En días pasados participaba en una conferencia sobre la economía venezolana que podría resumir, sin banalizarla, en una frase: aquí no pasado nada, y lo que paso lo remediamos en un instante. Se discutían las circunstancias económicas en las que se encuentra el país, el Outlook para el corto/mediano plazo, y desde luego, lo que tendría que hacer un gobierno democrático que emerja del proceso electoral en Octubre 2012.
No discutiré la discusión inter pares allí habida. Es muy importante por el contrario discutir ampliamente un sentimiento, que infiero, se ha colado en la campaña electoral de los candidatos de la oposición para las primarias y que está relacionado con sus opiniones sobre lo económico. No parece haber plena conciencia y congruencia, ello probablemente sea producido por inmediatismo cuasi-natural de la política, y su ejercicio, que atraviesa un singular momento de reconstrucción. Sin embargo, es esencial aprender que en economía, el que considera el mercado de bienes y servicios y la necesidad de un crecimiento sustentado solo es posible aprenderlo si lo proyectamos en el largo plazo, es allí donde apuntan, para ponerlo sencillo, axiomas, teorías, teoremas y postulados en la economía, lo que el público aglomera como leyes económicas.
El economista y la “Economía Nacional”
El economista analiza la economía en base a teoría, evidencia y procesos de convergencias -en el largo plazo- de precios y volúmenes; demanda y oferta así como el rol de las instituciones, mercado y derechos de propiedad y las reglas del juego; es decir, la Economía Política, las fundaciones de todo proceso económico. En el corto plazo, la disciplina apunta a políticas públicas –en precios y reglas de juego- que permitan el realineamiento en algunas variables de manera que se permita un desenvolvimiento económico sin las perversiones que hemos visto en esta última década, estas hay que eliminarlas y cuando más temprano mejor, dejarlas para después puede causar costumbres a un nuevo gobierno.
Un ejemplo evidente es el del mercado cambiario, el acceso al dólar, algo que preocupa mucho al dirigente político, muchos temen que algo que debe ser naturalmente libre, y que el acceso a la divisa sea normado igual para todos, es complejo de administrar en libertad porque la eliminación de los controles podría traer problemas en precios y hasta corridas, además que la demanda por divisas podría no ser satisfecha y ello podría depreciar aún más el bolívar. En general, el temor, aunque a mi entender fundado, este allí, es evidente que el mercado cambiario, como el del agua, o la carne, el pan, requiere de confianza y disciplina. Este mensaje es el que debe calar en el gobernante, disciplina, transparencia y confianza, todo lo contrario a lo que emite el Presidente actual.
De una manera aún más conceptual general, por ejemplo, nos lleva a que la escasez de bienes es un hecho coyuntural –no es así en el socialismo donde es sistémica – o es causado o por una catástrofe natural o por malas/intencionadas políticas, como ocurre hoy y que producen escasez/racionamiento de carne, aceites, leche, papel toilette, harinas, jabón, medicinas, vehículos, etc.; condiciones y distorsiones evidentes hoy, un proceso coyuntural de corto plazo, al cual hay que ponerle orden.
En el largo plazo, ceteris paribus, y con políticas públicas coherentes y un marco jurídico que refrende un Estado de Derecho en lo económico, de respeto y protección de los derechos de propiedad y bajo costos de transacción en relación a la intervención del Estado en la economía como impuestos y otros costos por regulación e interferencia política, esos fenómenos y distorsiones desaparecen, y claro exigen de los gobiernos compostura, disciplina fiscal y monetaria y orden macroeconómico, esto último es la matriz de la confianza y credibilidad.
La “Economía” y la “Política”
De manera que esas perversiones por escasez y racionamiento –ocasional- y otras distorsiones, no deberían tener cabida, por la sencilla razón que la asignación de recursos por parte de inversionistas y consumidores y donde la inversión pública exista, esta corregida por una natural disposición de los incentivos económicos. Una tarea fundamental es proveer de políticas y garantías legales para que la estructura de incentivo de una buena economía se expresen normal y positivamente.
Esa comparación entre el corto plazo de la política y el largo plazo de la economía nos permite divisar entonces las diferencias de lo económico con el interés natural de lo político y sobre todo, que lo económico dibuja su reacción de estabilidad en el largo plazo; los precios, por ejemplo, se estabilizan en un rápido proceso de ajuste cuya variación (inflación) tienda a cero; mientras lo político, dibuja un mercado casi de modo instantáneo, en el corto plazo, lo cual impone reacciones que de alguna manera se corrigen en el corto plazo.
