Cuando
la OEA define la democracia como "pilar angular de la
organización" señala su finalidad esencial, sin la cual
desnaturaliza su carácter como persona jurídica de derecho internacional. Si la
OEA no es capaz, como ella misma ha prescrito, de ofrecer una respuesta "ágil,
apropiada y coherente con las normas de derecho internacionales e
interamericanas" en el caso específico de la situación de los
derechos y libertades políticas en Venezuela, incurriría en una grave
contradicción y al actuar con "prudencia" admitiría
la profundización de nuestra crisis.
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| INSULZA EL RUEDA PELOTAS |
Sin quebrantar el "principio de no intervención" -al
que se apegan para evadir responsabilidades algunos gobiernos-, la OEA está
obligada a examinar de manera urgente el caso de Venezuela, tal y como lo
determina la Resolución 1080 al atribuirle al Secretario General competencias
para convocar la reunión ad hoc en el plazo determinado de 10 días, cuando
surjan hechos que signifiquen una "interrupción abrupta o
irregular del proceso político institucional democrático". En nuestro
concepto este precepto admite diversos supuestos, no solamente la grave
alteración del ejercicio del poder por parte de un gobierno, sino también el
desconocimiento del ejercicio de las libertades y los derechos políticos y
ciudadanos en materia de libertad de expresión, información, opinión, derecho a
la protesta, a la participación y otros derechos humanos, inherentes a la vida
social.
El denominado "orden democrático" contemplado en la
Carta Interamericana Democrática, implica la existencia de un conjunto de
libertades y derechos, siendo obligante su protección en caso de "cualquier
alteración o ruptura inconstitucional" en cualquier Estado del
hemisferio. Se debe pues proteger de manera primordial a los ciudadanos, al
pueblo que en definitiva es el titular de la soberanía, cuyos derechos
individuales, sociales y políticos deben ser respetados y protegidos por los
gobiernos y por el sistema internacional. Tal orden democrático, como bien lo
ha señalado Smich, es "un encadenamiento lógico que proviene de la
noción de soberanía del pueblo" y en el que "la
soberanía del pueblo es necesariamente primera".
El Consejo Permanente de la OEA debatió de manera informal los sucesos
ocurridos en Venezuela como lo ha referido el propio organismo al indicar que
los representantes permanentes "expresaron su preocupación ante
los hechos", "se hicieron eco del llamado a la serenidad hecho por el
Secretario General..., y exhortaron al inicio de un diálogo el Gobierno y la
oposición". En términos afirmativos el Secretario Insulza señaló "la
responsabilidad del Gobierno de evitar el uso de la fuerza por parte de la
policía o grupos afines" y exhortó a la oposición "a
manifestarse pacíficamente evitando provocaciones", señalamientos
que si bien reconoce derechos, debe ser asumir con voluntad política el
análisis exhaustivo de la situación y no "superficial" como
lo ha demandado Panamá, proponente de una nueva reunión, todo lo cual podrá
determinar de una acción diplomática conforme a la gravedad de los hechos, los
valores y los principios implícitos, en un país y en una región donde en razón
del resurgimiento de nuevos radicalismos ideológicos se ha imposibilitado el
diálogo político, se altera el equilibrio democrático y se están produciendo
violaciones a esenciales derechos humanos y políticos, que deben ser defendidos
por la OEA, tal y como se corresponde a sus fines, la "consolidación
de los valores democráticos y a la libertad y a la solidaridad".
No obstante las inconsecuencias del pragmatismo político y los intereses
subalternos de algunos gobiernos, otros, en cambio, han advertido la
significación de nuestro caso y están solicitando la necesaria
consideración hemisférica.
El Secretario Insulza ha condenado la "persistente violencia y
dolorosas pérdidas de vidas de jóvenes", ha reivindicado el derecho a
la protesta pacífica e incluso ha señalado la existencia en Venezuela de "causas
reales que explicarían la protesta". En lo social, advierte una "una
confrontación política e ideológica" como en ningún otro país.
Objeta algunas posiciones y se interroga "¿Por qué muchos...,
protagonistas de la protesta en otras partes, ahora condenan a los
manifestantes y denuncian intentos totalitarios?".
En lo político, ha descartado calificar como "dictatorial" al
gobierno de Venezuela y ha criticado la utilización del término "fascista" contra
la oposición, y ha expuesto sus dilemas "Si no condenan de
plano al gobierno, son "cobardes" o "cómplices". Si se
atreven a deslizar alguna crítica, son "injerencistas" o
"aliados del imperialismo"...".
Sin embargo, la OEA no
puede evadir sus responsabilidades en su condición de autoridad hemisférica que
ha reconocido que "Los pueblos de América tienen derecho a
la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla", norma
fundamental del derecho político interamericano.
José
Félix Díaz Bermúdez
@jfd599
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