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lunes, 28 de septiembre de 2015

EGILDO LUJAN NAVAS, EDUCACIÓN AL DESNUDO Y SIN LIBROS

Dicen que en los países se imparte una educación de calidad, proporcionalmente en razón de la formación de su liderazgo. De sus conductores. De sus gobernantes. Cuando a esos países les conducen líderes que recibieron una educación de calidad, sus habitantes, obviamente, siempre  serán favorecidos con una educación de calidad. Es una relación de compensaciones subjetivas que, desde luego, siempre hará posible que dichos países, con el correr de los años, van a poder evolucionar, superar permanentemente sus obstáculos formativos e informativos.

De ahí que la educación, como tal, siempre será el tema más importante para los países, indistintamente de sus ubicaciones continentales, cuando sus conductores tengan plena conciencia sobre qué es la educación, para qué se debe educar, por qué se tiene que impartir una educación de calidad.

De hecho, una evaluación detenida sobre la estructuración del mapa mundial en razón de los niveles de educación de cada país, de entrada, arroja el resultado esperado: los países que tienen mayores índices de analfabetismo, son los que denotan más señales de atraso. A mayor nivel de ignorancia, mayores son los problemas que agobian a sus pobladores; más diversificada es la naturaleza de los problemas sociales, económicos, políticos y morales.

Por lo tanto, no es posible desvincular subdesarrollo del carácter prioritario o no que se tenga de la importancia de que exista y funcione un sistema de educación de mucha calidad.

Y el planteamiento general viene al caso, luego de que siete millones de niños venezolanos iniciaran teóricamente esta semana el año escolar 2015-2016. Lo hicieron en el peor de los ambientes: 40% de las instalaciones educativas públicas en malas condiciones físicas para impartir enseñanza; educadores sin garantía de que las recientes decisiones salariales les serán reconocidas y cumplidas; colegios privados acosados por entes públicos empeñados en impedir –o reconocer- acuerdos de modificaciones en matrículas y mensualidades; niños impedidos de asistir a clases por la imposibilidad familiar de sufragar vestimentas, calzado, libros y útiles, debido a la expansión incontenible de la inflación.

Sin duda alguna, es una lista de complejidades que imposibilita el cumplimiento de un período escolar de 180 días de clases. Pero, además, que abre el espacio para que se incluyan otros dos aspectos que no pueden ni deben excluirse de este crudo análisis: la imposibilidad de que miles de estos muchachos puedan iniciar y concluir su año de estudios, en vista de que en sus hogares no hay los alimentos suficientes y variados cuya ingesta facilite el aprendizaje. Y que las autoridades responsables de dicho proceso, están pendientes es del cumplimiento del Programa Escolar, cuya novedad es la incorporación de nuevas efemérides asociadas a fines políticos partidistas, como de la distribución de textos escolares gratuitos con una alta incorporación de objetivos adoctrinadores de la muchachada infantil.

Con el inicio escolar en estas condiciones, es inevitable que el factor económico, especialmente el elemento salarial, se haga sentir en cualquier consideración relacionada con el proceso formativo de seis intensos  meses de actividades. Tiene que ser así.

Los salarios en Venezuela parten del mínimo mensual establecido de que es de Bs.8.000. Eso equivale a $ 11 al cambio de Bs. 700, único al que acceden los ciudadanos ajenos a la conducción del Estado, y que opera como referencia en la fijación de precios dolarizados. Sin embargo, los salarios fluctúan de acuerdo a la preparación o habilidad del trabajador, y oscilan entre Bs. 8.000 y Bs. 50.000, considerado, por cierto, “un buen salario”.

Pero ¿qué tan “bueno” es un salario mensual en el seno de cualquier familia, cuando una dotación de sólo un niño de vestimenta escolar, integrada por camisa, pantalón, zapatos, medias y ropa interior cuesta no menos de Bs. 25.000?. ¿Qué hacer cuando a ese solo niño se le debe complementar  dicha  dotación con otras dos para el mismo año escolar, en razón de uso y daños propios de la actividad escolar?. Se trata de Bs. 75.000 mínimo por niño, sin incluir la compra de los inevitables útiles escolares. La cuenta familiar arroja que en un hogar promedio venezolano conformado por  2 niños, en este año escolar se debe asumir un gasto de Bs.300.000.

Cuando a dicha cantidad se añaden los gastos adicionales relacionados con transporte y lonchera diaria de alimentación para el año escolar y en atención individual por niño, habría que añadir otros Bs.110.000, hasta concluir en el promedio complementario de Bs. 220.000 por los dos niños.

La suma de estas partidas de cálculo arroja un egreso familiar de Bs. 520.000 durante el lapso de 9 meses del llamado año escolar, y una erogación mensual promedio de Bs.57.777. Es decir, un monto que excede el total de lo que se considera “un buen salario”. Y que se aplica en su evaluación, a la consideración de que es un egreso familiar para que los niños asistan a clases, cumplan con sus necesidades de dotación sin excesos, y con la presunción de que no se enfermarán ni podrán ir a un control médico de rutina.

Con la escala de sueldos anteriormente señalada, ¿cuántas familias podrán cumplir con este gasto anual y mensual promedio?. ¿ Cuántos niños o adolescentes se pudieran ver obligados a terminar siendo desertores escolares para  ahorrar gastos, o para dedicarse a trabajar y contribuir con el ingreso familiar?. ¿Cuál es realmente el resultado educativo al que aspira Venezuela, cuando el panorama que se vislumbra solamente para este año escolar ofrece este cuadro de dificultades?.

Es innegable que éste es otro de los graves problemas, entre tantos otros, al que se enfrentan Venezuela y los venezolanos. Países vecinos en donde también se registra una severa caída de sus ingresos, debido a que sus exportaciones de commodities no están aportando los recursos necesarios para sufragar sus egresos, están atacando severamente los gastos innecesarios. Se están ocupando de impedir que el derroche y el posible  descontrol administrativo no castigue a sus empresas, sus habitantes, incluyendo niños, jóvenes y ancianos.

En Venezuela, el empecinamiento público, en cambio, gira alrededor del mantenimiento de  controles a la economía, de una obsesiva persecución a los que producen, y de flexibilizar procedimientos arancelarios para que las importaciones promovidas por amigos y allegados al Gobierno, no se detengan ni se contengan. Y, todo ello, mientras que el precio del petróleo, única fuente de ingresos del país, se mantiene a menos de 50 dólares promedio el barril.

Los informes que han estado levantando las calificadoras internacionales de riesgo sobre Venezuela, poco a poco han comenzado a dejar saber que, ante la ausencia de decisiones para evitarlo y la manera como el Ejecutivo insiste en hacerle frente a las obligaciones de la deuda, a expensas, inclusive, del funcionamiento del sector productivo, sí es posible caer en el terreno del impago en el 2016. Es decir, que la nación, además de la recesión y la hiperinflación, saboreará la amargura de caer en default. Pero eso pareciera no provocar ruidos en el alto Gobierno, mucho menos entre las individualidades administrativas encargadas de impedir que eso suceda.

Y si eso, con la gravedad de lo que representa para el necesario rescate del estado de problemas de la economía, tampoco cuenta, ¿por qué esperar que cambie la seria, dura y comprometedora situación de dificultades que se registra con el sistema educativo del país?. No cuenta, por lo visto, caer eventualmente en default. Mucho menos, posiblemente, que las familias tengan que enviar a sus muchachos a clases desnudos y sin libros, además de peor alimentados.

Egildo Lujan Navas
egildolujan@gmail.com
@egildolujan

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