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jueves, 11 de julio de 2013

VÍCTOR MALDONADO C., ¿HOMBRE FUERTE Y BUENO?

Uno de los retos que tenemos por delante es desasirnos de la exaltación histórica a la dictadura. Desde tiempos pretéritos nuestro gentilicio ha estado esclavizado por el imaginario que nos presenta al “buen dictador” como el solucionador de todas nuestras desgracias. 
Por alguna razón todos nuestros afanes terminan invocando a ese “déspota ilustrado” que elevándose sobre las miserias nacionales si va a poder administrar y distribuir la cosa pública con honestidad y eficacia. Esta ansiedad impostergable no es fácil de explicar, sobre todo en las clases medias supuestamente educadas, pero lo cierto es que las generaciones que vinieron después del gobierno de Pérez Jimenez vivieron una nostalgia fatal que ansiaba esa época, supuestamente edénica, donde el único delito era el meterse en la política. Y se pagaba con creces.
Luego vino el experimento democrático que tuvo que aprender rápidamente lo que podía ofrecer, presionado como estaba por el tiempo y asonadas de izquierdas y derechas. Ofreció también su propia versión de lo mismo, matizado, eso sí, por ese proyecto de modernización que suponía crear ciudadanía y oportunidades, pero que se enfrascó fatídicamente en esa dialéctica del poder que hizo sagrados y estratégicos los recursos de la nación,  y se engarzó en una relación de desconfianza con el emprendimiento privado, que tuvo que vivir sin garantías económicas, dispuesto por lo tanto a negociar cada espacio de oportunidades como si fueran privilegios.
Buscando al déspota irredento nos conseguimos con el chavismo. Todos estos años hemos estado encajados en un dilema casi fundacional que nos impide romper con ese socialismo silvestre que pretende la ilusión de un gobierno que se entromete para resolver entuertos. Todos somos socialistas en la medida que todos esperamos nuestra porción de la renta nacional sin que por eso nos sintamos responsables en la creación de nuevas riquezas y oportunidades.
Todos aplaudimos un régimen que obliga a determinar costos, fijar precios, administrar las divisas y establecer unilateralmente las condiciones de las relaciones laborales. Todos nos complacemos con la oportunidad de tener divisas sobrevaluadas, o una casa bien equipada, pero sin costos, o mantener ese precio ridículo de la gasolina. Todos, de alguna manera, no tenemos problema en participar de esa lotería nacional, siempre y cuando no empecemos a notar el desguace que ocurre detrás del escenario.
Pero lamentablemente un gobierno como el que nos gusta  solo tiene sentido interviniendo el sistema de mercado, sofocándolo a punta de controles y medidas y jugando a la candileja del “pan para hoy”. 
Este tipo de regímenes se alimenta de poder y del espectáculo de su propia arbitrariedad. Por eso ejerce de confiscador, monopolista y empresario capitalista, encargado de esos menesteres,  mientras el resto del país espera una distribución goteada de la supuesta riqueza, y paradójicamente aprecia y valida  la corrupción, la lenidad y ese discurso que confisca libertades y que iguala por la fuerza y hacia abajo, allí donde la estrechez de posibilidades y las largas colas nos hermanan a todos en tanto y en cuanto somos los menesterosos de la patria. Los presumidos “gobiernos fuertes” viven del cuento del “gallo pelón”.