Es fundamental que operadores políticos consuman estos principios de la economía, sin los chantajes ni complejos del momento político actual, dada la intención que marca el discurso del Presidente para obligar a la oposición a presentar una propuesta similar o igual, no muy diferente. En ese escenario, muchos podrían decir, es mejor malo conocido que bueno por conocer. La gente debe percibir que habrá cambios, y que lo que se le ofrece es distinto a lo que actualmente no tiene, incluidos los espejos e imágenes redistributivas del gobierno. Solo dos ejemplos, el de la vivienda que no construyen y la ilusión de los precios que el gobierno vende porque los precios regulados – escasos- suben a una velocidad mayor que los no regulados.
Dimensión de lo destruido: leyes que penalizan la economía privada.
Con esta introducción de lo casuístico en lo económico y lo político, es importante destacar que a lo largo de estos años de gobierno del Presidente Chávez si ha pasado mucho, demasiado, tanto que el proceso de empobrecimiento y ruina de la economía privada va de la mano del objetivo político de empobrecer y arruinar las clases medias y al emprendedor, al creador de riqueza. Una lección que aprender, la nueva constitución nació por miopía y otros intereses de la pasada C.S.J que otorgo carácter originaria a A.N.C en 1999, con ello entrego al gobierno la guadaña para decapitar el Estado de Derecho, poderes públicos y montar un régimen económico donde la actividad económica del individuo, privada, seria penalizada en el enjambre de leyes que sobre la economía ensamblo la AN desde el año 2000.
Un centenar de leyes, además de penalizar la actividad económica privada, fulminó el estado de derecho que funda la libertad económica. Los derechos de propiedad fueron mutilados y penden de los impulsos ideológicos del régimen. Nacionalizaciones, expropiaciones en la industria petrolera, cemento, construcción, telecomunicaciones, electricidad; en la agricultura, en la agroindustria. El natural principio de subsidiariedad ha sido eliminado, lo cual implica que la actividad económica privada dependa del Estado y la política sujeta a riesgos e incertidumbre distintos a los propios y una posición vulnerable y en competencia desleal de la empresa privada venezolana mediante acuerdos bi/multilaterales con otras economías y a la presencia privilegiada del Estado como productor de bienes y servicios, ante el mecanismo que raciona de divisas, CADIVI, que coloca a la economía privada en competencia suicida con el Estado.
Todo este entramado institucional está estructurado en leyes, las cuales habrá que derogar por inconstitucionalidad, algunas y otras tendrán simplemente que ser reformuladas y ello no puede esperar. La creación de cientos de miles de puestos de trabajo depende de un estado de derecho de libertad económica.
Reputación y confianza en ruina: Su rescate será complejo, nunca fácil
Por ese mismo camino de ruina y descapitalización se violaron contratos vitales para la industria petrolera nacional; juicios por daños enfrenta el gobierno venezolano en el mundo; las compensaciones montan los 12 mil millones de dólares. En total la deuda contingente por violación de contratos alcanzaría los 25000 millones de dólares, sin incluir la expropiación a empresarios venezolanos que no han sido compensados. Todo ello conllevó a la pérdida de un importante capital que las naciones cuidan con celo: reputación, confianza, credibilidad y transparencia ante las instituciones que fundan la seguridad jurídica en el mundo.
Entonces es muy importante lo que ha ocurrido en Venezuela, y en eso que ser muy serio al respecto e informar al sector político –particularmente a los candidatos presidenciales- que la situación al respecto por perdida de reputación y confianza por acaboses del marco y seguridad jurídico es seria y sin que ello recupere, no volveremos al mercado a asociarnos con empresas extranjeras para que la inversión extranjera, en la cual entran importantes volúmenes de inversión de venezolanos, pueda impulsar un crecimiento económico y hacerlo sustentable.
El retorno de las instituciones que permitan libertades económicas
Al respecto hay que obrar con seriedad y respeto, y evitar engañar al sector político, hará falta mucha seguridad jurídica y reputación si Venezuela quiere (además que lo necesita) ser un país petrolero de veras y serio.
De manera que la vuelta a un régimen jurídico que respete las libertades económicas y sus contratos no es cosa de soplar botellas, como en ocasiones se quiere hacer ver, el esfuerzo político será arduo, pero desde luego no imposible, restaurar un Estado de Derecho que nos vuelva a los mercados internacionales y abandonemos la senda del “forajidismo” de tener que asociarnos con mafias y gobiernos desprestigiados en los mercados que solo están interesados en vender chatarra de guerra ya vitualla que llega a cambio de acuerdos económicos opacos y poco transparentes. Sera necesario una unidad política nacional que acuerde reconstruir instituciones y que las leyes y la constitución protejan a sus ciudadanos y los persiga y no los penalicen por ejercer derechos económicos.
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