En octubre próximo, Venezuela será objeto del Exámen Periódico Universal (EPU), el mecanismo instituido en el marco del Consejo de Derechos Humanos para examinar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados, en materia de derechos humanos. Los 47 Estados Miembros del Consejo examinarán el Informe del Estado venezolano y otros documentos, entre los cuales los elaborados por las ONGs y por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Los Estados Miembros tendrán la oportunidad de escuchar la presentación de la troika (Guatemala, Burkina Faso y República Checa) designada para ello y hacer los comentarios y las recomendaciones pertinentes con el fin de mejorar la protección y no de sancionar, como lo pretenden mostrar los Estados que por lo general cuestionan el mecanismo para justificar sus políticas violatorias de las normas y principios de derecho internacional sobre la materia.
El Informe del régimen refleja, por supuesto, la “maravillosa” situación de los derechos humanos en el pais. De acuerdo con ese Informe, evidentemente confeccionado en La Habana, cuya diplomacia sustituye vergonzosamente a la que tradicionalmente representaba con dignidad al Estado, muestra que los venezolanos disfrutan, como nunca antes, de sus derechos humanos. Una verdadera falacia.
El régimen, en su afán de tergiversar las realidades y manipular la opinión pública, cada vez más clara de la farsa montada desde hace años en el pais, muestra en este Informe, en forma falseada, solamente algunos derechos humanos, despreciando los relativos a las libertades y a los derechos fundamentales.
En el Informe anunciado por Maduro se ignoran deliberadamente los derechos civiles y politicos, destacando solamente los “logros” en relación con el “disfrute” de algunos derechos sociales, económicos y culturales. Afirma descaradamente Maduro que hubo “un incremento en más de 24% de la matrícula escolar, una caída de los índices de desnutrición infantil en 58%, la apertura de más de 6 mil consultorios médicos en las zonas populares y los constantes aumentos del salario mínimo que ha decretado en los últimos doce años”, lo que se logró, agrega, “ pese a los obstáculos que la oposición le ha puesto en el camino” criticando, de paso, a los medios que habrían tergiversado la realidad de la masacre carcelaria; y, a los órganos regionales de derechos humanos, la Corte y la Comisión Interamericanas.
Según el régimen, los venezolanos disfrutan plenamente del derecho a la vivienda, a la alimentación, a la educación, a la salud. Una afirmación tendenciosa. El déficit habitacional es inmenso, acentuándose la gravedad del problema por la falta de políticas coherentes y la discriminación política para las asignaciones. El acceso a los alimentos es cada vez mas difícil, por un desabastecimiento creciente, una inflación incontrolable y un desempleo y subempleo indignos. Ni hablar del acceso a la salud o a la educación. Hospitales y escuelas en el suelo, sin recursos ni insumos.
Pero, lo más grave en este documento es el desprecio por los derechos civiles y políticos, a los que los comunistas le tienen terror. No se refiere el régimen en su Informe a los presos políticos; a la tortura física y moral; a la discriminación o apartheid políticos; a la penalización de la protesta; a la persecución y amenazas a los defensores de los derechos humanos y a la politica de negar el registro de éstas para que puedan funcionar; al ataque constante y sistemático a la libertad de información, traducidos en cierres y amenazas de todo tipo a los medios de comunicacion y a periodistas ( mas de 800 en los últimos diez años); a la sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo; a la inseguridad y los mas de 45 muertos diarios por la violencia; a las amenzas abiertas contra la población civil, espcialmente disdidente, desde medios del Estado; a las detenciones arbitrarias; a la terrible situación de la cárceles o a las inhabilitaciones políticas.
La comunidad internacional conocerá los distintos Informes, incluidos, los de las ONGs venezolanas que han hecho un serio esfuerzo por mostrar la realidad; y, se percatará nuevamente de las políticas nefastas de un régimen que ha simplemente abandonado el Estado de Derecho, con especial perjuicio del verdadero y amplio disfrute de todos los derechos humanos de los ciudadanos, ante lo cual el repugnante silencio del Defensor del Pueblo, un funcionario que en vez de proteger los derechos de los ciudadanos excusa descaradamente al régimen. Lamentablemente, al igual que en la Comisión de Derechos Humanos, sustituida por el Consejo en el 2006, todavía hay Estados forajidos presentes, como Cuba, que bochornosamente ocupa una de las vicepresidencias.
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