Radiografía de la metástasis corrosiva del Estado de Bienestar en el Estado español.
La entrada en recesión de la economía
española ha implementado el estigma de la incertidumbre y la incredulidad en
una sociedad inmersa en la cultura del Estado de Bienestar del mundo
occidental, derivando posteriormente en un shock traumático al constatarse el
vertiginoso tránsito desde niveles de bienestar hasta la cruda realidad de la
pérdida del trabajo y posterior desahucio, inmersión en umbrales de pobreza y
dependencia en exclusiva de los subsidios sociales, no siendo descartable el
finiquito del llamado “Estado Asistencial” en el horizonte de la próxima década.
INSTAURACIÓN DEL COPAGO SANITARIO TOTAL
El finiquito a la prescripción por principio
activo en todo el Sistema Nacional de Salud, reflejado en el primer aumento
tras 30 años del porcentaje que tendrán que pagar los beneficiarios de la
Seguridad Social que en el caso de los jubilados con pensiones contributivas
significará pagar pagar un 10% de los medicamentos, supone la desaparición de
otro de los tabúes de la economía española Así, según eleconomista.es, de cada
100 euros que gastan las administraciones públicas, 52,6 euros son
transferencias al sector privado, básicamente para pagar pensiones,
prestaciones por desempleo y servicios sociales, citando el “Informe Económico
de junio 2012” elaborado por el centro de estudios de negocios Esade, no siendo
descartable la instalación del copago sanitario total en el horizonte del 2016.
Recordar que la Organización Mundial de la
Salud (OMS), ha advertido a los países europeos que” los recortes económicos
amenazan con crear una emergencia sanitaria que, si no se ataja, tendrá graves
consecuencias económicas, sociales y de salud en las próximas generaciones, por
lo que España que tiene el índice de desempleo juvenil más alto de Europa (52
%), debería adoptar medidas urgentes para evitar lacras futuras”.
Sin embargo, los Presupuestos para Salud del
Gobierno central y las Autonomías han experimentado una caída del 11 % desde el
2010, lo que se ha traducido en un recorte de 6.7700 millones € en inversiones
(150 € menos por habitante) y que tendría su plasmación en la política de
privatización de hospitales y servicios públicos, en la supresión de numerosos
consultorios y servicios de guardia médica en zonas rurales que deberán
desplazarse hasta los núcleos urbanos más cercanos para recibir asistencia
sanitaria y en la aparición de enfermedades emergentes como la malaria o el
paludismo que afectan especialmente a la población inmigrante y que en la
mayoría de las Comunidades autónomas carecen del derecho a la sanidad universal
y gratuita.
DESEMPLEO Y EXCLUSIÓN SOCIAL
Los datos del INE nos recuerdan que el paro
de larga duración se habría multiplicado por diez desde 2008, pasando del 11%
del total de parados en dicho año 2008 (242.800 personas) al 41% actual
(2.419.000 parados) mientras que el número de hogares con todos sus miembros en
paro se ha elevado hasta niveles insoportables y cada vez son más los parados
de larga duración que pierden todo tipo de subsidio, pues aunque el Gobierno
del PP ha prorrogado la ayuda del Plan Prepara debido a la presión social,
incluye modificaciones sustanciales que limitarán el acceso de los parados a
dichas ayudas en función de su colchón familiar. Así, la renta de todo el
núcleo familiar (padres inclusive), servirá para determinar si se tiene derecho
a recibir una ayuda que sube a 450 € para los parados de larga duración que
tengan al menos tres familiares a su cargo, estableciéndose el listón en los
481 euros mensuales por cada miembro de la unidad familiar y quedando
descartado todo solicitante que sobrepase dicha cifra.
