Las
nuevas dictaduras, las del siglo XXI, necesitan del sufragio popular
A
partir del 2 de febrero de 1999, cuando Hugo Chávez asume la Presidencia de la
República, comienza un progresivo proceso de destrucción de la democracia. El
plan tenía como objetivo clave triturar las instituciones autónomas que
garantizan la alternabilidad en el poder de las fuerzas que se mueven en el
escenario político. Al comienzo, Chávez habla de gobernar hasta 2021. Luego
amplió el horizonte hasta 2030. Más tarde dice que mandaría hasta que cumpliese
80 años. La Divina Providencia se interpuso en sus aspiraciones, pero el
caudillo deja inoculado en sus herederos el virus autocrático. Honrar su
memoria implica continuar la labor que él inicia: es preciso acabar hasta con
el último rastro de cualquier institución que supervise y propicie la
renovación en los mandos. Esta es la gran tarea que el maestro les fijó. La
meta consiste en lograr la plena fusión entre el Gobierno, el Estado y el PSUV.
Que la trinidad sea perfecta, tal como ocurría en las autocracias comunistas
del pasado.
Para
entender lo que ocurre en Venezuela no hay que ensanchar el concepto de
democracia, sino modificar la definición de dictadura. A pesar de su parecido
con la Cuba de los hermanos Castro, estamos en presencia de un régimen
comunista posterior a la caída del Muro de Berlín y al colapso del Imperio
Soviético, incluido el derrumbe de los países satélites de Europa Oriental.
Las
características básicas de esos sistemas pueden resumirse del siguiente modo.
Presencia de un fuerte componente represivo: nadie, por más encumbrado que sea,
está a salvo de ser espiado, encarcelado y torturado; los sofisticados aparatos
de seguridad supervisan a los ciudadanos que potencialmente representan un
peligro para el Estado.
Desprecio olímpico por los derechos humanos.
Control
total de las instituciones públicas a partir de la fusión entre el Gobierno, el
Partido Comunista y el Estado. Las decisiones fundamentales se adoptan en el
Comité Central del Partido, de donde emanan las instrucciones para los
organismos públicos; esas órdenes son de estricto cumplimiento para todos los
funcionarios.
Ausencia de medios de información y comunicación independientes y
hegemonía comunicacional, con el fin de divulgar e imponer la verdad oficial y
uniformar el pensamiento de todos los ciudadanos.
Subordinación de la Fuerza
Armada a los dictámenes del Partido Comunista; los militares son fichas de la
organización política.
Intervención y control de la economía a través de la
supresión de la propiedad privada, la estatización de los principales medios de
producción, la colectivización del sector agrícola y la pequeña y mediana
industria. Regulaciones y controles de todo tipo. Asfixia o desaparición de las
organizaciones independientes de la sociedad civil: partidos, sindicatos,
gremios, federaciones estudiantiles.
Aunque
no tan exacerbados como en los antiguos países comunistas, todos esos rasgos se
encuentran en Venezuela desde 1999, solo que la enorme resistencia desplegada
por las fuerzas democráticas ha preservado importantes espacios donde existen
la libertad y la independencia. Siguen operando algunos medios de información y
comunicación independientes, y partidos políticos ajenos al Estado. El segmento
ocupado por la propiedad privada continúa siendo significativo. Existen
organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos.
En
el plano político e institucional, sin embargo, no hay duda de que la
democracia se degradó, y que avanzamos aceleradamente por el camino de la
dictadura abierta y desembozada. El hecho de que en Venezuela se vote para
elegir las autoridades públicas no modifica esta tendencia, únicamente la
encubre. Las nuevas dictaduras, las del siglo XXI, necesitan del sufragio
popular. Prefieren ser electas, antes que imponerse mediante el puro uso de la
fuerza bruta.
El
Gobierno convirtió el sufragio popular en una cortina de humo para ocultar los
atropellos que comete con el fin de perpetuarse en el poder. Esos desafueros
lesionan incluso la institución del voto. Las decisiones que el TSJ adoptó
contra los alcaldes Daniel Ceballos y Enzo Scarano, y contra María Corina
Machado -la diputada electa en 2010 con la mayor cantidad de votos-, cachetea
la voluntad de los electores que sufragaron por esos representantes populares.
La FAN es un apéndice del PSUV. La violación de los derechos humanos y el
silencio cómplice de la Fiscalía y la Defensoría revelan el rostro más agresivo
de la neodictadura.
Trino
Marquez Cegarra
trino.marquez@gmail.com
@trinomarquezc
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