Los
delitos de opinión no están tipificados en las leyes venezolanas
La Junta Directiva del Colegio Nacional de
Periodistas de Venezuela, observa con preocupación, los recientes
acontecimientos en el que un número de personas aún indeterminado, ha sido
detenido por organismos de seguridad del Estado con el alegato de “haber
realizado amenazas y burlas” tras el lamentable asesinato del diputado del PSUV Robert Serra y su asistente María
Herrera.
Dicho planteamiento fue formulado por el
presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que anunció la
aprehensión de dos ciudadanos, Victor Ugas y Daniely Benitez, por su presunta
participación en las redes sociales mediante la difusión de contenidos
relacionados al caso Serra.
El CNP en primera instancia hace pública la
consternación que nos produce la muerte del diputado Serra y de su asistente, sensibles fallecimientos que enlutan a nuevas familias venezolanas. En cuanto a los
hechos que propiciaron este crimen, solo los órganos de seguridad del Estado se
encargarán de aclararlo.
Igualmente queremos dejar constancia una vez
más de nuestro firme rechazo a la difusión de fotografías del cuerpo sin vida
del diputado, lo que constituye un atropello a la memoria de este ciudadano y a
sus seres queridos.
Sin embargo, ocupa nuestra atención el hecho
de que ciudadanos venezolanos sean privados de libertad por “haber realizado
amenazas y burlas”. En cuanto a las amenazas por las redes sociales, es
evidente que los organismos de seguridad están en el deber de investigarlas,
todas las amenazas, no algunas. Hacemos la observación, porque en innumerables ocasiones
miembros de nuestro gremio y ciudadanos en general han sido objeto de mensajes
en los que se advierten posibles agresiones a su integridad física y moral sin
que ello haya representado alarma alguna para el gobierno.
Aunado a ello, nos preguntamos con qué
criterios han sido evaluadas las presuntas “burlas” a las que hace mención el
presidente de la A.N, cuando la intolerancia y el irrespeto se han convertido
en una trágica práctica entre los
factores políticos en Venezuela.
Nos llama la atención, que los esfuerzos del
Estado están concentrados en lo que dice la opinión pública, en controlar lo
que opinan tuiteros, videntes, caricaturistas, reporteros o usuarios comunes y
corrientes de las redes, y no en resolver los problemas más acuciantes del pueblo
venezolano como la inseguridad personal, la escasez de alimentos y medicinas, o
la crisis sanitaria.
Viene a nuestra memoria el tuit del ex
ministro de Comunicación Andrés Izarra cuando indicaba que el moribundo
productor agropecuario declarado en huelga de hambre, Franklin Brito “olía a
formol”, poco antes de su deceso en el año 2010 , lo cual generó inmenso pesar
en un sector de la población, sin que ello representara para el gobierno ningún
tipo de ofensa o “burla”.
En más de una ocasión nuestro gremio denunció
la utilización de los medios del Estado como una vía para proferir insultos a
dirigentes de la oposición, hechos públicos y notorios, que tampoco generaron
prurito a los dirigentes del oficialismo.
Como gremio no avalamos el irrespeto desde ningún
sector, pero el “castigo a la burla”, el cual no está tipificado en las leyes
venezolanas, pudiese estarse instaurando
como un nuevo mecanismo de censura a la libertad de expresión.
El CNP una vez más hace un llamado a los
factores radicales de las parcialidades políticas para que se produzca una
profunda reflexión sobre una serie de comportamientos que han lesionado la
convivencia en el país. En nuestro país, los delitos de difamación e injuria,
contemplados en el Código Orgánico Penal Procesal, necesitan de una serie de
condiciones que deben probarse. Consideramos que el presidente de la AN no está
en la capacidad ni en la potestad de calificar un delito, y mucho menos, dar
instrucciones para que proceda la justicia.
La gran mayoría de los venezolanos son
hombres y mujeres que abogan por la tolerancia y el respeto, y a esos
venezolanos les reiteramos que seguiremos velando como gremio por la paz y el
respeto a los ciudadanos, acatando nuestra constitución y las leyes.
Junta Directiva
Colegio
Nacional de Periodistas
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Eleazar
José Benedetto Gómez
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