Los
venezolanos vivimos de cerca la
experiencia hegemónica comunicacional del estado venezolano desde que entró en
vigor la Ley de Responsabilidad de Radio y Televisión el 8/3/2005, reformada el
24/12/2010, que establece normas y principios constitucionales, cuyos propósitos estaban
dirigidos a la protección de los
niños, niñas y adolescentes, a la
educación, la seguridad social, dentro del contexto de la libre competencia,
para la democratización de los servicios de radio y televisión que, según el ministro Villegas
pretendían, construir una
contra-hegemonía comunicacional capitalista. Pero fuimos entrampados en nuestra
buena fe y resultó ser una desafortunada
normativa para falsear la verdad,
ocultar sus errores y, sobre todo, engañar a los más incautos connacionales.
A
raíz de la LEY RESORTES, se ha
permitido construir un
descomunal y escandaloso aparato
comunicacional integrado por estaciones
televisivas internacionales, nacionales regionales y locales; una red radial de emisoras esparcidas cuidadosamente
por todo el territorio nacional y de alcance también internacional; un circuito Nacional de Emisoras Comunitarias
financiadas y alimentadas con propaganda oficial; una fuente multimedia liderada por la Agencia Venezolana de Noticias,
AVN, con
diversos medios de difusión en importantes ciudades del país; una
diversidad de medios como Propaganda
Bolivariana, Circuito Radial Pdvsa, Televisión Venezolana, 123V, Colombeia, El
Canal de la Asamblea Nacional al servicio exclusivo de los parlamentarios
oficialistas, y siete ( 7) medios impresos con
amplia información y
distribución un importante grupo
de prensa escrita, gratuita, con frondosa cantidad de paginas distribuidas en ciudades estados, y
últimamente están implantado un control denigrante en internet y las
redes sociales,
Pero fue algo muy alejado de la apariencia y
realidad porque muy pronto se puso al descubierto la utilización de esta gigantesca red comunicacional, con el apoyo y el desempeño del Sistema Bolivariano de
Comunicación e Información, SIBCI, con el soporte sustantivo del Ministerio Popular de la Comunicación e
Información, MPPCI, para abolir
totalmente el sistema privado de
medios de comunicación radial, televisivo, de los medios impresos, medios electrónicos,
redes sociales, servicios de televisión por suscripción… que han logrado
sobrevivir a duras penas ante la arremetida violenta y desmedida de los
entes oficiales, apoyados por la Fiscalía General, la Comisión de Medios de la
Asamblea Nacional y los tribunales competentes… Pero no han logrado todavía
controlar totalmente el espectro radioeléctrico como tampoco la libertad de expresión porque
han sobrevivido, a medias, algunos
medios disidentes y opositores bajo condiciones precarias y amenazas
constantes. Todo este aparataje funciona
a la perfección y permanentemente para
la divulgación informativa del régimen y
la descalificación de la disidencia y de
opositores. Estas y muchas otros
medios comunicacionales encajados
estratégicamente dentro del Sistema
Bolivariano de Comunicación y el MPPCI,
amparados en La Comisión Nacional
de Telecomunicaciones, CONATEL, como
órgano rector y sancionador del servicio nacional e internacional de la información y
comunicación, está presto para amedrentar, amenazar, censurar, abrir
expedientes y disponer de las
concesiones del espectro radioeléctrico
como patrimonio exclusivo de la hegemonía comunicacional del régimen omnipotente.
