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domingo, 15 de marzo de 2015

MALÚ KIKUCHI, PRUEBAS Y DUDAS, DESDE ARGENTINA, CASO NISMAN

Alberto Nisman murió, de eso no hay dudas, de forma violenta, a causa de un balazo de una  Berza 22, a 1 cm de la cabeza, 3 cm arriba del oído derecho, de eso no hay dudas, y “la trayectoria del proyectil fue de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante”. Estas son pruebas.

Los peritos del estado, los que responden a la fiscal Fein y los peritos de parte, contratados por la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex mujer y madre de las hijas de Nisman, no tienen dudas sobre lo dicho anteriormente. En el resto, difieren.

Y acá empiezan las dudas y las dudas generan preguntas y las preguntas no tienen respuesta. Los ciudadanos de a pie tenemos demasiadas preguntas, que no tienen respuesta. Eso es malo para los ciudadanos y es peor para el gobierno. En particular es pésimo para llegar a la verdad.

La presidente escribió en Facebook en su 2° carta con respecto al fiscal Nisman y su muerte, diciendo: “Estoy convencida que no fue suicidio.  No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas” (22/1/15). Dos días antes, también en Facebook, se había preguntado:” ¿Qué fue lo que llevó a una persona a tomar la terrible decisión de quitarse la vida?” (19/1/15).

En esa misma carta también se peguntó entre paréntesis “¿fue suicidio?”. 72 horas después estaba segura del asesinato. El tema es que los peritos oficiales no se deciden entre el suicidio y el asesinato. El 1° barrido electrónico (para buscar restos del dispara de la pistola en la mano de Nisman), dio un negativo …  inseguro.

Se volvió a hacer la misma prueba en Salta (¡que tiene mejores instrumentos que Buenos Aires!), resultado negativo… pero inseguro. Todo es inseguro para los peritos oficiales del caso. Recordemos la primera frase de la Dra. Fein cuando dijo: “Lamentablemente, no es suicidio”. ¿Lamentablemente?

Se explica, la Dra. Fein es una buena funcionaria, cerca de la jubilación, nunca le tocó un caso de esta magnitud, tenía pagadas sus vacaciones que hacía más de un año que no se tomaba, y un suicidio le hubiera solucionado el tema con rapidez. Da la sensación que sigue intentando encontrar la forma de comprobar que fue un suicidio. Más hechos se conocen, más certezas sobre el asesinato.

Los peritos de parte liderados por ese gigante de la criminología que es el Dr. Raffo, dan cuenta detallada de todas las contradicciones que tienen con los peritos oficiales, desde la hora de la muerte, muy anterior a la fijada oficialmente, al hecho que sostienen que el cuerpo fue movido de lugar, que no hubo rigor cadavérico, que agonizó, lo que explica la pérdida de sangre (no se explica cómo en la autopsia no se midió la sangre que quedaba en el cuerpo, para calcular la que perdió). Un muerto no pierde sangre, sólo lo hace una persona viva.

A partir de ahí, todo es diferente. Unos peritos dicen A, los otros, Z. Y la gente, la gente común, la de la calle, habla de “lo mataron al fiscal”, “lo mataron a Nisman”. Y nadie tiene la sensación de que el gobierno está decidido a buscar la verdad. Y que de haber sido un asesinato, estaría dispuesto a descubrir quién apretó el gatillo y quién mandó hacerlo.

La presidente insultó solapada o directamente al fiscal muerto. Indujo a pensar que tenía una relación homosexual, como si fuera algo malo (que de haber sido cierto, no hubiese tenido nada de particular en un país que permite el matrimonio de personas del mismo sexo; el INADI debería decirle algo al respecto); lo trató de suicida, aunque después se corrigió.

Lo llamó destituyente; sostuvo que la denuncia se la escribió Stiuso, y permitió que un sitio oficial lo tratara de borracho, lo que fue una flagrante mentira. Nada de esto la ayuda. Al contrario, la convierte en sospechosa.

Personalmente, yo no tengo dudas, casi no necesito pruebas, fue un asesinato y no creo que la presidente haya tenido algo que ver con el tema. Por eso no se entiende que no haga lo imposible para dilucidar el caso lo antes que se pueda, porque su imagen, con el tema  Nisman, cae en picada.

La gente, los ciudadanos de a pie, Doña Rosa y Don José, seguro estudiaron historia en la primaria. Algunos en el secundario. No me refiero a los universitarios. Todos aprendimos que en las guerras por la independencia, tanto argentina, como chilena, peruana y del resto de sud América, que el héroe máximo en cuanto a coraje, fue Juan Galo de Lavalle. Lo llamaban el sable sin cabeza. Combatía desde los 15 años. No pensaba en las posibilidades de salir victorioso calculando sus ventajas y desventajas; no le importaba tener muchos menos hombres que el enemigo, él arremetía, sable en mano.

Y por regla general, ganaba ante el asombro de sus atacados, que no podían entender que un pequeño grupo de hombres maltrechos y peor pertrechados, se les animaran a ellos, un ejército multitudinario y bien armado. Río Bamba es una prueba de esto.

Y sin embargo, si le preguntamos a alguien en la calle qué recuerda de Lavalle, es seguro que contesten, “fusiló a Dorrego y no se sabe porqué”. Me temo que toda la etapa K quede manchada con la sangre de Nisman. Que dentro de 10 o 30 años, al nombrar a los K, la gente conteste, “los que mataron al fiscal”.

