HUMBERTO SEIJAS PITTALUGA |
La
noticia que copó la semana pasada los titulares de la prensa en todo el mundo
fue la referida a los desórdenes que se originaron en Ferguson, Missouri, por
la muerte de un joven negro a manos de un policía blanco. Pues le informo a los reporteros de aquí y
acullá, que en la Venezuela de hoy la cosa no es distinta. Antes, les narro un hecho ocurrido realmente:
En
1925, en otro pueblo del Sur, empezaron a aparecer animales muertos en una
escuela-granja. Un empleado negro de esa
institución descubrió al culpable: un enorme perro; mientras este acometía a
una oveja, el negro lo mató. Pues el
dueño del can, un granjero blanco, se apareció por el plantel y mató al
empleado de ocho disparos. El director
de la escuela exigió la detención del asesino, pero el jurado local lo
exoneró. Al director no le quedó sino
dimitir, en parte por las amenazas que empezó a recibir del homicida y en parte
porque la junta directiva del instituto, de mayoría blanca, no se solidarizó con
él en su solicitud de justicia por el asesinato.
Así
era la justicia en el Sur profundo de los Estado Unidos en los años veinte; un
tiempo en el cual los blancos entendían como“ correcto hacerse justicia por
mano propia cuando en el asunto estaba implicado un negro. Sentían que, simplemente, estaban ejerciendo
unos poderes policiales delegados en ellos, aunque no de manera oficial. La injusticia llegó a tal que uno de los
jueces que conoció del caso, dictaminó que el hombre negro no tiene
"rights which the white man was bound to respect” (derechos que el hombre
blanco esté obligado a respetar").
Mucha gente sospecha que los actos recientes en Missouri no son muy
diferentes a los de hace unos noventa años…
El
asunto en Venezuela, hoy, solo difiere en una cosa: la discriminación no es en
razón de raza sino de política. El
“aparato represivo del Estado” —para ponerlo en palabras de alguien idolatrado
por los rojos, Althusser— actúa con sevicia, y llega hasta la tortura, contra
quienes se niegan a entrar en eso del pensamiento único; después, los fiscales
son de lo más selectivos en quiénes deben ser encausados: si el detenido es un
oficialista (cosa muy rara), sin importar la gravedad del hecho cometido, sale
libre y cuando mucho, con un “no lo vuelvas a hacer”; si es de la oposición,
derechito a un juez de los que grita “¡Uh, ah!” y que no sabe sino ordenar
“¡cárcel con él”, así el pecado sea venial.
Tal
es el descrédito internacional en el cual ha caído la guisa de “justicia” que
rige en Venezuela, que a la ONU no le ha quedado más remedio —luego de los
insulsos, e inútiles, intentos de “Papi-papi” por defender a sus copartidarios—
que reconvenir públicamente al Estado venezolano. Transcribo inmediatamente abajo párrafos del
informe-regaño. Y reto al madurista más pintado a que desmienta una sola cosa
de las denunciadas.
“El
Comité observa que el delito de tortura tipificado en el artículo 17 de la Ley
contra la Tortura (…) sólo se aplica cuando las víctimas están bajo la custodia
del funcionario público. Tampoco se
considera tortura bajo este artículo los dolores o sufrimientos infligidos por
otra persona en el ejercicio de funciones públicas, o a instigación, con el
consentimiento o aquiescencia de funcionarios públicos. La conducta de los
funcionarios públicos que hayan instigado o consentido actos de tortura
infligidos por personas naturales tampoco estaría tipificada como complicidad o
participación en la tortura. (…) Sin embargo, de acuerdo a las cifras anexas al
tercer y cuarto informes (...), entre los años 2003 y 2011 tan sólo 12 funcionarios
fueron sancionados por cometer actos de tortura. Preocupa profundamente al Comité la
información según la cual los fiscales a menudo no inician investigaciones de
oficio pese a existir claros signos de lesiones en las personas detenidas”.
“El
Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria indicó que las detenciones de
los opositores políticos Leopoldo López y Daniel Ceballos fueron arbitrarias y
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mostró su
preocupación acerca de la prolongada y arbitraria detención de opositores
políticos y manifestantes. Preocupan al
Comité, además, las informaciones según las cuales una gran parte de los
detenidos no fueron informados sobre las razones de la detención, no tuvieron
acceso confidencial a un abogado hasta minutos antes de la audiencia judicial,
y fueron transferidos a varios centros de detención sin comunicar el paradero a
sus familiares. Asimismo, los detenidos
no habrían recibido en ciertos casos atención médica hasta la audiencia
judicial, pese a presentar claros indicios de violencia”
“El
Comité expresa su preocupación ante los informes que registran un total de 437
ataques de grupos armados pro-oficialistas a manifestantes durante las
manifestaciones transcurridas entre febrero y abril de 2014. Según informaciones concurrentes, una gran
parte de estos ataques se realizaron con la complicidad y aquiescencia de las
fuerzas del orden y permanecen en la impunidad”.
“El
Comité muestra su inquietud por el hecho de que la Defensoría parece carecer
del grado de independencia necesario para ser la institución nacional
responsable de investigar las denuncias de tortura y malos tratos. Inquieta también al Comité que 6 de los 13
integrantes de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos
Crueles, Inhumanos y Degradantes, creada por la Ley contra la Tortura como
mecanismo de prevención, estén vinculados al Ejecutivo. Debido al carácter confidencial de las
denuncias que este organismo recibe, y las recomendaciones dirigidas al
Gobierno, la presencia de miembros del Ejecutivo compromete su independencia”.
Y
termino yo: no ayuda a la Justicia el que las autoridades, los fiscales y los
jueces cometan o acepten que se cometa actos brutales contra personas, ni que
aquellos queden impunes. Ni siquiera en
quienes hayan recibido sentencia condenatoria se justifican tratos vesánicos.
No
será hoy, no será mañana, pero la Justicia con mayúsculas ha de prevalecer…
Humberto
Seijas Pittaluga
hacheseijaspe@gmail.com
@seijaspitt
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