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martes, 3 de febrero de 2015

GERMAN CABRERA, UNA HISTORIA BONITA

Un buen señor decide construir un edificio en una zona popular de Caracas. Emprendedor él, logra conseguir tras mucho esfuerzo los materiales fundamentales para tal empresa como cemento, vigas y cabillas, pese al desabastecimiento feroz derivado de las expropiaciones, latrocinios y depredaciones de La Revolución.

Luego llega a acuerdos monetarios con los capos de uno de los tantos Sindicatos de la Construcción,  organizaciones lucrativas propiedad de adeptos al gobierno, cuyas tareas básicas son la venta de puestos de trabajo y el asesinato de la competencia.
Una vez resueltos estos problemas, y tras largos meses de esfuerzo, el buen señor observa orgulloso su obra casi terminada.
Pero hete aquí que en una madrugada cualquiera llegan dos camiones ocupados por hombres armados y muchas mujeres con innumerables infantes en brazos a manera de escudo intocable. Cortan cadenas, destripan candados, desguazan cerraduras, corren a patadas al vigilante y se apropian del edificio. Aquél grupo no está constituido por desamparados con hambre, es otro exponente del facilismo codicioso en la era revolucionaria: invasores profesionales que una vez instalados negociarán su nueva propiedad.
De inmediato despliegan desde las ventanas largas pancartas en las que se lee: “No somos ladrones ni escuálidos, somos chavistas. Ocupamos este edificio porque no tenemos casa y nuestros hijos la necesitan. Quisiéramos pagar por estos apartamentos pero no contamos con el dinero suficiente. Solicitamos ayuda del Presidente y de La Revolución”.
El señor no puede creer que aquello le esté sucediendo a él que tan bien ha manejado las relaciones con el oficialismo. De manera que, armado con sus razones innegables acude a las autoridades y, después de meses de trámites engorrosos y entrega de recaudos, el Poder Judicial falla a su favor y emite orden de desalojo.
Pero pasan las semanas y nadie cumple la orden. Ni la Policía Bolivariana, ni la Estatal, ni la Municipal, ni la Guardia del Pueblo, ni Las Milicias Populares, ni las Fuerzas Armadas son capaces de ponerle el cascabel al gato.
Entonces el buen señor, a través de los oficios de un familiar enchufado, consigue una cita con un altísimo funcionario ministerial, General para más señas, quien le plantea la imposibilidad de que algún organismo estatal lleve a cabo el desalojo vistos los costos políticos de esa medida. Luego le entrega un número de teléfono. –Hable con esta gente, ellos pueden resolverle el problema. Son miembros de un Colectivo- dice.
De manera que el asombrado señor se comunica con La Gente del Colectivo les explica la situación, paga y queda a la espera.
Días después, algunos miembros del Colectivo acuden al edificio y solicitan a los invasores la desocupación del inmueble pero no  sólo reciben insultos sino que además son despedidos a pedradas.
De inmediato los ocupantes construyen una barricada inexpugnable en la entrada principal.
Pasan dos semanas sin que nada suceda hasta que una noche un enorme camión embiste la barricada. Vuelan vigas, barriles, palos, rejas y varios hombres armados entran al edificio a plomo limpio. Mueren dos, tres, cuatro invasores, el resto es desalojado a empujones y sus pertenencias arrojadas desde las ventanas.
El buen señor recupera su edificio, los muertos, muertos quedan y nadie investiga nada. Es un procedimiento normal.
Estamos en Revolución.
German Cabrera
german_cabrera_t@yahoo.es
@germancabrerat

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miércoles, 9 de mayo de 2012

EDDIE A. RAMÍREZ S., ¿OTROS APONTE?

En el siglo pasado se ordenaban detenciones y otras medidas punitivas sin fórmula de juicio, ya que no era necesario guardar apariencias. Hoy, las declaraciones del corrupto coronel y Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Eladio Aponte avalan lo que era evidente: el teniente coronel dictador siglo XXI sí requiere guardar formulismos y para ello exige la sumisión de jueces y fiscales. En este artículo solo nos referiremos a algunos casos relacionados con los trabajadores ilegalmente despedidos de Pdvsa.

Caso desalojos de viviendas y atropellos en Campo Petrolero de Los Semerucos, Estado Falcón: La ocupación de esas viviendas  estaba regida por  las relaciones contractuales y cuando se produjeron los violentos e ilegales desalojos esa relación de trabajo no estaba legalmente terminada. Recordamos las agresiones a niños, ancianos, mujeres y hombres en horas de la madrugada por parte de los chacales del Destacamento 44 de la Guardia Nacional.  En este caso intervinieron Camilo Hurtado, Juez Cuarto Civil; Marcos Rojas, Juez Superior Civil, Libeta Valbuena, Juez Municipio Carirubana; Isabel Angulo, Juez Titular de Ejecución del Municipio Carirubana y la abogada Carnevali, Fiscal de Protección del Niño y del Adolescente.

Caso Punta de Mata, Estado Monagas: Los jueces Zoraida Gofre y José Tomás Barrios ordenaron los desalojos ilegales, los cuales ejecutó la juez María Zambrano. Caso San Tomé, Estado Anzoátegui: El desalojo lo ordenó Ramón Guevara, Juez de Cantaura y los ejecutó la juez Mayra Millán. En Anaco la juez Ejecutora fue María Bolívar. 

El 26 de febrero 2003 el Fiscal José Benigno Rojas acusó a ocho de nuestros miembros de Gente del Petróleo por el paro cívico del 2 de diciembre, entre ellos a Horacio Medina, Juan Fernández, Edgar Paredes, Edgar Quijano, Lino Carrillo y Juan Santana; la Juez  Belky Cedeño dictó privativa de libertad. Posteriormente la Sala Constitucional dictaminó que el proceso era nulo y ordenó reiniciarlo y el 21 de diciembre del 2004 volvieron a dictarles privativa de libertad a pesar de que se habían presentado a todas las audiencias. 

Esta denegación de justicia los obligó a exiliarse. Hay que agregar que tanto los Tribunales Laborales, como los Inspectores del Trabajo rechazaron los alegatos de los casi 23.000 despedidos, a pesar de que algunos estaban de vacaciones o de reposo médico. 

Por otra parte, Omar Mora y otros jueces negaron  jubilaciones aprobadas y con derecho adquirido. Como somos afectados, no podemos afirmar que la verdad está de nuestro lado, por lo que solo solicitamos se investiguen estos casos, ya que hay muchos  otros Aponte.

Como en botica: Hay asesinatos  y fugas en las cárceles, cortes de electricidad y escasez de gasolina, pero el régimen sostiene que son inventos de los medios.   El deseo de retirase  de la CIDH es inconstitucional y una señal de  que seguirán violando los derechos humanos. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados! 

eddiearamirez@hotmail.com

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