Esta locura de apropiación caprichosa e indebida de bienes privados -empresas y fincas- por voz del Presidente y venganza del régimen, eso que llaman “expropiación” y que ejecutan al margen de la Constitución, eso es robo, robo a mano armada en sentido literal, producido al amparo de fusiles y ametralladoras de la FAN y la policía. Eso no es expropiación, tampoco confiscación. Es robo, no le pongamos música.
“Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes”. Así comienza el artículo 115, consagrando la propiedad, reconociéndola como Derecho Humano, tal como lo han hecho todas las constituciones venezolanas desde la primera de ellas, la de 1811, que a la letra establecía, en la forma peculiar de escribir de la época: “La propiedad es el derecho que cada uno tiene que gozar y disponer de los bienes que haya adquirido con su trabajo, é industria”.
El artículo en comento establece como hecho excepcional la expropiación: “Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”. Están pues claramente determinadas las condiciones para que proceda una expropiación:
1) La única causa es la utilidad pública o el interés social;
2) Debe mediar una sentencia firme de tribunal competente y,
3) Debe efectuarse pago oportuno de justa indemnización.
En consecuencia, no es un grito del Presidente, “exprópiese”, lo que satisface la exigencia constitucional. Estamos pues frente a un robo, una expoliación. Las 1.237 expropiaciones del régimen, en los últimos cinco años, son atentados contra el Derecho Humano a la propiedad.
Además de la expropiación, la otra figura jurídica por la cual el Estado puede tomar bienes de un particular es la confiscación, contemplada en el artículo 116 constitucional. En este segundo caso no hay indemnización de ninguna clase y sólo se efectúa cuando medie sentencia firme sobre bienes provenientes de dinero de la corrupción o de las drogas. Por cierto, no conozco hasta ahora la confiscación de ningún bien de la boliburguesía creciente y grosera, que roba a sus anchas en el presente régimen, o de los narcotraficantes que se aproximan al poder impunemente. Confisque Presidente.
Son muy pocos -contados con las manos- los casos de verdaderas expropiaciones ejecutadas previa sentencia de tribunal y pago oportuno del justiprecio. Estos casos se han dado cuando se trata de bienes de propiedad extranjera. La razón es evidente: que la reacción mundial sea más benigna. En la casi totalidad de las “expropiaciones”, lo único que hay es un decreto decidiéndola, y una lluvia de soldados y policías que invaden, y camisas rojas que zamurean. Allí terminan los trámites, sin sentencia ni pago de un solo bolívar, sin que se demuestre la causa de utilidad pública o de interés social. Eso es inconstitucional.
Que ¿qué ha pasado con los bienes, empresas y fincas expropiadas? Todos lo sabemos: las empresas se han deteriorado, ya muchas bajaron la santamaría; en las fincas y haciendas, luego que los ocupantes se comen el ganado y los frutos que encuentran, todo se llena de monte y desolación. Consecuencia: menos producción, más desempleo, más agricultura de puerto y quema de divisas.
El Presidente Chávez está embalado por el camino de destruir la producción y la propiedad privada. Quiere monopolio para el Estado, imponer su hegemonía de hambre e ineficiencia. Los bienes se los queda el Estado, no es verdad que pasen a manos de los trabajadores. Crece la propiedad estatal, se engordan los del cogollo. Saquean lo ajeno. Expropiación no es.
PACIANO PADRÓN
Telefax: (0212) 482-4569 – (0414) 328-1848
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