Es una obligación del Estado colombiano, y
por ende de las Fuerzas Militares y de Policía, monitorear e interceptar las
llamadas, los mensajes y movimientos financieros y físicos de los hombres de
las Farc en Cuba.
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| SANTOS EL HOMBRE DE FIDEL EN COLOMBIA |
El gobierno y el Estado colombiano deben saber, en todo
momento, qué hacen y qué planean los
jefes de la banda narco-terrorista en La Habana. Igualmente, una conversación
telefónica entre un periodista y un jefe de las Farc, esté en La Habana o no,
es un blanco legítimo de las intercepciones oficiales. Tales operaciones de
“espionaje” del Estado colombiano no deben ser criticadas ni perseguidas
judicialmente, ni mediáticamente. Esos
actos son no sólo legales sino justificados y necesarios. Es lo que el Gobierno
de Santos, la Fiscalía de Montealegre y una parte de la prensa olvidaron en
estos días cuando creyeron ver, sin haber investigado ni tener pruebas de nada,
que lo que realizaba una célula secreta del Ejército en el sector de Galerías
de Bogotá era “inteligencia ilícita”.
Son los servicios de inteligencia cubanos,
sobre todo el tenebroso G-2, los que hacen
esa “inteligencia ilícita” todos los días en Colombia, sin que Santos,
ni la revista Semana, ni los periodistas que se rasgan las vestiduras y dicen
haber sido escuchados, se le ocurra escribir una línea al respecto. Esos
servicios espían, además, cada gesto y cada palabra de los negociadores
enviados por el gobierno colombiano a las llamadas “negociaciones de paz” en La
Habana. Pues por más sofisticado que sea
no hay teléfono que no pueda ser penetrado. ¿No se acuerdan acaso de lo que le ocurrió a
Gorbachov? Su teléfono parecía ser el más seguro del mundo, cuando el líder
soviético estaba en el poder. Empero, los servicios americanos lograron
incrustarle un micrófono. ¿En el caso
que nos ocupa, por qué dejar el monopolio de esa vigilancia especial,
telefónica o no, a los servicios de la dictadura cubana y a sus aparatos de
penetración y subversión en Colombia?
¿Los cubanos no interceptan acaso las comunicaciones telefónicas de Colombia desde su base de espionaje electrónico de Lourdes, a pocos kilómetros de La Habana, la cual funcionó hasta el año 2001 con apoyo moscovita y que ahora ha sido reforzada por la China comunista? Semana se calla como una carpa ante eso aunque no puede ignorar esa realidad.
La primera reacción del presidente Santos
ante la curiosa chiva de Semana fue asombrosa: aunque el allanamiento de esa
oficina había ocurrido el 23 de enero, el jefe de Estado colombiano no sabía,
una semana después, si se trataba o no de una acción legítima del Estado.
Increíble. Aconsejado no se sabe por quién,
Santos repudió esa actividad y hasta ordenó apartar de sus cargos a dos
altos mandos: al jefe de Inteligencia del Ejército, Mauricio Ricardo Zúñiga, y
al director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército, Oscar Zuluaga.
El daño causado a esos servicios tan vitales para la seguridad nacional no será
jamás reparado.
Santos corrió a decir que había “fuerzas
oscuras saboteando el diálogo” con las Farc, es decir utilizó la técnica de la
alusión para atribuir, de nuevo, al ex
presidente Álvaro Uribe la
responsabilidad de ese acto “ilegal”, y pidió una investigación. Horas después,
sin admitir que había cometido una falta grave, Santos calificó de “totalmente
lícitas” esas operaciones de inteligencia y hasta justificó la existencia de la
central allanada. Sin embargo, como si Santos no hubiera abierto la boca para
corregirse, la Fiscalía siguió sus allanamientos y sus decomisos de
documentación sensible y de computadores (ya lleva incautados 26). Pregunta: si
el presidente Santos y el ministro de Defensa declararon que lo de Andrómeda
era una actividad legal ¿porque el Fiscal sigue corriendo? ¿La declaración de Santos fue insincera?
Los sabuesos de Eduardo Montealegre fueron
hasta Facatativá, a la Central de
Inteligencia Técnica, para continuar el
trabajo llegando a exceder los límites
de la misión como es echarle mano a los archivos de esa guarnición y recuperar
los discos duros de esa sede.
¿Todo eso para beneficiar a quién? Esa es la gran pregunta.
La actitud de Eduardo Montealegre es
inaudita. Ordenó un allanamiento sin cumplir con lo más básico: investigar
primero y obrar después. Pues dijo: “Si
hubiera sabido que era legal no hubiéramos allanado”. Interesante. El Fiscal
General hizo, pues, lo contrario: allanó primero y dice que investigará
después. Pero su “investigación” en estos momentos parece no tener límites y
por eso toma la forma de una cruzada para buscarle el pierde a la inteligencia
militar. ¿Está el Fiscal en su función al obrar de esa manera?
Por esa falla, por esa falta profesional
gravísima, el Fiscal Montealegre debería renunciar a su cargo. El probó que no
está a la altura. Lo que hizo le causa más problemas al país de lo que él cree.
Eduardo Montealegre es como Gustavo Petro: son activistas a quienes el país les
dio la oportunidad de probar sus capacidades. Sin embargo, sus desempeños en
cargos oficiales le crearon al país desórdenes que no se sabe cómo ni cuándo
serán reparados. La lección de esto es obvia: no se le puede entregar la
defensa del Estado, o de una parte clave del Estado, a quien no cree, por
razones ideológicas, en ese Estado.
La prensa también mostró el cobre. Algunos
periódicos publicaron fotos de jóvenes gamers y de hackers éticos y los
mostraron como “espías”. No habían hecho su trabajo de verificar la
información. Ahora tendrán que reparar el daño hecho a esas personas. En cuanto
a Semana, su problema no es haber revelado el allanamiento. Lo reprochable es
utilizar un acto periodístico, el descubrimiento de un hecho, para hacer
activismo político. Lo hizo al sugerir, temerariamente y sin ningún respaldo
factual, que Uribe estaba detrás de eso, y al decir que el Ejército estaba “espiando a los negociadores del Gobierno en
Cuba y a distintos líderes de la izquierda colombiana”. ¿Cómo Semana podía saber eso si hoy, veinte
días después de los hechos, según lo admite Caracol Radio, “ninguna autoridad
ha confirmado hasta el momento que allí se hayan realizado interceptaciones
ilegales”?
Un último punto. Todo este folletón de
Galerías fue lanzado al aire cuando las Farc desde Cuba le pedían a Santos
“negociar un cese bilateral para los [próximos] comicios”. Al insistir días
después en eso, alias Andrés París agregó que lo que amenaza la campaña
electoral no son ellos sino el Estado, es decir “el espionaje a los
negociadores y otros políticos”. El jefe fariano introdujo una mentira para tratar
de reorientar el escándalo montado por Semana, y el mensaje fue: la
inteligencia militar debe cesar sus actividades para que no haya disturbios en
los comicios. Por eso es interesante ver el desenlace práctico de lo que está
haciendo el Fiscal General.
eduardo.mackenzie@wanadoo.fr
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