo de Ministros, del por entonces presidente Rafael
Caldera, acordó retirar la figura de "reserva forestal" a la denominada
Sierra de Imataca, un pulmón vegetal de 3.700.000 hectáreas ubicado al norte
del estado Bolívar que se extiende hasta Delta Amacuro.
Mediante
esta decisión se aprobaba un plan de "ordenamiento y
uso" que permitía la explotación maderera, mineral y aurífera en la zona.
Esta iniciativa generó una amplia resistencia de organizaciones indígenas
y ambientales del país que se movilizaron en rechazo al plan.
Los argumentos eran múltiples y abarcaban desde el peligro para la
biodiversidad de la zona hasta la amenazas para su población indígena.
Los niveles de presión fueron tan importantes que lograron paralizar
aquellos planes.
Con
la llegada al poder del gobierno bolivariano muchos de los activistas
indígenas y ecologistas que se habían manifestado en contra de la apertura
minera en Imataca comenzaron a trabajar para el nuevo Ejecutivo, dadas las
expectativas que generaban los derechos presentes en la Constitución de 1999.
La polarización política ocasionó que el trabajo electoral sustituyera a las
agendas de preservación de la naturaleza.
Esta
parálisis permitió que el presidente Chávez continuara, tras neutralizar la
resistencia, la desregulación ambiental en Imataca y aprobara concesiones para
su explotación maderera y minera. Recientemente el presidente Maduro, en el
marco de los diferentes acuerdos económicos suscritos con China, anunció que empresas
de ese país operarían dentro de la antigua reserva forestal, en la explotación
de la mina de oro "Las Cristinas”.
Al
respecto Telesur informó: "La empresa Citic Group también intervendrá en
el desarrollo agroindustrial para el país, así como en la inversión petrolera,
además de la creación de un mapa minero y la explotación de Las Cristinas,
yacimiento minero ubicado en el estado Bolívar (sur)".
Según
la televisora "son el segundo yacimiento aurífero más importante de
Latinoamérica (...) Las Cristinas contiene 323 millones de toneladas de
mineral, de los cuales los depósitos Conductora y Cuatro Muerto contienen 286
millones de toneladas con una ley de 1,13 gramos por tonelada (g/t)". El
yacimiento estuvo operado hasta el año 2010 por transnacionales: las sociedades
extranjeras Placer Dome, Canadá, y la multinacional Cristalex. Ese año fue
estatizada.
En
ese momento el presidente Chávez afirmó: "Las Cristinas, esa mina es
venezolana y la habían entregado a unas transnacionales; anuncio al mundo que
la recuperó el gobierno revolucionario, así como la mina Las Brisas, esos recursos
minerales son para los venezolanos, no para las transnacionales".
Por
el anuncio del presidente Maduro se infiere que ahora vuelve a ser explotada
por extranjeros.
La
reciente decisión sobre Imataca se ejecuta sin cumplir lo establecido en la
Constitución: Realizar y difundir estudios de impacto
ambiental y, en segundo lugar, promover una consulta previa, libre
e informada a las comunidades indígenas de la zona que serán afectadas.
¿Así es que se gobierna?
Rafael
Uzcategui
uzcategui.rafael@gmail.com
@fanzinero
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