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Las confesiones del ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Venezolano Eladio Aponte Aponte han dejado al descubierto una de las violaciones a los derechos humanos más graves cometidas por uno de los máximos exponentes del Poder Judicial de un país y por parte del Presidente de Venezuela.
Aponte en sus confesiones presentadas por escrito notariado y debidamente apostillado en Costa Rica (es decir en este caso no se puede decir que es una declaración atribuida, inventada o algo por el estilo) se manifiesta en forma muy clara. Aponte en ese documento notariado expresa que dio ordenes a los jueces que conocían sobre el Caso del 11 de Abril, del 2002 de condenarlos a 30 años de prisión por orden directa del presidente venezolano Hugo Chávez.
De acuerdo con las declaraciones dadas por Aponte sobre su proceder en lo relativo al Caso del 11 de Abril, todas las denuncias formuladas por la defensa de los comisarios y policías metropolitanos con respecto al manejo de las pruebas, los retardos procesales, los abusos cometidos en este juicio son reales, fueron ignoradas y por supuesto desestimadas por Aponte.
Después de la sentencia condenatoria dictada en Maracay, los abogados defensores de los policías presentaron un Recurso de Casación que tenía 8.000 folios, el cual fue ignorado por Aponte sin haberlo leído (confesado por él mismo), quien mandó a elaborar una sentencia declarando sin lugar el recurso, ya que la orden dada por el presidente Chávez era la de “Salir de eso de inmediato sin más tardanza, condénelos de una vez”. “Así lo hice declaró, y al tener el proyecto lo firmamos el 18 de mayo del 2010, y el fallo se publicó el 21 de mayo del 2010, sentencia 173, con la aprobación mía, de Deyanira Nieves, Miriam Morandi y Héctor Coronado Flores, y a cada uno de ellos les hice saber que esa era la orden de Chávez con la que se apresuraron a firmarlo”. (1)
En sus declaraciones en Costa Rica, Aponte pide perdón por las condenas que ordenó a los jueces de la causa ya mencionada, no podía continuar con el remordimiento de conciencia, y, gracias a Dios que ahora que es perseguido por el mismo régimen al que atornillaba desde el Poder Judicial, se da cuenta del inmenso daño que hizo a 11 hombres inocentes, cuyas vidas han quedado en suspenso durante diferentes lapsos, que es preciso recordar:
Los comisarios Lázaro Forero, Henry Vivas e Iván Simonovis fueron condenados a 30 años de prisión, después de haber pasado por el juicio más largo de la historia judicial de Venezuela. Los dos primeros tienen casa por cárcel debido a que ambos han sufrido de cáncer. El Comisario Iván Simonovis, se está quedando ciego ya que tiene siete años viviendo bajo luz artificial y solo ve el sol por contadas horas anuales, lo cual también le ha causado graves lesiones en los huesos. Los policías metropolitanos Julio Rodríguez, quien también padece de cáncer y tiene casa por cárcel, Erasmo Bolívar, Arube Pérez Salazar, Marco Hurtado, Luis Molina Cerradas, Héctor Rovaín también fueron condenados a penas de entre casi 18 y 30 años de cárcel. Los policías metropolitanos Ramón Zapata y Rafael Neazoa salieron en libertad pues habían estado encarcelados por un mayor tiempo al que fueron condenados.
Durante todo este tiempo esos hombres inocentes han perdido años de sus vidas en una prisión injusta, alejados de sus respectivas familias, los hijos han crecido sin ver a sus padres, sus padres han envejecido a una velocidad mayor de la normal. Para los policías metropolitanos encerrados desde el año 2003 son nueve años presos por causa ninguna, para los comisarios presos desde el año 2004, son ocho años.
Aponte menciona en su carta a los jueces a los que les encomendó dictar las sentencias por encargo, siendo esta la prueba más importante del significado de la subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, característica fundamental de las dictaduras. (2)
Si en Venezuela existiera estado de derecho, si las autoridades del Poder Moral actuaran de acuerdo con su misión ya se habría dado comienzo a una exhaustiva investigación sobre las declaraciones y documentos presentados por Aponte, a fin de corroborar su veracidad tal y como ha sido señalado por Magaly Vásquez, catedrática de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello y Jesús Ollarves, ex –magistrado de la Corte de Apelaciones de Caracas. Pero lo cierto es que ni por parte de las autoridades del Poder Judicial, ni del Poder Moral y mucho menos por parte del primer mandatario nacional ha habido declaración o respuesta alguna. Quien calla otorga. La orden fue dada y ejecutada y esa ejecución habla a gritos sobre la indignidad del Poder Judicial en Venezuela.
(1) http://www.elnuevoherald.com/
(2) Para que no queden dudas de lo expresado en este escrito, van anexos los enlaces a los documentos citados. Documento apostillado Carta Policias 1 Carta Policias 2 Documento Colegio de Abogados de Costa Rica |
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