FERNANDO LONDOÑO HOYOS ENTREVISTA A VIRGINIA CONTRERAS EN LA HORA DE LA VERDAD 16-09-2015, AUDIO, DESDE COLOMBIA,

Virginia Contreras trinitron208@aol.com EL ENVÍO A NUESTROS CORREOS AUTORIZA PUBLICACIÓN, SIN COMUNISMO UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE, ESTO NO PUEDE CONTINUAR, TERCERA VIA, DESCENTRALIZAR, DESPOLARIZAR, RECONCILIAR, DEMOCRACIA PARLAMENTARIA, LIBERTARIO ACTUALIDAD NACIONAL, VENEZUELA, NOTICIAS, ENCUESTAS, ACTUALIDAD INTERNACIONAL,

VIRGINIA CONTRERAS, ¿QUO VADIS VENEZUELA?, DESDE ESTADOS UNIDOS

PREOCUPANTE CERTIDUMBRE

Si hubiera que definir el futuro de Venezuela, nos atreveríamos a calificarlo como “de una preocupante certidumbre.” Preocupante, porque nada bueno se avisora, y certidumbre porque tarde o temprano las masas populares, esas mismas a las que el oficialismo utiliza, y la oposición desprecia, ignorándolas, se harásentir, y no necesariamente con votos.

En estos casi 15 años desde que Hugo Chávez empezó con su revolución bolivariana, si bien han sido muchas las iniciativas opositoras para neutralizar el avance del gobierno, las mismas, en vez de corresponder a estrategias provenientes de un mesurado plan, han lucido como acciones desesperadas, sin un objetivo claro, y que por lo mismo no han contado con el apoyo fundamental de la mayoría de la población.

Ante la salida del presidente Chávez del poder (2001), como consecuencia de una marcha nacional que terminócon hechos de violencia en el Palacio de Miraflores, los propios organizadores de la salida del presidente, debido a la ausencia de un plan que facilitara la transición, lo restituyeron en el poder. Frente al paro petrolero (2002-2003), si bien colocóal gobierno bolivariano en una situación dramática, no hubo un después que demostrara que dichas acciones (consideradas por algunos como suicidas) conllevaría a la salida del presidente de la República. Cuando se produjo el referendo (2004) que permitiríarevocar el mandato al entonces presidente Chávez, no se contemplóla necesidad de la corroboración de dicho proceso, y el mandatario no solo ganóholgadamente, sino que fue relegitimado frente al mundo. Durante las elecciones parlamentarias de 2005, los partidos opositores se negaron a participar, no bien los vicios del proceso por ellos denunciados habían sido corregidos por intermediación de la OEA, perdiendo la oportunidad, o de reinvindicar su no participación en esas elecciones, o de tener representación en la Asamblea Nacional, si hubiesen participado.

Ante las conocidas “Guarimbas” (manifestaciones públicas en sectores opositores del país) realizadas en los años 2007 y 2014, las mismas, en vez de legitimar el derecho a disentir, conllevaron a hechos de violencia con muertos, heridos y destrucción de la propiedad privada, dejando en entredicho la acción opositora. Si a esto le unimos las politicas manifiestamente contradictorias por parte de este sector, como la denuncia de fraude por falta de transparencia de los procesos electorales, o la absoluta dependencia del Consejo Nacional Electoral al gobierno nacional, cuando esa misma oposición llama a votar masivamente, e invita al organismo electoral a que organice sus elecciones primarias, o la solicitud de apoyo internacional mientras paralelamente esa misma oposición le reclama a los líderes mundiales para que se mantengan al margen, deja mucho que desear frente a quienes, si bien desean un cambio, no quieren equivocarse.

LA OPOSICIÓN NO ENTIENDE.

El caso es que, indistintamente de lo reprochable de la conducta gubernamental, el tiempo ha demostrado que sin un objetivo concreto por parte de la oposición, no es posible establecer una estrategia coherente que permita un cambio de gobierno, y es que para proceder en consecuencia se hace necesario algo más que oponerse a políticas, que mal que bien son apoyadas por un número nada despreciable de venezolanos, y que proviene de un proceso electoral, que hasta que no se demuestre lo contrario, le otorga el sello de legítimo.

Si hay algo que la oposición venezolana no quiere terminar de entender, es que la Venezuela de hoy, aún con la terrible situación que el país padece, ya no es la Venezuela del pasado, ni volverá.

Hugo Chávez, equivocado o no, logró penetrar en el espíritu de los menos pudientes, y más desprotegidos (que en Venezuela son más de la mitad de los habitantes), haciéndoles ver que había llegado el momento de exigir las reinvindicaciones que la democracia les había negado toda su vida. De allí, que insistir en seguir presentándole a estos venezolanos opciones similares al pasado, así vengan ahora disimuladas con nuevos partidos políticos, o nuevas caras, sin tomar en cuenta sus pareceres, como si los liderazgos pudieran imponerse desde afuera, es condenar a todos a la continuación de acciones fallidas. Estas acciones no sólo no cambiarán la situación, sino que, en el mejor de los casos, le facilitará más bien a candidatos emergentes, dentro del propio oficialismo, la presentación de un proyecto, que junto con los recursos del actual gobierno, y su poder político, pueda convencer a esos venezolanos a los que la oposición no ha logrado. Pero, la realidad nos ha demostrado, (basta con recordar el “Caracazo”, 1989), que un pueblo con hambre, que se considera burlado por los dirigentes políticos –del lado que sea- tarde o temprano reaccionarácon la rabia propia del que ve morir a un hijo por falta de atención médica, o simplemente por falta de comida, y es allíen donde la desconfianza en los que pretendían ser sus líderes, se harásentir.

LOS PRÓXIMOS MESES: DISTRACCIONES Y POCO CAMBIO

No se vislumbra un cambio diferente en el panorama venezolano. En menos de una semana se celebrarála Cumbre de las Américas en Panamá, reunión hemisférica a la cual el presidente Maduro pretende llevar “10 millones de firmas,” las cuales han sido recogidas haciendo uso de todo tipo de ardides a los ciudadanos, en reclamo por la medida ejecutiva dictada por el presidente Obama en contra de ciertos funcionarios venezolanos.

Era obvio que la vedette de dicho evento no sería sino el gobierno cubano, en plenas negociaciones con el gobierno norteamericano para reanudar sus relaciones. A pesar de la mención que pueda hacer Cuba en dicho Foro sobre Venezuela, y de la propaganda que el propio mandatario venezolano quiera hacer sobre las mismas, Maduro sabe perfectamente bien que, por mucho que ambos gobiernos pretendan ocultarlo, después de haberse enterado del trato a sus espaldas, entre la dictadura cubana y el gobierno americano, ni ya Cuba seráigual para Venezuela, ni Venezuela significa lo mismo para Cuba.

Otro de los eventos en el cual la comunidad internacional ha dirigido la mirada sobre Venezuela es el ofrecimiento de parte de algunos ex gobernantes hispanoamericanos, de ejercer la defensa de dos conocidos opositores al régimen venezolano, hoy en día detenidos en su país, y de lo cual no existe posibilidad alguna de que dicha representación pueda servir para recobrar la libertad de los imputados.

Por ahora las circunstancias parecen distraer la atención de los venezolanos, entre denuncias del gobierno sobre complots para defenestrarlo, y unas elecciones parlamentarias, que lo obligarán a todo tipo de campañas proselitistas, así como a prodigar, como ha sido costumbre, prebendas económicas, y hasta amenazas para lograr el voto favorable del pueblo. Ya el organismo rector electoral se encargará nuevamente de modificar las circunscripciones electorales en las zonas en las que considere beneficiosas para su gobierno. Oficialismo y oposición nuevamente ganarán sus curules en el organismo legislativo, y con ésto la revolución bolivariana hará ver ante el mundo la exitosa democracia de un país que se hunde entre la inflación, el desabastecimiento, la violación de los derechos humanos, y la altísima criminalidad.

Habría que ser bien ingenuo para creer, que dependiendo la revolución bolivariana de la Asamblea Nacional para ejecutar todas sus reformas, vaya a cambiar sus artimañas electorales que tanta utilidad les han resultado en el pasado. No será hoy, ni mañana, porque todavía el gobierno bolivariano tiene mucha capacidad de maniobra sobre un pueblo que por ahora se conforma con poco, en tanto que la oposición se distrae con sus pugnas internas y su ausencia de la realidad, pero el tiempo llegaráen que ambos grupos despierten de un sueño, que ojalá no se convierta en pesadilla.

Virginia Contreras

trinitron208@aol.com

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VIRGINIA CONTRERAS, EL VERDADERO DRAMA DE VENEZUELA

“…..mientras algunos predicen casi con exactitud matemática el desenlace fatal, y otros se preparan para la revancha en el poder, existe un país que no solo sigue transitando por el camino del socialismo…”

Comentar el anuncio del jefe de Estado venezolano sobre la reaparición de su enfermedad, y las distintas reacciones que esto ha generado en la sociedad venezolana, resulta más que innecesario. 

En Venezuela no hay un ciudadano que se precie de serlo, que no sepa respecto a la enfermedad del Presidente, sus dolencias, síntomas, sus últimas palabras antes de operarse y hasta la fecha exacta en la cual dejará de respirar. 

