ALBERTO RODRÍGUEZ BARRERA, ELECCIONES, EJERCICIO LIMPIO, CIVICO Y CULTO, ROMULO BETANCOURT

“Tengo confianza en el pueblo, en el buen pueblo de Venezuela, y en el sentido de responsabilidad de los partidos democráticos, tanto de los defensores y colaboradores del actual gobierno como de los que le hacen oposición, y por eso no me cabe la menor duda de que el año que viene, año de comicios, no será una etapa de pasiones encrespadas y de violentas diatribas, ni mucho menos de motines, sino de civilizada y ejemplarizante contrastación de ideas políticas y de programas administrativos. Ese proceso de comicios se realizará dentro de un ambiente cabal y total ejercicio de las garantías constitucionales…” Romulo Betancourt, 1962

ALBERTO RODRÍGUEZ BARRERA

     Para el 31 de diciembre de 1962, año en que hubo de enfrentarse a dos serios intentos sediciosos para derrocar el gobierno constitucional, en ambas oportunidades coludidos unos pocos elementos desorbitados de las Fuerzas Armadas con sectores de la extrema izquierda antivenezolana, los cuales el país repudió masivamente con claras y enérgicas formas, el Gobierno de Coalición procedió a tomar las medidas en el orden interno y en el internacional, que se requerían cuando fue evidente que Cuba se había convertido en base de proyectiles atómicos soviéticos, armas nucleares que fueron retiradas y que hicieron más consciente a Venezuela de que era uno de los objetivos políticos y militares de la Unión Soviética y de los partidos que sirven a su ambiciosa política de dominación ecuménica, mundial.

     Como país productor de petróleo, que aún en los días de la desintegración del átomo y la posible utilización de la energía nuclear con fines pacíficos, continuaba siendo el más codiciado y necesitado de los combustibles para movilizar los aparatos industriales y bélicos de las grandes potencias. Venezuela, según afirmaba el Presidente Betancourt, estaba plenamente consciente de que no producía bananos, sino petróleo, y de que siendo cualquiera el gobierno que presidiera el país debía mantenerse en un estado de alerta. Venezuela era y seguiría siendo una zona operacional, con prioridad inmodificable, para los enemigos de la democracia y para los fieles devotos del comunismo.

     Ante los brotes insurreccionales, como los que se vivían en esta época, Venezuela debía defenderse no sólo de los entes antisociales que cometen crímenes individuales, también y de manera especial, en un país donde el acceso al poder mediante el hecho de fuerza había sido tradicional por parte de quienes pretendían utilizar las armas que le entregó confiada la República para derrocar gobiernos legítimamente constituidos. Tradicionalmente se había intentado y logrado derrocar gobiernos para utilizar el poder como instrumento de las apetencias de mando y de enriquecimiento ilícito de un hombre o de una camarilla. Y el intento de trasladar a Venezuela la situación tiránica cubana era vista como contradictoria e indigna de la noble nación que conquistó su independencia a costa de un raudal de sangre y sacrificios, y que ahora había devenido un simple peón en el ajedrez de la política comunista internacional.

     Quienes participaron en los brotes facciosos –que dejaron un saldo de muertos y heridos- fueron entregados a la jurisdicción de los tribunales militares de acuerdo con las leyes de la República, y tuvieron derecho a la defensa; unos fueron excluidos de responsabilidad, otros condenados a presidio. Rómulo fue claro: “Surgen ya voces pidiendo amnistía para ellos. Mientras yo sea Presidente de la República no será sobreseída su causa… Lo más fácil para un gobernante en vísperas de dejar el poder es dar muestra de humanitario espíritu frente a los autores de motines y sediciones, dejándole a su sucesor la peligrosa herencia de la impunidad del crimen político. Tengo demasiado sentido de la responsabilidad conmigo mismo y con la historia para proceder así. Estoy consciente de que por esta línea de conducta, indesviable e inmodificable, caerán sobre mí rencores familiares e individuales imborrables, pero gobernar con sentido de lealtad al país no es, en mi concepto, eludir responsabilidades, sino asumirlas ante la propia consciencia, ante la nación y ante la historia... Las dificultades afrontadas por el país y el gobierno en 1962, no fueron obstáculo, y ello demuestra la confianza de los venezolanos en su gobierno y en el empeño de éste en cumplir una acción administrativa eficiente, para la recuperación económica y el saneamiento fiscal”.

     En cuanto a la economía nacional, en franca recuperación, las estimaciones preliminares realizadas permitían asegurar que por primera vez desde 1959 Venezuela había alcanzado un crecimiento del producto per capita al lograrse un crecimiento total algo superior al 6%. Las cifras correspondientes a los permisos de construcción en la zona metropolitana y en las capitales de los Estados durante los diez primeros meses de 1962 mostraban un aumento del 65% con respecto a 1961. Tal recuperación había permitido disminuir significativamente el desempleo, aumentándose el poder adquisitivo de la población. El Banco Central de Venezuela cerró con superávit al colocarse las reservas internacionales en 575,4 millones de dólares, reflejando una nivelación de nuestros pagos al exterior y en los ingresos de divisas.

     La deuda pública disminuyó, se pagaron 200 millones de dólares (50%) del empréstito de abril. Se había comenzado la producción y exportación de acero. El presupuesto de 1963 (Bs. 6.225 millones) era el primero sin déficit desde hacía muchos años que regiría a Venezuela; se aumentaron las inversiones y el otorgamiento de créditos al sector privado y quedó asegurado el financiamiento del 90% del total de inversiones públicas que para el primer año preveía el Plan de la Nación 1963-1966, en consulta y reajustes indispensables con el sector empresarial y las organizaciones de trabajadores. Todo ello generaba una manifestación visible e innegable en las alegres pascuas que se celebraban, donde el comercio vendió más que en ningún otro diciembre de la historia venezolana.

