Maduro y Cabello decidieron darle el palo a la lámpara.
PALO A LA LAMPARA |
Les
resbala que los llamen dictadores, que la comunidad internacional se haya
enterado de la verdadera naturaleza del régimen de fuerza militar que impera en
Venezuela, donde el dúo perverso aplica el terrorismo de Estado. Precisamente,
en los estados donde los ataques a los estudiantes y la sociedad civil han sido
más violentos y espeluznantes, tienen gobernadores militares –Táchira y
Carabobo– o provienen de los brazos paramilitares que apoyan la revolución,
como el gobernador tupamaro del estado Mérida.
Han
ido demasiado lejos en su depravación de la justicia, no guardan siquiera las
formas; metieron presos sin juicio previo ni derecho a la defensa a los
alcaldes de San Cristóbal, Daniel Ceballos, y Enzo Scarano, de San Diego
(Carabobo), en juicios exprés amañados, realizados por un envilecido Tribunal
Supremo de Justicia que no respeta el Derecho.
Al
dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, preso ilegalmente en Ramo Verde,
también le han negado las pruebas a la defensa en el juicio. Es el fin de
Venezuela como Estado constitucional. La autonomía universitaria es violada por
contingentes militares que ametrallan con sus bombas lacrimógenas el recinto de
la Universidad Central de Venezuela y por los colectivos armados, que no solo
impidieron marchar a los estudiantes el pasado 13 de marzo, siguieron sembrando
el terror posteriormente al desnudar y herir gravemente a un grupo de
estudiantes de la Facultad de Arquitectura, que estaban reunidos en una
asamblea.
El
incendio planificado en la sede de la Unefa, en San Cristóbal, para culpar a la
oposición y denunciarla ante organismos internacionales es un burdo montaje, no
podrán valerse del incendio para su propia ventaja, porque se trata de una
universidad militar fuertemente custodiada en una ciudad que se encuentra
militarizada.
Además
de los asesinados con certeros disparos a la cabeza, hay heridos, desaparecidos,
detenidos y torturados, casos muy bien documentados por el Foro Penal
Venezolano que serán llevados a instancias internacionales, donde algún día se
hará verdadera justicia.
Caso
María Corina
El
linchamiento contra la valiente diputada opositora María Corina Machado, el
grosero despojo de su inmunidad parlamentaria, la prohibición de entrar en el
hemiciclo de la Asamblea Nacional y la advertencia de que será detenida y
enjuiciada por traición a la patria, entre otros cargos, no solo es un pase de
factura por ir a la OEA a denunciar la violación de los derechos humanos en el
país, es parte de un antiguo plan diseñado en La Habana para neutralizarla y
silenciarla como líder. No tiene nada raro que al capitán Diosdado Cabello se
le ocurra revocarle la nacionalidad venezolana por aceptar la representación de
Panamá en la OEA.
El
artículo 191 de la Constitución empleado contra María Corina también es
aplicable al propio Cabello, que aceptó el ascenso a Capitán y se reincorporó
como activo a la Fuerza Armada Nacional, o al diputado del PSUV Abdel el
Zabayar, que el año pasado se sumó a las tropas sirias para defender el régimen
del dictador Bashar al Assad y no perdió su cargo de diputado.
María
Corina no debe entregarse como hizo Leopoldo López y quedar reducida a una
celda, exponiéndose a sufrir los horrores que vivió la jueza María Lourdes
Afiuni, ni distanciarse con un exilio. Debería analizarlo bien y pasar a la
clandestinidad, para que desde allí organice la resistencia conjuntamente con
el general Antonio Rivero y el dirigente Carlos Vecchio, que les hacen honor a
los grandes líderes democráticos que desde la clandestinidad se enfrentaron con
la dictadura perezjimenista.
Marianella
Salazar
msalazar@cantv.net
@AliasMalula
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