Periodistas, médicos, políticos, abogados, estudiantes, hombres y mujeres, jóvenes o adultos, todos tienen “información de primera mano” sobre los males presidenciales. Frente a todo esto no hay lógica que se le enfrente, ni sentido común que se le oponga, capaz de mitigar la  macabra competencia en la que se ha convertido el estado de salud del hombre más poderoso del país.

Por supuesto que todo esto tiene alguna justificación. Si reconocemos que estos últimos 14 años han estado amenizados en Venezuela de toda serie de rumores, y de medias mentiras y medias verdades, entenderemos cómo estas circunstancias, unidas a esa idiosincrasia tan particular, de pretenderse sabedor de todos los secretos, y de alardear de la existencia de las más confiables fuentes del planeta, hayan sido capaces de desatar esta reacción.

Pero aun cuando pudiera ser entendible esta actitud, el caso es que mientras algunos predicen casi con exactitud matemática el desenlace fatal, y otros se preparan para la revancha en el poder, existe un país que no solo sigue transitando por el camino del socialismo, sino en donde sus protagonistas, actores secundarios y publico de galería, permanecen intactos en sus puestos de combate, y no porque se encuentren en el epilogo de la guerra, sino porque esta todavía no ha comenzado.

La razón por la cual Hugo Chávez llega al poder no es un secreto para nadie. Por supuesto que su incursión en el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, lo catapulto a la fama. No obstante, esa circunstancia por sí sola, si no hubieran existido ciertas condiciones en el país, no hubiese sido suficiente para llevarlo hasta la cima del poder y mantenerlo por tanto tiempo. Si acaso hubiera servido como tema para una novela, o en el mejor de los casos para la filmación de un largometraje.

Hugo Chávez,  el teniente coronel prisionero en una cárcel cualquiera, de cuyas paredes –según recuerdo- llegaron a bajar nauseabundas aguas negras- no se convirtió en jefe de Estado por milagro divino, ni por vocación de mártir, o de dictador, como se le quiera llamar. Muchos años de frustración, de rabia y de impotencia, tuvieron que acompañar a un grueso sector de la población venezolana, representado por los mas pobres, para que pensaran en una opción distinta que la que presentaban los partidos políticos tradicionales.

Estos 14 años de convulso gobierno bolivariano han sido un reto para todos. Lo han sido para sus partidarios, quienes han defendido su revolución contra viento y marea, y lo han sido para sus detractores, los cuales han utilizado todo tipo de artimañas y estrategias para neutralizar el desarrollo del socialismo del siglo XXI. El resultado de ambos esfuerzos esta a la vista, y es que después de más de una década, no solo el gobierno se ha mantenido en el poder bajo sus mismos parámetros, sino que el presidente ha sido electo cuatro veces.

De allí que mientras el país se encuentra en vilo, esperando conocer el verdadero estado de salud del mandatario venezolano, muchos se han dado a la tarea de ofrecer, de acuerdo a sus perspectivas, su solución para la salida del poder del hombre fuerte de Miraflores. Toda una suerte de artículos de la Constitución de la Republica han sido mencionados, como si esta fuera la verdadera solución del problema. Seguramente, en alguna oportunidad serán invocadas dichas normas para hacerle frente al aspecto formal del Estado, pero  el pensar que la vida de los venezolanos fluye a través de una ecuación jurídica, significa poco más o menos que creer que en Venezuela no ha pasado nada. De ser esto cierto, alguien tiene que decirles que están equivocados.

Hugo Chávez ha representado para muchos, no solo la nevera, o la cocina que han recibido como beneficio de alguna de las llamadas “misiones”.  Tampoco simboliza el pago de una cuota, la compra de un carro, la entrega de una casita, o la posibilidad de ser atendido por un médico, así su título profesional estuviera en entredicho. Ante la ausencia de una señal de consideración de parte de los políticos tradicionales, Hugo Chávez ha abierto la puerta para que quienes le han manifestado su confianza mediante su voto, mas nunca vuelvan a sentirse relegados del mundo al cual pertenecen. Para eso cuentan no solo con el apoyo presidencial, sino con un ejercito que esta allí para defender a la revolución, así como con  la posibilidad de organizar grupos civiles con suficiente poder de fuego para demostrar no solo que la revolución se respeta, sino que defenderán con su vida los logros y privilegios que les han sido reconocidos durante estos años de gobierno. Mientras mas rápido se comprenda esta realidad, será mejor para todos.

Son muchos los que han tratado de dilucidar el porqué Hugo Chávez, frente a la posibilidad de una nueva contienda electoral, ha escogido entre tantos otros candidatos a Nicolás Maduro como su sucesor.  Dicen que la decisión fue producto de consenso en La Habana, discurren sobre la mayor posibilidad para Chávez de controlar a este candidato por encima de sus pares. Hay quienes incluso, respecto a la conducta asumida por el actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello,  de arengar a las fuerzas militares frente a cualquier eventualidad, han llegado a suponer una animadversión en contra del sucesor designado. Olvidan en este último caso, que de no presentarse a su juramentación el 10 de enero el presidente electo, será Cabello, una vez ratificado como presidente del poder legislativo, quien se encargaría de la presidencia hasta nuevas elecciones. Cualquiera fueran las circunstancias, ¿Cuál sería la diferencia, si Maduro fue escogido en La Habana, en la China o en Las Islas Malvinas, cambiaria esto el destino del país? En todo caso, el oficialismo tiene a su Maduro por decisión directa de su líder máximo, y si por alguna circunstancia este no pudiere cumplir con el mandato popular, ya habrá otros Maduros que lo hicieren.

Venezuela libra una dura batalla.  Frente a la lucha por la vida por parte del actual mandatario, existe una gran incertidumbre sobre el futuro que le corresponderá transitar a millones de venezolanos. Un futuro en donde todos los venezolanos, tarde o temprano tendrán que encontrarse, no solo porque el país les pertenece a todos, sino porque ya paso la etapa en que lo gobernaba un solo hombre, porque ni Maduro es Chávez, ni las circunstancias en las cuales eventualmente le tocará gobernar serán las mismas.

El drama de Venezuela no esta en su pasado inmediato, ni en la enfermedad de su caudillo. La tragedia de Venezuela esta en sus líderes, aquellos que hubieran podido sustituir del otro bando  al gobierno que termina aun sin empezar, pero cuyo proceder se ha encargado de eliminar a su propia gente bajo la excusa de un candidato único.

¡Tantos hombres y mujeres sacrificados a nombre de una unidad imposible de cumplir, por el mero hecho de que nadie puede ser obligado a eliminar de su mente sus ideas, ni destruir sus sueños, para que los ejecuten otros! ¡Tantos seres condenados al ostracismo, simple y llanamente porque no han formado parte de algún grupo político de moda! ¡Tantos ingenuos extorsionados moralmente, bajo la esperanza de obtener su libertad, el regreso a la Patria, o la reincorporación a PDVSA, a cambio de un voto!

La tragedia de Venezuela no está en si el presidente Chávez, bajo las irremediables leyes de la naturaleza, deja o no el mando; el drama de Venezuela está en que no hay quien lo reciba.

trinitron208@aol.com

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VIRGINIA CONTRERAS, CÓMO GANAR LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN VENEZUELA

Es innegable el interés que han despertado en la comunidad internacional las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre en Venezuela. La influencia que este país ha querido ejercer en la región, y ahora el estado de salud del mandatario venezolano, han producido infinidad de especulaciones en torno al presente proceso electoral, dignas de las mejores películas de suspenso.

Comencemos por reconocer que el actual proceso electoral ha estado plagado de contradicciones desde sus inicios. Después de innumerables tentativas para llegar a un acuerdo respecto a quién, o quiénes, serían los candidatos presidenciales que se enfrentarían al actual presidente de la Republica, los sectores opositores, reunidos en lo que se ha denominado Mesa de la Unidad Democrática-MUD- optaron por la realización de elecciones primarias a fin de que la población escogiera a un candidato único que los representara.

Distintas motivaciones fueron presentadas para imponer a toda costa el mandato de la unidad en la candidatura de la oposición, pero todas hicieron alusión al peligro que representaba para el país el permitir el avance de la “revolución bolivariana”, lo cual redundaría en la destrucción de la democracia, el cercenamiento de las libertades, y la sustitución de una economía libre de mercado propia del sistema capitalista, por una basada en la ideología marxista.

Partiendo entonces de esta amenaza, y tomando en cuenta que efectivamente la oposición no solo escogió a un candidato único, Henrique Capriles Radonski, sino que lo hizo en un clima de total armonía y bajo resultados numéricos mucho más amplios que los esperados, la segunda etapa a desarrollar vendría dirigida al establecimiento de una estrategia electoral que le demostrara al país entero -y no ya únicamente a los 3 millones de opositores que votaron en las elecciones primarias- los lineamientos respecto a cómo el recién electo candidato salvaría la democracia en peligro y restablecería el orden jurídico, social y moral lesionado. Ninguna otra razón habría para haber insistido en la tan mencionada unidad, la cual castigaba de plano con el ostracismo político a cualquier otro ciudadano que se hubiera atrevido a presentar una opción distinta para la contienda electoral que se avecina.

