El pasado 3 de marzo, Elias Jaua en su carácter de Ministro del Poder
Popular para las Relaciones Exteriores, pronunció discurso con ocasión de
celebrarse en Ginebra el XXV período de sesiones del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU. La intervención de Jaua se llevó a cabo ante 25 funcionarios
de alto nivel pertenecientes a Estados Partes de esa organización, el
presidente, miembros plenos y observadores de dicho Consejo.
El discurso de Jaua destacó por inexactitudes y tergiversaciones con
la intención de victimizar al gobierno venezolano, al señalar que se está en
presencia de una guerra psicológica, cuya naturaleza es política e ideológica y
tiene como objetivo el derrocamiento del gobierno mediante protestas que
carecen de contenido, que son consecuencia de la actuación de laboratorios
mediáticos, así como de grupos entrenados, para colocar a Venezuela como un
estado violador de DDHH.
Ante las mentiras y burda manipulación por parte de quien se desempeña como Canciller, nos vemos obligados a recordar que la comunidad internacional ha presenciado a través de documentos, entre los que destacan informes e investigaciones elaborados por medios de comunicación, ciudadanos, y especialmente por ONGs en materia de DDHH que han prestado asistencia a las víctimas y sus familiares, que: (i) en Venezuela se ha llevado a cabo una brutal represión, principalmente por parte de la GNB y la denominada Guardia del Pueblo contra estudiantes e integrantes de la población civil; (ii) esta brutal represión se ha caracterizado por un uso desproporcionado de la fuerza, incluyendo el empleo de armas y sustancias prohibidas para el control de manifestaciones, las cuales también han sido accionadas por colectivos armados que han operado como apoyo y/o de manera conjunta con agentes del orden público; (iii) las manifestaciones se han extendido a áreas que no pertenecen a los sectores de clase media alta urbana; (iv) se persigue arbitrariamente a los principales dirigentes políticos del partido Voluntad Popular; (v) la práctica ha sido imputar a un porcentaje alto de los manifestantes con delitos contemplados en la Ley Antiterrorismo, negando las garantías del debido proceso, a ello se suma la práctica de tortura de forma sistemática.
Señor Jaua, las protestas son producto de 15 años de mal gobierno,
carencias, inseguridad y políticas económicas erradas, que han afectado a todos
los venezolanos por igual, no existen laboratorios mediáticos sino una brutal
represión contra un pueblo que exige el reconocimiento de sus derechos. El tema
del respeto de los DDHH, especialmente cuando son objeto de violaciones graves
como las que han venido ocurriendo en el país atañe a la comunidad
internacional, esto debido a que el gobierno ha incurrido en hechos que
empiezan a demostrar que es incapaz de prevenir la perpetración de crímenes de
lesa humanidad, y por ende no se percibe en condiciones de desempeñar la
función estatal de mantenimiento del orden público en los niveles mínimos
exigidos.
De no rectificar la política del gobierno en materia de garantía de DDHH, al gobierno venezolano se le hará cada vez más difícil invocar la no intervención en sus asuntos internos, debido a que la tendencia actual en materia de derecho internacional se centra en que todos los estados que conforman la comunidad internacional tienen la responsabilidad de proteger a los ciudadanos al momento que comienzan a ser víctimas de violaciones masivas y sistemáticas de estos derechos.
@jeisakuvargas
juancarloseisaku@gmail.com
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