Por otra parte, según el Consejo Económico y
Social, 422.600 hogares vivían gracias a la pensión de los abuelos con ingresos
medios de 840 € y que a pesar de su exigüidad, constituía hasta hoy el último
salvavidas de los restos del naufragio económico español, pero teniendo en
cuenta que se ha establecido por Ley un mínimo incremento de las pensiones de
un 0,25 %, el colchón familiar verá reducido su grosor y se elevará el riesgo
de pobreza y fractura social.
Así, según el último informe de Intermon
Oxfam sobre “Crisis, desigualdad y pobreza”,se advierte que de continuar los
recortes sociales, la pobreza en España podría llegar a afectar al 40 % de la
población en el horizonte de la próxima década (en la actualidad, según dicha
ONG, la tasa de pobreza se situaría en el 27% de la población y afectaría ya a
13 millones de personas). Finalmente, añadir que según Cáritas tres millones de
personas vivirían ya en situación de "pobreza severa" (menos de 307
euros al mes) mientras el número de millonarios en España habría aumentado un
13% en el último año según datos de Eurostat, con lo que se está agudizando de
forma vertiginosa una fractura social de resultados impredecibles.
¿COLAPSO DEL SISTEMA DE PENSIONES?
Según señala Joel Kotkin en la revista
Forbes, durante décadas, los países del Norte (Alemania, Noruega, Suecia,
Dinamarca, Holanda , Finlandia y Reino Unido), han compensado las muy bajas
tasas de fecundidad y la disminución de la demanda interna con la llegada de
inmigrantes y la creación de economías de orientación exportadora altamente
productivas y por el contrario, los países periféricos europeos no han
desarrollado unas fuertes economías que compensen su desvanecimiento
demográfico al basar su economía en la llamada “dieta mediterránea” , cuyos
ingredientes principales eran el “boom” urbanístico, el turismo y el consumo
interno ,que creaba excelentes platos minimalistas, de apariencia altamente
sugestiva y precio desorbitado pero vacíos de contenido culinario y con fecha
de caducidad impresa (2008), provocado por el estallido de la burbuja
inmobiliaria y el hundimiento del castillo de naipes económicos de los países
PIIGS (despectiva abreviatura anglosajona que englobaría a España, Portugal,
Italia, Irlanda, y Grecia) y por mimetismo de Chipre, Malta y Eslovenia.
Además, la crisis de deuda pública que sufre
España ha convertido la hucha de las pensiones en un fondo de inversión de alto
riesgo, por lo que es urgente culminar antes del 2015 el proceso de separación
de fuentes dado que el sistema está en números rojos y carece ya de recursos
suficientes para sufragar las prestaciones asistenciales (pensiones no
contributivas) que perciben numerosos jubilados pese a no contar con el mínimo
de años cotizados que exige la ley para tener derecho a una pensión.
Así, según el profesor del Departamento de
Economía Financiera y Actuarial de la Universitat de València, Enrique Devesa,
el sistema actual “presenta falta de sostenibilidad porque la Seguridad Social
ofrece una rentabilidad promedio a todos los cotizantes de casi un 4,5%, lo que
significa que las pensiones son elevadas respecto a las cotizaciones que se
efectúan al sistema” y por su parte José Ramón Urrutia declara que “muchos
menos cotizantes con salarios más bajos, hacen que los ingresos vayan cayendo y
los gastos en pensiones subiendo más del 4% por los nuevos jubilados provocará
que el déficit de la Seguridad Social en el 2014 ronde los 10.000 millones de
euros”.
La OCDE recomendó “retrasar la edad de
jubilación más allá de los 67 años e incentivar las pensiones privadas, incluso
con carácter obligatorio, porque prevé que en el futuro se reducirán los
beneficios de los sistemas públicos” en un estudio dedicado a analizar las
reformas que se han llevado a cabo en los últimos años, pero a pesar de ello y
según el Instituto Nacional de Estadística (tomando como fuente Eurostat), el
peso sobre el PIB del gasto total en pensiones se ha mantenido estable entre
1990 y 2007, pasando de un 9,1% a un 9%, con un pico del 10,3% en 1996.