Asumiendo el inmenso reto al cual ha tenido que enfrentarse el candidato opositor, y entendiendo las grandes limitaciones a las cuales se encuentra sometida su participación electoral, esa estrategia debía lograr el máximo de eficacia a fin de transmitir, de la manera más directa posible, ese vigoroso mensaje de esperanza, capaz de demostrar no solo la capacidad de Capriles para dirigir al país por los próximos seis años, sino el abismo existente entre su política y la que ha venido ejecutando el actual régimen. Todo esto, bajo el horizonte de una nueva Patria que incluya a todos los venezolanos, con ofertas novedosas, con programas concretos y con la firmeza de espíritu propia de quien pretende sustituir al liderazgo que durante casi catorce años ha venido ejerciendo el presidente Hugo Chávez. Cuesta reconocerlo, pero la realidad ha sido otra.

Distintas teorías han sido desarrolladas a lo largo de la historia democrática de los pueblos, a fin de explicar la conducta del electorado. El objeto de estos estudios ha sido el de lograr el establecimiento de una estrategia efectiva, que de acuerdo a las características de los votantes y a las circunstancias del momento, dirija al candidato al cumplimiento de su objetivo: ganar la elección.

En el caso de Venezuela es bueno recordar que no estamos hablando de circunstancias políticas normales, sino de la amenaza real -según afirmaciones de los actores políticos opositores- al régimen de libertades y a la existencia misma de la Nación. De allí que indistintamente de la escogencia de la orientación teórica en materia de estrategia por parte de los asesores del candidato Capriles, esta debía considerar dicha situación. Si las razones por las cuales se llegó a la determinación del candidato único obedecieron a la existencia de una crisis política de inmensas proporciones, es obvio que el electorado debe conocer cuáles son esos nuevos fundamentos políticos que neutralizarán los cambios ya iniciados por la revolución bolivariana, y garantizarán la reconducción del país.

Muy por el contrario, con la intención de presentar una imagen conciliadora, capaz de atraer a los afectos al chavismo y a quienes sin pertenecer a este sector no han sido ganados al mensaje opositor, el planteamiento político del candidato Capriles prácticamente se ha circunscrito a ofrecer la continuidad de la política pública más emblemática que ha desarrollado el gobierno bolivariano en toda su historia, como son las llamadas “misiones”, cuyo fundamento radica en la ejecución de programas sociales de distinta naturaleza en beneficio de los mas desposeídos, los cuales representan el grueso de la población. Por si esto fuera poco, la oferta electoral no solo se ha basado en mantener esta política, sino en garantizar su permanencia eterna bajo la figura de una Ley que las ampare.

En otras palabras, que mientras los venezolanos se han mantenido en alerta frente a la posibilidad de destrucción de su democracia, y han decidido renunciar a cualquier otra posibilidad electoral con miras a concentrar su energía en un solo candidato; este, en vez de enfrentar la situación con propuestas concretas que eviten la hecatombe del país, ofrece como panacea precisamente el mantenimiento de estos programas, que durante todos estos años han sido criticados por la misma oposición por obedecer a “respuestas puntuales”, que en nada propiciaban el desarrollo del país.

Pero las circunstancias van más allá de la oferta electoral. Es innegable que a pesar de las peculiaridades de la personalidad del candidato-presidente, el gobernante ha logrado mantener un liderazgo solido durante el tiempo de su mandato. Es posible que no se comulgue con sus ideas, pero lo que resulta improbable es que los venezolanos no sepan quién es Hugo Chávez, y qué representa en el contexto político venezolano. De allí, que sin necesidad de transitar por el mismo terreno del candidato oficialista, el otro elemento fundamental para convencer a los votantes sobre la necesidad de un “cambio de timón”, obedece a demostrar aquellas características del candidato opositor, capaces de garantizar la existencia de una firme personalidad, en base a su experiencia, logros, y cualidades y en donde no haya lugar a dudas que bajo su mandato no se perdería la Republica. No olvidemos que la imagen que se tiene de la personalidad del candidato es un elemento fundamental a la hora de la decisión del voto.

El candidato Capriles es un joven profesional con interesantes experiencias en el mundo político. Tuvo en su haber el ser presidente de la cámara de diputados y vicepresidente del antiguo Congreso de la Republica, ha sido alcalde y ahora gobernador, tiene estudios en distintos países del mundo, como los Estados Unidos, los Países Bajos e Italia. Sin embargo nada se dice sobre esto, y sobre muchas otras cualidades adicionales que seguramente posee. En su defecto se le presenta como un candidato neutro, capaz de mimetizarse con cualquier cosa que a juicio de sus asesores lo identifique con los votantes. De allí que regularmente sea presentado al público, llevando alguna gorra, tipo beisbolista sobre su cabeza, o portando un collar similar a los que regularmente usan quienes se dedican a ritos vinculados con la santería.

Los asesores del candidato deberían tener en claro que tales circunstancias podrían producir un efecto totalmente contrario al deseado, siendo que en vez de lograr identificarlo con el electorado chavista, podría perder su autenticidad. Si a esto le agregamos la repetición de las llamadas “frases cohete” tan utilizadas por los políticos del pasado para definir cualquier cosa, así como sus publicitadas visitas, “casa por casa” en los barrios marginales del país, (mecanismo usado hace más de treinta años por el entonces candidato presidencial del partico “COPEI”, Eduardo Fernández), los resultados podrían no ser alentadores.

En lo que respecta específicamente al tipo de estrategia utilizada, si bien ésta no ha sido definida textualmente, de las declaraciones facilitadas por el jefe de campaña opositor, puede inferirse que la estrategia no es otra que las ideas contenidas en el llamado “TEOREMA DEL VOTANTE MEDIANO”, cuya creación se le atribuye a Duncan Black. En 1948 Black estableció que en las elecciones de voto por mayoría, la política pública ganadora seria “el punto ideal del votante que tiene un número igual de conciudadanos a su izquierda y a su derecha.” Esta idea sería desarrollada diez años después por Anthony Downs, quien en su “Teoría Económica de la Democracia” concluía que los partidos políticos cuyo sistema electoral corresponda al de mayoría relativa (tal y como sucede en Venezuela), tendrán mucho más éxito si trasladan sus “plataformas” hacia el punto del votante medio.

En el caso particular de las elecciones venezolanas, ese “termino medio” al cual quiere dirigirse el candidato se ve reflejado en la presentación de ofertas como la antes señalada, de continuidad de las misiones. Con esto pretende atraer al extremo más liviano dentro del chavismo (por aquello que no vale la pena perder el tiempo con el “voto duro”), así como al extremo opuesto a este, el cual todavía no se ha definido. De allí que, transitando en un campo minado, Capriles se mantenga sin una definición concreta, más allá de estas ofertas, a fin de no provocar una reacción negativa de ambos lados.

Esta estrategia podría ser efectiva en Venezuela si pudiéramos hablar de la existencia de dos extremos ideológicos totalmente definidos; de donde pudiera identificarse a la izquierda con el chavismo, y a la derecha con la oposición. Pero la realidad nos demuestra, por lo menos hasta el presente, que no existe ningún fundamento, objetivamente comprobado, para atribuir la existencia de alguna ideología en particular, ni al apoyo al presidente Chávez, ni a su rechazo. Muy por el contrario, si damos por verdaderos los análisis que periódicamente presentan las distintas encuestadoras del país, concluiremos, que en el caso de los seguidores del candidato Chávez, el elemento de enlace entre su persona y el electorado obedece a aspectos de carácter espiritual, del modelo “religioso”, como lo define una de esas organizaciones de análisis. Proviniendo ese apoyo al candidato-presidente de los sectores populares del país, estos ni siquiera conocen los fundamentos de ideología alguna que por sí sola los hiciera movilizar.

En el caso del sector denominado “NI-NI”, (Ni apoyan al gobierno, ni apoyan a la oposición) el cual se ha intentado satanizar desde hace algunos años, la situación es aún peor. Si bien existe un rechazo natural por parte de estos electores potenciales frente al candidato-presidente, estos tampoco se sienten atraídos hacia elementos políticos de la oposición a quienes identifican con el pasado, representado por los partidos políticos Acción Democrática y COPEI, actualmente miembros de la Mesa de la Unidad Democrática. Tal y como sucede con el chavismo, hasta ahora no ha podido identificarse a este importante número de votantes (equivalente al 30 % del electorado) con ideología alguna.

De allí que al proponérsele al candidato opositor el mantenerse en una posición tal, capaz de atraer al votante medio de supuestos dos sectores de la población electoral, (o por lo menos evitar al máximo su rechazo), no solo se corre temerariamente el riesgo de parecer “neutral” en momentos en que se requiere todo lo contrario, sino que se le cercena a este la gran oportunidad de reflejar lo que a su juicio sería la verdadera situación del país y la manera de resolverla, hecho que le permitiría en el peor de los casos, mantener un liderazgo irrefutable para mejores oportunidades.

