La política está llena de sorpresas. Roberto Micheletti, el presidente de Honduras designado por el parlamento de su país, deseaba que el ex presidente Manuel Zelaya estuviera encarcelado en Tegucigalpa mientras los jueces y fiscales incoaban el proceso judicial en su contra por violación de la Constitución, corrupción y malversación de caudales públicos. Curiosamente, Hugo Chávez, Lula da Silva y Daniel Ortega han hecho posible esa detención.
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Mientras tanto, el presidente Micheletti, con bastante firmeza, ha escrito en el Washington Post que sigue adelante con las proyectadas elecciones del 29 de noviembre. Panamá, poco antes del incidente, declaró que si los próximos comicios hondureños son honrados y transparentes reconocerá al nuevo gobierno. Eso es lo sensato. Afortunadamente, el presidente Ricardo Martinelli es un estadista valiente al que no le importa nadar contra la corriente si le parece moralmente justificable.
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La OEA cayó en una trampa que le tendió el señor Chávez al advertir que no reconocería al presidente electo en los próximos comicios hondureños. ¿Quiere el señor Insulza precipitar al país a un conflicto violento para coronar a un vencedor empapado en sangre? Los candidatos a estas futuras elecciones habían sido libre y pacíficamente elegidos en primarias abiertas antes de la expulsión del poder de Zelaya. No fueron impuestos por nada ni nadie y representan todo el espectro político del país. Una vez fracasada la gestión restauradora del presidente Oscar Arias, ¿qué otra mejor opción existe que propiciar un proceso electoral capaz de devolverle al país la normalidad política?
El Departamento de Estado norteamericano tampoco ha actuado razonablemente. ¿A quién se le pudo ocurrir en esa casa de locos que es una buena estrategia tratar de desacreditar a priori la salida democrática que existe para la crisis hondureña? ¿Cómo se iba a imponer el regreso de Zelaya contra la voluntad del resto de las instituciones del país, contra el criterio de casi todos los partidos políticos, con la oposición de las iglesias cristianas y el rechazo del aparato productivo? ¿Está dispuesto Estados Unidos a crear una especie de protectorado en Honduras y dedicar veinte mil soldados para devolverle el gobierno a Zelaya contra el deseo de la mayoría de los hondureños y los dictados de la Corte Suprema, pero con el beneplácito de Hugo Chávez? ¿Cómo puede hoy empeñarse Estados Unidos en desestabilizar a una de las naciones más pobres del continente y a una de las pocas sociedades que simpatizan genuinamente con su poderoso vecino --al extremo de enviar tropas a la guerra de Irak-- en un hemisferio crecientemente dominado por el antiamericanismo?
Tras el reconocimiento anunciado de Panamá, probablemente otros países hagan lo mismo. Para sus líderes es evidente que lo que le conviene a América es la existencia en el continente de naciones estables regidas por gobiernos electos democráticamente que no estén bajo la nefasta influencia del chavismo. Ese será el inicio de una paulatina normalización de las relaciones internacionales de Honduras.
En todo caso, una de las primeras decisiones que tendrá que tomar el nuevo gobierno es qué hacer con el señor Zelaya. ¿Lo amnistía, le otorga un salvoconducto, o lo deja asilado permanentemente en la embajada brasilera? El ex presidente cubano Manuel Urrutia --el primero designado por la revolución tras la caída de Batista-- estuvo más de dos años recluido en las embajadas de Venezuela y México en La Habana hasta que Castro le otorgó el salvoconducto. El peruano Haya de la Torre estuvo cinco en la embajada de Colombia en Lima. Es cuestión de firmeza.
Carlos Alberto Montaner
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