Este
sistema opera y está activo las 24 horas
del día envenenando la conciencia de los
venezolanos con propaganda y noticas nacionales e internacionales falseadas
y con una desmesurada propaganda contra la oposición política y en los
procesos electorales realizados, achacando las causas de la crisis del
país a los imperialistas, empresarios demócratas
y los pocos gobernantes no gubernamentales, y favoreciendo las
propuestas electorales del régimen,
complementándose con una exagerada
publicidad y uso de los medios
comunicacionales encadenados,
primero con Chávez , abusador
empedernido de los medios, estuvo durante trece años de su mandato y como muestra de ello , en 2011, se mostró
por los todos los medios en cadena nacional la bicoca de 12.180
minutos ; y ahora
Maduro,, según la ONG Instituto de Prensa y Sociedad, ( Daniel Pardo),
en 2014, estuvo en al aire martirizando
a los venezolanos, un promedio de 31 minutos diarios y en la actualidad
ha superado, con creces, este
promedio diario para justificar el total
fracaso de su gestión, pero su rating o
audiencia nacional apenas alcanza el
3% según estudios recientes.( Marcelino Bisbal ).
Esta
política comunicacional aberrada y sin cuartel se ha convertido en una desafortunada
violación de la libertad de expresión persiguiendo, amenazando,
expropiando y confiscando canales televisivos, radioemisoras, la prensa escrita, persiguiendo y censurando
periodistas y medios, negando el papel
para las rotativas de periódicos y revistas
no afectas y adquiriendo por
medios opacos y fraudulentos, contrarios a nuestra legislación vigente, canales televisivos, grupos editoriales,
periódicos para ampliar
su cobertura hegemónica. No son pocos los medios ya cerrados como
tampoco los amenazados por la censura
y por procedimientos
administrativos en su contra que
tendrán que cerrar sus medios
para sobrevivir a la expoliación, la persecución, cárcel o
perjurio.
Los
desalmados parlamentarios oficialistas
venezolanos en la vocería de Tania
Díaz, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, tienen el tupé y el
descaro de criticar la nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y la reforma del código penal españoles,
puestas en vigor a partir del l de julio
pasado, calificándola como LEY MORDAZA,
por penalizar la protesta,
criminalizar la pobreza, restringir el derecho de información con multas
y prisión y muchos otros delitos
informáticos, para los infractores, ( Dick Torres, El Universal 21/7/2015),
olvidándose cínicamente que ellos son los creadores de ese adefesio
legal venezolano denominada LEY RESORTE, la cual ha rebasado los límites de la tolerancia de nuestros medios de comunicación de empresarios, anunciantes, periodistas, y la
audiencia nacional aburridos y perjudicados
por los abusos cometidos en más de 10 años de su aplicación.
Se
considera que los parlamentarios al aprobar
el proyecto condenatorio de la LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA y la reforma del su Código
Penal de España, denotan el
desconocimiento supino de tales reformas y no han tomado en cuenta la situación
crítica cuando los ataques terroristas
del ETA, arrojaron cientos de muertes y
heridos injustificados, y desde algún tiempo están sufriendo el ímpetu
terrorista del YIHADISMO INTERNACIONAL
que ha prendido las alertas rojas
por nuevos atentados y amenazas, algunos
develados y otros que constituyen una
grave desestabilización terrorista para
la nación española, tomando en cuenta la
numerosa ola inmigratoria que afecta a
la Europa Unida, y el país ibérico que ya tuvo su
11M, del 2004, cuando en el atentado de la Estación de Atocha murieron 198 personas y 1.858
heridas y, recientemente en el mes de
julio, se han detenido activistas radicales del Estado Islámico antes de
cometer una planeada masacre. Los terroristas usan el internet y las redes
sociales para conectarse, planificar y cometer atentados terroristas. La
reciente ley puede contener elementos
indeseables para los habitantes de
España pero no estás dirigida a los españoles en sí, porque se requiere una
continuidad y regularidad en la
planificación de las acciones
terroristas .¿ Por qué los parlamentarios oficialistas de La
Asamblea Nacional no revisan su modelo
comunicacional para evitar los desafueros y abusos que se han y siguen cometiendo contra los medios,
empresarios, periodistas y nuestra población y
eliminen el PERVERSO SISTEMA HEGEMÓNICO COMUNICACIONAL
EXISTENTE EN NUESTRO, PAÍS?.
Jesús Rafael González Briceño
jesusrafael768@gmail.com
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