El último aspecto que vale la pena destacar, pero no menos importante, se refiere a la utilización de ciertos temas como parte del mensaje de campaña; entre ellos la enfermedad que padece el presidente Chávez. Es indudable que la enfermedad del candidato-presidente, indistintamente del interés periodístico, y de la obvia curiosidad de los espectadores, ha venido siendo utilizada como parte de la estrategia electoral, tanto por parte del oficialismo, como del lado de la oposición. Del lado del oficialismo la estrategia ha venido desarrollándose creándose total hermetismo respecto a la salud presidencial. Con esto se ha logrado mantener en zozobra a un importante sector de la población, e incluso de la comunidad internacional, facilitando con su silencio toda serie de rumores, para luego, en un lapso prudencial presentar públicamente la imagen del presidente Chávez, realizando alguna actividad que en principio estaría contraindicada si el jefe de Estado estuviera en verdaderas condiciones críticas.

De parte del sector opositor hemos visto infinidad de partes médicos, atribuidos a fuentes cercanas al mandatario, los cuales hacen ver la existencia de una enfermedad terminal, con escasos meses de vida, lo cual supuestamente estaría promoviendo un estado de “caos” entre sus seguidores.

Verdad o mentira de ambas posiciones, el hecho es que la utilización de la salud presidencial como estrategia electoral no necesariamente produce los mismos resultados para ambas tendencias.

Si bien existen algunas discrepancias de cifras entre las distintas empresas encuestadoras venezolanas, todas coinciden en atribuirle al presidente-candidato un aumento en su popularidad a raíz de conocerse la grave enfermedad que padece. Hasta el presente nada indica que el candidato Capriles haya aumentado su popularidad como consecuencia directa de la enfermedad que sufre el jefe de Estado. No obstante, pueden apreciarse los términos en que esta situación ha venido siendo manejada por el sector opositor, en el sentido de tratar de identificar al candidato Capriles, como una persona sana y en capacidad de dirigir el futuro del país, en contraposición con el candidato Chávez, quien además de enfermo, se ha mantenido alejado del territorio para seguir tratamiento médico en la isla de Cuba.

Reiterando que hasta ahora no existe certeza alguna respecto al verdadero estado de salud del presidente Chávez, el caso es que estas especulaciones han traído como consecuencia otras especulaciones más, las cuales han venido superando al sentido de la realidad y de toda lógica jurídica. Así tenemos que lideres de diversos sectores de la sociedad han venido advirtiendo sobre la posibilidad de que el candidato Chávez se viera obligado, por su enfermedad, a designar a un sustituto, negándose aquellos tajantemente a admitir la idea de tener que cambiarse el calendario electoral con miras a otorgar las condiciones necesarias, no solo al candidato sustituto, sino a “los electores” para ejercer su derecho a elegir y ser elegido.

Quienes así opinan no solo desconocen que el mandato constitucional únicamente establece el lapso para la asunción al poder del candidato electo, y en ningún caso impone como condición una fecha determinada para la realización de las elecciones. Olvidan incluso que fue el Consejo Nacional Electoral el pasado año, que de manera arbitraria modifico el calendario electoral que por costumbre había impuesto las elecciones presidenciales para diciembre, adelantándolas para el mes de octubre, sin que la oposición hubiera manifestado algún tipo de rechazo ante tal decisión. Más allá de la necesidad para ambas partes de mantener la sindéresis en momentos de tensión política, la asunción de actitudes de esta naturaleza podrían resultar contrarias incluso a los intereses del sector opositor, toda vez que de la misma forma en que por causa de fuerza mayor pudiera impedirse la participación del candidato Chávez en las elecciones presidenciales, igualmente en un futuro podría existir alguna circunstancia en la cual se viera imposibilitado el candidato opositor de participar. De allí que muy posiblemente las mismas objeciones presentadas hoy en día por los seguidores de este para negar la posibilidad de un cambio en el cronograma electoral, podrían ser aducidas por los simpatizantes de aquel para impedir el ejercicio de un derecho inmanente a todos los ciudadanos.

De igual forma, como parte de las especulaciones de rigor, existen aspectos de la vida nacional que se han venido incluyendo dentro del tema electoral, y que de continuar así terminarán desviando totalmente la atención del electorado de los verdaderos temas de interés. Aspectos que van desde la aparición ante los medios de comunicación de un ex Magistrado del Máximo Tribunal del país denunciando hechos de corrupción, la amenaza del Jefe de Estado respecto a la posibilidad de excluir al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la reciente promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo, o la designación por parte del mandatario de los miembros del Consejo de Estado, son ejemplos de lo que a simple vista representa los llamados “trapos rojos” hacia donde los sectores políticos opositores están siendo conminados a distraer su atención, mientras la actividad electoral oficialista camina de manera paralela y sin pausa.

Estos, grosso modo, son algunos de los muchos elementos que pueden apreciarse de esta contienda electoral, que paradójicamente oficialmente no ha sido declarada, pero que evidentemente empezó hace años. El próximo mes de octubre los venezolanos tendrán la oportunidad de decidir su destino político. La rapidez, o la lentitud con que estos cinco meses que nos separan de las elecciones presidenciales transcurran, estarán determinadas por los logros puntuales que obtengan cada una de las partes. Del exacto conocimiento que estas tengan de la realidad, así como de la estrategia desarrollada por aquellas dependerá el triunfo, o una estrepitosa derrota. Suele decirse que nunca es tarde para rectificar, pero ojala que ese nunca no sea demasiado tarde.

trinitron208@aol.com

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VIRGINIA CONTRERAS: OLLANTA HUMALA, “NO JURARÁS SU SANTO NOMBRE EN VANO”

El pasado 28 de julio Ollanta Humala asumió el cargo de presidente de la República del Perú para el cual fue elegido por los próximos 5 años. Después de tanta tensión en la contienda electoral, ese día prometía un poco de tranquilidad. Por lo menos así lo aseguraba el propio presidente electo, si bien su antecesor, y todavía presidente en funciones, Alan García,  presentía algún tipo de desaguisado, razón por la cual prefirió no asistir al evento de juramentación, sabia decisión.

A pesar de haber transcurrido poco menos de un mes del evento, existen algunas circunstancias vinculadas a las actividades del nuevo gobernante, que ameritan algún tipo de análisis a los fines de tratar de interpretar lo que eventualmente sería el camino que podría tomar este gobierno que apenas comienza.

El 28 de julio, por sí solo, es una fecha que produce cierto impacto cabalístico. Además de conmemorarse la independencia del Perú, y de ser la oportunidad fijada por la Constitución de la República para asumir la presidencia, curiosamente se celebra el cumpleaños de dos personalidades controversiales (las cuales en su oportunidad mantuvieron una estrecha relación), que de una u otra forma han marcado los destinos del actual mandatario peruano. Nos referimos a la fecha de nacimiento del presidente Hugo Chávez, de Venezuela, y del ex presidente Alberto Fujimori, del Perú. Aun existiendo esta curiosidad, el hecho al que nos queremos referir no se debe a la prodigalidad de cumpleaños, ni a la independencia del país, sino a la particular manera cómo el presidente Humala ha comenzado a gobernar, hecho que tarde o temprano podría repercutir en los destinos de su país.  Una de estas circunstancias se refiere a la juramentación al cargo de presidente de la República.

A diferencia de lo que tradicionalmente había venido sucediendo con los mandatarios anteriores, el nuevo gobernante, en ese momento solemne, decidió invocar la Constitución derogada de 1979, en vez de referirse a la vigente (1993).

No importaba que el propio mandatario hubiese sido electo en base a esta última Constitución, que a todas luces despreciaba. Tampoco que su vida como político hubiera estado amparada por los mandatos de esta Constitución, o que los derechos de sus hijos hubieran sido resguardados bajo la misma, e incluso que el sistema democrático de su país hubiera podido mantenerse bajo los principios, normas y valores de la Constitución que desdeñaba.  Para él era suficiente que la Carta Magna hubiese sido promulgada bajo instancias del para entonces presidente Alberto Fujimori, (a quien el presidente Ollanta, y su hermano Antauro intentaran derrocar el 29 de octubre de 2000) para que, per se, el instrumento jurídico careciera de validez. Ese mismo ejemplo de Humala, lo asumieron los demás funcionarios juramentados por el mandatario; y bajo estos mismos conceptos, unos más fanáticos que otros, se pronunciaron algunas autoridades representativas de las instituciones políticas del Estado.

El presidente del Tribunal Constitucional,  Carlos Mesía, por ejemplo, no encontró ningún inconveniente respecto a la juramentación del presidente. De acuerdo a su criterio, a pesar de la actitud del mandatario, se daba por entendido que el gobernante juraba por los mismos principios y valores establecidos en la Constitución actual. Para afianzar su posición, señalaba el Magistrado, (adelantando opinión respecto a una situación que muy posiblemente podría llegar a sus manos, de interponerse algún recurso jurisdiccional al respecto) que dicha Constitución, en su artículo 116, no establecía fórmulas obligatorias para jurar como presidente de la República.

