El presidente de Venezuela,
Hugo Chávez, dice que su Revolución Bolivariana necesita más tiempo para
producir sus utópicos frutos. "Apenas tenemos aquí 10 años", dijo la
semana pasada a una multitud de seguidores en Caracas. "Nos llevará 10 más
y 10 más y 10 más construir las nuevas virtudes sociales", aseguró.
En el intertanto, el mandatario
prometió que "luego de ganar las elecciones viene otra etapa, en el
2013-2019 profundizaremos la revolución socialista. Socialismo, socialismo y
más socialismo, tenemos que profundizar la lucha y la derrota contra los vicios
del pasado que todavía persisten entre nosotros, violencia, inseguridad,
corrupción, egoísmo, individualismo".
Durante décadas, la inflación
de dos dígitos ha sido la norma venezolana. Desde 1987, una tasa por debajo de
20% ha sido la excepción. El Fondo Monetario Internacional proyecta para este
año un aumento de 25% del nivel de los precios.
Chávez, por supuesto, no culpa
al banco central por la inflación. En su escuela de economía, el alza en los
precios es causada por los productores, proveedores y comerciantes, que
controlan la disponibilidad de bienes y cobran cada vez más por sus productos
para obtener ganancias más robustas. La solución a esta injusticia contra el
consumidor, según el chavismo, son los controles de precios. Cuando no
funcionan, la respuesta es más de lo mismo.
El gobierno de Chávez lanzó su
primera gran ola de controles de precios en 2003. Ese año la inflación superó
el 31%. Desde entonces, se han congelado los precios de una amplia gama de
comestibles —carne, harina de maíz, arroz, pan, azúcar, café, leche en polvo,
aceite de cocina— y de una gran cantidad de otros productos y servicios,
incluyendo cemento y materiales para la construcción, pasajes aéreos internos,
la educación privada y las clínicas médicas. El principal efecto es que muchos
artículos que solían estar disponibles ahora son escasos. La inflación, en todo
caso, no cede.
El impuesto de la inflación
golpea con más fuerza a los pobres, quienes además constituyen la principal
base de apoyo de Chávez. Así, en agosto, el presidente redobló sus esfuerzos
para controlar la inflación mediante la "ley de costos y precios
justos". Esta amplia y nueva legislación crea un regulador encargado de
supervisar lo que los consumidores pagan, a partir del análisis de los cobros
mediante una investigación y el establecimiento de precios "justos".
Un ejército de 4.000 burócratas conforman "comisiones" que se
despliegan por todo el país para informar y denunciar el incumplimiento. Los
infractores pueden ser multados, perder sus bienes, inhabilitados para el
comercio e incluso ir a prisión.
Uno de los rasgos graciosos de
Chávez —siempre y cuando uno no resida en Venezuela— es su firme creencia en
que puede dictar lo que el economista clásico de la escuela austríaca Ludwig
Von Mises denominó "la acción humana". Miles de años de experiencia,
el caso de la Unión Soviética es un ejemplo reciente, sugieren lo contrario.
Pero no importa. Es el destino de Venezuela sufrir una y otra vez la arrogancia
de planificación centralizada.
Chávez al menos reconoce
algunas limitaciones. Sabe que no puede decidir, desde los altos mandos, todos
los precios de la economía venezolana desde el primer día. Así que su último
esfuerzo comenzará poco a poco. El 22 de noviembre su gobierno agregó 19 nuevos
productos, principalmente en el área de higiene personal y limpieza del hogar,
a la lista de productos con precios congelados. Para el 15 de diciembre, los
reguladores analizarán los costos de fabricar tales productos —sin incluir
publicidad y comercialización— y decidirán el precio al qué debería ser
vendidos. Una vez que se fijen los precios, los burócratas pasarán a analizar
otros productos.
Chávez pidió a los reguladores
seguir muy de cerca a las multinacionales extranjeras, como Colgate-Palmolive,
Pepsi, Coca-Cola, Nestlé, GlaxoSmithKline y Johnson & Johnson. El
fabricante italiano de lácteos Parmalat, ahora controlada por el francés
Lactalis Group, ya fue acusada de acaparamiento. Sin embargo, el gran productor
de alimentos venezolano Polar también está en la mira de Chávez.
Dejando de un lado lo absurdo
de que los burócratas del gobierno anulen las leyes de la oferta y la demanda,
también existe el problema de muchos productores que necesitan dólares —que no
están disponibles a la tasa de cambio oficial— para pagar por los insumos
importados. Si el Estado insiste en el uso artificial del tipo de cambio
manteniendo un bolívar fuerte para calcular los costos, la gran mayoría de los
productores será declarado culpable de cobrar de más o bien podría ir a la
quiebra.
Los consumidores ya anticipan
lo que ocurrirá. En últimas semanas, la prensa local informó que los artículos
con precios controlados ya se agotaron. Las fuentes dicen que los productos que
son difíciles de encontrar en las tiendas, en general, pueden ser comprados a los
vendedores ambulantes a los precios de mercado.
Mientras tanto, el gobierno de
Chávez alimenta la inflación mediante el incremento del gasto de cara a las
elecciones. Tal vez Chávez necesite más de 40 años para curar el pecado
original.
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