La
canciller guyanesa Roselyn Rodriguez, en
recientes declaraciones insistió nuevamente en solicitar la delimitación de
aguas marinas y plataforma continental con Venezuela, solicitud que antes había
formulado en la ONU, con el propósito de crear matrices de opinión favorable a
las pretensiones expansionistas de su país.
Refirió
entre otras cosas que el Laudo de 1899 es legal y perfecto y que no existe
discusión alguna respecto al territorio Esequibo, declaración que no preocupó
en absoluto al régimen socialista bolivariano, el cual ha hecho mutis sobre tan
delicado asunto, pues Maduro se ocupa más de hacer creer al país de que es
víctima de una perversa conjura en contra de su persona para acabar con su
vida. El supuesto magnicidio viene ocupando espacio y tiempo desde que asumió
el poder, posiblemente para distraer a los venezolanos de los graves problemas
que confronta, tales como la inseguridad, desabastecimiento, alto costo de la
vida, desempleo, corrupción y otros temas que los agobian día a día.
Por
eso, ni siquiera se ocupa de defender los derechos venezolanos sobre el Esequibo, situación que es aprovechada por
el gobierno guyanés para insistir en que la zona en reclamación perdió vigencia
desde hace mucho tiempo.
Bueno
sería que este régimen que se dice bolivariano, además de socialista, o lo que
es igual comunista, según Fidel Castro, dejara de lado la negligente actitud
que ha asumido al respecto, y de una vez por todas le haga saber al gobierno
guyanés que firmó el Acuerdo de Ginebra de 1966, el cual exige la solución
práctica y pacífica de la controversia territorial, ratificando que el límite
de la naciente república guyanesa , es el río Esequibo al oeste, el mismo en el
que ellos vienen explotando sus riquezas conjuntamente con potencias
extranjeras, violando el espíritu de lo acordado en aquel entonces y dejando de
lado deliberadamente las decisiones y jurisprudencias de la Corte Internacional
de Justicia de la ONU, que entre otras cosas sentencia que “la tierra precede
al mar, o lo que es igual, que la demarcación terrestre es primordial, ante de
la delimitación de las áreas marinas, que es lo que caprichosamente ahora
reclaman los vecinos guyaneses.
Un
poco de historia
El
2 de febrero de 1897, Venezuela e Inglaterra firmaron en la ciudad de
Washington un Tratado en el que se estableció un Tribunal de Arbitraje, en
cuyas instancias se determinaría la extensión original de los territorios que
fueron de Holanda y de España y que ahora reclaman ambos países.
En
el inicio de este litigio Venezuela demostró en forma contundente la
titularidad de todos los territorios situados en la margen occidental del río
Esequibo, mientras que Inglaterra no pudo hacer lo mismo, y por el contrario
presentó pruebas forjadas que no resistieron el cotejo con los instrumentos
jurídicos y gráficos presentados por Venezuela.
Sin
embargo, casi tres años después el 3 de octubre de 1899 se reunió en París el
Tribunal Arbitral y burlando lo acordado en el Tratado que tuvo lugar en Nueva
York, tomó una decisión que no se corresponde hasta la fecha actual, pues en la
misma se acordó mediante un fallo írrito y fraudulento, determinar que “la
línea de demarcación entre Venezuela y la Gran Bretaña seguía una línea equivalente
a los actuales límites del territorio en reclamación”. Con esta decisión
inapelable Venezuela fue despojada de 159.500 kilómetros cuadrados, ubicados en
la margen occidental del río Esequibo.
Cabe
significar que por las condiciones que imponía el reino de Inglaterra, ningún
venezolano fue admitido en el Tribunal de Arbitraje que deliberó en París. Por
lo que los intereses venezolanos fueron representados por dos juristas
norteamericanos: Melville Weston Fuller y Davis Josianh Brewer. El árbitro fue
un ruso, Fiódor Martens y los representantes ingleses: Charles Baron Rusell y
Sir Richard Hens Collins.
1966
Sesenta
y siete años después de este despojo territorial, en el año 1966, durante el
gobierno del Presidente Raúl Leoni, se originó una situación que fue
aprovechada por la diplomacia venezolana, pues las fuerzas políticas que
actuaban en aquel momento en la Guayana Inglesa, reclamaban su independencia de
la metrópoli.