Otros, como la primera vicepresidenta del Perú, la Sra. Marta Espinoza, y el segundo vicepresidente, Omar Chehade (juramentados por el propio presidente Humala, bajo similar formalidad) se enfrascaban en una confusa explicación en la cual, si bien pretendían restarle importancia al juramento, parecieran preparar el terreno para lo que sin duda alguna será la reforma constitucional por venir. Es cierto que en principio las opiniones de estos funcionarios, y del mismo presidente Humala, apuntan hacia una reforma que sería iniciada por el Congreso de la República, pero es evidente que produciéndose la misma a sugerencia del mandatario, dichas reformas contendrán los deseos presidenciales.

El tema del juramento en cuestión resulta interesante desde el punto de vista jurídico, y poco menos que infeliz, desde el punto de vista político. Esto último, por cuanto que si el nuevo mandatario quería comenzar su gestión en paz y concordia, lo menos que ha debido hacer es evitar causar resquemores desde el primer día de su mandato, más aún cuando casi la mitad de la población rechazó su propuesta electoral.

Es cierto que en la Constitución vigente no existe una fórmula sacramental para la juramentación, como si ocurre en la vigésima enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Recordemos, incluso, que debido al error cometido por parte del presidente Obama en el momento de repetir las palabras sacramentales, fue necesario días después, repetir dicha juramentación. Pero esta circunstancia, de no existir exactamente un rosario específico de palabras para ser repetidas por el presidente peruano, no le resta importancia a un acto, que como el de juramentación, le otorga eficacia al acto administrativo de proclamación dictado por la máxima autoridad electoral del Perú.

Admitir, (como automáticamente pretendieron hacerlo las personalidades aludidas), que lo importante era simple y llanamente jurar por aquello que considerara conveniente el Sr. presidente, haciendo referencia a una Constitución distinta (aún cuando en la práctica ambas Constituciones no fueran tan disímiles), nos llevaría a aceptar que el presidente Humala hubiera decidido jurar por la Constitución bolivariana, o por la ecuatoriana, o tal vez  hasta por la francesa, si éstas recogían, “a su juicio”, similares principios a los por él concebidos como respetables. Reconocer como válidas estas consideraciones permitiría incluso, que el día de mañana el presidente de turno, jurara por la Constitución de una compañía anónima, o por el Decreto de Guerra a Muerte del Libertador Simón Bolívar, simplemente porque a aquél le pareciera que los principios allí contenidos se asimilaban mejor con sus requisitos particulares.

Pero aún a despecho de la opinión del alto Magistrado judicial, valdría la pena hacer un recuento de lo que ha significado el acto de juramentación en  una República como la del Perú. Así tenemos que la primera Constitución del Perú, (1828), en su artículo 87°, establecía formalmente el contenido sacramental del referido juramento. En este sentido señalaba: “El Presidente y Vicepresidente, para ejercer su cargo, se presentarán al Congreso a prestar el juramento siguiente:   ”Yo, N.N. juro por Dios y estos Santos Evangelios que ejerceré fielmente el cargo de Presidente (o Vicepresidente) que me ha confiado la República: que protegeré la religión del Estado, conservaré la integridad e Independencia de la Nación, y guardaré y haré guardar exactamente su Constitución y leyes”.

Posteriormente, la Constitución de 1839 disponía, en su artículo 86°, el texto que había venido siendo usado hasta el presente (si bien se eliminó la mención específica de resguardar la religión católica). Esta circunstancia sería prácticamente repetida 14 años después (1853) en el Reglamento Interior de las Cámaras Legislativas, cuando el Congreso era bicameral.

Aún así, teniendo en consideración éstos antecedentes, el juramento formulado por el presidente Humala fue el siguiente: “Juro por la Patria que cumpliré fielmente el cargo de Presidente de la República que me ha confiado la Nación por el período presidencial 2011-2016; que defenderé la soberanía nacional, el orden constitucional, y la integridad física y moral de la República y sus instituciones democráticas, honrando el espíritu y los principios de la Constitución de 1979 (subrayado nuestro); que reconoceré y respetaré la libertad de culto y de expresión, y lucharé incansablemente por lograr la inclusión social de todos los peruanos, especialmente de los más pobres.”

La Constitución peruana vigente establece los lineamientos generales de lo que representa la investidura del presidente de la República. Señala: “De la  Función Pública: Artículo 39°. Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. El Presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la Nación y, en ese orden, los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo, en igual categoría; y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley”.

El Artículo 40° de dicha Constitución dispone: “La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos”.

Esa “Ley” a la cual hace mención el documento fundamental peruano, no es otra que la “Ley de Funcionarios Públicos y Empleados de Confianza del Perú”, la cual en su Artículo 6º.- dispone: “De la clasificación: Los Funcionarios Públicos se clasifican en:

6.1.- Funcionario público de elección popular, directa y universal o confianza política originaria.- Es aquel elegido mediante elección popular y universal, conducida por el organismo del Estado autorizado para tal fin. El ingreso, permanencia y término de su función están regulados por la Constitución y las leyes de la materia.

Son funcionarios públicos de elección popular, directa y universal:

a) Presidente de la República.

b) Vice Presidentes de la República.

c) Congresistas de la República.

d) Presidentes y Consejeros Regionales.

e) Alcaldes y Regidores.

Igualmente el Artículo 8º.- de la mencionada Ley, señala: “Del nombramiento y designación en el cargo y su publicidad: Se adquiere la condición de funcionario público a partir del nombramiento para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado. Sin embargo, sólo a partir de la toma de posesión podrán ejercerse las atribuciones que el cargo reconoce de acuerdo a las reglas contempladas en leyes especiales y las que disponga el reglamento de esta ley teniendo en cuenta el tipo de cargo que se desempeñe. Se requiere del juramento en los casos en que la ley lo establezca. Para el nombramiento se sigue la regla especial de la legislación que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento de los funcionarios públicos. La notificación y publicación del nombramiento son requisitos necesarios para el ejercicio del cargo. El acto administrativo que nombra en el cargo a los funcionarios públicos rige a partir del día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano”.

Por último,  las Disposiciones Finales, Transitorias y Complementarias de dicha Ley, establecen: “Segunda.- Responsabilidad por incumplimiento: El incumplimiento de las reglas contenidas en esta Ley origina responsabilidad administrativa a los funcionarios públicos y empleados de confianza y a quienes se encuentran en la obligación de cumplir estas reglas, sin perjuicio de la responsabilidad derivada de normas especiales”.

De lo antes expuesto se evidencia que el presidente de la República, efectivamente es un funcionario público, elegido por elección popular, directa y universal. Pero aún así, en el caso de Ollanta Humala, habiendo resultado ganador en las pasadas elecciones del 5 de junio, ese triunfo no era suficiente para iniciar su mandato, a cuyo efecto el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), semanas después de la oficialización de los resultados electorales totales por parte del organismo, procedió a proclamar al presidente electo, entregándole las credenciales que lo acreditaban como tal. No obstante, ese acto de proclamación por sí solo, para gozar de eficacia requería de la juramentación del gobernante,  y sólo a partir de ese momento, el jefe de Estado se encuentra en capacidad de iniciar su mandato.

Esa juramentación a la cual se le pretende restar importancia, tiene tal relevancia, que la tradición ha exigido el otorgamiento de un pergamino, que el propio presidente Humala firmó públicamente en pleno evento ante el Congreso de la República. Ese documento contiene no sólo el nombre del mandatario, sino “la fórmula de la juramentación usada por el nuevo gobernante”, así como la fecha de transmisión de mando. En estos términos, cualquiera que tenga acceso a dicho documento podrá verificar que el contenido del juramento allí transcrito, difiere del juramento verbalmente hecho público por el jefe de Estado ante el Congreso de su país.

Pero adicionalmente a las opiniones antes señaladas, existen dos declaraciones, que por los personajes involucrados, vale la pena mencionar. Uno de ellos es Antauro Humala, hermano del presidente de la República,  y quien cumple condena de 25 años de prisión  por haber participado en la toma de la comisaría policial de Andahuaylas, como parte de un intento de golpe de Estado en contra del para entonces presidente Alejandro Toledo, y que produjo como consecuencia la muerte de cuatro funcionarios.

Antauro, en la conocida revista “Caretas”, además de manifestar su certeza de que saldrá en libertad próximamente, hizo importantes revelaciones en relación con el significado de la juramentación realizada por su hermano, manifestando que éste “ha creado una coyuntura política constitucional que hace posible mi pronta liberación”; siguiendo más adelante: “Los que nos rebelamos por restituir la Constitución del 79, ahora somos precursores de este nuevo gobierno que ha jurado por esta Carta Magna. Ollanta ha reivindicado así las tres gestas militares dentro del estado genuino de derecho que estaba vigente en dicha Constitución. Me refiero a las insurgencias del general (Jaime) Salinas Sedó, de 1992, y a las dos de los hermanos Ollanta y Antauro Humala, en Locumba, el 2000, y en Andahuaylas, el 2005” (sic).

El otro personaje que ha opinado al respecto es el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien nuevamente interviene en la política del país andino afirmando que la Constitución de 1993, “no posee legitimidad”, así como reconociendo la actitud del presidente Humala al desechar la Constitución vigente en su juramentación, como “un gesto muy valiente”.

