Lo más insólito y disparatado que se pretende con el nombramiento de Elías Jaua como Ministro de las Comunas,
aunque no aparezca en el decreto del Presidente Maduro, es el desconocimiento
de las facultades constitucionales de las Gobernaciones y Alcaldías, eliminando
el secreto del voto para controlar a los convocados a elegir algunos
funcionarios de dichas comunas, mediante la amenaza de los comisarios políticos
del PSUV que vigilarán a quienes levanten las manos o se nieguen a hacerlo, en
asambleas reunidas para tales fines.
Es decir, que funcionarios atemorizados
por los defensores de la revolución para que voten sus propuestas, recibirán
tanto o más dinero del Presupuesto Nacional que el porcentaje que la
Constitución Nacional vigente asigna a los gobernadores y alcaldes electos a
través del voto universal, directo y secreto.
Como si no existiera de una experiencia
fracasada en la Unión Soviética. China y Cuba, para mencionar las más
conocidas, el Presidente de la República insiste en imponer en nuestro país las
Comunas como el centro de la vida en la sociedad, violando la Constitución
Nacional Bolivariana y desafiando no sólo a los venezolanos que votaron en
contra de dicha propuesta en el Referendo de 2007, sino también al mundo
democrático a cuyas instituciones libertarias se ha unido, como el Tratado de Mercosur, que
establece la libertad de empresa y el
libre comercio.
Pero
el problema no sólo es jurídico sino también político, eminentemente político,
al crear una legislación al margen de la Carta Magna y luego admitir como
existentes únicamente a los Consejos Comunales integrados por quienes apoyan al
gobierno y se proclaman defensores del socialismo. Así como fracasaron en
países gobernados por tiranos que cobraban
la disidencia con el crimen y hasta el asesinato, Nicolás Maduro con un
personal sin cultura política ni preparación para cambiar toda una forma de
vida, en la que la mayoría, mal que bien han hecho de la propiedad privada su
esperanza de mejorar la calidad de sus vidas y el bienestar de sus familias,
fracasará más rápido.
Muchos chavistas serán los primeros en
protestar si le imponen políticas contrarias a sus intereses, tal como sucede
con algunos dirigentes sindicales que hacen huelgas a cada momento porque no
les pagan sus salarios, ni sus prestaciones sociales, como en la ¨Guayana
Socialista¨ de las empresas estatales quebradas, por la incapacidad y
corrupción de los comisarios políticos impuestos desde Miraflores.
Sin
embargo, es importante señalar que desde hace varios años vienen funcionando
algunas comunas y sobre todo consejos comunales, atendidos la mayoría por
alcaldes con vocación de servicio público, que desde antes de que la Asamblea
Nacional aprobara las leyes comunales que les envió Chávez cuando ejercía la
Presidencia, han venido discutiendo con las comunidades las prioridades para
elaborar los presupuestos respectivos, que respondan a las necesidades de los
sectores populares. Tales son los casos de los municipios Sucre, Chacao, Baruta
e Iribarren, cuyos alcaldes, lo mismo que el Gobernador del Estado Lara, han
hecho público las reuniones que celebran con los consejos comunales para
discutir cada presupuesto, en el entendido de que ese dinero que ingresa a las
alcaldías y gobernaciones, es para resolver los problemas de las comunidades y
no pertenece a los alcaldes ni a los gobernadores, como el dinero que ingresa
al Fisco Nacional no pertenece a Nicolás Maduro ni a sus ministros.
Juan
Paez Avila
jpaezavila@gmail.com
@jpaezavila
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