El hombre fuerte no es bueno. Esa debería ser la gran conclusión de nuestra experiencia republicana. Las dictaduras y los supuestos redentores de la patria han resultado ser sus expoliadores. El hombre fuerte pero ocurrente, con piel de “tío tigre” y  talante del “tío conejo” no hizo a Chávez más eficaz ni al país más próspero. Así como los desplantes expropiadores no nos han dado mejores empresas y ni siquiera una mayor capacidad productiva.
Estos regímenes de insolencias autoritarias y violencia dosificada deberían ser valorados en sus resultados concretos.  Comencemos, por ejemplo, por el resguardo de la soberanía. El resultado al respecto es patético. 
Simplemente no sabemos donde se toman las decisiones de Estado. Algunos aseguran que en Cuba, otros dicen que los hermanos Castro operan como los grandes consejeros que por eso mismo arriman la sardina para su propio sartén. Pero sabemos que la ausencia de soberanía se paga en términos contantes y sonantes, y también en forma de intrusión obscena de  los sistemas de inteligencia y de defensa nacional. 
El hipotético “gobierno fuerte” ha convertido en escena cotidiana la intervención cubana en muchas áreas consideradas paradójicamente como estratégicas.
Pasemos entonces a algo más terrenal. La solidez económica, porque se supone que ese es un indicador de los gobiernos que hace gala de su fortaleza. La deuda ha escalado a velocidades sorprendentes. Las reservas internacionales son un galimatías tramposo y opaco que nadie se atreve a interpretar positivamente. Dependemos como nunca del negocio petrolero al que sin embargo se ha maltratado hasta dejarlo en condiciones francamente precarias. Y para colmo, la guerra contra el sector productivo nos ha dejado con la mitad de las empresas del pasado y sin ninguna oportunidad de que alguien sensato venga a invertir.  ¿Y los dólares? Ya sabemos el vacío en las arcas que resulta  inexplicable a menos que le pongamos costo a ese afán de dirigir la suerte del continente en el que se embarcó el chavismo.
Todo lo demás es debilidad. Hospitales que no funcionan. Policías que no garantizan ni siquiera la seguridad de sus propios funcionarios. Bandas armadas que funcionan como “leviatanes” alternativos e imponen su ley en las calles. Escuelas Públicas que son puro déficit y carencias. Universidades colocadas en el extremo de la inanición. Y todo esto conviviendo con decisiones rocambolescas como la financiación de satélites (aunque no tengamos como importar teléfonos celulares o proveernos con un internet de banda ancha razonable) o un parque de armas de guerra que pronto será chatarra y deuda. Entonces, ¿tiene sentido endosarnos al hombre fuerte y bueno?
El reto es lanzar al basurero de la historia ese mito y elaborar una nueva narrativa democrática, menos vinculada al usufructo del poder y más comprometida con el respeto a la ley y la garantía de derechos y libertades. 
Esa nueva narrativa debe tener límites y prioridades. Debe saber que decir, cuales son compromisos legítimos y cuales otros son espurios. Debe apostar a las instituciones y no a las montoneras de seguidores. Debe respetar las reglas del juego y no preponderar la trampa. Debe tener líderes y no caudillos endiosados. Y debe renunciar al cohecho, a la corrupción institucionalizada, al compadrazgo, el nepotismo y al juego cerrado que considera buenos solo a los amigos. Debe creer en la validez de las libertades y derechos así como apostar al emprendimiento nacional. 
Si no lo hacemos, no tiene sentido alguno pasar de este socialismo a otro, pero tampoco tendremos tiempo para evitar el desastre.
victormaldonadoc@gmail.com

