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| CARLOS CANACHE MATA |
ONU:
“... el 10 de diciembre de 1948, se aprueba la Declaración Universal de
Derechos Humanos, y, como ésta no tenía valor jurídico obligatorio, el 16 de
diciembre de 1966 se aprobaron el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que, al ser ratificados por los
Estados, tienen carácter vinculante y se incorporan al ordenamiento legal
interno de los países firmantes...”
Aun cuando después de la Primera Guerra
Mundial (1914-1918) se insistió en que la garantía y protección de los derechos humanos no podían dejarse exclusivamente en las manos
de los gobiernos, es a partir de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) que
cobró impulso su resguardo por la vía internacional. Las deportaciones, los
campos de concentración y el exterminio de seis millones de judíos durante el
gobierno nazista de Hitler contribuyeron decisivamente al relanzamiento de la
internacionalización de los derechos humanos.
Es así como el 26 de junio de 1945 se firma en San Francisco la
Carta fundacional de la ONU, que, en su artículo 1, expresa su propósito de
promover “el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma
o religión”. Luego, el 10 de diciembre de 1948, se aprueba la Declaración
Universal de Derechos Humanos, y, como ésta no tenía valor jurídico
obligatorio, el 16 de diciembre de 1966 se aprobaron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, que, al ser ratificados por los Estados, tienen carácter vinculante
y se incorporan al ordenamiento legal interno de los países firmantes.
En la estructura organizativa de la ONU se
creó el Comité contra la Tortura, compuesto por 10 expertos independientes,
ante el cual concurrieron el 6 y 7 de
este mes representantes del Estado y de varias ONGs para revisar si Venezuela
está cumpliendo la Convención contra la Tortura
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la cual es
signatario nuestro país. Jens Modvig, relator del informe sobre Venezuela,
cuestionó la represión contra las protestas estudiantiles que comenzaron en
febrero de este año con un saldo de más de 40 muertos, más de 3.000 detenciones
y 138 casos de torturas denunciados por el Foro Penal Venezolano; también se
refirió a la actuación de los colectivos o grupos armados vinculados al
oficialismo que actúan fuera de la ley y preguntó si “prevén el posible
desmantelamiento de esas fuerzas”, las cuales, en los medios del día 6 y
mientras se efectuaba la interpelación en el Comité, curiosa y desafiantemente
declaraban que seguirían con las armas “para la defensa comunitaria”. Otros
miembros del Comité se refirieron al desastre del sistema penitenciario, al
retardo procesal, a la falta de independencia judicial y a los casos de la juez
Afiuni y de los presos políticos Leopoldo López, Enzo Escarano, Daniel Ceballos
y Salvatore Lucchese en Ramo Verde, cuya reclusión ha sido ampliamente
documentada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de la misma
ONU.
¿Cómo respondieron los representantes del
régimen? Con evasiones y mentiras y sin informar cuándo se invitaría visitar a
Venezuela a los Relatores de Derechos Humanos de la ONU, lo que hasta ahora se
ha negado a 8 de ellos.
Carlos
Canache Mata
canachemata@gmail.com
@CarlosCanacheMa
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