     El mejoramiento visible de la situación económica; la confianza en que el país había tramontado sus anteriores etapas de dificultades y de recesión; el aumento evidente del empleo y el margen de cada vez menos trabajadores desocupados; todo trajo euforia navideña, con una alegría que no se decretó, y que obedecía a un régimen, con sus aciertos y errores, atento a la preocupación fundamental por el bienestar de la colectividad.

     Cabe destacar que hacia fines de año hubo una proclamación del Presidente Kennedy sobre regulaciones para el ingreso de petróleo extranjero en el mercado estadounidense. No siendo un satélite al servicio de ninguna potencia mundial, el gobierno se preocupó, no se quedó con los brazos cruzados e incitó a la realización de reuniones de alto nivel en defensa de los intereses del país. Betancourt llamó a Kennedy y se creó una comisión que en 48 horas logró que tales regulaciones no afectaran al petróleo venezolano, estableciéndose además acuerdos y mecanismos que impidieron a futuro que tal espada de Dámocles –dependiendo de lo que la Casa Blanca resolviera unilateralmente sobre la colocación del petróleo crudo y residual venezolano en Estados Unidos- siguiera guindando cual guillotina sobre los gobiernos venezolanos.

     De forma igualmente enérgica culminaba con éxito la acción introducida por el Gobierno de Venezuela ante los tribunales de Estados Unidos, de acuerdo con un tratado internacional suscrito en 1922, contra el dictador derrocado el 23 de enero de 1958. Se buscaba extraditarlo para ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia. Se buscaba dejar bien claro que el delito de apropiación indebida de dineros fiscales y el uso de la fuerza pública con criminales propósitos, no se quedan sin sanción. Pérez Jiménez ya estaba detenido por mandato judicial en una cárcel norteamericana, esto era algo que sólo podía realizar un régimen integrado por venezolanos que ni se habían enriquecido ilícitamente, ni habían utilizado contra sus opositores los procedimientos inexcusables de las torturas y los asesinatos. En Venezuela estaban vivos y sometidos a juicio quienes intentaron contra la vida del Presidente Betancourt.

     El año de 1963 iba a tener una significación muy especial para Venezuela. Se iba a realizar en la historia de Venezuela un hecho que era normal y rutinario en los países de régimen democrático y representativo estabilizado. Por primera vez un Presidente directa y libremente electo por el pueblo iba a presidir unas elecciones en que habría de sucederlo otro Presidente directa y libremente electo por el pueblo. Tras el esfuerzo para lograr que la administración pública realizara labor eficaz y de que se erradicara de Venezuela la bochornosa tradición del peculado y del tráfico de influencias,  se pasaba a adecentar las costumbres políticas del país. Se acababa con la tradición de que los jefes de Estado se reeligieran para perpetuarse en el poder, o que situaran en Miraflores, para sucederles, a un hombre que les fuera dócil, para manejarlo como los directores de marionetas manejan los hilos invisibles de sus personajes.La Constitución prohibía la reelección, y explícitamente señalaba que quien hubiese ejercido la primera magistratura no podría aspirar a ella sino diez años después de la expiración de su mandato.

     Dijo Rómulo: “Pero tampoco habrá continuismo personalista. Presidiré unas elecciones con absoluta imparcialidad y al país le digo, con esa buena fe y con esa cruda franqueza que me ha caracterizado, que no tengo ni tendré candidato para las elecciones próximas… Mi decisión es clara e inmodificable. El funcionario ejecutivo que interfiera o presione en favor de un candidato de sus simpatías, será destituido, cualquiera que sea su rango o jerarquía. 1963 es la culminación para mí de una dilatada vida pública y aspiro, con una confesa intención de pedagogía cívica, a que seré apto para demostrarles a los venezolanos cómo un gobernante es capaz de presidir imparcialmente unas elecciones y de no pretender seguir gobernando, después de su salida de Miraflores,  por la interpósita mano de un dócil instrumento suyo elevado a la primera magistratura... Ha sido este un país de turbulenta historia, y el cual ha sido señalado, negativamente, por la paradójica circunstancia de que habiendo sido la cuna del Libertador no haya podido vivir sino en muy escasos períodos de su historia republicana dentro de un régimen de libertad ordenada y de sistemas de derecho estables. Ello nos obliga, muy particularmente, a demostrar que este período constitucional próximo a concluir en 1964 no es un paréntesis transitorio de normalidad institucional en un país donde tantas veces la dictadura autocrática rigió la cosa pública. El proceso electoral, por propio sentido de responsabilidad nacional y por responsabilidad americana, debe ser un limpio, cívico, culto, ejercicio de democracia… El ejemplo que se dio en 1958 de tres candidatos a la Presidencia de Venezuela, cuando no utilizó ninguno de ellos el lenguaje de la violencia ni las injurias personalistas, debe repetirse en 1963. Tengo confianza en el pueblo, en el buen pueblo de Venezuela, y en el sentido de responsabilidad de los partidos democráticos, tanto de los defensores y colaboradores del actual gobierno como de los que le hacen oposición, y por eso no me cabe la menor duda de que el año que viene, año de comicios, no será una etapa de pasiones encrespadas y de violentas diatribas, ni mucho menos de motines, sino de civilizada y ejemplarizante contrastación de ideas políticas y de programas administrativos. Ese proceso de comicios se realizará dentro de un ambiente cabal y total ejercicio de las garantías constitucionales…”

Alberto Rodriguez Barrera

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