JOSÉ FÉLIX DÍAZ BERMÚDEZ, CONTRA EL MILITARISMO

La historia de América Latina registra en lamentables términos la presencia de una forma de militarismo contraria a los derechos y a las libertades políticas y ciudadanas, que contradice el carácter mismo de la sociedad y la significación del sector militar en un país libre.

En la Constitución de 1811 la organización de las "milicias nacionales" bajo la autoridad del Poder Ejecutivo, fue concebida únicamente al "servicio de la Nación". Su expresión se corresponde con aquel fundamental derecho contenido en las Declaraciones de Derechos del Hombre y del Ciudadano que prohibió la utilización de la fuerza militar para fines particulares de cualquier persona, grupo o autoridad ajenos al bien común.

Para el constituyente fundador de Venezuela la milicia nacional debía estar sujeta a "la autoridad civil", como parte de la soberanía popular que era definida como el: "supremo poder de reglar o dirigir equitativamente los intereses de la comunidad", así como el aseguramiento de los bienes, de los derechos individuales y sociales, la independencia política, la existencia de condiciones de legitimidad y legalidad en el ejercicio del poder, entre otros, mandatos aún vigentes y sustento filosófico para la República expresamente reiterados en nuestra historia constitucional y política.

No obstante el deber de obediencia a favor del orden civil republicano, el militarismo como forma de injerencia política y social irrumpió desde la independencia, atentando contra el orden y el equilibrio del Estado y de la sociedad que estableció Bolívar, siendo finalmente denunciada la interferencia armada por el mismo Mariscal Sucre ante el General Mariño en 1830 como una de las desviaciones causantes de los males de Colombia. Tan ciertos fueron sus señalamientos que en Venezuela y en otros países a lo largo del angustiante siglo XIX, bajo los dictados del caudillo de turno, el militarismo auspició toda clase de revueltas y revoluciones, actos de arbitrariedad y de barbarie contra los derechos ciudadanos, la organización civil y de estabilidad política de la Nación.

El militarismo arremetió muchas veces en nuestra historia contra los gobiernos de formación civil y democrática. Bajo la égida de militares y políticos, déspotas y caudillos, cuantas veces se desconoció la Ley, se amenazó al Congreso, se encarceló a los opositores, se impuso la censura, se protegió el delito, vulnerándose así a los institutos ciudadanos. Basta examinar el largo período comprendido entre la renuncia de Vargas (1836) y la caída de Gallegos (1948), para identificar los sobresaltos en nuestra historia política y como se ha alterado por obra de ambiciones subalternas el bien del país.

Del afrentoso hecho de haber utilizado en nuestra historia las armas republicanas al servicio de grupos en contiendas civiles o al servicio pretoriano de varios dictadores, la democracia, en cambio, como doctrina y como sistema, asigna a la milicia elevadas competencias: la defensa de la soberanía, la integridad territorial, la seguridad de la nación, el respeto a los derechos, la incorporación de ese sector al desarrollo social, económico y tecnológico del país.

La intervención del militarismo en la política es cuestionable y más cuando su  ejercicio contradice los derechos ciudadanos. Eleazar López Contreras, Ministro de Guerra  en el gobierno de Juan Vicente Gómez y sucesor de éste en la presidencia de la República, al comprender las exigencias nacionales luego de 27 años de tiranía, señaló que era: "...funesto que los militares en servicio activo y en funciones de mando intervinieran a la vez en la política activa, particularmente en esa política personalista..., donde no solamente queda destruida la autoridad de mando, el deber del mando, sino el espíritu de la Institucionalidad, la finalidad de la Institución que es garantizar el funcionamiento de las Instituciones políticas, antes de coartarlas, suplirlas o causar su destrucción...".

La presencia de regímenes autoritarios en América Latina, independientemente de su  orientación ideológica, ha causado gravísimos daños al proceso político, económico, social e institucional de la región. En todos ellos han sido restringidas las libertades y desconocidos los derechos, tergiversados los fines del poder y del gobierno, limitados o suprimidos los partidos y las organizaciones sociales, amenazados el pensamiento crítico,  la amplitud del sistema educativo, la actuación de las universidades, la efectiva vigencia y protección de los derechos humanos.

Cuando se altera en la vida social la decisión política, se impone ilegítimamente la fuerza y la obediencia a la razón y al consenso, se afecta la vigencia del derecho, se niegan los valores de la sociedad civil, se destruye en definitiva el sistema democrático que constituye una reivindicación fundamental en nuestra historia, un derecho irrenunciable y superior del pueblo venezolano.

José Félix Díaz Bermúdez

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