De
hecho, en las últimas semanas han abundado artículos en la prensa nacional
acerca de las condiciones que parecieran necesarias para asegurar la paz en un
proceso que se ve cada día más cercano, y muchas coinciden en que los casos
conocidos de transiciones pacíficas tuvieron a jerarcas del sistema anterior
encabezando los gobiernos o manteniendo frente a estos un enorme poder en
representación de los intereses del “ancien régime”. Los casos de Suárez en
España, Pinochet como contra-figura de Aylwin en Chile, De Klerk y Mandela en
Sur África, López Contreras y más recientemente Wolfgang Larrazábal en
Venezuela son citados como evidencias irrefutables de ese automatismo. Pero
toda extrapolación de las experiencias de otros países que ignore de donde
partimos o que confunda dictaduras militares con regímenes totalitarios o Estados-Pandilla
peca de superficial y puede ser ilegítima.
Soy
un convencido de que para asegurar la paz en la transición es instrumental
establecer alianzas con quienes habrían sido chavistas hasta apenas días u
horas antes de la sustitución del presente gobierno por uno que conduzca el
tránsito a la democracia. Pero dicho esto, afirmo que es necesario poner unos
límites a lo que pueda ser concedido en las alianzas, porque no debemos
comprometer la irreversibilidad o invalidar el fin último de dicho tránsito.
Para
definir esos límites y aprovechar de manera legítima las lecciones de la
historia, es indispensable caracterizar claramente de dónde partimos, o sea qué
queremos superar, y hacer comparaciones que tomen en consideración las
verdaderas similitudes y diferencias que existen entre nuestro caso y otros
sucedidos en diferentes países.
¿Qué
sistema queremos superar y de donde deriva él su poder?
Venezuela
tiene una economía en ruinas, un Estado sin separación de poderes, un régimen
empeñado en destruir las bases constitucionales para edificar el socialismo y
un gobierno comprometido en ideologizar a niños y jóvenes para “construir un
hombre nuevo”. Es decir, el régimen actual está en proceso de destruir una
institucionalidad y una cultura política liberales, para crear un Estado
totalitario. En ese tránsito destructivo, la institucionalidad venezolana se
encuentra en una situación de extrema debilidad, carcomida por el progresivo
empoderamiento de organizaciones delictivas en su seno y por la fusión orgánica
de delincuentes y del alto funcionariado en los diversos poderes del Estado. Y
estos rasgos de nuestra situación actual no resultan sólo ni principalmente de
la ineficacia, la desidia o la falta de ética de los jerarcas, sino
primordialmente de que el presente régimen es un proyecto de poder totalitario
en construcción, que emplea cualquier medio para “demoler la superestructura
burguesa”.
Por
otra parte, este régimen no es una democracia imperfecta que se hace gobernable
por la conciliación populista sino un régimen que cultiva el populismo de masas
pero que ejerce el control social por la coerción, que se apoya
fundamentalmente en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y en otros
instrumentos de violencia para ejercer la dominación sobre la sociedad, y en el
que la FANB controla todas las áreas del Ejecutivo, incluidas las finanzas
públicas, el comercio interno y la poca producción que resta en el país.
La
fuente principal de poder de este régimen, la FANB, anida tres grupos humanos
en convivencia tensa: Un estamento militar institucional apegado a la
Constitución vigente, presuntamente minoritario; una “vanguardia” de militares
revolucionarios que no respeta la Constitución sino que es instrumento de la
construcción del socialismo, la cual maneja además grupos paramilitares armados
que actúan como fuerzas civiles de choque, complementarias a efectos de la
coerción; y una cúpula militar corrupta que analistas internacionales y
nacionales identifican como la que domina el tráfico de armas y de drogas y
teje las principales organizaciones delictivas del país. Casi todos esos
analistas afirman que los últimos dos grupos son quienes dirigen la FANB y a su
vez son parte de alianzas circunstanciales en las que participan organizaciones
de delincuentes comunes y los paramilitares ya mencionados.
¿Negociar
el control de la fuerza armada durante la transición?
La
transición de la dictadura de Pinochet a la democracia suele darse como ejemplo
de que en Venezuela podemos aceptar cualquier cosa en una negociación con el
chavismo, incluso que sus jerarcas sigan dominando a las Fuerzas Armadas, para
lograr la anhelada transición en paz, dejando implícito que tal cosa no
compromete la irreversibilidad del cambio democrático. Este juicio es ilegítimo
porque no parte de entender las diferencias que existen entre lo que eran el
régimen dictatorial y el Estado chileno, por una parte, y lo que hemos descrito
como el régimen protototalitario y las instituciones venezolanas de hoy, por la
otra.
