Las
historias mínimas de estos días en Venezuela, ocultas tras la madeja de
sobreinformación digital sobre las protestas en las últimas semanas, dicen
tanto como las terribles cifras muertos, heridos y detenidos en todo el país.
El
pasado 28 de febrero, mientras cubría las protestas de Plaza Altamira en
Caracas, fue detenida la fotorreportera de origen italiano Francesca Commisari
junto a otras personas. Venezolana de Televisión, a los minutos, difundió la
versión de que 8 extranjeros, “solicitados por terrorismo”, habían sido
apresados en la “guarimba opositora”, citando un mensaje de la red social
twitter del propio presidente Maduro.
A
nivel internacional, no obstante, la información sobre la detención de una
periodista extranjera cuando realizaba su trabajo tomaba otro matiz, generando
un costo político demasiado alto para un proyecto basado, en buena medida, en
su imagen internacional. Commisari no fue deportada, como se anunció en las
primeras horas, y pudo recobrar su libertad plena 7 horas después. El resto de
los detenidos no contaron con tanta suerte.
El
testimonio de la fotógrafa es importante por varias razones. La primera, porque
es difícilmente descalificable a priori por parte de los partidarios del
oficialismo. Commisari, por lo menos hasta ese 28, era una entusiasta del
proyecto bolivariano, tanto que la motivó a prestar su propia imagen en la campaña
electoral presidencial del año 2012, cuando participó en la estrategia
publicitaria “Si fuese venezolana votaría por Chávez”. Dos de las situaciones
relatadas, vividas en carne propia por la italiana, se vienen repitiendo en
muchas de las detenciones recientes en el contexto de manifestaciones.
Francesca relata que en su ingreso al centro de privación de libertad se le
acusó de ser detenida portando una bomba incendiaria tipo Molotov. Diferentes
testimonios de personas detenidas y sus familiares, en varios puntos del país,
también hablan del forjamiento de pruebas incriminatorias, como la obligación
de tomarse fotos con determinada indumentaria (capuchas, por ejemplo) o al lado
de objetos utilizados para la generación de protestas violentas.
El
segundo hecho contado por la periodista es la incautación de su equipo de
trabajo, cámara fotográfica y varios lentes “zoom” especiales, por parte de la
Guardia Nacional Bolivariana, que tras la recuperación de su libertad no le fue
devuelto. A los días, Commisari se percató que estaba siendo vendido a través
del portal Mercado Libre, lo que denunció a través de su cuenta twitter.
Las
organizaciones de derechos humanos como Provea o el Foro Penal, han denunciado
este nuevo patrón aplicado contra las personas retenidas por pocos minutos o
detenidas en el contexto de protestas: El robo por parte de funcionarios
policiales, militares y paramilitares. Los manifestantes se han convertido en
un particular “botín de guerra” en los últimos días. Los “tesoros” más disputados
por los funcionarios son celulares y cámaras fotográficas. Incluso hay
denuncias de cobro de “vacuna” para que los detenidos no sean víctimas de malos
tratos o para que sean liberados.
02
Algunos
afectos al gobierno venezolano han intentado justificar la represión contra las
protestas en el país argumentando que las mismas se hacen contra un proyecto
político que ha ganado no-sé-tantas elecciones seguidas. Si bien este es un
dato, que no se puede desconocer, no es un valor positivo omniabarcante en sí mismo.