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martes, 27 de marzo de 2012

VÍCTOR MALDONADO C: NUEVA LEY DEL TRABAJO ¿PARA QUÉ?

La segunda ley más importante después de la Constitución es precisamente la Ley del Trabajo. No sólo por la universalidad que pretende su cobertura, sino porque toca directamente la esencia del régimen económico. Por eso no extraña que su formulación tenga exigencias especiales, entre otras la ineludible discusión tripartita y pluralista, que no se puede escamotear con “cheques en blanco otorgados al redactor solitario por habilitación”, y mucho menos con ese tipo de monólogos que ocurre entre los que piensan de la misma manera y con los mismos puntos de vista. Una ley del trabajo que se gestione secretamente y que escamotee el debate será siempre una ley mala porque las leyes buenas persiguen finalidades, consideran los medios que tienen disponibles (son realistas) y parten de una condición dada. Y todos estos aspectos se discuten abiertamente. Si no cumplen estos requisitos son irracionales y poco contribuyen al bienestar y la prosperidad del país. Veamos entonces cuáles pueden ser los objetivos de una nueva ley del trabajo.

Su primer propósito debería ser fomentar el empleo productivo: “Sin empleo productivo será imposible lograr el objetivo de alcanzar niveles de vida dignos, integración social y económica, y desarrollo personal y social” (Fuente OIT http://bit.ly/GANkDJ) El segundo es garantizar la debida incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo, porque los jóvenes tienen tres veces mayores dificultades para emplearse. El tercero, propender al trabajo digno: “Significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres”. (Fuente OIT http://bit.ly/l3d800) Y el cuarto, garantizar la sostenibilidad del mercado laboral dentro de un sistema de mercado fuertemente asentado en empresas privadas. Fuente OIT http://bit.ly/GD5U2c) No es un buen negocio para ningún país que el empleo se encubra bajo los eufemismos de una burocracia creciente (En Venezuela es ya el 18% de la P.E.A.) o de los ajustes hacia el sector informal de la economía (que en nuestro caso gravita alrededor del 41%).
¿Qué ley del trabajo necesitamos? Al parecer nadie se ha formulado esa pregunta. Por ahora el secretismo y el fanatismo ideológico amenazan con encoger la capacidad de empleabilidad del país formal y con alejarnos de los parámetros que miden los empleos de calidad. Si no acertamos, la única ganancia será de la pobreza, que seguirá creciendo, y la constatación de que por la florida ruta del populismo solo llegamos a la ruina del país, porque no hay atajos posibles para la productividad.
La productividad es la relación que hay entre la producción total y los recursos –tiempo, dinero y esfuerzo- invertidos en lograrla¬. Por supuesto que entre los insumos utilizados y los resultados obtenidos tiene que haber la máxima eficiencia posible, porque solamente así podemos aspirar a ser competitivos con otros países. La respuesta a la pregunta que nos hemos planteado es precisamente si con los actuales niveles de eficiencia se puede financiar una mayor retribución al trabajo sin afectar dramáticamente la productividad.
Hay varias aristas relevantes a la hora de considerar el problema. La primera y la más importante es la vigencia de una economía controlada y con una fuerte vocación para el desmantelamiento de los activos productivos. Con menos empresas hay más presión hacia el empleo público y hacia el sector informal de la economía, que cuenta con sus propias reglas. La segunda tiene que ver con la taxonomía del sector empresarial venezolano, en el que nueve de cada diez empresas son pequeñas y medianas. Estas tienen menos capacidad para ajustarse a una ley laboral más exigente, y por lo tanto, medidas como las que se vienen anunciando ocasionaran una gran mortandad en esos estratos. La tercera está relacionada con el grado de escolaridad de nuestra población económicamente activa: El 68% en el mejor de los casos culmina el bachillerato. Y de éstos, el 41% apenas culmina el sexto grado. La poca escolaridad de un porcentaje tan alto del sector laboral explica las debilidades existentes para comprender y asumir la complejidad de las empresas y los principios y valores que permiten un trabajo organizacional competitivo. La cuarta tiene que ver con la distribución del mercado de trabajo entre el sector formal y el sector informal. Para el mes de febrero del 2012 estaban trabajando en este último el 41,6% equivalente a 4.950.975 personas, accediendo difícilmente a un trabajo precario, sin seguridad social y otros beneficios. El endurecimiento de las condiciones laborales inundará de nuevos desempleados el sector informal, hará más precaria nuestra producción y relegará al país al sótano de los países menos competitivos.
Una ley que decrete la inamovilidad perpetua se convierte en un obstáculo para la obtención de valores modernos como la responsabilidad, la honradez, la productividad, la calidad de servicio y la sana competencia. No hay organización que pueda mantenerse sin que la gente tenga incentivos para mejorar sus destrezas, incrementar su motivación y mejorar su desempeño. Nada de esto es posible con una condición que asegura sueldo y beneficios sin que importen conocimientos, habilidades, actitudes y resultados. El pretender que el trabajo es un derecho adquirido sin que haya contraprestación de un marco mínimo de obligaciones es un error que conduce a tragedias sociales como las que estamos apreciando en países como Grecia o España. Nadie puede exigir si antes no contribuye, y todos deberían saber que no existe el milagro de arroparse más allá de donde alcanza la cobija.
Venezuela es un país endeudado. El petróleo, ni siquiera a buenos precios, alcanza para sostener a 29 millones de personas si estas no tienen un compromiso con el trabajo productivo. Lo que está haciendo Chávez al promover una LOT inconsulta e insensata es enterrar la esencia básica de la institucionalidad republicana, cual es que no hay país que no se deba al arduo trabajo de sus ciudadanos, porque para repartir primero hay que producir excedentes. Ojalá la expectativa a este saqueo nacional de paso a una mirada más serena de nuestras propias posibilidades.

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