Venezuela,
consecuente con su reclamación territorial sostenida durante tantos años,
reiteró la nulidad de la decisión del llamado Laudo Arbitral de París.
Inglaterra condicionó las conversaciones
sobre reconocimiento por parte de Venezuela, de la naciente República de
Guyana, como a partir de entonces comenzó a denominarse la ex colonia
británica.
Venezuela,
a su vez, supedita el reconocimiento a la fijación de las conversaciones, lo
cual acepta Inglaterra, pero a cargo de
la naciente Guyana.
Inglaterra,
nación favorecida por el Laudo Arbitral de París, admite la reconsideración del
reclamo venezolano y el 17 de febrero de 1966 firma el Acuerdo de Ginebra con
Venezuela, conveniencia que garantiza la reanudación de las negociaciones
limítrofes, esta vez y a futuro con Guyana.
El
artículo 1º del Acuerdo de Ginebra reza textualmente: “ Se establece una
comisión mixta con el encargo de buscar satisfacciones para el arreglo práctico
de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido, surgida como consecuencia
de la contención venezolana de que el laudo Arbitral de 1899 sobre la frontera
entre Venezuela y la Guayana Británica es nulo e írrito”.
En
el Acuerdo de Ginebra se establece como señalamos en párrafo anterior, la
constitución de una Comisión Mixta paritaria, con representantes de Venezuela y
Guyana, que debía explorar alternativas de negociación y acuerdos.
Transcurrieron cuatro años, lapso durante el cual se celebraron 17 reuniones
sin acuerdo alguno, por lo que cesó en sus funciones el 17 de febrero de 1970
durante el ejercicio presidencial del primer gobierno de Rafael Caldera.
Protocolo
de Puerto España
Ante
el fracaso de la Comisión Mixta, el gobierno venezolano propuso la firma de un
Protocolo que posteriormente sería conocido como de Puerto España, en el cual
quedaron congeladas las conversaciones sobre el diferendo. Dicho protocolo se
firmó el 18 de junio de 1970 en la capital de Trinidad y Tobago, entre
representantes de Venezuela, Guyana e Inglaterra.
Mediante
este instrumento, el gobierno venezolano propuso la suspensión de las
conversaciones por espacio de doce años, en busca de una especie de plazo de
espera que propiciara nuevas y mejores condiciones para las negociaciones. Esto
implicó la suspensión durante ese lapso de la aplicación de los artículos 1 y 4
del Acuerdo de Ginebra y del artículo 33 de la carta de la ONU, que exhorta a
las partes en conflicto a buscar una solución por vía de negociaciones.
El
plazo de doce años venció en junio de 1982 durante el gobierno de Luis Herrera
Campins, quien descartó la prórroga del Protocolo, y acogió la aplicación del
Artículo 33 antes referido. Y fue precisamente esta disposición, la que
posibilitó la escogencia del nuevo mediador, el pasado 9 de octubre del 2009 en
la ciudad de Nueva York, quien como buen oficiante, debió actuar como alto
comisionado del Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moom, para procurar una
definitiva solución del diferendo territorial de nuestro país y Guyana, que
alcanza ya los 117 años.
Y
este gobierno que presume ser fiel intérprete del pensamiento y acción del
Libertador, cuyo nombre invocan populista
y demagógicamente a cada instante, conjuntamente con el del fallecido “Comandante Supremo”, no ha asumido la
responsabilidad que impone tan delicado tema como son nuestros derechos sobre
el territorio Esequibo. ¿Acaso no esto un delito de traición a la patria?.
Olvidan
estos revolucionarios de nuevo cuño una de las máximas de Bolívar: “Al
separarse Venezuela de la nación española, ha recobrado su independencia, su
libertad, su igualdad, su soberanía nacional. Constituyéndose en una república democrática proscribió la
monarquía, las distinciones, la nobleza, los fueros, los privilegios: declaró
los derechos del hombre, la libertad de obrar, de pensar, de hablar y de
escribir. Estos actos eminentemente liberales jamás serán demasiado admirados, por
la pureza que los ha dictado”
Carlos
E. Aguilera A.,
careduagui@yahoo.com
@_toquedediana
Miembro
fundador del Colegio Nacional de Periodistas (CNP-122)
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