El CNE ha ejercido siempre sus funciones de
manera parcializada, contrario a lo que le impone la ley. Las evidencias de tal
parcialidad son claras y sobran para confirmar el sentir general. El CNE, lo
sabemos, permitió y favoreció un ventajismo sin precedentes, avaló irregularidades
en muchas mesas electorales, como lo han referido numerosas organizaciones no
gubernamentales; aceptó el amedrentamiento de todo tipo, incluso los actos de
terrorismo paraestatal ejercido por los “motorizados rojos”; consintió el
odioso voto asistido, entre muchos otros “delitos electorales” que en algún
momento serán establecido y en relación con los cuales se establecerán
responsabilidades..
Después de un proceso absolutamente irregular
y tras serias tensiones, los venezolanos a través de la MUD y de su candidato,
han exigido al árbitro, con todo derecho, una Auditoria que sin duda se ajusta
a las disposiciones legales electorales vigentes y a los principios y reglas
propios de todo sistema democrático.
El irrespeto no sólo se ha dirigido a los
venezolanos. Hacia afuera el CNE ha también despreciado a gobiernos extranjeros
y a instituciones internacionales que han legítimamente expresado su
preocupación por nuestros procesos electorales. El CNE y las otras
instituciones sometidas al Ejecutivo han calificado de intromisión la expresión
de tal preocupación que sólo busca transparencia y respeto a las reglas, pero
sobre todo, el debido respeto a la voluntad popular.
Un desprecio no menos importante ha sido el
expresado a la observación internacional traducida en “invitados especiales”
o en “acompañantes partidarios del
régimen” que lejos de vigilar, asisten sólo para avalar las irregularidades,
como es el caso de UNASUR que en su Declaración del 18 de abril pasado
“reconoce” prematura y malintencionadamente a Nicolás Maduro como Presidente
Electo, cuando el proceso electoral no había aun concluido, tal como ellos
mismos lo reconocen al aceptar la conveniencia de “una auditoria total de las
mesas electorales.” Una irresponsabilidad grave que pone en peligro la
democracia y los derechos de los ciudadanos de la región.
En ese párrafo 3 de la Declaración, se “ratifica en la línea de lo señalado en la
Declaración de la Misión Electoral de UNASUR a Venezuela del 15 de abril
último, que todo reclamo cuestionamiento o procedimiento extraordinario que
solicite alguno de los participantes del proceso electoral deberá ser
canalizado o resuelto dentro del ordenamiento jurídico vigente y la voluntad
democrática de las partes.” Y “en tal sentido, toma nota positiva de la
decisión del CNE de implementar una metodología que permita la auditoría total
de las mesas electorales.”
Si se manejan y se entienden las cosas con
seriedad y respeto, UNASUR debe exigir a Venezuela, a su ente electoral, dar
cumplimiento a lo expresado por sus Presidentes en esa Declaración que debe ser
interpretada de acuerdo con el sentido de sus términos, sin que se pueda dar
cabida a especulaciones o tergiversaciones inapropiadas que desvíen la
responsabilidad del CNE.
Independientemente de quien resulte vencedor
al final, la Auditoria de los votos debe hacerse, en todos los casos, de manera
profesional y completa, que no deje dudas en el venezolano y así lo debe
aceptar el CNE para responder a los ciudadanos y a los gobiernos extranjeros.
La ley es muy clara en muchos aspectos, entre ellos, que las irregularidades en una Mesa conlleva la nulidad de los votos registrados en la
misma.
Además, para garantizar el resultado, como
parte del proceso electoral que aun no ha concluido, que lo es esta Auditoría,
debe permitirse la presencia de observadores o expertos de la OEA y de las
Naciones Unidas para garantizar la transparencia del proceso y de la voluntad
popular expresada el 14 de abril y asegurar la tranquilidad en el país. La
auditoria, distintamente a lo afirmado por Oblitas, no es para legitimar a
Maduro; por el contrario, es para verificar y tras ello confirmar o impugnar la
elección.
vitoco98@hotmail.com
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