Adicionalmente a la controversia de la juramentación del nuevo mandatario, han surgido alrededor de su persona otros elementos que evidencian una serie de irregularidades imposibles de esconder.

La primera de ellas se refiere a la visita que el hermano menor del presidente Humala, Alexis, realizara a Rusia días antes de la juramentación de su hermano, y en donde dicho ciudadano se reunió con miembros del gobierno de ese país a fin de negociar acuerdos de turismo, pesca, gas y de armas para el Perú. Paradójicamente, la Comisión Disciplinaria del partido de gobierno, el Partido Nacionalista, procedió a suspender de militancia partidista, por 6 meses, al joven Alexis, “por haber viajado a Rusia sin autorización del partido, ni del Comité Ejecutivo Nacional”. A pesar de esto, en ningún caso se ha planteado- y el presidente se ha mantenido mudo- el fondo del asunto, como lo es la intervención de un hermano del presidente de la República, (cuyo mandato ni siquiera había comenzado), para gestionar a título personal, negocios en los cuales estaría comprometida la República y que por ende deben obedecer a una política concertada por los organismos competentes, y bajo los parámetros jurídicos correspondientes.

Adicionalmente a estas circunstancias, podemos apreciar cómo su hermano Antauro, además de ofrecer declaraciones como las anteriormente mencionadas, logra prodigiosamente la rebaja de la condena impuesta en su contra, de 25 años de prisión por el homicidio de cuatro funcionarios policiales por los hechos antes señalados, a 19, o 17 años de prisión. Para ello la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú ha decidido una disminución de la referida condena, en función de haber declarado “nula” la sentencia que condenó a Antauro por el delito de tenencia ilegal de armas, así como por “modificar” la calificación de homicidio calificado, inicialmente imputada al enjuiciado, por la de “homicidio simple”. En todo caso, la decisión definitiva, respecto a si la rebaja llevaría la pena a los 19 o a los 17 años de prisión, deberá ser tomada en las próximas semanas.

Pero aparte de la reprobable actitud asumida por los hermanos Humala entre sí, -bajo la mirada lánguida del presidente Ollanta-, la situación aumenta de volumen, al apreciar ciertas designaciones que ha venido haciendo el mandatario, las cuales dejan mucho qué desear respecto a esa atmósfera de honestidad y total transparencia con que en tantas ocasiones se había comprometido el estrenado mandatario.

Así, mientras se festejaba el nombramiento de los miembros del gabinete económico, como garantía de continuidad en la política económica y financiera del Estado, la sociedad, -e incluso la comunidad internacional-, pareciera estar en ascuas respecto al nombramiento de Ricardo Soberón, como presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).  Para los que desconocen el significado de esta responsabilidad, es necesario aclarar que ésta se asimila a la designación de un  “zar antidrogas”.

El caso de Soberón nos confirma el supuesto compromiso que el entonces candidato Humala (incluido en nuestro artículo “El Triángulo de las Bermudas de Ollanta Humala, runrun.es) habría adquirido con un sector de la agrupación terrorista “Sendero Luminoso”, quien amparada en su estrecha relación con autoridades de la vecina Bolivia, habrían contribuido económicamente con la candidatura presidencial de Humala, “a cambio de su compromiso de no erradicación de la hoja de coca”.  De ser cierta esta información contenida en ese artículo, no habría mejor candidato para cumplir con dicho acuerdo, que el propio Ricardo Soberón, conocido por su crítica a la erradicación de la hoja de coca, así como por su cercanía con las organizaciones cocaleras peruanas en los valles del Alto Huallaga, de los ríos Apurímac y Ene y en la cuenca de La Convención y Lares (Cusco), los cuales tradicionalmente se han opuesto a la erradicación de la coca, y  de las cuales ha fungido por años como asesor.

Por si esto fuera poco, resulta del conocimiento público la relación del flamante zar antidroga,  con el colectivo “Legaliza Perú”, encargado de facilitar asesoría legal a quienes resulten involucrados en asuntos en materia de drogas, y posesión de marihuana en particular. De igual forma, es un hecho público la relación existente entre el nuevo funcionario antidroga y el actual presidente de Bolivia, Evo Morales. De hecho en el año 1995, el hoy presidente de “Devida”, el actual presidente de Bolivia y Hugo Cubieses, éste último allegado igualmente al presidente Humala, y supuestamente a la organización “Sendero Luminoso”(ver artículo “Gana Perú, runrún.es), estuvieron detenidos por las autoridades bolivianas, en “Copacabana”, zona boliviana fronteriza con Perú, presuntamente por actividades subversivas. Estos tres personajes fueron recluidos en una base naval a orillas del lago Titicaca, para luego ser liberados y expulsados,  Soberón y Cubieses, hacia Perú.

Junto a esta designación, debemos mencionar el nombramiento del coronel, retirado, Adrián Villafuerte, como asesor personal en asuntos militares del presidente Humala. Tal y como referimos en nuestro artículo “Gana Perú”, Villafuerte durante el gobierno fujimorista se desempeñó como secretario del general Cesar Saucedo, uno de los hombres más cercanos al poderoso Vladimiro Montesinos.

Otra de las designaciones que llama la atención se refiere a la del coronel, en situación de retiro, Luis Pereyra Briceño, como Director Nacional de Defensa Civil (INDECI).  Para tener una idea del personaje, el coronel Pereyra  fue objeto de una formal denuncia en 2006 por parte de la Inspectoría General del Ejército, por la desaparición del expediente que se le seguía al actual presidente Ollanta Humala (conocido como el “capitán Carlos”) por la violación de derechos humanos durante su gestión como jefe de la base militar antiterrorista de “Madre Mía”.

Por si los casos anteriores resultaren insuficientes, hace pocos días los medios de comunicación del Perú sorprendieron a la población con la noticia de la escogencia de la economista Tania Lourdes Quispe, prima de la primera dama, Nadine, como Jefa de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).

Los hechos aquí mencionados, han sido seleccionados dentro de una gama de circunstancias  que han venido rodeando al presidente Ollanta Humala, que de no atenderse a tiempo, podrían ocasionar un vuelco en la vida política, social y económica del Perú, país que a pesar de la necesidad de profundizar sus políticas para lograr una mejor distribución de la riqueza, ha sido ejemplo de un importante crecimiento económico.

Mientras el nuevo presidente se inicia con decisiones como las señaladas, reconociendo públicamente lo “difícil que resulta gobernar”, los partidos políticos y sus líderes, al igual que sucedió durante la campaña presidencial, andan en desbandada.   Es cierto que muchos otros gobiernos en la América Latina,  se han mantenido con mayor o menor estabilidad, bajo el amparo de mecanismos populistas parecidos al que pretende implantar el mandatario peruano, pero el caso del Perú representa un riesgo mucho mayor que aquellos, si recordamos que según todos los indicadores internacionales, Perú se ha convertido en el mayor productor de coca en el mundo.  Mientras la sociedad civil y las organizaciones políticas comienzan a estirar las piernas después de un largo descanso, organizaciones narco terroristas, como Sendero Luminoso, ya han practicado con largas vueltas de calentamiento.  Ojalá que la sociedad peruana organizada no se duerma, su pueblo no se los perdonaría.

virmar09@vzw.blackberry.net

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VIRGINIA CONTRERAS: LEYES DE PAPEL

Si hay algo que caracteriza a los regímenes democráticos, es su sumisión al Estado de derecho. Estado de derecho no es más que la sujeción del poder del Estado a la Ley.  Uno de los fundamentos del Estado de derecho es el conocido principio de separación de poderes, formulado por Montesquieu (XVIII).  Este ha sido creado en contraposición del Estado absolutista, cuyo ejemplo más palpable fue la célebre frase, atribuía a Luis XIV: “El Estado soy yo” (L’état c’est moi).

A pesar de la ineludible obligación de nuestros gobernantes, de ceñir sus actuaciones al marco de la Ley, la práctica nos ha demostrado cómo, bajo la excusa del “interés del Estado”, dicha obligación suele diluirse, y hasta imponerse por encima de la Ley, bajo la mirada impotente de los gobernados.

Es posible que algunos eventos mundiales hayan distraído nuestra atención respecto a los sucesos que se han venido desarrollando en el Continente Americano. De allí que hayamos escogido algunos ejemplos, a los fines de destacar aquellas circunstancias en las cuales son los gobernantes quienes descaradamente violan las normas que ellos mismos pretenden imponernos, sin que en sus casos haya poder humano capaz de sancionarlos.

El primero de los eventos que vale la pena mencionar se desarrolla en Guatemala, hermoso y colorido país centroamericano, cuyo esfuerzo por salir a flote, después de una cruenta guerra civil, ha sido innegable. Su presidente es Álvaro Colóm, quien comenzó su mandato de cuatro años,  en enero de 2008. Colóm ha sido conocido como un hombre de familia, con un hogar honorable, y  con una relación sentimental con su esposa, Sandra Torres,  desde hace 14 años, si bien su matrimonio data de unos 8 años atrás.

Hace algunas semanas la sociedad guatemalteca fue sorprendida con una información, que de no haber sido ratificada por el propio presidente de la República, bien hubiera parecido alguna de esas noticias salidas de las luces de Hollywood. El presidente Colóm, y su esposa Sandra, han decidido solicitar el divorcio, decían los medios de comunicación.

