Coincidimos con otros analistas que
interpretan las recientes movidas del presidente Santos y su fiscal de bolsillo
como fruto del afán por limpiar el camino de “obstáculos” para firmar, antes de
que sea demasiado tarde, un documento sobre “cese bilateral de hostilidades”
con las FARC.
El equipo negociador del gobierno debe haber
entendido que la inminente debacle del régimen castro-chavista puede dar al
traste con el papel que Venezuela juega en las conversaciones de La Habana y
poner en peligro la presencia allí de “Timochenko” y otros cuadros de las
guerrillas.
La estrategia oficial de paz se enfrenta a
tres grandes problemas en este momento: El primero es la crisis del vecino
país, el segundo es la férrea oposición del uribismo a los términos de dicha
estrategia. Un tercer elemento es el relativo al margen temporal. Sobre este
último es claro que el presidente ha fallado en todos los plazos que ha
pretendido imponerle a las conversaciones, hasta el punto que a la idea de
firmar y validar los acuerdos de tal forma que coincidan con las elecciones
regionales de octubre, solo le quedan unas semanas de maniobra.
En su propósito de evitar la caída de la
estantería, el gobierno concentra la atención en dos frentes. El primero es el
de las concesiones a granel a las demandas y expectativas de las FARC. Se nota
por ejemplo en abrir puertas que están cerradas a la impunidad. Es que “las
guerrillas colombianas no quieren ser las primeras en la historia que firman la
paz para ir a la cárcel”, dice con un tono compasivo, mientras guarda silencio
ante las desmedidas propuestas farianas, entre las que figura la
reestructuración del gasto y de la estructura militar.
Y para los efectos de hablar directo está el
Fiscal general de la Nación. En una escandalosa intervención en el evento
político de lanzamiento de Poder Ciudadano, otro de los aparatos pro FARC
montados por la exsenadora Piedad Córdoba, Montealegre, de manera impúdica, se
solazó en alabanzas a dirigentes comunistas que han defendido la combinación de
todas las formas de lucha y luego hizo una alambicada disertación a medida de
lo que las FARC esperan, según la cual sus altos jefes no deben ir a la cárcel
y se les debe facilitar su participación en elecciones.
El precio de esta paz, como hemos señalado
los críticos, es la total impunidad. Con el agravante de que no es tal lo que
se va a firmar sino el inicio de la transición por diez años.
El segundo frente tiene que ver con lo
enunciado en el encabezado de este escrito. El gobierno sabe que los argumentos
de la oposición uribista gozan de amplio respaldo en la opinión pública. Esa
es la raíz de la directriz de acallar,
enredar y obstruir a la oposición persiguiendo a sus principales dirigentes por
la vía judicial, maniobra en la que también la ficha clave es el fiscal de
marras. No de otra manera podemos
interpretar la andanada mediático-jurídica en la que coinciden o se
conciertan, reviviendo incluso señalamientos que en otros tiempos le hicieron
al expresidente y senador Uribe desde Anncol, el Colectivo Alvear, el partido
Comunista y sus epígonos de la
socialbacanería.
El presidente Santos y sus consejeros
pretenden disminuir o anular la acogida del discurso uribista con el fin de
darle vía libre a la firma del documento que pretenden acordar en las próximas
semanas. Y creen que la forma más eficaz de hacerlo es llevando a Alvaro Uribe
a los estrados judiciales para que gaste su tiempo en defenderse, y enredar a
los Zuluaga con el montaje del hacker.
El matoneo contra Uribe y el Centro
Democrático ha sido abonado por el mamertismo de viejo y nuevo cuño en las
redes y en panfletos como Voz y Caja de Herramientas, y ha tenido amplio eco en
los medios desde donde obsesivamente disparan Coronell, Bejarano, Arismendi,
Valencia, los Silva, las amazonas y tantos otros que quieren destruir al
expresidente con el método utilizado contra Fujimori.
El plegamiento del presidente Santos y sus
círculos de apoyo a esta campaña de
difamación constituye un episodio lamentable de nuestra historia. Que un sector
importante de las elites tradicionales se avenga a la campaña que desde
mediados de los años 90 adelantan el Secretariado y los filocomunistas con el
apoyo de Colectivos, ONGs y sectores de la academia y la intelectualidad “progre”,
suena extraño.
Casi sin darnos cuenta, los leninistas
colombianos están coronando una de sus ambicionadas metas: dividir a las
“clases dominantes”, desprestigiar e infiltrar las instituciones, desarmar
moralmente a su fuerza pública y ganar como aliados en su lucha por el poder a
unas elites prisioneras de su sentimiento de culpa, corta de miras y flojas en
la defensa de principios democrático liberales.
Ruben
Dario Acevedo Carmona
rdaceved@unal.edu.co
@darioacevedoc
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