La economía
venezolana, experimentó durante 20 años (1976-1996) un crecimiento a una tasa
promedio anual de un 2,15% al igual que evidenció unos 30 años (1950-1980) con
moderado aumento de precios; curso que cambia de rumbo a finales de los 70 al
materializarse una tendencia secular hacia la disminución de la productividad a
la par del surgimiento de la demoledora inflación (presión alcista de los
precios) que se intensifica a inicios del 2000 como consecuencia de la
instrumentación de una política fiscal expansiva focalizada en un estímulo al
consumo que indujo un manifiesto desequilibrio con respecto a la oferta
doméstica, generando, entre otros hechos, un aumento persistente de los costos
de producción, distorsiones cambiarias, monetización del déficit fiscal
(emisión de dinero inorgánico), economía de puertos, tasas de interés reales
negativas (tasa pasiva inferior a la inflación), y lo que es más perverso: una
cruel caída del poder adquisitivo del salario (disminución del salario real).
Tal conflictivo
escenario, lo ha intentado combatir el Gobierno Nacional con una sobrevaluación
del bolívar (tipo de cambio Bs/US$ que “iguala” la inflación entre ambos
países) para propiciar un abaratamiento de las importaciones mayoritariamente
efectuadas por el sector público (directa e indirectamente), con el consecuente
deterioro de la capacidad de producción nacional (y del desarrollo industrial y
agrícola) en razón a la dificultad de competir en precios—ante la profunda
diferencia del comportamiento inflacionario—con los productos extranjeros;
“misión importadora” que ha inducido una caída (mayo 2015) de las reservas
internacionales al mínimo de los últimos 12 años a lo cual también ha
contribuido el creciente gasto público clientelar (planes compensatorios
“permanentes”) en función de crear una “sensación de prosperidad”, al tiempo de
proponerse la destrucción del sistema de mercado como mecanismo de distribución en favor de una pronunciada
planificación central que abre espacio a la “economía comunal” dentro de un
marco que subordina lo económico a lo político, que en la realidad está
motorizando un malvado efecto sobre la calidad de vida de la población habida
cuenta que nuestra moneda ha venido perdiendo su valor real (poder
adquisitivo), lo cual, evidentemente, estimula la compra anticipada de bienes y
por consiguiente alza de los precio, mercado paralelo de productos regulados, presión
sobre los costos de producción y en un
círculo vicioso de inflación.
Existe una amplia
conceptualización de tipos de inflación, de las cuales hemos procurado
identificar aquellas que se corresponden en lo posible con el caso venezolano:
inflación tipo espiral (progresiva, ascendente y acumulativa, de larga
duración), inflación de costos (incremento en el precio de algunos factores de
la producción), inflación de demanda (el deseo de adquirir productos supera la
oferta), inflación mixta (de costos y de demanda), e inflación encubierta
(ocultada por los gobiernos para que no se conozca la realidad). En visión
complementaria, resulta propicio mencionar que en la casi totalidad de los
países la inflación se mide por intermedio de la variación del Índice de
Precios al Consumidor (IPC) para un periodo determinado; mientras que en
Venezuela se calcula desde el 31/12/2007 (en sustitución del IPC) a través del
Índice Nacional de Precios (INPC), que mide la variación de los precios de una
canasta de bienes en las 10 principales ciudades (70 localidades) en función al
gasto total de las familias construyendo la denominada Estructura de
Ponderación del IPC, para lo cual, señalan, se investigan mensualmente 362
rubros, recopilan 300.000 precios, visitando unos 22.000 establecimientos (¡sin
comentarios!).
En un ambiente
inflacionario como el que experimenta Venezuela, la determinación de un Precio
de Venta Justo (PVJ) que en la actualidad se mantienen fijos para 42 productos
regulados por mandato de la Ley de Precios Justos (costos de producción, más
12,5% de gastos, más 30% de margen de ganancia) supone su revisión periódica a efectos de ajustarlos con base al
incremento, que por inflación, sufre la
estructura de costos (valor de los elementos necesarios asociados directa e
indirectamente con la producción) sin que ello implique una modificación del
30% como margen de ganancia; acción racional en materia económica que es
diametralmente opuesta a mantener dichos precios congelados (PVCongelado)
durante largos periodos (años en muchos casos) ya que obviamente se va
originando un rezago con respecto al costo de producirlos, alterando la
relación costo-beneficio y por ende desestimulando la producción (¿producir
perdiendo?) ( ¿ producir sin
ganancia o cárcel?).
Se infiere entonces,
que forzar legalmente (y coercitivamente) un PVCongelado (PVC) donde los costos
de producción estén por encima del precio, impulsa una caída de la
rentabilidad, en conjunto con una disminución de los beneficios normales, un
freno a la reinversión, un mayor desabastecimiento, la aparición de un “mercado
paralelo de productos regulados” (contrabando y bachaqueo) al existir precios
artificialmente bajos para artículos que no se consiguen, una perversa
especulación, y en general un círculo vicioso de escasez, contrario a una sana
economía: crecimiento sostenido de la producción, inflación controlada, elevada
productividad y abastecimiento satisfactorio.
La tendencia alcista
de los precios, el Gobierno la ha intentado “combatir” (en táctica equivocada)
con la imposición de un control de precios apoyado en el orden “cívico-militar”
(¡!), lo cual está propiciando una drástica desaparición de la reinversión (no
existen beneficios) como condición para aumentar la capacidad de producción,
que en mucho puede conducir a una paralización del proceso productivo. A pesar
de ese “claro y malvado horizonte”, se intenta focalizar mediáticamente (la
culpa la tienen otros) la escasez como consecuencia de una “guerra económica
empresarial conspirativa”, argumentando en complemento (con expresiones
alejadas de la ciencia económica) sobre la necesidad de “iniciar un conjunto de
acciones para darle un golpe y destruirle el espinazo a la estrategia de la
guerra económica”; pero sin mencionar de forma alguna los verdaderos detonantes
del desastre económico como son la inflación, la sobrevaluación, el control de
cambio, la corrupción, la ausencia de divisas, y la recientemente “aprobada”
dualidad monetaria BS Y US$ (mal llamada “dolarización”) contraviniendo el 318
Constitucional (“La unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela
es el bolívar”) que le anticipamos un fracaso, pero que aún así en el ínterin
golpeará más la percepción sobre la aceptación del bolívar como medio de cambio
(a corto plazo se podrá adquirir muy poco); aparte de convertirse en una odiosa
diferencia de clases entre los pocos que tienen muchos dólares y una mayoría
que sólo puede “comprar” en territorio nacional con una moneda marchita.
Jesús Alexis González
jagp611@gmail.com
@jesusalexis2020
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