En el siglo pasado se ordenaban detenciones y
otras medidas punitivas sin fórmula de juicio, ya que no era necesario guardar
apariencias. Hoy, las declaraciones del corrupto coronel y Magistrado del
Tribunal Supremo de Justicia Eladio Aponte avalan lo que era evidente: el
teniente coronel dictador siglo XXI sí requiere guardar formulismos y para ello
exige la sumisión de jueces y fiscales. En este artículo solo nos referiremos a
algunos casos relacionados con los trabajadores ilegalmente despedidos de Pdvsa.
Caso desalojos de viviendas y atropellos en
Campo Petrolero de Los Semerucos, Estado Falcón: La ocupación de esas
viviendas estaba regida por las relaciones contractuales y cuando se
produjeron los violentos e ilegales desalojos esa relación de trabajo no estaba
legalmente terminada. Recordamos las agresiones a niños, ancianos, mujeres y
hombres en horas de la madrugada por parte de los chacales del Destacamento 44
de la Guardia Nacional. En este caso
intervinieron Camilo Hurtado, Juez Cuarto Civil; Marcos Rojas, Juez Superior
Civil, Libeta Valbuena, Juez Municipio Carirubana; Isabel Angulo, Juez Titular
de Ejecución del Municipio Carirubana y la abogada Carnevali, Fiscal de
Protección del Niño y del Adolescente.
Caso Punta de Mata, Estado Monagas: Los jueces
Zoraida Gofre y José Tomás Barrios ordenaron los desalojos ilegales, los cuales
ejecutó la juez María Zambrano. Caso San Tomé, Estado Anzoátegui: El desalojo
lo ordenó Ramón Guevara, Juez de Cantaura y los ejecutó la juez Mayra Millán.
En Anaco la juez Ejecutora fue María Bolívar.
El 26 de febrero 2003 el Fiscal José Benigno
Rojas acusó a ocho de nuestros miembros de Gente del Petróleo por el paro
cívico del 2 de diciembre, entre ellos a Horacio Medina, Juan Fernández, Edgar
Paredes, Edgar Quijano, Lino Carrillo y Juan Santana; la Juez Belky Cedeño dictó privativa de libertad.
Posteriormente la Sala Constitucional dictaminó que el proceso era nulo y
ordenó reiniciarlo y el 21 de diciembre del 2004 volvieron a dictarles
privativa de libertad a pesar de que se habían presentado a todas las
audiencias.
Esta denegación de justicia los obligó a exiliarse. Hay que agregar
que tanto los Tribunales Laborales, como los Inspectores del Trabajo rechazaron
los alegatos de los casi 23.000 despedidos, a pesar de que algunos estaban de
vacaciones o de reposo médico.
Por otra parte, Omar Mora y otros jueces
negaron jubilaciones aprobadas y con
derecho adquirido. Como somos afectados, no podemos afirmar que la verdad está
de nuestro lado, por lo que solo solicitamos se investiguen estos casos, ya que
hay muchos otros Aponte.
Como en botica: Hay asesinatos y fugas en las cárceles, cortes de
electricidad y escasez de gasolina, pero el régimen sostiene que son inventos
de los medios. El deseo de retirase de la CIDH es inconstitucional y una señal
de que seguirán violando los derechos
humanos. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
eddiearamirez@hotmail.com
EL ENVÍO A NUESTROS CORREOS AUTORIZA PUBLICACIÓN, ACTUALIDAD, VENEZUELA, OPINIÓN, NOTICIA, REPUBLICANO LIBERAL, DEMOCRACIA, LIBERAL, LIBERALISMO, LIBERTARIO, POLÍTICA, INTERNACIONAL, ELECCIONES,UNIDAD, ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA
