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| OMAR ÁVILA |
La semana pasada amanecimos con la noticia de otra fuga de 35
reos, esta vez de los calabozos de la Policía de Independencia, estado Miranda.
En esta cárcel se han registrado cuatro evasiones en los últimos dos años.
Hace unos días había ocurrido lo mismo en la sede del CICPC en Los
Teques, donde escaparon 41 presos; A principios del 2013 supimos de 19 reos que
se fugaron cuando eran trasladados a distintos penales; así como también en
Polisucre varios reos aprovecharon un apagón para escapar y a su vez dejar de
rehén a dos funcionarios de este cuerpo de seguridad, quienes resultaron
heridos.
Estos ejemplos son más que suficiente para analizar el grave
problema de derechos humanos que se vive en la mayoría de las comisarias del
país, donde indudablemente, una de las causas es el hacinamiento y el retardo
procesal por parte del Ministerio Público.
Los detenidos por los cuerpos de seguridad, no deberían permanecer
más de 72 horas en esos calabozos. La responsabilidad es del Ministerio
Penitenciario que no otorga cupos en los penales, que aun cuando la ministra
Iris Varela dice que los investigados deben de permanecer en sedes policiales,
la cuestión es que hay pesquisas que llevan más de tres años producto de esa
lentitud procesal.
Más allá de lo antes expuesto, es una situación sociológica que ha
generado en los recintos penitenciarios escalas de poder y tipos de gobiernos
internos que se le salió de las manos al Estado. Es de conocimiento público que
los presos manejan armas, dinero y drogas a granel. Todo esto forma parte de
esa corrupción que permite esta situación.
Masacres como la de la cárcel de Sabaneta con desmembramiento de
cadáveres, ofrecen al país lo más dantesco de la violencia inhumana que no sólo
ha permitido, sino que en casos ha avalado este gobierno especialista en echar
la culpa a los demás.
No existen infraestructuras carcelarias para cobijar a los
privados de libertad, ni voluntad para ponerle fin al paso de armas y otros
elementos que le permite a esta población seguir delinquiendo.
Por otro lado, la impunidad en materia judicial es atroz. En las
cárceles hay más de 50.000 reclusos hacinados, esperando por un juicio;
Igualmente se estima que en la calle andan sueltos casi el triple de los
privados de libertad, atracando y asesinando a diestra y siniestra.
Visto lo grave de la situación, considero se deben ampliar los
centros penitenciarios existentes, modernizar la infraestructura, para que así
estas personas puedan tener una rutina diaria que los saque del ocio, y convertir
a los penales en unos centros de educación y capacitación.
Otra medida es clasificar a los privados de libertad según el tipo
de delito cometido. También planteo la profesionalización del personal de
custodia mediante una ley de carrera penitenciaria, así como crear un ente
autónomo y técnico del sistema penitenciario; y lo más importante, impulsar la
descentralización, que no es otra cosa, que las gobernaciones y alcaldías
puedan administrar directamente los internados judiciales.
Hasta ahora no se ha visto voluntad política para la resolución de
la violencia interna en las cárceles venezolanas y lo decimos basado en los
motines o levantamientos ocurridos en las cárceles de Uribana, La Planta, Yare
y El Rodeo.
Para finalizar quiero dejar unas preguntas para su reflexión: ¿Un
gobierno que no puede controlar el tema de las cárceles, que ha sido derrotado
por el hampa, por colectivos armados, pretende seguir gobernando nuestro
país?¿La crisis carcelaria se ha acabado con el traslado de estos reos a otros
centros penitenciarios?
Omar Ávila
oavila1973@gmail.com
@visionvenezuela
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