El
fenómeno populista latinoamericano, a través de la historia, ha necesitado de
la legitimación electoral para su proyecto de dominación. Para no irnos tan
atrás en el tiempo, siempre hay que recordar que Alberto Fujimori, otra figura
carismática y populista de la región, ganó tres elecciones seguidas con
altísima popularidad, generando una cultura política que hasta hoy, a pesar de
la condena por violaciones a los derechos humanos, sigue teniendo apoyo de
amplias capas de la población peruana, como lo demostró la altísima votación
recibida por su hija, Keiko Fujimori, en las últimas elecciones. ¿Son más
inteligentes los votantes venezolanos que los peruanos? No. El apoyo a
proyectos autoritarios tiene disímiles explicaciones según el contexto. Al igual
que durante el gobierno bolivariano de Hugo Chávez, fue durante el mandato de
Alberto Fujimori que fue creada la figura de la Defensoría del Pueblo. Sin
embargo, la diferencia entre el primer defensor del pueblo peruano, Jorge
Santistevan y la actual defensora del pueblo Gabriela Ramírez (en el cargo
desde el año 2007), son abismales. A pesar del evidente autoritarismo, entre
los años 1996 y 2006 Santistevan se involucró en las denuncias más graves y
complejas sobre los abusos y arbitrariedades estatales, algunos políticamente
inadecuados para un funcionario “complaciente”, como el impulso a la comisión
que propuso la liberación de presos inocentes que habían sido sentenciados por
terrorismo sin prueba alguna en su contra.
Aquella
Defensoría del Pueblo se puso al frente de los informes de violaciones al
derecho a la vida cometidas por el ejército –que fueron cruciales años después
como insumo para la Comisión de la Verdad-; el impulso a la tipificación de la
tortura como delito en el país; la investigación de las denuncias sobre
esterilizaciones forzadas realizadas por el gobierno en zonas humildes, así
como la creación de una cultura del reclamo frente a las instituciones
públicas. Cuando la sociedad y organizaciones de derechos humanos del Perú
calificaban a Fujimori como un “dictador” –especialmente tras la disolución del
parlamento-, encontraban en la Defensoría del Pueblo un aliado para sus
denuncias.
En
Venezuela, un país en donde es fácil demostrar que no existe división de
poderes, la actuación de la Defensoría del Pueblo es antagónica a la de su
homóloga peruana. Gabriela Ramírez ha declarado abiertamente su militancia
“chavista” y es un apéndice propagandístico del proyecto gubernamental.
En
las protestas recientes ha amplificado la versión oficial que sostiene que
existe un “Golpe de Estado” y que los excesos son atribuibles exclusivamente a
los manifestantes. Ramírez ha encabezado una Fundación gubernamental que
intenta difundir una sui generis “teoría crítica” de los derechos humanos, que
pone el énfasis de responsabilidad de las violaciones en los actores privados
empresariales y minimiza la del Estado, una propuesta que quizás tenía más
sentido en la década de los 90´s bajo la ofensiva del neoliberalismo en el
continente que hoy, cuando varios Estados –especialmente el venezolano- han
recuperado su capacidad regulatoria y de atracción de capitales en la promoción
del extractivismo.
Ramírez
no sólo se niega a trabajar coordinadamente con las organizaciones de derechos
humanos, sino que sistemáticamente las descalifica y miente sobre las propias
denuncias recibidas por su despacho. En un contundente informe, el Centro de
Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello ha refutado las falsas
afirmaciones que realiza la Defensora en el espacio al cual dedica más tiempo
en sus labores: El propagandístico. Los dislates de sus declaraciones han
popularizado un dicho en las redes sociales venezolanas: “A la Defensora le
falta Pueblo”.
03
Cuando
escribo esto suman 21 las muertes en el contexto de las recientes
manifestaciones en Venezuela. Las tres primeras, que expandieron la indignación
como un sarampión por todo el país, es suficientemente claro que son
responsabilidad de funcionarios estatales (incluyendo en el lote los
parapoliciales que han protagonizado la represión a manifestantes). Sólo la
evidencia de decenas de fotografías y videos, así como la valentía del equipo
de investigación del diario Últimas Noticias, logró que la Fiscal General de la
República, quien había repetido versión de autoría material por “violencia
fascista”, reconociera la responsabilidad del Estado en las violaciones al
derecho a la vida.
Investigar
de manera expedita y transparente todas y cada una de esos asesinatos, y
sancionarlos con respeto al debido proceso, es una necesidad para la paz y
concordia de los venezolanos. Sin embargo, y es terrible reconocerlo, no hay
condiciones para ello.
Los
muertos están siendo usados para proselitismo partidista. Los cuervos están
volando muy alto en Venezuela.
Rafael
Uzcátegui
@fanzinero
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