Como comprenderemos, esta noticia, después de toda esa larga historia de amor que engalanó a la pareja durante la campaña que llevó al ingeniero Colóm a la presidencia, causaba sensación. Es cierto que se venía hablando del interés de la Primera dama de ser candidata presidencial, y de su frustración al constatar el impedimento que la Constitución de la República establece respecto a los parientes del presidente de la República, hasta el cuarto grado de consanguinidad, y segundo de afinidad, mientras éste se encuentre en funciones (literal “c”,art.186). Pero de allí a imaginarse que la pareja terminaría en divorcio, jamás.

El caso es que las noticias eran ciertas, y que el 11 de marzo pasado la pareja presidencial solicitó la disolución de su matrimonio, ante el Juzgado Segundo de Familia de la capital guatemalteca.  ¿La razón? Ninguna de las establecidas en el artículo 155 del Código Civil de Guatemala.  Simplemente, tal y como ellos mismos lo han reconocido, evadir la limitación constitucional antes señalada, a los fines de que la Primera dama pueda postularse como candidata presidencial por el partido oficialista “Unidad Nacional de Esperanza” (UNE), y “Gran Alianza Nacionalista” (GANA), a las elecciones convocadas por el Tribunal Supremo Electoral para el próximo 11 de septiembre.

Esta situación, en la cual la pareja presidencial reconoce tan campante su deseo de divorciarse, no en función de encontrarse su situación dentro de alguno de los supuestos legales, referidos a la disolución del matrimonio, sino de burlar el único obstáculo que los separaba de la continuidad en el poder,  es simple y llanamente un fraude a la Ley.  Esto es tan evidente, que aún hoy en día la ex Primera dama no deja de asombrarnos al reconocer públicamente que la justificación de su divorcio no obedece al mandato de la Ley, sino a otros intereses, no contemplados como supuestos para la disolución de su matrimonio. En efecto, si verificamos las declaraciones rendidas en rueda de prensa el 25 de marzo pasado,  constataremos lo antes afirmado.  Allí la Sra. Torres señala: “Me estoy divorciando del presidente, pero me estoy casando con el pueblo. Esa es la razón por la cual el presidente y yo anteponemos los intereses del país y no los propios” (sic).

Frente a este hecho es poco lo que la sociedad guatemalteca haya podido hacer. Algunos denunciaron la situación, otros interpusieron recursos de amparo, confiando en que la Fiscalía General de la República, y hasta la misma Procuraduría, procederían a investigar lo que para la sociedad de ese país es más que evidente.  Ninguna de estas instituciones hizo nada.  Siendo así, y amparada bajo los designios del poder, la titular del Juzgado Segundo de Familia aprobó la disolución del matrimonio presidencial. Con esto quedaba libre el camino, de la ahora ex Primera dama, para correr en la carrera electoral.-

Otro de los casos que vale la pena mencionar, se desarrolla en otro país centroamericano: Honduras. Allí, a pesar del proceso electoral que llevó al poder al presidente Porfirio Lobo, y de la manera pacífica cómo han tratado de resolver los aspectos vinculados a la crisis política que produjo la salida de la presidencia de Manuel Zelaya, las exigencias de la Organización de los Estados Americanos, -y de algunos de los Estados miembros más influyentes, como Venezuela-, han obligado al nuevo gobierno hondureño a tomar otra serie de medidas poco ortodoxas.

Como ha sido del conocimiento público, Zelaya, al intentar modificar la Constitución de su país a fin de establecer la reelección presidencial (prohibida por la Constitución hondureña), incurrió en el delito de “Traición a la Patria”, tal y como expresamente lo establece la Constitución de esa Nación.  Esta circunstancia dio origen a una primera acción judicial instaurada en su contra.

Posteriormente el ex gobernante fue objeto de varias acusaciones, ahora por hechos de corrupción, por la presunta comisión  de los delitos de “fraude,falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe y de la administración pública y apropiación indebida de 57 millones de lempiras, pertenecientes a la Presidencia y al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)”.

El pasado año el presidente Porfirio Lobo, mediante decreto presidencial, sobreseyó los delitos políticos por el cual había sido perseguido el ex gobernante. De igual modo, hace algunas semanas la Corte Suprema de Justicia de Honduras, determinó la “suspensión” de las órdenes de captura expedidas en contra del ex mandatario, por los delitos de corrupción en los cuales habría incurrido Zelaya, durante el ejercicio de sus funciones como presidente de la República. A pesar de ser absolutamente irregular la suspensión de unas órdenes de captura, como si de un acto voluntario se tratara, es evidente que a partir de ese momento no existía impedimento alguno para que el ex gobernante, quien hoy en día vive en República Dominicana, se trasladara físicamente hasta su país a los fines de ejercer su derecho a la defensa en los procesos en su contra.

No obstante, y para asombro de todos, el pasado 2 de mayo, un Tribunal de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, constituido “ad-hoc”, “anuló” los procesos judiciales que por corrupción se le seguían al ex mandatario. Una vez más el poder supremo del Estado podía más que el Estado de derecho, hasta el punto de reconocerle privilegios a un ciudadano, que como tal, debería ser considerado en el mismo plano, y bajo las mismas condiciones, que cualquiera de sus compatriotas.

Ninguna duda queda respecto a la “intervención Divina” en este caso, más aún cuando examinamos las efusivas declaraciones del presidente Lobo, quien al saber la noticia manifestó: “Felicito al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, pues la última decisión que se tomó nos abre la posibilidad para que en junio regresemos a la Organización de Estados Americanos” (sic).  Agregando más adelante: “Los dos procesos por presunta corrupción contra Zelaya están enterrados” (sic).  Visto esto, no nos queda sino concluir lo que ha sido vox populi en las instancias internacionales, y es que para que Honduras fuere aceptada ante el organismo hemisférico de nuevo, era necesario romper con el Estado de derecho. Así por lo menos lo ha entendido el presidente Lobo.

Paradójicamente, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, declaraba en San José de Costa Rica, el pasado 13 de mayo: ”No nos enfrentamos a situaciones de muerte violenta o súbita de la democracia, sino a procesos de muerte lenta. Es decir, a procesos de involución, en donde los elementos constitutivos o esenciales de la democracia se ven erosionados e incluso violados” (sic).   Sabias palabras para quien llevó la voz cantante en la suspensión de Honduras de la OEA, olvidando que el Estado de derecho debía correr por igual para unos y para otros en ese pequeño país, hoy en día víctima de tanto atropello.-

La tercera situación a destacar posee una connotación distinta. Aquí, el poder del Estado se dirige hacia su política exterior, sin que haya nadie que lo denuncie, mucho menos nadie que lo sancione, y al parecer nadie tampoco que lo vea.

Nos referimos a la reciente designación por parte del Consejo de Jefes (a) de Estado de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el pasado mes de marzo, del nuevo (a) Secretario General de esta organización regional. Curiosamente, y a diferencia de lo que establece el artículo 10 del Tratado Constitutivo de UNASUR, en vez de designar a una sola persona para cubrir el cargo durante el lapso de DOS (2) años, los Jefes de Estado allí representados, designaron a la ex canciller colombiana, María Emma Mejía, y al ministro de energía eléctrica, venezolano, Alí Rodríguez Araque, para que “ambos”, se desempeñen como Secretarios Generales. Cada uno, durante el lapso de UN (1) año, -hasta completar los dos años- en sustitución de su antecesor, el ex presidente Néstor Kirchner, quien falleciera el 27 de octubre pasado.

Si representáramos gráficamente el caso planteado, tuviéramos que imaginarnos por un momento otras organizaciones multilaterales, como la Organización de las Naciones Unidas, o la Organización de los Estados Americanos (OEA). En cada uno de estos organismos efectivamente existe la figura del Secretario General, cuyo lapso de duración del cargo es de CINCO (5) años. Asimilando el criterio aplicado por los miembros de UNASUR a alguna de estas dos organizaciones, concluiríamos que en vez de designarse al respectivo Secretario General por el lapso de CINCO (5) años, como lo establecen los documentos constitutivos de dichas organizaciones, llegaríamos al absurdo de distribuir el cargo en cinco Secretarios Generales, por cada año de estos cinco que dura su responsabilidad.

Veamos lo que dice el Convenio de UNASUR al respecto. El artículo 26 del Tratado de UNASUR dispone: “Entrada en Vigor: El presente Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas entrará en vigor treinta días después de la fecha de recepción del noveno (9o) instrumento de ratificación.  …Para el Estado Miembro que ratifique el Tratado Constitutivo luego de haber sido depositado el noveno instrumento de ratificación, el mismo entrará en vigor treinta días después de la fecha en que tal Estado Miembro haya depositado su instrumento de ratificación”.