Por otra parte y según el pais.com, la
pensión pública en España equivale al 81,2 % del último salario percibido
frente al 42,2 % de media de la OCDE, lo que explicaría el desinterés de los
españoles por invertir en Fondos de Pensiones (el 8,2 % del PIB frente al 30,
7% de media en la UE), por lo que desde las esferas del Gobierno se intentará
convencer a la ciudadanía que para garantizar el nivel de vida de los futuros
pensionista se deberá complementar “el sistema de reparto”, fomentando el SPP
(Sistema Privado de Inversiones) según las posibilidades de cada ciudadano, lo
que permitiría que cada trabajador se asegurara la pensión deseada en el
momento de su jubilación.
Además, el Instituto Nacional de Estadística
(INE) prevé que el país pierda un millón de habitantes en la próxima década, una
tendencia que va a empeorar a medida que la generación del “baby-boom” comience
a fallecer, dibujándose un escenario insostenible para el 2021 en que la “tasa
de dependencia” según el INE, crecerá en un 57%, (lo que supone que habrá seis
personas inactivas ya sea jubilados, parados o estudiantes por cada persona
activa), lo que hará inevitable el agotamiento de los fondos de la llamada
“hucha de las pensiones” (estimados en la actualidad en 50.000 millones €) en
el horizonte del 2020.
Asimismo, el Gobierno preparará el enésimo
Plan para aflorar la economía sumergida pues según un informe elaborado por el
instituto Tax Research (que intenta cuantificar la economía sumergida y los
ingresos que pierden los Estados por culpa del fraude fiscal), la economía sumergida
en España representa el 22,5% del PIB nacional y si este montante de dinero
tributara, el Estado podría recaudar 72.709 millones de euros anuales, con lo
que España sería capaz de absorber su deuda pública en 8 años según los autores
del informe “Closing The European Tax Gap” encargado por el Grupo de los
Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo para analizar la economía
sumergida en cada uno de los países de la Unión Europea, de lo que se deduce la
necesidad urgente de un nuevo Pacto de Toledo consensuado entre Gobierno,
Oposición, Patronal y Sindicatos para consensuar los mínimos asistenciales, las
fuentes de financiación y el calendario de aplicación de dicho pacto con el
objetivo inequívoco de evitar el colapso de la Seguridad Social en el horizonte
del 2021.
¿RIESGO DE ESTALLIDO SOCIAL?
Según José Miguel de Elías, director adjunto
de la empresa de investigación de mercados y opinión pública Sigma 2, “la
ciudadanía sabe que las élites políticas y financieras provocaron la crisis,
fueron los beneficiarios de ella, son cómplices en su desarrollo y
encubrimiento, y ahora tratan de eludir responsabilidades”. Recordar que el
salario mínimo estaría congelado en los 3,91 €/hora mientras el de un diputado
o senador con dietas y otras prebendas podría llegar a los 6.500 €/ mes y que
según un estudio de la consultora de recursos humanos ICSA y el portal
Laboris.net, los directivos españoles ganarían de media, 173.000 euros brutos
anuales y el 10% de los directores generales mejor pagados de las grandes
empresas más de 235.000 euros brutos.
En estas circunstancias, De Elías presagia un
estallido social, pues “en España se darían ya todas las condiciones de grave
deterioro social, necesarias y suficientes para el estallido social: altísimo
paro juvenil y de larga duración, población inmigrante en paro y/o exclusión
social creciente, marginación ascendente, exclusión en alza, precariedad
laboral en ascenso y falta de mínimos personales vitales en nuevos sectores
sociales, de lo que sería paradigma una población carencial de más de un tercio
de la ciudadanía”.
Germán Gorraiz López
@ggorraiz
Gabriel Gasave
ggasave@independent.org
@ElIndependent
http://independent.typepad.com/elindependent/2014/07/finiquito-al-estado-asistencial-en-espa%C3%B1a.html
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