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La más reciente diarrea legislativa, mediante
decretos producto de la Ley Habilitante, obliga a conclusiones definitivas en
el campo de los sectores democráticos de la nación.
El despelote está
calculadamente dirigido a la destrucción de lo poco de institucionalidad que
aún conservamos. Ninguna de las disposiciones que conocemos contribuye a
resolver problema alguno.
Todo lo contrario. Los sectores afectados no tendrán
ninguna posibilidad de recuperación. Están condenados a lo peor. Los pobres
serán cada vez más pobres y los ricos menos ricos, con la excepción de los
prevalidos del régimen, reyezuelos de la corrupción y el tráfico de
influencias.
El aparato productivo primario, la industria y el comercio
condenados a muerte. También nos alejamos de tener un sistema educativo
eficiente a todos los niveles y la salud convertida en vergüenza nacional e
internacional. La seguridad de las personas y de los bienes, la estabilidad
familiar, los trabajos estables y bien remunerados no forman parte de las
prioridades del régimen. Todo lo contrario. El despelote anárquico en el mundo
de las policías y organismos de seguridad, anuncian mayor represión y violencia
tanto física como institucional. Paremos de contar, todo está sobre
diagnosticado.
Frente a esto hay que actuar de manera
irreversible. No me abandona la preocupación de ver a parte del liderazgo
opositor trabajando más por la convivencia, supervivencia según algunos, que
por el cambio radical que la realidad nacional nos impone a los demócratas. Es
indispensable discutir a fondo, con sinceridad y sin cálculos personales o de
grupo, el objetivo que nos unifique a todos en la lucha. Es la única manera de definir
una estrategia que pueda ser seguido por todos, cada uno desde su particular
perspectiva.
Debemos tener presente que una revolución, si
es verdadera, no puede estar sometida a un orden jurídico, a una Constitución,
que se le convierta en camisa de fuerza y le impida a avanzar en sus propósitos
de dominación totalitaria. Para este régimen, primero van los hechos y después
el Derecho, siempre de plastilina y de interpretación amplia y acomodaticia. La
situación impone definir el cambio de régimen como objetivo primario de la
lucha. Esto pasa por la sustitución de, eso que llaman, el alto gobierno
cívico-militar, empezando por quien teóricamente lo dirige, aunque en la
práctica no está muy claro el punto.
Entender que la verdadera naturaleza del
problema de Venezuela no es electoral sino existencial, resulta indispensable
para que en esta lucha pongamos integralmente la cabeza, el corazón y el coraje
que cada quién lleva por dentro. El cambio no se logrará mediante ese diálogo
pendejil que algunos solicitan a un régimen ya definido por palabras y acciones
que no dejan lugar a dudas. Entre otras acciones posibles, forzar la renuncia
del probadamente incompetente que está al frente de la república es
perfectamente constitucional e internacionalmente legitimado mediante ejemplos
a la vista.
Oswaldo Alvarez Paz
oalvarezpaz@gmail.com
@osalpaz
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