El 84% de los venezolanos han reducido el consumo de alimentos y de otros bienes de primera necesidad comparado con el año pasado.
No podía ser de otra manera. Al entrar en el segundo año de crisis económica, las consecuencias para las familias venezolanas se expresan en reducción del consumo y desempleo. Mientras todo el continente está en franca recuperación económica, Venezuela no sólo tiene la más alta inflación del mundo (será de 29,7% este año 2010), sino que tendrá una nueva reducción del PIB para finales de año.Esta inflación afecta especialmente el consumo de los sectores de menos recursos.
Fundamentalmente porque la inflación en los alimentos es superior a la inflación general. Todo como consecuencia de que el gobierno debió aumentar los precios en rubros regulados y no regulados. Tales son las distorsiones en la producción de bienes básicos en el país.
La reducción del consumo, consecuencia de la pérdida de poder de compra que causa la inflación, pudo ser impedida por el gobierno. Al menos desde 2004 (cuando Rodrigo Cabezas comenzó a proponer la reconversión monetaria y a prometer una tasa de inflación de un dígito) los precios no han dejado de subir, siempre por causas previsibles, anunciadas y evitables.
Por una parte, buena parte del rápido incremento de los precios del petróleo fue inmediata e irresponsablemente destinado al gasto interno y a las importaciones. El gobierno sólo no ahorró para tiempos peores (ignorando el FIEM), sino que recurrió a mecanismos inconstitucionales de gasto (como el FONDEN), aumentando la demanda de bienes y servicios de modo insostenible y desigual. Mientras la crisis financiera no frenó el boom petrolero el PIB creció en Venezuela, junto con las importaciones y la inflación.
Con el frenazo cayeron el PIB y las importaciones, pero no la inflación. Todo lo contrario: la oferta de bienes y servicios parece caer más rápido que la demanda, causando desabastecimiento y mayores precios.
Las medidas que toma el gobierno empeoran la situación. Por un lado empuja los precios al alza, y por otro se niega a reconocer los incrementos, penalizando a productores y comerciantes y generando pérdidas, quiebras y desabastecimiento. Además aprueba leyes que, al poner el trueque en primer término, anuncian la pretensión comunista de diseñar una economía donde coexisten formas de dinero no convertibles entre sí, que obligarían a las personas a intercambiar bienes sólo dentro de territorios delimitados o con empresas del gobierno, a precios fijados arbitrariamente por el gobierno.
Estas intenciones no pueden más que anunciar peores condiciones jurídicas para los productores, y provocar desinversiones muy costosas para nuestra economía.
El plan, que el gobierno hace más claro con cada nueva ley, no permite albergar muchas esperanzas. El consumo no sólo continuará cayendo, sino que el gobierno recurrirá en algún momento a mecanismos de racionamiento como los utilizados en economías comunistas. Como el Presidente reconoce, está destruyendo la economía que él denomina capitalista. Tarda mucho en crear la que llama socialista, y tardará más aun, porque es inviable por extraordinariamente costosa.
¿Qué propone la Unidad Democrática?
La Unidad Democrática aspira lograr la mayoría en la Asamblea Nacional justamente para colocar los problemas de inflación y caída del ingreso en la agenda de temas fundamentales de los venezolanos.
No es aceptable que la actual Asamblea no haya interpelado a los ministros responsables de la economía y de la alimentación para que expliquen cuáles son las políticas que están implementando para corregir esta situación. Especialmente para garantizar el balance alimentario de la población, la disponibilidad y acceso oportuno de los alimentos, en general, la seguridad alimentaria, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria en su artículo 5.
Un nuevo Parlamento debería comenzar por señalar las graves debilidades de este sistema, derogar las leyes que impiden la participación privada, aprobar las que regulen y eviten abusos posibles de empresas públicas y privadas, y obligar al gobierno a realizar la gestión transparente y efectiva que establece la Constitución de 1999
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