De lo antes expuesto se evidencian dos condiciones para la entrada en vigencia del mencionado instrumento jurídico. La primera, la suscripción del referido Tratado por cada uno de los mandatarios de los doce Estados miembros. La segunda, que una vez suscrito de la manera señalada, el Tratado en cuestión sea “ratificado” por cada uno de los Estados miembros. Esto es, que cada uno de los gobiernos de los Estados miembros, por intermedio de sus Congresos, y/o Asambleas Nacionales, ratifiquen en su seno, el contenido fiel y exacto del mencionado Convenio. Una vez ratificado, entiéndase, asimilado al derecho interno de dichos Estados, (por lo menos hasta llegar al novena de los doce Estados miembros), el Tratado adquirirá plena vigencia, después de transcurridos treinta días.

Por otro lado, el artículo 25 del citado Acuerdo, dispone: “Enmiendas: Cualquier Estado Miembro podrá proponer enmiendas al presente Tratado Constitutivo. Las propuestas de enmienda serán comunicadas a la Secretaría General que las notificará a los Estados Miembros para su consideración por los órganos de UNASUR. Las enmiendas aprobadas por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, seguirán el procedimiento establecido en el Artículo 26, para su posterior entrada en vigencia”.  Tal y como se evidencia, (regla similar en casi todos los casos de enmiendas a instrumentos jurídicos), para que las enmiendas realizadas a dicho Tratado adquieran validez, es necesario seguir el mismo procedimiento utilizado para la constitución original del Acuerdo.

Esto es, que se comunique la propuesta de enmienda a la Secretaria General; que ésta la transmita a cada uno de los Estados miembros; que la enmienda sea aprobada por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado; y que “se siga el procedimiento establecido en el artículo 26”, en el sentido que la enmienda sea ratificada por los Congresos de cada uno de los Estados miembros, a cuyo efecto adquirirá vigencia, pasados 30 días después de la ratificación del noveno estado”.

Al disponer los miembros del Consejo de Jefes (a) de Estado unas condiciones distintas que las establecidas en el Tratado de la organización, para ocupar el cargo de Secretario General de UNASUR, como lo es la designación de “dos” ciudadanos, quienes se desempeñarán como Secretarios Generales; así como al distribuir el lapso de duración del referido cargo, en UN (1) año, para cada una de estas personas, es evidente que el Consejo de Jefes (a) de Estado ha enmendado el contenido del artículo 10 del Tratado Constitutivo de la referida organización. En este sentido, para que dicha enmienda adquiriera validez, se hace necesario aprobar la reforma del artículo 10 del Convenio, así como solicitar la ratificación una vez aprobada, por los Congresos de los distintos Estados miembros.

A pesar de la solicitud expresa establecida en el instrumento jurídico que rige a UNASUR, hemos visto cómo los Jefes de Estado se han limitado a designar a los referidos funcionarios, destacando cada uno de los mandatarios de los Estados representados por los Secretarios Generales designados, el triunfo de su política exterior, sin que al parecer hayan advertido, o les hayan preocupado, las condiciones incumplidas para darle validez al principio del Estado de derecho al que se encuentran obligados.

Tal situación, aparte de resultar violatoria de las normas que los mismos Jefes de Estado aprobaron en la oportunidad de constituir la referida organización, obedece a algo mucho más que un mero trámite sin consecuencias jurídicas. Tanto así, que el artículo 27 del mencionado Convenio, dispone: “Registro: El presente Tratado Constitutivo y sus enmiendas, serán registrados ante la Secretaría de la Organización de Naciones Unidas”.

En efecto, si consideramos las atribuciones establecidas al Secretario General de UNASUR, en los términos del artículo 10 del Acuerdo en mención, verificaremos la trascendencia que conlleva cada una de aquellas, tanto para la organización regional, como para los Estados miembros. Basta con verificar, por ejemplo, que el Secretario General ostenta la representación legal del organismo, para comprenderlo. De allí, que quienes ejerzan dichas atribuciones al margen de la Ley, no solo condenan con la nulidad de sus actos a las instituciones, personas, o Estados con quienes mantengan relación jurídica, sino que se hacen responsables de las consecuencias que pudieran ocasionar sus actos.-

El último de los casos a destacar se ubica nuevamente en territorio centroamericano. Nicaragua, el país latinoamericano con mayor índice de pobreza en la región, después de Haití, casi podría competir también en cuanto a su manera de torcer las Leyes, cuando del poder se trata.

Si bien los hechos se producen en el año 2009, será el próximo 6 de noviembre, oportunidad en que se realizarán las elecciones nacionales en dicho país, en que los efectos de los mismos podrán apreciarse a plenitud.

La circunstancia tiene su origen en la prohibición de la reelección del presidente de la República de Nicaragua. En efecto, el literal a. del artículo 147 de la Constitución de la República, establece  “No podrá ser candidato a Presidente ni Vicepresidente de la República:

El que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la Presidencia de la República en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente, ni el que la hubiera ejercido por dos períodos presidenciales”.

Bien había sido conocida, desde tiempo atrás, la intención del presidente Ortega de permanecer en el poder, bajo cualquier figura jurídica que se lo garantizara. Si bien inicialmente se especulaba respecto del interés de Ortega, de modificar la Constitución de Nicaragua, a objeto de incluir la figura del Primer Ministro a fin de ocuparla en un futuro, esto nunca se materializó.

Vigente la normativa constitucional antes expuesta, y después de una serie de peripecias jurídicas del gobernante para neutralizarla (ante la Asamblea Nacional, y posteriormente ante el Consejo Supremo Electoral), Ortega obtiene lo que no había logrado hasta la fecha ningún ciudadano dentro de todo el Continente Americano. Y es así, que mediante un recurso de amparo ante un Tribunal de Apelaciones, en Managua, el Jefe de Estado solicita la desaplicación de la norma constitucional prohibitiva de su reelección, bajo el alegato del “Principio de la igualdad ante la Ley” establecido en el artículo 48 de la propia Constitución.

No obstante la existencia de un aspecto tan complejo, como lo es la modificación, eliminación, o desaplicación de una norma constitucional de tanta trascendencia como la que impide la reelección, el caso es que a las 72 horas de haberse iniciado los trámites ante el organismo jurisdiccional, y en menos de 24 horas de terminados éstos, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, “declara inaplicable el citado artículo 147 de la Constitución en la parte íntegra” y ordena al organismo electoral eliminar todos los obstáculos para la inscripción de Ortega como candidato presidencial.

No conforme con esta nueva oportunidad que le ha dado su presencia en el poder, el presidente Ortega no ha dejado al azar ninguna opción de derrota para las próximas elecciones nacionales, en donde los votantes deberán designar también a los nuevos miembros de la Cámara de diputados.  De allí que, de un plumazo,  bajo la excusa de contribuir con el “principio  de proporcionalidad establecido en la Ley Electoral”, Ortega se haya abrogado funciones Legislativas y haya derogado el Decreto 33-2001, -vigente desde hace poco más de diez años,  el cual había incorporado los municipios de “El Rama”, “Muelle de los Bueyes” y “Nueva Guinea” (Zonas de Caribe nicaragüense) a la región autónoma del Atlántico Sur (RAAS).  Así, mediante un Decreto presidencial (1502011),  trasladó las jurisdicciones de los municipios antes señalados, los cuales han sido tradicionalmente contrarios al oficialismo, anexándolos al departamento de Chontales, (Zona Central) y de gran influencia sandinista por corresponder al área de origen del mandatario. Con esto el gobernante se garantizaba la eliminación de uno de los grandes retos que ha tenido que asumir durante su actual presidencia, como lo es el tener que lidiar con una Asamblea adversa, en donde de 90 diputados, únicamente el Frente Sandinista ha contado con 38.

En Nicaragua son cuatro los candidatos que correrán en la contienda electoral del próximo mes de noviembre. Entre los más conocidos tenemos al ex presidente Arnoldo Alemán, juzgado y condenado por hechos de corrupción, y luego liberado gracias a pactos con el propio presidente Ortega.  Otro de los candidatos es el presidente Daniel Ortega.  Con el poder en sus manos resulta más que evidente quién ganará las elecciones.  Una vez más el poder del Estado puede más que el Estado de derecho.-

Son muchos los ejemplos que podríamos señalar, en donde nuestros mandatarios le otorgan poco o ningún valor a lo que representa el Estado de Derecho. Los casos aquí mencionados presentan distintas perspectivas de una misma situación: aquella dirigida a eliminar los obstáculos que el mismo Estado de derecho ha creado frente a los gobernantes, no para molestarlos a ellos-como muchos de éstos parecieran pensar-, sino para preservar la democracia que a ellos tanto les gusta manejar.

Existen infinidad de organizaciones, públicas y privadas, que día a día han venido haciendo seguimiento al desarrollo de nuestras democracias. Todas se enorgullecen al demostrar al mundo, con mapas y diagramas de colores, cómo han evolucionado nuestros pueblos hasta el punto que solo uno, Cuba, se mantiene al margen del régimen de libertades y del sistema democrático que los otros gobiernos ostentan, se equivocan.

Mientras nuestros Estados simplemente se sustenten en función de la denominación de un sistema político, sin que se cumplan con los principios fundamentales que lo garanticen; mientras el Estado de derecho sirva solo para garantizar la permanencia de nuestros gobernantes, pero no para garantizar nuestro derecho a su relevo; mientras las Leyes simplemente sirvan para mantenerse en el papel, seguirán siendo eso y solo eso: Leyes de papel.

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