Las decisiones políticas venidas desde la óptica del gobierno nacional
contra la disidencia, están cargadas de visos de ilegalidad, quienes amparados
en las jefaturas de la institucionalidad controlada y partidista, terminan
estableciéndose como legales, al imponer sanciones sin posibilidad de ser
rebatidas por la parte afectada, violando lo establecido en la Constitución
Nacional y demás Leyes; vulnerando el estado de derecho.
Quebrar la posibilidad de ascenso al poder de un liderazgo distinto al
que lo ostenta, ha sido la norma en estos quince años de gobierno nacional; el
encarcelamiento (secuestro) del alcalde legítimo de San Cristóbal (Táchira)
Daniel Ceballos, y el del municipio San Diego (Carabobo) Enzo Scarano, es muestra fehaciente de tal exabrupto jurídico.
Acusarles fraudulentamente de los hechos acontecidos en la protesta estudiantil
y de la sociedad, es pretender ocultar la verdad de la crisis
económica-política-social, develada a través de la irreverencia juvenil.
El llamado inmediato a nuevas elecciones por parte del C.N.E. es la
respuesta a establecer como legal la ilegalidad de la decisión; dejar de
participar en ellas sería regalar el espacio de lucha. El gobierno juega a
desmoralizar la alternativa democrática, y apunta sin rodeos, a defenestrar del
poder a sus adversarios políticos, dándoles tratamiento como enemigos de
guerra, para sembrar el miedo y el terror en el colectivo social.
Seleccionar el candidato idóneo para enfrentar el abuso de poder del
gobierno, obliga a sentarse en una mesa con cabeza fría y madurez política a
los variados sectores de la alternativa democrática, y establecer el mecanismo
de esa elección, bien por consulta popular (primarias, encuestas), o bien por
consenso, pero jamás por imposición.
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La lucha política y social es por el restablecimiento del sistema de
libertades; propiedad privada; desarrollo económico, social y familiar;
autonomía institucional; justicia para todos; combate a la corrupción; respeto
a las decisiones del pueblo. El oficialismo pretende imponer el sistema colectivista; racionamiento alimentario y a la privacidad familiar; crecimiento de la pobreza intelectual y material. El diálogo es en extremo fundamental en la disidencia política, y el mismo debe ser de carácter incluyente, para aunar esfuerzos al retorno de la legalidad al servicio de la sociedad.
Josue Arturo Molina Suarez
jarturomolina@gmail.com
@jarturoms1
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