Derrotado
Pinochet en el plebiscito de 1988 se inició una transición que puso fin a un
“Gobierno de las Fuerzas Armadas” que vivía políticamente aislado de América
Latina, no a un régimen totalitario en construcción ni a un Estado con
instituciones en extremo débiles que era carcomido in extenso por la corrupción
y la delincuencia, es decir, un Estado-Pandilla, como puede caracterizarse al
venezolano de hoy. El gobierno de Pinochet fue siempre autoritario, una
dictadura militar que quería “extirpar el marxismo” y empleaba a las Fuerzas
Armadas en la coerción, pero ese gobierno robusteció la institucionalidad del
Estado, incluyendo a partir de 1983 la construcción de una institucionalidad
económica moderna de alta eficiencia y el retiro progresivo de las FFAA de
funciones no militares o de seguridad en el Ejecutivo.
Una
gran alianza democrática nacional derrotó a la dictadura militar en el
plebiscito de 1988, pero para gobernar se vio obligada a pactar las reformas
constitucionales de 1989 según las cuales los militares, con Pinochet a la
cabeza, tendrían una sujeción casi puramente formal al poder civil, contarían
con un número de senadores designados en el parlamento y gozarían de un
financiamiento prácticamente no sujeto a decisiones del congreso ni del
gobierno.
Extrapolando
todo lo anterior, y apoyándose en que Chile es hoy un ejemplo de progreso y de
democracia liberal y civilista en el mundo, algunos analistas afirman que no
importaría qué cosas concedamos en los convenimientos con el chavismo, porque
cualquier transición negociada haría que la democracia volviese para quedarse.
A
la argumentación anterior vale la pena contraponer las lecciones aprendidas de
la experiencia del sandinismo y la democracia en Nicaragua.
El
sandinismo, como el chavismo, era y sigue siendo un proyecto de poder
totalitario, asociado a una red continental, impulsado por un populismo de
masas de inspiración marxista, que se apoya en las Fuerzas Armadas para ejercer
la coerción y administrar el Estado. Como la experiencia socialista del
chavismo en Venezuela, la experiencia “revolucionaria” nicaragüense de los años
80 saqueó los bienes del Estado y los transfirió al paraestatal Frente
Sandinista, y produjo un debilitamiento político institucional tal, que generó
las condiciones para que el Estado haya asumido comportamientos y formas de
organización propias de las pandillas centroamericanas (Hoy se habla del Estado
nicaragüense como el “Estado Mara”). Como vemos, la situación político
institucional venezolana de hoy es mucho más parecida a la nicaragüense de 1990
que a la chilena del mismo momento.
Ya
electa Violeta Chamorro a la presidencia de Nicaragua, en Marzo de 1990 se
pactó con el sandinismo una transición en la cual éste último retuvo la
jefatura de las Fuerzas Armadas. La opinión pública venezolana conoce más o
menos bien la historia reciente de Nicaragua, cuyo gobierno sandinista se ha
hermanado en las dimensiones ideológica, económica e institucional con el
régimen chavista. El sandinismo regresó al poder en Nicaragua en 2007, con un
enorme apoyo económico y político del chavismo, y desde entonces sus
instituciones y las libertades llevan el mismo derrotero que lleva Venezuela
desde que se inició el Socialismo del Siglo XXI.
La
transición nicaragüense a la democracia iniciada en los años 90 se revirtió y
se frustró entre otras cosas porque entregó al sandinismo el control de las
Fuerzas Armadas, la fuente principal de su poder. ¿Es eso lo que queremos para
Venezuela?... ¿Queremos salir de Maduro pero dejarle el control de la FANB y
las redes que dependen de ella a la élite militar chavista?.
Reitero
para concluir que considero necesario para la paz establecer alianzas entre
demócratas y chavistas una vez iniciada la transición. Pero eso no es lo mismo
que negociar con las cúpulas chavistas de hoy antes de que salgan del poder,
concediéndoles el dominio de la FANB. Una vía legítimamente plural, que no
comprometería la irreversibilidad, podría ser que los gobernantes demócratas de
la transición construyan alianzas con gobernadores o alcaldes chavistas para
fortalecer nuevamente la descentralización y una genuina participación, y para
promover un desarrollo con equidad, es decir, para comenzar juntos la
reconstrucción de Venezuela.
Se
rumora en medios políticos que hoy están en marcha algunas negociaciones -nada
transparentes por cierto- entre jerarcas y gurús del gobierno, por una parte, y
algún “actor ex chavista de oposición”, por la otra, que buscarían posicionar a
éste último como la garantía de la transición pacífica, la cual estaría montada
sobre casi cualquier forma de cohabitación entre objetivos democráticos e
intereses del proyecto de poder chavista… Y esto es muy peligroso para la
irreversibilidad del cambio a la democracia como creo haber demostrado.
Un
Cambio Gatopardiano, que todo parezca cambiar para que nada cambie, es lo que
sucedería si los acuerdos con el chavismo para la transición se basasen en que
él mantuviese el control de la FANB, que ha sido su principal instrumento de
dominio y su mecanismo más útil de degradación institucional. Si ya estuviesen
en marcha esos acuerdos sería aún peor.
Werner Corrales wernercorralesleal@gmail.com, @wernwrcorrales
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