Malu Kikuchi
maluki@fibertel.com.ar
@malukikuchi

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jueves, 26 de febrero de 2015

ARMANDO RIBAS, EL JUEZ MARSHALL EN ARGENTINA

El caso Nisman, como todos podemos reconocer ha sido un hecho lamentable, pero, como dice el refrán que “No hay mal que por bien no venga”, está teniendo un efecto positivo en la sociedad. El título de este ensayo es el reconocimiento de la sabiduría del sistema ético-político al que se le debe la libertad.  Y ese sistema se lo debemos ab initio a los Founding Fathers y la Constitución americana de 1787, y seguidamente al Juez Marshall en su sentencia en el caso Marbury vs. Madison en 1783. En ese caso dijo: “Todos aquellos que han establecido constituciones escritas, las contemplan como la ley fundamental y suprema de la nación, y consecuentemente la teoría de todos esos gobiernos debe ser que toda ley de la legislatura repugnante a la Constitución es nula.  Es enfáticamente el ámbito y el deber del departamento de justicia el decir qué es la ley”.

    Esa trascendente resolución fue aceptada en Argentina a partir de la Constitución de 1853-60. Así se constituyó en el segundo país del mundo que instaurara el sistema del que hemos hecho mención y que se reconoce como el Rule of Law. A partir de él la Argentina en cincuenta años pasó a ser uno de los países más ricos del mundo, donde imperaba la libertad y el respeto por los derechos individuales.
    Esa favorable evolución se debió originalmente al pensamiento de Alberdi, quien al respecto escribió: “La propiedad, la vida, el honor son bienes nominales cuando la justicia es mala. No hay aliciente para trabajar en la adquisición de bienes que han de estar a merced de los pícaros. La ley, la Constitución, el Gobierno son palabras vacías sino se reducen a los hechos por la mano del juez que en último resultado es quien lo hace ser realidad o mentira”.
    No puedo dejar pasar otro hecho trascendente, que fuera el que permitiera que las sabias palabras de Alberdi se llevasen a la práctica. Ese hecho lo constituyó el acuerdo de San José de Flores entre Mitre y Urquiza por el cual se aprobó la Constitución. O sea, no olvidemos que sin poder las ideas se quedan en el aire. Por ello, ante los hechos no queda otra posibilidad que preocuparse por la política que le permita a Argentina volver a ser lo que fue.
    Tomando en cuenta la realidad del planteo del Juez Marshall, ya Adam Smith con anterioridad había dicho: “Cuando el Judicial está unido al Poder Ejecutivo, es escasamente posible que la justicia no sea frecuentemente sacrificada a lo que vulgarmente se conoce por política”. Esta desafortunada realidad surgió en Argentina con la llegada de Perón que en 1946 destituyó a la Corte Suprema y se perdió  la independencia del poder judicial.
    El caso que nos ocupa con la muerte del fiscal Nisman es paradigmático de la problemática política fundamental de la libertad, que depende de la división de los poderes y la independencia del Poder Judicial. Entonces ante la actual posición de los fiscales y la actitud de los jueces que han enfrentado al gobierno se está replanteando la alternativa entre la libertad y el despotismo electivo, como lo denominara Jefferson. Pero esa alternativa ha sido descalificada por la presidenta como una actitud política. Es decir que cuando se pretende la independencia del Poder Judicial para que se haga justicia, y en ella se incluye al gobierno el planteo es pura política de la oposición.
    Yo me atrevería a decir que por largo tiempo ha sido imposible ganar un juicio al Estado, y hoy lamentablemente nos encontramos ante violaciones paladinas de los derechos que garantiza la Constitución. El primero es el denominado cepo cambiario que constituye una violación de los artículos 14, 17 y 19 de la Constitución. Como he ya repetido fue John Locke quien reconoció que el derecho a la búsqueda de la propia felicidad es el principio fundamental de la libertad. Y ese principio se encuentra reconocido parafraseadamente en el artículo 19 de la Constitución, que establece: “Las acciones de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios, y exenta de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación esta obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.
    Podemos ver claramente que en la primera parte de ese artículo está reconocido el derecho a la búsqueda de la felicidad, que implica que los intereses privados no son contrarios al interés general. Cuando una ley de la legislatura desconoce ese derecho, es la ley la que viola la Constitución y como antes dijimos es la función del juez determinar su nulidad.
     Esta problemática está planteada hoy ante los diversos juicios que están llevando a cabo los jueces a distintas actividades de la presidenta y del vicepresidente. Y más trascendente aun la imputación reciente  hecha a la presidenta por el fiscal Pollicita. El resultado final de estos juicios y así como la vida de los jueces que están llevando a cabo estos juicios, darán la tónica definitiva del proceso ético, político y judicial que está viviendo la Argentina en la actualidad.
    La manifestación pública citada por los fiscales en recuerdo de la vida del fiscal Nisman es decididamente constitucional, pues representa el derecho a la expresión pública, que garantiza el artículo 14 de la Constitución. Ahora bien; tampoco se podrá negar el ruido del silencio, que implica ya sea voluntaria o involuntariamente un impacto político. Y decididamente ese efecto político es contrario al interés del gobierno, pero no por es inconstitucional.
    Por todo lo dicho anteriormente creo que la situación actual refleja la posibilidad de que a la Argentina regresen el juez Marshall, Alberdi y Adam Smith, y se restaure la seguridad jurídica violada por Perón y ausente en la actualidad. Tengamos paciencia y voluntad de participar en el proceso de restaurar la Argentina que fue.
Armando Ribas
aribas@fibertel.com.ar
@aribas3

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