LUIS F. JARAMILLO R., LA DEPORTACIÓN DE COLOMBIANOS

La medida no solo ha resultado contraproducente sino que ha acarreado al régimen nuevas, más graves, profundas y peligrosas confrontaciones. 

Con el paso del tiempo el gobierno de la revolución bolivariana ha venido perdiendo lo único para lo cual –precisa reconocérsele- ha sido verdaderamente exitoso: el ingenio para inventar formas y maneras de justificar sus errores y torpezas, endilgándoselos a otros,  de mantener el fervor de sus antiguos irreductibles parciales o de cegar a la comunidad internacional ante la sistemática depredación de los derechos y libertades democráticas de los venezolanos que ha venido consumando sin tapujos ni disimulos. La muerte de Chávez, la escasez intelectual de su sucesor, la decrepitud de Fidel Castro, la drástica reducción de los ingresos petroleros o todas estas cosas juntas, ha sido la causa de la declinación de la  prodigiosa inventiva revolucionaria.

Cuando ya no le rindió frutos el socorrido eslogan “no volverán” y el grito de guerra “Uh Ah Chávez no se va”  ya no despertó el otrora delirante fervor popular, cuando el fracaso de las misiones no le ofreció ningún rédito electoral, el latiguillo de la guerra económica no apacigua el reclamo de las masas enardecidas por la “colas” y la escasez,  la falta de inventarios en los almacenes de los comercios privados le impide acudir a  nuevos “dakazos y fallido el intento de usar el diferendo del Esequibo para poner el sentimiento nacionalista de los venezolanos al servicio de su causa, el desgastado ingenio de los estrategas de la revolución produce el parto de los montes de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), engendro político electoral, con nombre de rebuscada connotación épica, enarbolado con  más penas que glorias, con el cual se busca frenar el caudal de votos con el que la oposición amenaza infligir al oficialismo una aplastante derrota en las próximas elecciones parlamentarias.

Las primeras acciones de esta operación “libertaria” estuvieron enmarcadas dentro de una tardía estrategia de combate a la delincuencia con la cual se esperaba conquistar la simpatía de la población, acosada por la criminalidad desbordada que, obrando con total impunidad, ante la pasividad cuando no la complicidad de las autoridades, ha puesto a la ciudanía a merced de las acciones desenfrenadas  de bandas de malvivientes, en todo el país. Fuerzas especiales combinadas de policía, agentes de Inteligencia y guardias nacionales, en persecución de delincuentes, que advertidos habían abandonado sus madrigueras, desplegaron verdaderas razias en los barrios populares dejando a su paso muertes, violaciones de residencias y detención de inocentes que lejos de llevar tranquilidad aumentaron la zozobra y la angustia en las barriadas más pobres donde precisamente residía, en el pasado, la mayor fuerza electoral del gobierno.

Pero donde de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP)  ha puesto de manifiesto, en toda su dimensión,  la resequedad del cerebro que acusan quienes antes fueron ingeniosos propagadores de cantos de sirenas, es con el cierre de la frontera y la inaudita deportación masiva de ciudadanos colombianos, que ordenó el jefe de Estado venezolano, para "extirpar … tumores malignos que el paramilitarismo colombiano ha traído para metérselo al cuerpo noble de la República".

Esta medida, con la cual se perseguía mejorar la alicaída aceptación electoral del gobierno, no solo ha resultado del todo contraproducente sino que ha acarreado al régimen nuevas, más graves, profundas y peligrosas confrontaciones.

En primer lugar, ha internacionalizado un conflicto que para la comunidad internacional no pasaba de ser una reyerta interna, provocando la activa beligerancia del gobierno colombiano el cual, si bien no pudo lograr la intervención de la OEA, apenas por un voto, puso en evidencia  la drástica reducción del apoyo que ha sufrido nuestro gobierno entre los países de la región, ya que apenas logró el voto favorable de solamente cuatro de ellos, obteniendo, sin embargo, la atención del Secretario General de dicha Organización  quien inmediatamente se trasladó a Cúcuta para conocer in situ la dramática situación de las personas deportadas. Por lo demás, el hecho tuvo la virtud de curar de su “ceguera” a la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, quien ahora sí pudo ver y denunciar que el gobierno venezolano ceduló a ciudadanos colombianos para que ejercieran el voto en nuestro país, alentados por la oferta de que recibirían “casas y subsidios”.

Pero todavía más grave que todo esto es el hecho de que la deportación de los ciudadanos colombianos, que ha obligado a salir del país a cerca de 17.000 personas, según informe de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU y ha llevado a esa Organizaciòn a expresar su preocupación por las informaciones que ha recibido sobre “violaciones de los derechos humanos”, por tratarse de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil, está tipificada como delito de lesa humanidad  por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, delito que es imprescriptible, cualquier sea la fecha en que se haya cometido, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo I de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su resolución 2391, de 26 de noviembre de 1968 y entrada en vigor el 11 de noviembre de 1970.

Con el invento de esta Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), que nos recuerda la expresión popular que reza: dios ciega al que quiere perder, al gobierno “le paso como a Chacumbele, el mismito se mató”

Luis F. Jaramillo R.

@JaramilloR

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